Al momento de acogerse a la protección del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, por virtud de la Ley PROMESA, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) había acumulado una deuda de $8.3 mil millones por concepto de bonos en el mercado financiero de Estados Unidos. Al día de hoy, si esa deuda se pagara con intereses, sumaría unos $12 mil millones y creciendo.
Tras décadas de malos manejos y crasa deficiencia administrativa, la corporación pública que una vez fue la «joya de la corona» del gobierno de Puerto Rico, quedó despojada de su esplendor y endeudada hasta las teleras con bonistas extranjeros de todo pelaje. Quedó en deuda también con sus empleados, a los que por décadas se les retuvo el dinero para su eventual retiro, y al final se descubrió que el saco estaba vacío y que el pago de pensiones estaba sujeto al mismo círculo vicioso que el resto de las nefastas decisiones financieras que allí se tomaron.
Aunque la Ley PROMESA fue aprobada y la Junta de Control Fiscal (JCF) se instaló en 2016, no fue hasta el año 2022 que se sometió el primer Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE), ante el Tribunal del Título III de PROMESA ( Quiebras) y la jueza Laura Taylor Swain. Desde entonces hacia acá, hemos perdido la cuenta de las versiones de PAD-AEE presentadas por la JCF y de las rondas de negociación con los acreedores ordenadas por el Tribunal.
El proceso de negociación ha fallado una y otra vez por la falta de premura y voluntad de las partes para negociar un acuerdo de buena fe, que no termine afectando a los consumidores residenciales y comerciales de energía que ya pagan cada vez más caro el pésimo servicio de energía eléctrica que reciben. Además, se necesita un acuerdo que no comprometa las pensiones de los empleados retirados más vulnerables de la AEE, aquellos que nunca gozaron de privilegios, ni de salarios fabulosos, ni de bonos jugosos, como lo hacían los altos oficiales de la corporación pública, enchufados a las altas cúpulas del bipartidismo corrupto PNP-PPD.
De un lado, los planes de ajuste de la JCF han tenido que ser revisados una y otra vez por órdenes de la jueza Swain, y del otro los bonistas buitres- los mismos que compraron los bonos de la AEE a precio de chatarra- ahora pretenden cobrar su acreencia como si los hubiesen comprado al máximo precio, y para ello cuentan con el respaldo del Tribunal de Circuito de Boston que falló a favor de sus argumentos.
Después de casi cuatro años, y de decenas de miles de dólares en pagos a oficiales, abogados y contratistas de la JCF, la quiebra de la AEE todavía pende de una cuerda floja, sin solución permanente a la vista. Hace unos días, el equipo de mediación de la AEE hizo su oferta más reciente a los bonistas, para un monto total de $3 mil millones por la deuda. Todas las ofertas anteriores han sido rechazadas por los bonistas, por lo que no existe garantía de que esta será acogida, y de que al fin se le encuentre una solución concertada a una quiebra tóxica que le ha hecho un daño irreparable a nuestra gente, y a la imagen y clima de negocios en Puerto Rico. Mientras tanto, la AEE languidece bajo un déficit de más de $10 mil millones, según información publicada y tomada del más reciente Informe Anual Consolidado y Acreditado de Puerto Rico del año 2023.
Las implicaciones para el pueblo puertorriqueño de un acuerdo negociado de la quiebra de la AEE están escritas. Habrá aumentos en la tarifa eléctrica para el pago de la deuda, y se emitirán nuevos bonos con pagos de interés y principal durante los próximos 35 años, por un monto que alcanzaría los $5.3 mil millones al final de dicho período. Ambas medidas agravarán los problemas financieros de la AEE y del sistema eléctrico de Puerto Rico durante largos años. Peor aún, el futuro económico de Puerto Rico también seguirá pendiendo en una cuerda floja con un sistema eléctrico caro, inestable, ineficiente y a merced de mercaderes que privilegian sus ganancias sobre el progreso de nuestro país y las necesidades de nuestro pueblo.
