CLARIDAD
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La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), licenciada Adriana Godreau Aubert,califica de nefasto y redundante el proyecto PS 760 presentado por la senadora del Partido Nuevo Progresista Nitza Morán Trinidad, que pretende “aclarar” que el término para apelar una sentencia de desahucio es cinco días, una vez sea final y firme.
La medida de la senadora se presenta en momentos en que Ayuda Legal —organización sin fines de lucro— saca a la luz datos sobre la situación de desahucios en el país, como el que el 90 % de las personas que son demandadas por desahucio no tienen representación legal. Del 2021 al presente ALPR informó que ha atendido 455 peticiones de personas solicitando apoyo en temas de alquileres.
De manera constante la mayoría de estas personas informan no saber negociar un contrato de alquiler, no tener contratos escritos, que las rentas son irrazonables y que sufren violaciones de derecho a su intimidad y a no ser desalojados a la fuerza. Además, en el 2021 se presentaron 700 nuevas demandas de desahucio por impago, aun cuando se supone que exista una moratoria y asistencia por parte del Programa de Asistencia de Alquiler del Departamento de Vivienda Pública. La mediana de la renta de alquiler en el país es de $482.00 y el 45 % de las personas que alquilan invierten en renta más del 35 % de sus ingresos.
La licenciada Godreau Aubert denunció que mientras esta es la realidad, desde el 2011 las leyes de desahucio se han estado enmendando consecutivamente para hacer el proceso más expedito y más sumario. Eso lo que hace es que restringe el derecho de las personas a defenderse. Indicó que el proyecto presentado toma conocimiento de unos datos que no existen. En su exposición de motivos se dice que en muchos casos el arrendador ejerce una causa de acción luego de varios meses de no recibir el canon mensual, viéndose seriamente afectado porque no recibe ni el canon ni la hipoteca. “¿Dónde están esos datos, cuál es la base legal? ¿O aquí estamos legislado por intereses personales y de algunos grupos?”, cuestionó.
A la luz de la situación sobre los desahucios, el proyecto presentado por Morán Trinidad es nefasto además de redundante, considera Ayuda Legal. Godreau Aubert expresó que no está claro en la medida si se está hablando de la apelación o si lo que está diciendo es cinco días y se solicita la orden de lanzamiento ahí mismo, que es lo que le parece. Advirtió que hay otra disposición del Código de Procedimiento Civil que establece que el término del lanzamiento es de 20 días después de que la sentencia es final y firme. Agregó que los cinco días choca con otra legislación que, por ejemplo, activa al Departamento de la Vivienda y al Departamento de la Familia cuando hay menores. Más aun, es nefasto en términos de política pública.
Iniciativas de apoyo familiar
Para atender a estas familias, Ayuda Legal dio a conocer el lanzamiento de dos nuevas herramientas para garantizar los alquileres dignos. Una, el Centro Digital para la Autodefensa (CDA), en la cual las personas que no puedan costear una representación legal podrán tomar documentos útiles para ejercer y defender sus derechos dentro y fuera de los tribunales. En esencia es una plataforma digital, accesible por teléfono celular o computadora, que permite a las familias identificar el tipo de problema legal que enfrentan, educarse y aprender a defenderse por sí mismas, al tiempo en que toman conciencia de que la crisis de vivienda es una colectiva. La herramienta está accesible en:
www.ayudalegalpuertorico.org/cda.
La otra es la creación del Panel en Defensa de Alquileres Dignos, dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago. Este panel, formado por profesionales licenciados en abogacía, ofrece acompañamiento legal sin costo para las personas que cualifiquen. Se dará prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia, inmigrantes y sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Aquellas personas que estén en un proceso de desahucio de su vivienda por impago pueden solicitar la asistencia legal del Panel llamando al 787-957-3106.
La licenciada Inamaris Kuilan anunció que formará parte del panel de asesoramiento legal junto a Godreau Aubert y Pamela Bernard Boigues. También que contarán con otros abogados que ofrecerán su tiempo a través de una tarifa fija reducida o de la convalidación de horas pro bono. Ayuda Legal estima que se atenderán 200 familias de toda la isla durante el año, aunque los datos indican que la regiones con más casos son, San Juan, Carolina y Bayamón. Invitó a que los abogados interesados en participar escriban a probono@ayudalegalpr.org
La licenciada Kuilan comentó que, por lo regular, las familias desahuciadas se enfrentan a que no hay facilidad para encontrar otra vivienda. “Ahora mismo, esa es una de las situaciones graves que hay en el país, que no hay casas para vivir. No es solo el problema económico de que no pueden pagar sino que no pueden mudarse porque no hay propiedades para vivir. Los arrendadores se están enfocando en alquileres a corto plazo, corporativos o que simplemente las viviendas no están accesibles en términos de precio. La gente no está encontrando casas para vivir”.
Dónde está el dinero para asistencia de alquiler
Y mientras aumenta el número de familias en peligro de perder su hogar, el Programa de Asistencia de Alquiler del Departamento de la Vivienda Pública solo ha gastado el 33 % de los $325 millones disponibles para ayudar a inquilinos con necesidades económicas debido a la pandemia, dio a conocer Ayuda Legal. La organización hizo un llamado a la Administración a ampliar la campaña educativa sobre el programa, que cubre hasta 15 meses de renta y utilidades, así como a una ampliación del apoyo que priorice a grupos históricamente vulnerables, como adultos mayores, inmigrantes y personas con diversidad funcional.
