Dice un viejo refrán que “palo que nace dobla´o, jamás su tronco endereza”. Y desde su propia incepción, como resultado de un junte entre dos empresas extranjeras, LUMA Energy- la compañía contratada por el gobierno de Puerto Rico para la reconstrucción de la red de trasmisión y distribución eléctrica- pisa y no arranca. Desde el año 2020, cuando apenas acababa de concluir el proceso de su incorporación como una compañía nueva y expresamente creada para licitar por el contrato con el gobierno de Puerto Rico, ya se sabía, por los datos publicados sobre sus dos compañías matrices, que no tendría la estabilidad financiera ni las competencias para acometer el reto al que se enfrentaba. LUMA Energy es un producto del capitalismo de desastre. Nació a raíz de la aprobación por el gobierno de Estados Unidos de una asignación de $18 mil millones para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, desgastada y pobremente mantenida por décadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y que terminó reducida a ruinas por el impacto del huracán María en el año 2017.
La magnitud de los daños ocasionados por el huracán provocó que el gobierno de Estados Unidos tuviese que enfrentar la devastación de su colonia. Sobre todo, cuando su propia población, principalmente la del estado de Florida, comenzó a sentir y resentir el impacto de las decenas de miles de puertorriqueños que emigraron hacia la metrópolis en los días, semanas y meses después del huracán. Para “salvar cara” y aplacar a quienes criticaron la pobre y lenta respuesta del gobierno federal, y como ya Puerto Rico estaba bajo la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF), no le quedó “de otra” al entonces Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al Congreso de mayoría republicana que aprobar los fondos de reconstrucción de nuestra red eléctrica, cuyo colapso había sido la razón principal tras las muertes de cerca de 5 mil personas, y de las decenas de miles de desplazados que tocaban a las puertas del Imperio.
Desde el gobierno de Estados Unidos se determinó que los fondos de reconstrucción irían a una empresa privada, y no a la AEE. Y el contrato de LUMA Energy, hija del junte entre las empresas ATCO, de Canadá, y Quanta Services, de Estados Unidos, se redactó allá y se le impuso a la trágala a Puerto Rico, por encima de la oposición de sectores importantes del país y de buena parte de nuestro pueblo. El gobernador Pierluisi, y también la mayoría de la Asamblea Legislativa se plegaron a las presiones de la Junta, cuya entonces portavoz, Natalie Jaresko, asumió una postura agresiva a favor del contrato de LUMA. Dijo que no aprobar el contrato violentaba la Ley PROMESA y la Constitución de Estados Unidos, con lo cual logró su propósito de amedrentar a los políticos cobardes de Puerto Rico. Afirmó que LUMA bajaría el costo de la energía, pero el mismo aumentó astronómicamente. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NE) le ha aprobado a LUMA los seis aumentos de tarifa solicitados en solo diez meses que lleva operando. Después de las primeras cinco alzas, el kilovatio hora aumentó de 19 a 29 centavos, un 34% de aumento, lo que seguramente crecerá tras la nueva alza que entra en vigor próximamente. Esta última tiene el propósito de facilitar que LUMA y AEE recuperen $105.5 millones que gastaron de más, entre los meses de diciembre de 2021 y febrero de 2022, por el encarecimiento del petróleo. Treinta millones de esos fueron para comprar diesel caro, y sustituir el gas natural más barato que las dos empresas privadas contratadas- New Fortress Energy y Naturgy-fallaron en suplir.
En solo once meses, el pobre desempeño y los traspiés de LUMA han demostrado que nuestro pueblo sabio tenía la razón, que LUMA Energy no sirve para lo que fue contratada y que sostener su operación es un robo de los menguados recursos de nuestro país. LUMA no administra eficientemente el dinero que les cobra a los abonados y recurre abusivamente al aumento de tarifa. No cuenta con personal diestro suficiente para dar servicio al cliente y mantenimiento al sistema. No mantiene un inventario adecuado de piezas y materiales. Tampoco ha sometido las propuestas para poder acceder a los fondos federales disponibles, según declaraciones de un portavoz de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), entidad que administra y distribuye los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico.
El pueblo puertorriqueño no siente que la estabilidad de nuestro sistema eléctrico está en manos diestras y confiables. Peor aún, LUMA no ha demostrado respeto ni aprecio por nuestro pueblo. La actitud arrogante y burlona de sus oficiales ante el público y los medios de prensa durante el último y más reciente apagón general, así lo demuestra. En los dos años que lleva en Puerto Rico a partir de su contratación, LUMA Energy ha fracasado en convencer al país que está a la altura del enorme reto de reconstrucción eléctrica para el que ha sido contratada.
