Por Cándida Cotto / Claridad
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La demora por parte de la Asamblea Legislativa en liberar el Proyecto del Senado 1221 y enviarlo a la gobernadora para su firma; la nominación en enero de una persona a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que tenga la confianza de las organizaciones y entidades comprometidas con la justicia social y ambiental; la atención a la situación de contaminación en las comunidades de Guayama y qué pasará con los cambios a los Mapas de Calificación son algunas de las controversias ambientales pendientes a pocos días de finalizar este año 2019.
Luego de que la Legislatura aprobara en noviembre el PS 1221, que prohíbe la disposición y el depósito de cenizas en la isla, incluyendo la mezcla hidratada de estos residuos producida por la carbonera AES, y que obligaría a la empresa a exportar permanentemente sus desperdicios, pasadas dos semanas y media, el proyecto no había sido enviado a la gobernadora para su firma.
“El Senado y la Cámara aprobaron el proyecto 1221, con solo un voto en contra, desde hace más de dos semanas. Sin embargo, el proyecto no ha sido sometido a Fortaleza para la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien ya se comprometió a firmarlo. ¿Qué es lo que pasa en el Capitolio? ¿Cuál es el estatus del proyecto? ¿Dónde está el tranque, si alguno? El pueblo espera respuesta, acción y que cumplan su palabra.”, declaró Yanina Moreno Febres, portavoz del Campamento contra Cenizas en Peñuelas.
Ante la demora, José Manuel Díaz Pérez, líder de Peñuelas, sostuvo que, si la Asamblea Legislativa sigue dilatando más el proceso, la comunidad se movilizará hasta el Capitolio. “No entendemos por qué han tardado tanto en enviar el proyecto a Fortaleza. Pero si continúan dilatando el proceso, vamos a llevarle una trulla al Capitolio o a cualquier lugar donde sea necesario”.
Sin dirección el DRNA
Mientras, luego de la renuncia en octubre, de la secretaria del DRNA, licenciada Tania Vázquez Rivera, en medio de denuncias de corrupción, la gobernadora Vázquez Garced todavía no ha hecho ningún nombramiento para dirigir la agencia.
Juan Camacho, portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA), afirmó a CLARIDAD que tras la salida de Vázquez Rivera “no ha habido ningún cambio fundamental en el DRN, y menos sin tener una cabeza que lo dirija”.
El portavoz de la organización comunitaria que ante la inacción del DRNA declaró a finales de octubre una moratoria en la construcción de estructuras y proyectos en la zona marítimo terrestre y espacios aledaños a su costa, trajo a la atención que una semana después de la renuncia de la secretaria, la gobernadora planteó que iba hacer la designación en enero del 2020 para que coincidiera con la sesión ordinaria, la última del cuatrienio.
“Estamos esperando a enero, a que se someta un candidato y, como hemos señalado en otras ocasiones, no tenemos personas en particular para recomendar a la posición, sino que hemos planteado unos requisitos fundamentales que le aplican a cualquier funcionario de agencia”. Se refiere a la declaración pública lanzada en noviembre por cerca de 30 organizaciones ambientales-comunitarias y casi cien firmas de activistas ambientales, planificadores, abogados, entre otros, exigiéndole que cumpla con su compromiso de sanear la gobernación y que nombre a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a una persona que tenga la confianza de las organizaciones y entidades comprometidas con la justicia social y ambiental.
Entre los atributos que exigen debe tener la persona que ocupe el cargo están: estudios graduados o trayectoria en las ciencias o en estudios ambientales, geografía, planificación ambiental o política ambiental; ser reconocida por las organizaciones ambientales del país o tener una trayectoria consistente con la defensa del medio ambiente y haber demostrado una trayectoria de compromiso con la participación ciudadana y de las comunidades que se ven afectadas directamente por las políticas públicas a su cargo.
Además de la necesidad del nombramiento del funcionario descrito, Camacho reiteró el señalamiento de que la sombrilla del DRNA no tiene mucho futuro. “Las sombrillas no han funcionado y este es un ejemplo. Cada una de estas agencias tiene una misión diferente”. Bajo el DRNA se encuentran la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS).
