Ya sea gas o carbón, ambos combustibles fósiles son rechazados por las comunidades de Salinas y Guayama. Los dos generan daños a la salud y al ambiente y cualquiera de los dos extendería la operación de la carbonera AES más allá del 2032.
En comunicado de prensa, portavoces de la Secretaría de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunciaron como conflictivo el supuesto plan del Gobierno de Puerto Rico de convertir la planta de carbón de AES en Guayama a generación con gas fósil (gas natural). Además, indicaron que la propia corporación privada solicitó fondos de un programa federal que choca de manera directa con la versión oficial ofrecida por la gobernadora, Jenniffer González.
Los portavoces revelaron que AES fue seleccionada el pasado 4 de junio para negociar hasta $164.5 millones bajo el AES Puerto Rico Plant Modernization and Resiliency Program, proyecto que tiene un costo total estimado de $819.9 millones.
Según denunciaron documentos oficiales del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) revelados por el periodista investigativo Omar Alfonso, los fondos destinados al programa de modernización de plantas de carbón, al cual solicitó AES, no pueden utilizarse para instalaciones que tengan como plan una conversión posterior a gas.
“Aquí hay una contradicción monumental que la gobernadora tiene que explicar al país. Al aprobar la Ley 1 de 2025, Jenniffer González justificó extender hasta 2032 la operación de la carbonera AES en Guayama, aduciendo que ese periodo permitiría la transición de la quema de carbón a la generación con gas fósil, mal llamado ‘gas natural’. Incluso aseguró que la conversión tomaría entre uno y dos años. Pero ahora nos encontramos con que el propio DOE establece que una conversión de carbón a gas no es una modernización elegible bajo este programa y que para recibir estos fondos se requiere un plan de retención a largo plazo de la generación a carbón”, explicó Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP.
El asesor ambiental del PIP cuestionó cuál es el verdadero negocio detrás de la extensión de AES hasta 2032; si la gobernadora engañó al pueblo de Puerto Rico, es AES la que está engañando al gobierno federal o se está ante un acuerdo en el que ambos conocen una realidad que no le están diciendo al país.
Alvarado Guzmán señaló que la contradicción se hace todavía más evidente con las propias acciones de la gobernadora, que el pasado mes de junio visitó el área donde la Autoridad de los Puertos realiza trabajos de dragado en la bahía Las Mareas, en Guayama, para ensanchar el canal de navegación para permitir la entrada de barcazas de mayor tamaño cargadas de carbón para AES.
En dicha visita la gobernadora afirmó que se estaba buscando una conversión a gas natural en un futuro. ¿Cómo se puede hablar de una transición inminente al gas mientras el gobierno invierte y modifica infraestructura para facilitar que AES continúe recibiendo carbón?”, preguntó.
Por su parte, en conferencia de prensa celebrada el sábado, 8 de agosto, organizaciones ambientales y residentes de comunidades del sur de Puerto Rico también denunciaron la aprobación del proyecto AES Puerto Rico Plant Modernization and Resiliency Program, el cual “podría extender la operación de la carbonera, no por cinco años, como se le ha querido hacer creer al pueblo de Puerto Rico, sino por 25 años adicionales”, denunció Felícita Burgos, de la Red Continental Cristiana por la Paz.
Los denunciantes censuraron el que gobierno de González Colón continúe favoreciendo la planta de carbón de AES en Guayama, en total desconsideración hacia la salud y la vida de las comunidades cercanas a esta instalación, cuyos residentes llevan años reportando enfermedades y muertes vinculadas a la contaminación de la carbonera.
La abogada ambiental y lideresa comunitaria Ruth Santiago destacó que también se están impulsando cambios a las reglamentaciones de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) para beneficiar a AES y seguir afectando la salud de todos los puertorriqueños. “Se pretende eliminar los informes sobre el manejo de cenizas y el monitoreo del agua contaminada en Guayama, donde la propia AES ha admitido que contaminó el Acuífero de la Costa Sur sin poder descontaminarlo”, reveló Santiago.
Se advirtió que el costo del proyecto de ‘modernización’ de AES podría traducirse en nuevas subvenciones federales al conglomerado corporativo o, alternativamente, obligar a los residentes, comercios e instituciones puertorriqueñas a pagar ese gasto a través de la factura eléctrica, agravando aun más el costo de vida en la isla.
El licenciado Gabriel Meléndez Cardona, abogado y coordinador de política pública de El Puente de Puerto Rico, advirtió que el proyecto de modernización ha generado un efecto dominó de daños ambientales, incluido el dragado de la bahía Las Mareas, adyacente a una reserva natural de investigación designada por la NOAA, y el depósito de material de dragado contaminado con cenizas tóxicas en la comunidad Cimarrona de Guayama, sin notificación, permisos ni controles de polvo fugitivo o erosión.
Tanto la Secretaría Ambiental del PIP como las organizaciones comunitarias y ambientales cuestionaron el que se continúe beneficiando en términos económicos una planta que ha dañado la salud de la población.
