En junio de 2026 se cumplen diez años de vida de la Ley PROMESA. En junio de 2025, el gobierno de Alejandro García Padilla declaró que la deuda pública era impagable. La Ley PROMESA tuvo como objetivo abordar y buscarle solución a la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico. Como criatura de esta ley del Congreso de los Estados Unidos, firmada por el presidente Obama, la Junta de Supervisión Fiscal se constituyó con poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico. Debido a su carácter dictatorial la opinión pública cambió su nombre a Junta de Control Fiscal (JCF).
Desde su creación, la composición de los siete miembros de la Junta fue muy reveladora. Debían ser personas con peritaje en finanzas, en mercados de bonos municipales y en gerencia, aun cuando la Junta tenía el poder de contratar expertos y consultores. Cuando fueron conocidos sus primeros siete miembros, la sorpresa comenzó a preocupar a la opinión pública. Entre ellos se encontraban tres personas estrechamente vinculadas con gobiernos anteriores de Puerto Rico: José Carrión III, Carlos García y José Ramón González. Dos de estos individuos, Carlos García y José Ramón González, habían estado en la dirección del Banco Gubernamental de Fomento y fueron protagonistas en el endeudamiento del gobierno. Ambos, además, tenían estrechos vínculos financieros como funcionarios del Banco de Santander. El otro, José Carrión III estuvo vinculado con el gobierno de Luis Fortuño. ¿Cómo era posible que para abordar y buscarle solución al problema fiscal del gobierno local fuesen nombrados individuos que habían participado en la creación del problema que venían a resolver?
Pronto se hizo visible hacia dónde se inclinaban los intereses de la Junta. Comenzó a definirse en sus primeros pasos por lo que no quiso hacer, aunque tuvo todo el poder para hacerlo. Dos asuntos principales no atendidos caracterizaron desde sus primeras acciones: a) no hacer una auditoría forense de la deuda; b) no definir los servicios esenciales brindados por el gobierno a la población.
La auditoría de la deuda se había convertido ya en un reclamo con fuertes raíces en importantes sectores de la población. Ante la crisis fiscal existente y ante la magnitud de la deuda pública, era urgente conocer a fondo quiénes emitieron la deuda, cómo lo hicieron y con qué objetivo. La urgencia respondía a la necesidad de establecer si existían partes de la deuda que eran ilegítimas. La JCF no solo no hizo el trabajo, sino que gastó $16 millones en un estudio sobre la deuda realizado por Kobre & Kim, de 600 páginas, estableciendo desde su inicio que no tenía el propósito de responsabilizar a nadie por las acciones realizadas. Un gasto de $26, 666 de fondos públicos por cada página sin ninguna consecuencia para los que pudieron haber actuado irresponsablemente, incluyendo personajes de la Junta como Carlos García y José Ramón González.
El segundo asunto que la Junta se negó a atender fue todavía más escandaloso. La importancia de definir los servicios esenciales provistos por el gobierno fue también un reclamo a viva voz de muchos sectores de nuestra población. ¿Por qué era imprescindible definirlos? Si la JCF venía a corregir el déficit fiscal y los efectos destructivos de una deuda fuera de control, primero se hacía necesario definir los servicios esenciales para asegurar su cumplimiento antes de establecer cuánto de la deuda existente era viable pagar. Al no hacerlo, la JCF dejó saber que su interés principal era el pago de la deuda a los bonistas y no el bienestar de la población.
Con estos dos asuntos, la JCF mostró su verdadera figura. Hizo visible que su función dictatorial, era continuar la misma política neoliberal adoptada por el bipartidismo existente. Por un lado, la auditoría de la deuda hubiese permitido identificar los responsables y entender la dinámica del endeudamiento. El poder dictatorial de la Junta hubiese podido enfrentar uno de los principales problemas vinculados con la deuda: la corrupción. Por otro lado, al definir los servicios esenciales hubiese proyectado la imagen de que colocaba en primer lugar el bienestar de una población ajena a los motivos del endeudamiento.
