Según los datos censales más recientes, cerca de 960,000 personas en Puerto Rico son adultos mayores. En otras palabras, casi un 30 porciento de nuestra población de 3.2 millones de habitantes. Somos el país más envejecido en toda la región del Caribe y el 40 por ciento de nuestros adultos mayores vive bajo el nivel de pobreza, cifra que asciende a un 52 por ciento entre la población de ancianos y ancianas que viven solos. Se trata de una enorme masa del pueblo puertorriqueño que presenta entre sus principales características una alta dependencia económica, una numerosa proporción de mujeres y una particular vulnerabilidad ante los desastres.
El envejecimiento de nuestra población empezó desde hace años, pero durante las últimas décadas se ha acelerado por la reciente oleada de emigración masiva de jóvenes que han sido empujados fuera de nuestro país por diversas circunstancias: desastres naturales de gran destructividad, una pandemia con efecto paralizante y las sucesivas crisis económica, fiscal y de gobernanza política y administrativa de los malos gobiernos del bipartidismo que tienen a nuestro país al borde del colapso.
La ilusión de «prosperidad» con la que se encandiló a nuestro pueblo por tantos años se ha disipado como humo en el cielo, dejando al descubierto la vitrina destrozada de esta colonia de Estados Unidos que, como dice el refrán, se ha quedado «sin la soga y sin la cabra» y no acierta a recoger los pedazos de un pasado que nunca le perteneció, ni tampoco a levantarse y tomar control de su presente y su futuro. Por eso, los jóvenes se van en oleadas en busca de lo que no se les ofrece aquí, y la balanza poblacional se inclina marcadamente hacia el envejecimiento y las vulnerabilidades que lo acompañan.
En esta edición de CLARIDAD, y mediante entrevista con el director ejecutivo de la oficina de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) se aborda la realidad de nuestra población envejecida y las circunstancias críticas que esta confronta ante un gobierno y una sociedad que no parecen preparados para afrontar su responsabilidad de proveerles servicios eficientes y atender sus necesidades urgentes.
Aunque en Puerto Rico existe un marco legal y una carta de derechos que protegen a los adultos mayores y ordenan y reglamentan los servicios que les presta el estado y las entidades privadas especializadas, la maquinaria burocrática del gobierno y los retrasos, inconsistencias, lapsos e inestabilidad en la administración y toma de decisiones a nivel de las agencias encargadas, se han convertido en grandes obstáculos para la atención adecuada de esta población. Por eso, nuestro entrevistado de AARP considera «desprovistos» a los adultos mayores en Puerto Rico. Las cifras y datos le dan la razón.
El Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada son las agencias encargadas de garantizar los servicios y atender los reclamos y necesidades de esa población. Por ejemplo, la atención a las querellas de maltrato de adultos mayores, problema que ha crecido de forma alarmante en Puerto Rico. Entre el 2023 y 2025 las querellas por maltrato de adultos mayores sumaron 5,046 de un total 8,138 denuncias por delitos contra esa población. Casi todos esos delitos se cometen por personas cercanas a los adultos mayores: familiares, cuidadores o personas de servicio, lo cual apunta a un problema social de mayor profundidad que evidentemente no se ha atendido adecuadamente. Las modalidades del maltrato a adultos mayores se clasifican en categorías: maltrato emocional y físico, negligencia, abandono de adultos mayores en hospitales o centros de cuido prolongado, coacción, violencia y explotación financiera, entre otros.
Durante el último año, varios casos dramáticos de maltrato de adultos mayores han copado la atención mediática. Estos han surgido entre familias y en centros de cuido, algunos con consecuencias fatales. Según expertos, la violencia hacia los adultos mayores en Puerto Rico se ha exacerbado, por lo cual se recomienda abordarla como un problema serio de salud pública que afecta a una población significativa, y envejecida, desprotegida y vulnerable. La tantas veces errática respuesta gubernamental ante estos caso es indicativo de que no existen planes de prevención y respuesta ágiles y concertados.
Ante la realidad inescapable de que nuestra población envejece, y los nuevos nacimientos disminuyen, es necesario reflexionar y trazar una ruta de futuro para Puerto Rico. Esa ruta, además de un plan de desarrollo económico que estimule el interés por volver al país de las y los profesionales jóvenes y productivos que han emigrado, debe incluir una propuesta de incentivos que les facilite a esos jóvenes profesionales trabajar bajo condiciones dignas, progresar y aportar a Puerto Rico. Que, en vez de políticas que fomenten la dependencia económica y el inmovilismo social, los fondos destinados a la población de adultos mayores vayan a programas que puedan garantizar, más allá del papel, su derecho a una vida digna y productiva dentro de las limitaciones y capacidades de cada cual. Eso es lo que se está haciendo en países como Japón y en Europa que también confrontan el envejecimiento poblacional y la reducción dramática de sus tasas de natalidad.
Denunciar las injusticias y el mal gobierno, exigirle al Estado que cumpla con su obligación con nuestros adultos mayores, y organizar y fortalecer las bases comunitarias y familiares de nuestra sociedad es parte esencial de la agenda de nuestro pueblo hacia el Puerto Rico libre, soberano y justo al que aspiramos.
