El PNP seleccionó para presidir la CEE al mismo juez que había despachado al biólogo cuando buscaba remediar la violación de intimidad en su hogar
CLARIDAD
El tribunal de Ponce despachó, en dos ocasiones, al biólogo independentista Roberto Viqueira Ríos cuando pidió un remedio para detener el hostigamiento y la presunta violación a la intimidad de su familia que estaba cometiendo su vecino Eduardo Meléndez Velázquez, quien le terminó asesinando con un rifle la semana pasada.
El juez Jorge Rafael Rivera Rueda, ahora presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), despachó —en 2021 y 2023— las solicitudes que hiciera Viqueira Ríos para obtener protección inmediata de las presuntas grabaciones de audio y video que Meléndez Velázquez estaba tomando de su propiedad y familia.
“La petición no sólo era para que quitaran las cámaras, sino para que nos dieran acceso a las grabaciones y examinarlas. A los bullies que uno no para a tiempo, los envalentona; y el tribunal nunca emitió un injunction ni dio una orden para que se dejara de intervenir con la intimidad de la otra parte”, mencionó el abogado y amigo del difunto, Martín González Vélez, en entrevista con CLARIDAD.
Viqueira Ríos hizo esta solicitud, en septiembre de 2021, al cursar por medio de su representación legal una contrademanda y un interdicto prohibiendo la grabación de audio, video e imágenes de su familia. Sin embargo, el entonces juez superior de Ponce, Rivera Rueda, declaró «no ha lugar» sin celebración de vista.
“Habiéndose declarado ‘no ha lugar’ sin vista, ni fundamentos… nos preguntamos: ¿qué remedio le queda a los demandados? ¿Reclamar una legítima defensa? ¿Reclamar un estado de necesidad? ¿Reclamar el ejercicio de un Derecho? ¿Reclamar un temor insuperable? ¿Aparecer en una “primera plana” en los periódicos del país? La insensibilidad a los problemas diarios de nuestros conciudadanos no puede continuar”, planteó González Vélez al suplicar al Apelativo que revocara al foro de primera instancia.
En su certiorari del 22 de noviembre de 2021, González Vélez recalcó que los hijos de Viqueira Ríos y Moshayra Vicente Cruz —tres menores de 16, 12 y 11 años, respectivamente— “viven con profundo temor en su propia casa, lo que amenaza y pone en peligro la integridad mental y emocional de estos”.
Ya previamente le habían relatado al Tribunal de Primera Instancia que “se vieron obligados a quitar la piscina temporera, tienen que cerrar las cortinas de su casa y los niños ya no se sienten seguros en el patio”; que Vicente Cruz temía por su seguridad ya que el demandante suele treparse al techo a mirar hacia el interior de la casa; que se habían visto obligados a privarse de tener conversaciones privadas; y que Meléndez Velázquez se trepaba en las noches al techo a mirar a la casa de la familia Viqueira Vicente, “todo lo que atenta contra la paz y sosiego de los comparecientes”.
El Tribunal de Apelaciones revocó, el 24 de febrero de 2022, el dictamen de Rivera Rueda. El panel compuesto por las juezas Laura Ortiz Flores, Giselle Romero García y Noheliz Reyes Berríos recordó que el magistrado tenía la facultad de resolver provisionalmente esta controversia y que tenía que haber celebrado una vista para aquilatar la prueba.
Cuando bajó la determinación del Apelativo, Rivera Rueda celebró la vista, en julio de 2022, pero no tomó decisión alguna en ese momento. La continuación de la vista se pospuso, al punto que, en febrero de 2023, Viqueira Ríos volvió a solicitar remedio urgente recordando que su vecino no había provisto los videos que indicó tener, ni el tribunal había emitido las órdenes para que el demandante depositara “todos los videos que tenga en su poder…, los cuales ha ADMITIDO que tiene”.
Pese a que el tribunal había advertido a las partes que no podrían intervenir el uno con el otro, el abogado del biólogo le recordó al tribunal que Meléndez Velázquez lo había seguido haciendo reiteradamente “con total impunidad”.
En marzo de 2023, Rivera Rueda declaró “académica” esa moción para tener un remedio urgente. Esto significó que un año y medio después de la solicitud de interdicto, el tribunal no había concedido el remedio solicitado por Viqueira Ríos, pese a que su abogado había planteado la urgencia y seriedad del asunto.
El juez que tuvo ante su consideración este caso fue nominado por el Partido Nuevo Progresista a presidir la CEE. Ante la falta de consenso con los comisionados de otros partidos, la gobernadora Jenniffer González presentó su nombramiento en abril, que fue confirmado por la Asamblea Legislativa.
La “negación institucional”
En lo que respecta a la prevención de esta tragedia en Yauco, González Vélez lamentó, en entrevista con CLARIDAD, que “todo el mundo menospreció el argumento de Roberto”. ”O era un acto discriminatorio o era negligencia crasa en el cumplimiento del deber. La incompetencia no puede llegar a lo que llegó este caso”, puntualizó.
Las sospechas de discrimen de González Vélez surgen dentro del contexto de persecución política que sufrió Viqueira Ríos por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el período cercano al asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del Ejército Popular Boricua – Los macheteros. “Roberto fue objeto de persecución por parte del Estado, y que raro que cuando él pide justicia, no le hacen caso”, indicó.
“La negación de lo que él pedía era como institucional por parte de la Policía primero y por parte del tribunal”, insistió González Vélez. “Si desde el primer día, no se hubiera menospreciado el planteamiento de violación a la intimidad de Roberto, esto no hubiera pasado. No pusieron el orden; dejaron que siguiera. La otra parte se siente impune y actúa con impunidad”, lamentó.
La familia del occiso también exigió, en declaraciones escritas, «que se investiguen exhaustivamente todos los ángulos posibles de este crimen — personales, políticos y profesionales».
