La quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y los procesos aprobados para la restructuración de la super millonaria deuda pública han sido no sólo tortuosos, sino también extremadamente costosos y onerosos para un país y una población pobres como los nuestros. Comencemos por el entorno en el cual se han llevado a cabo.
Una ley -PROMESA-especialmente creada para Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos, un cuerpo de gendarmes fiscales- Junta de Control Fiscal (JCF)- también nombrado y aprobado desde Washington, con miembros y oficiales formados en la ideología y las prácticas del capitalismo neoliberal, pensamiento totalmente incongruente con las realidades de países pobres y de sus sectores trabajadores y desventajados.
La JCF llegó aquí con una hoja de ruta que ha intentado implantar al pie de la letra, causando un enorme disloque económico y social entre nuestra población.
Para empezar, no hubo la necesaria auditoria minuciosa para fijar responsabilidades entre los gobernantes y funcionarios negligentes y sus socios en el endeudamiento- los conglomerados financieros de todo tipo que apostaron y contribuyeron a crear el mito de un Puerto Rico ilimitado en recursos y capacidad de pago. Además, los señores y señoras de la JCF trajeron el estilo habitual de los países ricos ante los desafíos: pagar cantidades exorbitantes de dinero para resolverlos.
La realidad sobre el terreno es otra, y los asfixiantes costos del proceso de quiebra y sus concomitantes amenazan con empobrecer aun más a los trabajadores y contribuyentes en Puerto Rico por los próximos 50 años.
Cuando en marzo del año pasado fue aprobado por el Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de las Obligaciones Generales del Gobierno de Puerto Rico, esto comprometió 7 centavos de cada dólar que ingresa a las arcas públicas con el pago de esa porción de la deuda, que conllevó también unos adelantos millonarios en efectivo para aplacar el ánimo de los bonistas. Ya estamos pagando también la deuda de COFINA y de la Autoridad de Acueductos. De ahí los aumentos consecutivos en tarifas por servicios y documentos que expiden las agencias públicas, y el cargo por ajuste fiscal en la factura del agua.
Los siete años transcurridos desde la aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la JCF han representado una larga condena de pagos sobre pagos para las generaciones actuales y futuras en nuestro País. En su último informe de agosto de 2022, la JCF reveló que, al 31 de julio de 2022, ya los contribuyentes de Puerto Rico habían pagado unos $1,200 millones en gastos asociados a la quiebra, a bufetes de abogados, consultores y otros profesionales utilizados en dicho proceso. En ese mismo informe, estimaron que para el 2026 ( o sea, en el décimo aniversario del comienzo del proceso de restructuración de quiebra), la cuenta por servicios profesionales habrá ascendido a $1,600 millones. Esta cifra es casi cuatro veces mayor que los $370 millones que la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos estimó que costaría el proceso de quiebra de Puerto Rico en el mismo período de 2017-2026. O sea, que la misma JCF que lleva 7 años predicando e imponiendo austeridad y disciplina fiscal al pueblo de Puerto Rico, no se aplica la receta a sí misma a la hora de contratar servicios y gastar a manos llenas para facilitarse la vida y el ejercicio de sus funciones.
Mientras, en el ámbito de las iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico que contempla la Ley PROMESA, el informe confirma la falta de pro actividad y de gestiones exitosas de la JCF como de los gobiernos.coloniales del PNP-PPD bajo su tutela. En esa área crucial, los resultados han sido nulos
Este es el cuadro con que nuestro pueblo enfrentará ahora la restructuración pendiente de la deuda de la AEE. Y según perfila, nada impedirá que los abonados de energía eléctrica tengan que pagar el llamado cargo híbrido y una tarifa insostenible, independientemente de la decisión de la Jueza Swain para tratar de salvar el PAD presentado al Tribunal por la JCF, y hacer avanzar la resolución del tranque con los bonistas principales que no ceden en su reclamo de pago total. Mientras tanto, nuestro pueblo seguirá asfixiado de pagos de deuda por décadas, más allá de la existencia de la JCF y de la injusta y abiertamente colonial Ley