Pero la JCF no hizo ninguna de las dos cosas. Además, algo que no debe olvidarse, no recibió ninguna presión del gobierno para que llevara a cabo la auditoria de la deuda o definiera los servicios esenciales. Esta complicidad requeriría una extensa explicación para la que no tenemos espacio. Ahora basta mencionar que con la política neoliberal ocurrió un asalto combinado al dinero público de parte de empresarios privados y políticos ambiciosos. Con esta política neoliberal se degradaron los servicios esenciales provistos por el gobierno en la medida en que abundantes recursos públicos pasaron a manos privadas en múltiples formas de corrupción. Lejos de controlar la corrupción, la JCF se convirtió en un mecanismo que la patrocinó en el interior del marco de los planes fiscales que fue imponiendo. Con sus contratos y consultorías sobrepasó los $2,000 millones en gastos de dinero público en el trascurso de esta vergonzosa década, incluyendo contratos millonarios escandalosos con empresas como McKinsey, en situaciones plagadas de conflictos de interés. Como la historia depara inesperadas sorpresas, con el paso del Huracán María en septiembre de 2017, los terremotos del sur en 2020 y con la pandemia que le siguió, miles de millones de dólares en fondos federales han sido asignados a Puerto Rico, aumentando el botín político- empresarial de la corrupción.
Pero hay otro asunto en que la JCF también fracasó. Siendo la cuestión fiscal el síntoma más visible de una crisis mucho más profunda, la urgencia por formular reformas estructurales tenía una importancia cardinal parta atender la necesidad de ampliar la base económica de la isla. La JCF no solamente no atendió este problema, sino que las reformas propuestas no se orientaban en la dirección señalada y fracasaron. Solamente en una de ellas, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), apoyada en la Sección 205 (a) de la Ley PROMESA, logró avanzar. Sin embargo, la privatización, defendida tanto por el gobierno como por el sector privado, desembocó en un estruendoso fracaso. Los tres motivos para impulsarla – abaratar los costos, garantizar la eficiencia y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico – han tenido resultados contrarios: el sistema es hoy mucho más caro, ineficiente e inestable. La privatización del sistema eléctrico, impulsada por la JCF y el gobierno probablemente pase a la historia como uno de los actos de mayor irresponsabilidad propiciado por los inescrupulosos intereses neoliberales.
Podemos añadir, antes de terminar, que los planes de ajuste de la deuda acordados por la JCF no han respondido a los mejores intereses de nuestra población. El acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), por ejemplo, aprobado por la jueza Taylor Swayne el 4 de febrero de 2018, fue muy revelador. De una deuda de $17,637 millones – de los cuales más de $12,000 millones fueron emitidos por el gobierno de Luis Fortuño -, los Bonos Senior constituían 44% del total de la deuda, los conocidos fondos buitres recibieron 93 centavos por cada dólar, habiendo adquirido dicha deuda a precios mucho más bajos, obteniendo ganancias de miles de millones de dólares. Pero lo más “ejemplar” de dicha negociación fue que el bufete de los fondos buitres, Emmanuel Urquart & Sullivan LLP, contrató a Politank, propiedad de Francisco Domenech, acompañado de Kenneth McClintock, por 55,000 dólares mensuales para asegurar una buena negociación. Nada menos que un cabildero local, que hoy es Secretario de la Gobernación, con un ex presidente del Senado y ex Secretario de Estado, fueron figuras claves para una negociación nefasta para el pueblo de Puerto Rico. Antonio Weiss, una persona destacada en la formulación de PROMESA, criticó el Plan de ajuste de la Deuda de COFINA.
Hoy nos encontramos ante una amplia protesta estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, con reclamos compartidos por toda la comunidad universitaria. En gran medida se trata de una crisis creada por la JCF y sus irresponsables recortes al presupuesto de la universidad pública y sus aumentos en el costo de los créditos y servicios universitarios. Una institución que estaba cumpliendo efectivamente con sus compromisos de deuda recibió los recortes más agudos y el ataque más feroz de la Junta y del gobierno. Con su menosprecio de la universidad pública y con sus intentos de reducir las pensiones de hombres y mujeres que cumplieron con sus deberes laborales, la JCF levantó su perfil ante el pueblo de Puerto Rico: expropiarle el futuro a la juventud y expropiarles el pasado a los adultos mayores. Mientras tanto, poco le han importado los efectos visibles del cambio climático, la seguridad alimentaria del país y el bienestar de la población empobrecida de Puerto Rico. Con razón las ilusiones que tuvo el país cuando se anunció su llegada quedaron convertidas en humo. Hoy el desprestigio de sus funcionarios solo es superado por la soledad que los rodea. Sería un acto de justicia que su salida fuese el resultado del empujón de una enorme fuerza social en movimiento.
Este articulo se publicó originalmente en la edición impresa de CLARIDAD del mes de abril.