Camacho reparó en que se supone que el DRNA ponga en función los artículos de la Constitución para salvaguardar el ambiente y los recursos naturales, mientras que la JCA tiene una misión importante en términos de velar por las aguas del país, y por si eso no fuera poco, la ADS tampoco no ha cumplido nunca su función de ley de estar reciclando ya entre un 20 a un 30 por ciento de la basura. Aún no ha pasado del 5%.
Por su parte, Myna Conty, de la Coalición Contra el Incinerador (CCI), también afirmó que tras la salida de la secretaria el “Departamento no se ha sentido”. Más allá de las atribuciones de la persona que ocupe el puesto se trata de la falta de importancia que tanto el actual gobierno como los que han estado antes le dan a las situaciones ambientales. “Es triste y preocupante. Después de María estos asuntos que nos dieron en la cara, que son importantes y hay que atenderlos, tienen que ser prioridad, igual que la cuestión económica. Los asuntos ambientales son parte de los asuntos económicos del país porque todo lo que los fenómenos atmosféricos destroce, cuando hay lluvias, inundaciones, afecta la economía. Me parece que no hacen esa relación, que es sumamente importante y que no puede ir separada. Tienen que ir juntos. Es lamentable que uno no vea, ni oiga que el país les preocupe”, manifestó.
Camacho destacó que más allá de la lucha contra el depósito de cenizas, la erosión costera es una de las situaciones ambientales más urgentes que hay que atender. “Hay 24 municipios costeros y uno más que otro está sufriendo el problema de la erosión, unido a los problemas que ha traído el huracán María. Con los efectos del cambio climático los problemas se triplican. Nosotros, en una costa como la de Toa Baja, desde los 70 hemos tenido problemas de erosión, lo que implica que unos más que menos tienen ese problema”. El ambientalista insiste en que el Gobierno tiene que tener una visión general global sobre el problema debido a que ante la incapacidad del DRNA, ya sea por incompetencia o falta de personal, la gente va a continuar con alternativas que se han probado que no sirven, que lo que hacen es mantener y agravar el problema.
El lado oeste
“Las heridas provocadas por Tania son tan profundas que es muy poco tiempo para comentar”, expresó el portavoz de !Salva Rincón! respecto a las consecuencias de las decisiones tomadas por la exsecretaria del DRNA. La organización comunitaria se opone a la construcción de un megahotel, el Rincón Blue Water LLC (RWB), en el sector La Marina del barrio Ensenada.
Una de esas heridas infligidas por la exsecretaria fue su firma aceptando una evaluación ambiental (EA) para el proyecto, en lugar de exigir una declaración de impacto ambiental (DIA), que es un documento más riguroso. “Ese es un proyecto que cambia el pueblo y nosotros pensamos que el pueblo debe opinar”, expresó en referencia a que uno de los requisitos de una DIA es la consulta a la comunidad, por lo que reclaman que se cumpla con esa declaración de impacto ambiental.
Destacó que, por el contrario, el Instituto de Cultura Puertorriqueña se puso los pantalones largos y ha declarado que tiene que haber un estudio arqueológico fase 2. La petición se dio luego que se comparara el estudio de RWB con otro estudio del sector que sugiere que puede haber yacimientos arqueológicos significativos en ese litoral.
El triunfo de la perseverancia
La resistencia y perseverancia de los grupos comunitarios-ambientalistas han alcanzado victorias este año. Como una prueba de tenacidad, el Campamento Playas Pal Pueblo, tras casi 15 años, el pasado mes de mayo logró detener la privatización de cinco cuerdas de terreno del balneario de Isla verde, Carolina.
Tan reciente como el 15 de noviembre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la determinación de la Junta de Planificación y la orden ejecutiva del entonces gobernador Ricardo Rosselló que eliminaba la designación de siete reservas naturales. El recurso legal fue presentado por Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA), junto al Sierra Club Puerto Rico y el Comité Socio Cultural Comunitario Arizona, San Felipe de Arroyo
Mientras, estos mismos grupos esperan por que en cualquier momento el Tribunal Apelativo emita una decisión sobre si el proceso que llevó a cabo la Junta de Planificación para los cambios a los Mapas de Calificación fue el correcto. El tribunal acogió el recurso de manera expedita.
