Especial para CLARIDAD
Decía César Andreu Iglesias que la revolución no se convoca, se organiza. La frase desmonta la idea de que el cambio político se reduce a la logística de una marcha o a la fecha de unas elecciones. Convocar es necesario, pero no suficiente. Lo que transforma un país no es el momento espectacular de la protesta, sino la capacidad de convertir esa energía en proyecto, en estructura y en rumbo fijo.
En Puerto Rico, donde las crisis se suceden como estaciones —deuda, huracanes, privatizaciones, Junta de Control Fiscal– la tentación de vivir de marcha en marcha y de elección en elección es fuerte. Pero si el país quiere un cambio verdadero, tiene que asumir que la política no se agota en los partidos ni en el voto y que sin organización estratégica y trabajo sostenido, toda victoria se evapora.
Las grandes movilizaciones de los últimos años han demostrado que la sociedad puertorriqueña no está resignada. Desde las protestas contra la Junta de Supervisión Fiscal y los recortes, hasta las manifestaciones masivas de 2019 que forzaron la renuncia de un gobernador, la calle ha sido un espacio de poder real. Sin embargo, el patrón se repite: se convoca, se marcha, se logra un gesto, se celebra en redes sociales, y luego se vuelve a la normalidad sin haber construido estructuras que sostengan el conflicto y lo conviertan en cambio institucional.
La socióloga Frances Negrón-Muntaner ha descrito la respuesta comunitaria tras el huracán María como “autogestión democrática”: vecinos organizando brigadas, redes de alimentos, sistemas de energía compartida ante la ausencia del Estado. Esa experiencia muestra que la ciudadanía puede gobernar de facto cuando el gobierno falla. Pero también evidencia que, si esa autogestión no se articula en un proyecto político estable, queda confinada a la emergencia y no reconfigura el poder.
Reducir la participación ciudadana al acto de votar cada cuatro años es una forma de despolitizar a la sociedad. Diversos análisis sobre participación en Puerto Rico insisten en que el voto es apenas una de muchas herramientas posibles: asambleas comunitarias, consultas públicas, plataformas digitales, organizaciones sectoriales. Sin embargo, el sistema de partidos ha funcionado como un embudo: toda la energía social se canaliza hacia campañas electorales que prometen cambio y terminan administrando el mismo modelo colonial, endeudado y desigual.
La imposición de la Junta de Supervisión Fiscal por el Congreso de Estados Unidos dejó claro que el gobierno local no controla las finanzas del país y que la autonomía del Estado Libre Asociado era, en gran medida, una ficción. En ese contexto, ganar elecciones es apenas el primero de muchos pasos; sin una estrategia para confrontar las estructuras de poder que están por encima del gobierno electo, la victoria electoral se convierte en administración de la crisis.
La historia de las izquierdas y del independentismo en Puerto Rico muestra que este dilema no es nuevo. Carlos Pabón Ortega, al reconstruir los debates del Movimiento Pro Independenci el Partido Socialista Puertorriqueño , el Partido Independentista Puertorriqueño y otros movimientos, documenta cómo se discutía una y otra vez si la vía debía ser electoral, insurreccional, sindical, comunitaria o una combinación de todas. Las tensiones entre “revolución o democracia”, “lucha armada o resistencia cívica”, “vieja izquierda o nueva izquierda” reflejan un problema de fondo: cómo construir poder duradero en un país sin soberanía plena, con un Estado subordinado y una economía dependiente.
Andreu Iglesias, como ideólogo del movimiento obrero e independentista, insistía en que la conciencia política no se fabrica con consignas, sino con organización, educación y discusión rigurosa. Su advertencia sigue vigente: si la revolución se organiza, entonces la tarea central no es solo convocar, sino crear estructuras donde esa organización sea seria, informada y vinculante.
Hoy, cuando surgen intentos de romper el duopolio PPD–PNP mediante alianzas como la que articulan el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, se abre una posibilidad de cambio de reglas de juego. Pero incluso estas nuevas coaliciones corren el riesgo de repetir el mismo error si se limitan a la lógica electoral. El país necesita algo más que una nueva combinación de siglas: requiere un proyecto de país discutido con todos los sectores, que trascienda la obsesión por el estatus como única pregunta y aborde con igual seriedad la justicia social, el modelo económico, la democratización del Estado y la reconstrucción ecológica.
