Falta de transparencia, conflictos de intereses, daños ambientales y potenciales inundaciones, es el marco que representan los 18 proyectos de energía renovable aprobados por el Negociado de Energía (NE), denunciaron seis organizaciones relacionadas a la actividad agrícola y protección del ambiente.
En conferencia de prensa las organizaciones informaron que demandaron al gobierno por la aprobación de los 18 proyectos a construirse en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, en violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.
En el ‘Mandamus’ presentado este lunes 14 de agosto -el mismo día de la conferencia de prensa- las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al NE, a la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC), y al Estado Libre Asociado (ELA), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos. Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.
Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.
Las demandantes son; la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.
Falta de transparencia gubernamental
Las organizaciones denunciaron que el NE llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.
“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las otras agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el PUT y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.
Mientras, David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, advirtió el que; “La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”.
Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR.
“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una Isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, sostuvo Sotomayor.
Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático) afirmó los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. “Cerca del 95% del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.
En la demanda se argumenta que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.
La miembro de la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc. Marissa Reyes, reparó en que favorecen la energía renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecológico y reservas agrícolas de los mayores lugares productivos. “Pese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque evalúa y aprueba los proyectos industriales (de energía) del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del DDEC y sin requerirle que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019. De igual manera, el DDEC incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.”, añade la demanda.
Conflicto de interés
Además del entorno de falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobación de estos proyectos, los activistas expresaron que les preocupa el alegado conflicto de interés del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró con respecto a los cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).
Afirmaron que en medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama. La publicación Sintesis Noticiosa detalla que aparentemente el funcionario intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente. En una querella radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de Ética Gubernamental, el agrónomo Carlos A. Flores Collazo, ex secretario de Agricultura detalla que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energía renovable de la AES con el endoso del DA.
Daños ambientales y potenciales inundaciones
La licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades. Dijo que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio Hidrológico Hidráulico (HH) que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.
“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.
Como parte de sus esfuerzos las organizaciones comenzaron una campaña digital de recogido de firmas para presentar comentarios sobre los proyectos industriales de energía ante la Junta de Control Fiscal e hicieron una exhortación al público a evaluar los comentarios y endosarlos.
Para más información puede ver el reportaje: https://claridadpuertorico.com/aprueban-proyectos-de-energia-renovables-en-tierras-agricolas/
