CLARIDAD
De proyectos en proyectos que tienen que ver con aspectos ambientales, como la legalización de las casetas de la Parguera (PC 269) y el quitarle autoridad a las agencias de gobierno con el PS 81, el pueblo de Puerto Rico nos enfrentamos a una Legislatura y a un Gobierno Ejecutivo que pretende poner nuestros recursos naturales a disposición de inversionistas, sean locales o extranjeros, para favorecer el proyecto Esencia y otros similares.
Al consultar por separado a un experto en Derecho Ambiental y a un planificador, ambos coincidieron en que la presentación de proyectos que tienen que ver con aspectos ambientales en esta primera sesión legislativa responden a la influencia y aportaciones a las campañas políticas del actual gobierno, en particular a la gobernadora Jenniffer González Colón.
El licenciado Pedro Saadé Lloréns expuso a CLARIDAD que el PS 81 es un proyecto que comenzó en el Senado y se aprobó en la Cámara y que debe de estar en camino para la firma de la gobernadora. En él se establece que las recomendaciones que hagan el DRNA, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y cualquier otra agencia a la OGPe no serán vinculantes. Esto significa el debilitamiento de ambas agencias e impone que se modifiquen los reglamentos existentes para que no sean obligatorios (vinculantes) los comentarios y recomendaciones de estas agencias.
Saadé Lloréns apuntó que el problema que esto representa es que aplica también a comentarios de LUMA, Autoridad de Carreteras o a cualquier agencia. Eso quiere decir que si hay un proyecto que no sea viable porque no hay estructura o que sea dañino a la salud, a la agricultura u otros aspectos, esos comentarios OGPe no está obligado a atenderlos ni seguirlos, “sino que OGPe es la superagencia que decide independiente de las recomendaciones de las otras agencias; es la superagencia que decide si se aprueba o no un permiso”.
El Reglamento de Documentos Ambientales del DRNA dice que las recomendaciones del departamento son vinculantes, lo que quiere decir que esa ley es una revocación de ese reglamento. Saadé Lloréns piensa que la razón por la cual el PS 81 tiene al proyecto de Esencia en mente es porque los técnicos del DRNA han hecho recomendaciones sólidas con relación a ese proyecto. “Ahora están creando la base para que no se puedan hacer cuestionamientos y que OGPe pueda ignorar las recomendaciones relacionadas con el proyecto Esencia” denunció.
Saadé hizo la observación de que la medida se extralimita a otros proyectos similares. “Es un proyecto malísimo. De aquí en adelante, las recomendaciones y exigencias de Recursos Naturales y de todas las agencias con relación a proyectos pueden ser ignoradas, y esto puede ser importante porque se puede tener un proyecto que no tiene agua, carretera o es dañino a especies en peligro de extinción y ahora el que va a decidir todo eso, que ya sabemos su inclinación, es el Departamento de Desarrollo Económico”.
El otro proyecto en esa vía es el PS 615, que comenzó en el Senado como un proyecto para enmendar el Código Municipal en términos administrativos y en el camino se añadieron unas disposiciones que debilitan la clasificación de suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas para crear discreciones en caso de que se haya declarado un proyecto crítico. Esencia fue declarado como un proyecto “crítico”.
El experto en Derecho Ambiental sostuvo que incluso el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS) ha hecho unas recomendaciones sólidas que coinciden con muchas de las del DRNA, lo que ha puesto al proyectista a tratar de contestar por los daños tremendos que causaría Esencia.
Otra medida sobre la que alertó fue la presentada por el presidente de la Cámara, el PC 25, que pretende redefinir la zona marítimo terrestre, cuyo efecto sería limitar, es decir, reducir la ZMT.
Saadé Lloréns advirtió que la posposición en evaluar las recomendaciones del Comité de Cambio Climático y la orden ejecutiva de la gobernadora eximiendo de todo permiso los llamados proyectos energéticos de emergencia,aunque no pueden evadir la legislación federal del aire, de manera integrada, flexibilizan los procesos ambientales de manera que no tienen que preparar ni siquiera evaluación ambiental. El experto en Derecho Ambiental censuró que la forma más efectiva que los cabilderos tienen para actuar y resolver asuntos específicos y controversias legales específicas es atenderlas por la vía legislativa. En el proceso favorecen los proyectos como Esencia, así como todos los otros que puedan aparecer.