Ganar las elecciones puede ser un hito importante, pero si no se acompaña de mecanismos de participación continua —consejos ciudadanos, presupuestos participativos, control social sobre las agencias, procesos de rendición de cuentas— el gobierno alternativo terminará gobernando de espaldas a la misma gente que lo llevó al poder.
La politóloga Marcia Rivera ha subrayado que la participación transformadora exige “capacitar a la ciudadanía para comprender los procesos de política pública y los mecanismos reales de incidencia”. Eso implica que el cambio no puede descansar únicamente en líderes carismáticos o en campañas bien diseñadas. Requiere una ciudadanía que entienda cómo se aprueba un presupuesto, cómo se negocia una reestructuración de deuda, cómo se fiscaliza una privatización, cómo se defiende un derecho en los tribunales y en la calle.
Mientras esa comprensión no se masifique, la relación entre pueblo y gobierno seguirá siendo delegativa: se vota, se espera, se decepciona, se marcha y se vuelve a votar. Romper ese ciclo demanda una cultura política donde la gente no solo protesta, sino que propone, negocia, vigila y sanciona.
La experiencia reciente de movimientos como Queremos Sol, que han presionado por un modelo energético público, renovable y democrático, o de organizaciones feministas y ambientales que han logrado detener proyectos dañinos, demuestra que la incidencia más allá de los partidos es posible. Pero también revela que el Estado y los partidos tradicionales tienden a absorber, neutralizar o ignorar esas demandas si no existe una correlación de fuerzas que los obligue a cambiar. De ahí la importancia de construir poder social organizado: sindicatos renovados, juntas comunitarias fuertes, colectivos estudiantiles, redes profesionales comprometidas con el interés público. Sin esa base, cualquier gobierno alternativo se verá aislado frente a la presión de los intereses económicos y de las estructuras coloniales.
Hablar de un rumbo fijo para Puerto Rico significa asumir que el país no puede seguir reaccionando solo a la crisis del momento. La deuda, la Junta, la precariedad laboral, la migración masiva de jóvenes, la destrucción ambiental y la privatización de servicios esenciales son piezas de un mismo modelo. Un proyecto de cambio verdadero tiene que definir con claridad qué tipo de economía se quiere, qué relación se busca con Estados Unidos y con el Caribe, qué papel tendrán las comunidades en la gestión de recursos, qué garantías se ofrecerán a quienes hoy viven en la periferia social. Esa discusión no puede quedar encerrada en programas de partido redactados por comités técnicos; tiene que ser un proceso público, conflictivo, donde se escuchen y se confronten visiones, y donde el resultado se traduzca en compromisos verificables.
La revolución que se organiza no es una metáfora romántica, sino una exigencia práctica. Organizar significa poner sobre la mesa las contradicciones internas de los movimientos, las limitaciones de las alianzas, los riesgos de cooptación, las tensiones entre reforma y ruptura. Significa reconocer que el cambio no vendrá de un solo espacio: ni de la calle sola, ni de las urnas solas, ni de las instituciones solas. Vendrá de la articulación entre todas esas dimensiones, sostenida en el tiempo. Por eso, después de cada marcha, la pregunta no puede ser solo cuántos fuimos, sino qué vamos a hacer mañana, con quién nos vamos a sentar, qué estructura vamos a fortalecer, qué decisión concreta vamos a disputar.
Puerto Rico está en una encrucijada histórica. La pérdida de confianza en el bipartidismo, la evidencia brutal de la subordinación colonial y la emergencia de nuevas fuerzas políticas y sociales abren una ventana que no estará abierta para siempre. Si esa oportunidad se reduce a una alternancia de partidos sin transformación de fondo, el país habrá desperdiciado una generación de lucha. Si, en cambio, se asume que ganar unas elecciones es apenas el primer escalón de una escalera larga —y se construyen, peldaño por peldaño, las instituciones, las prácticas y las culturas que sostienen una democracia real— entonces la frase de Andreu Iglesias dejará de ser consigna y se convertirá en método: la revolución no se convoca, se organiza. Y organizar significa discutir, planificar, construir, sostener y gobernar.
