Especial para CLARIDAD
La defensa del Parque del Tercer Milenio es, en esencia, la defensa de un principio democrático que suele olvidarse cuando el poder se ejerce sin frenos: los espacios públicos no son activos transables ni terrenos disponibles para negociaciones privadas. Son patrimonio colectivo, y su administración exige transparencia, evidencia y respeto por la historia que los define. La controversia que hoy ocupa a la ciudadanía y a la Legislatura Municipal de San Juan no surgió de un capricho ni de una disputa menor. Es el resultado de años de vigilancia comunitaria, de un compromiso sostenido con la ciudad y de la convicción de que el litoral sanjuanero merece algo más que improvisación y cemento.
El Parque del Tercer Milenio nació de una visión urbanística clara. El arquitecto Thomas Frost concibió el espacio como un corredor ecológico y recreativo que integrara la costa, la vegetación nativa y el acceso ciudadano sin barreras. Su diseño respondía a una filosofía de ciudad abierta: un parque lineal que permitiera caminar, correr, observar el mar, practicar deportes y convivir sin la presión del tráfico ni la contaminación. Era, y sigue siendo, un proyecto que apostaba por la salud pública, la recreación y la protección ambiental. En ningún documento de su diseño original aparece la idea de un estacionamiento de varios niveles incrustado en el corazón del parque. Esa propuesta es una alteración sustantiva del concepto original y una ruptura con la intención fundacional del proyecto.
La lucha por proteger el parque incrementó cuando el Municipio de San Juan impulsó la construcción de un estacionamiento sin estudios, sin diseño, sin análisis de movilidad y sin un solo documento que justificara su necesidad. Antes, la organización Escambrón Unido daba la Batalla por proteger el litoral. La propuesta del alcalde Miguel Romero Lugo para la construcción de un estacionamiento multipisos llegó a la Legislatura Municipal como un borrador incompleto, carente de información técnica y sin evidencia que demostrara que el área —ya saturada de estacionamientos públicos y privados— requería otra estructura de aparcamiento.
A pesar de ello, la mayoría legislativa aprobó una enmienda que abría la puerta a la privatización del espacio. Lo hizo sin tener frente a sí un solo documento que sustentara la medida, sin estudios ambientales, sin proyecciones de demanda y sin análisis de impacto sobre la comunidad. La aprobación de la enmienda, en esas condiciones, no fue un acto de gobernanza responsible, fue una renuncia a la obligación de evaluar, cuestionar y exigir evidencia.
La insistencia del Ejecutivo Municipal en adelantar este proyecto, aun frente a la ausencia total de información, levantó dudas legítimas sobre sus motivaciones. No es un secreto que los empresarios vinculados al proyecto y beneficiarios directos de la concesión propuesta han mantenido relaciones cercanas con administraciones del PNP y con figuras políticas que hoy ocupan posiciones de poder y de los cuales han sido donantes generosos. La pregunta que surge, inevitable y necesaria, es por qué un alcalde insiste en construir lo que no ha podido justificar. ¿A quién sirve realmente esta obra? ¿Qué interés público se adelanta con la privatización de un parque costero? ¿Por qué se pretende alterar un espacio diseñado para la recreación y la salud comunitaria sin evidencia de necesidad?
La lucha ciudadana, acompañada por la minoría legislativa, culminó en una demanda contra el alcalde. No fue un acto de confrontación gratuita ni un gesto político vacío. Fue la consecuencia lógica de un proceso marcado por la opacidad, la falta de documentos y la negativa del Ejecutivo a someter el proyecto al escrutinio público. Cuando un gobierno se niega a proveer información, la ciudadanía tiene el deber —y el derecho— de exigirla por las vías que la ley dispone. La demanda es, en ese sentido, un mecanismo de defensa democrática: una herramienta para obligar al gobierno a rendir cuentas y a justificar sus decisiones.
Conviene recordar, en este contexto, cuál es el deber de un alcalde con su gente. No es proteger intereses privados, ni adelantar proyectos sin fundamento, ni convertir el patrimonio público en moneda de intercambio político. Su deber es gobernar con transparencia, escuchar a la comunidad, proteger los recursos naturales y garantizar que cada decisión responda al bienestar colectivo. La administración pública no es un ejercicio de terquedad, sino de responsabilidad. Un alcalde no está llamado a imponer, sino a justificar; no a ocultar, sino a explicar; no a persistir en el error, sino a corregirlo cuando la evidencia lo exige.
Por eso es importante afirmar que todavía está a tiempo para retroceder. La historia política está llena de momentos en los que líderes corrigieron el rumbo y fortalecieron su legitimidad al hacerlo. Cambiar de opinión no es un signo de debilidad, sino de madurez. Como escribió Séneca, “errar es humano; perseverar en el error es diabólico”. Y Marco Aurelio, en sus Meditaciones, recordaba que “si alguien me muestra que estoy equivocado, cambiaré; busco la verdad, y la verdad nunca ha dañado a nadie”. Rectificar no disminuye a un gobernante: lo engrandece.
San Juan no necesita otro estacionamiento en el Parque del Tercer Milenio. Lo que necesita es un alcalde dispuesto a escuchar, a rectificar y a reconocer que la ciudad se construye con la gente, no contra ella. La lucha continúa, y la puerta para corregir sigue abierta. Recapacitar, en este caso, sería un acto de valentía y un gesto de respeto hacia la ciudadanía que ha defendido este parque durante décadas.