“Torpe, deficiente e inconstitucional”
Por su parte, el planificador Pedro Cardona Roig calificó de torpe, deficiente e inconstitucional el PS 81. Expuso que el proyecto tiene un impacto con las obligaciones que surgen de la propia Constitución de Puerto Rico, dado a que el DRNA y el ICP tienen unas responsabilidades que emanan directamente de la Constitución y sus leyes habilitadoras, que le consignan la responsabilidad de velar por los bienes patrimoniales, arquitectónicos, naturales y otros.
“Esta ley pretende cambiar y sustituir esa responsabilidad y convertirla en una recomendación cuando la Constitución no dice ‘si tú puedes o si tú quieres’, sino que le dice al secretario del DRNA tienes que velar por la integridad de nuestros sistemas naturales; cumplir con lo impuesto en el manejo de las reservas. Lo mismo hace con el ICP”.
Además de inconstitucional, señaló que la redacción del proyecto es torpe, deficiente e ineficiente, y afirmó que lo que establece la ley es un disparate porque la OGPe no tiene el personal con el conocimiento pericial para discernir lo que es esencial y lo que no lo es. Defendió que el peritaje existe en el personal y las divisiones que están el DRN y en el ICP, aun con sus luces y sus sombras.
“Creo que esta es una muestra más del desmantelamiento del aparato público para favorecer a los inversionistas políticos que llevaron a la gobernadora al poder. Esas personas buscan desregular; que Puerto Rico pierda bienes patrimoniales para cederlos a los especuladores, desarrolladores locales y de fuera, sin que exista un sistema de protección y salvaguarda de lo que nos pertenece a todos los puertorriqueños”.
En lo que respecta al PC 615, denunció que se pretende modificar la política pública sin criterio y aprobar los proyectos críticos sin un análisis de riesgo. Afirmó que la medida es para favorecer a ciertas industrias y encaminar el proyecto Esencia, el cual fue designado como uno crítico sin tener ninguna característica de proyecto crítico. Esta designación se ha dado también a proyectos de energía.
“El pueblo de Puerto Rico lo que está enfrentando es una administración que tiene la capacidad e intención de destruir todos los elementos de valor para generar un aprovechamiento de esas personas que financiaron toda la campaña política de Jenniffer González”, declaró.
En tanto, a tres meses de haberse llevado a cabo las vistas públicas de la Declaración de Impacto Ambiental del megaproyecto Esencia, la OGPe todavía no ha emitido su decisión respecto al mismo.
Cardona Roig comentó que la demora en sí ya levanta bandera. Reveló que se sabe que los oficiales examinadores hicieron una reseña muy breve de las vistas, pero tomaron la ponencia de la parte proponente y la vaciaron íntegra en su informe.
“Eso, aparte de escandaloso, merece la censura y la observación muy minuciosa y detallada de la ciudadanía porque los datos que estaba presentado la parte proponente estaban amañados. Carecían de estudios, por ejemplo, a la demanda de agua, de los imoscapos a los sistemas naturales y arqueológicos. ¡Ni siquiera los reconocieron! Vemos que lo que apesta es a una manipulación de parte del Estado a ese proceso de vista pública, que siempre se decía que era uno donde la parte proponente había comprado al Gobierno y a los funcionarios”, denunció.
El exmiembro de la Junta de Planificación predijo que la determinación de OGPe será una sujeta a la política del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.Detalló que el secretario de esa agencia es quien nombra al director ejecutivo de la OGPe, sin que que tenga pasar por el consentimiento del Senado. Por lo tanto, no se debe a nadie que no sea al secretario del DDEC.
La OGPe no solo atiende los permisos de desarrollo, también atiende los de conservación, lo que ha sido una ecuación muy tóxica y no ha redundado en unos procesos más ágiles, reveló Cardona Roig. “Hoy los permisos se toman exactamente el mismo tiempo que se tomaban en el 2009, previo a la reforma de permisos, pero nos cuestan un 900 % más”.
