¿PROMESA de qué?

CLARIDAD

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El Centro para una Nueva Economía (CNE) describió como un experimento colonial fallido la imposición de una Junta de Control Fiscal (JCF) bajo la llamada Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability). Parte del saldo de cinco años de su intervención es no haber logrado reestructurar una deuda de cerca de $53,000 millones, la imposición de políticas de austeridad que han destruido instituciones del Gobierno, el predominio de un gobierno paralelo y el estancamiento de la economía.

Estos y otros señalamientos sobre el resultado del experimento colonial de PROMESA están contenidos en el  informe de Política Pública del CNE, PROMESA:¿Un experimento fallido?, publicado e1 1.0 de junio.  Los analistas del  CNE, Deepak Lamba-Nieves, Sergio Marxuach y Rosanna Torres, reconocen y traen a la atención que el contexto colonial para analizar PROMESA es importante.

La primera razón estriba en que  coinciden con el planteamiento del fallecido juez Juan Torruellas, de que el Gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro importantes experimentos de gobernanza en la isla a través de varios mecanismos legales: la Ley Foraker a principios del siglo XX, luego la Ley Jones en 1917, la creación del Estado Libre Asociado en 1952 y la adopción de la Ley PROMESA en 2016. El juez del Tribunal Apelativo del Primer Circuito sostuvo que estos movimientos han servido para perpetuar una relación colonial asimétrica que viola los derechos humanos de los habitantes de la isla y que es la base de nuestro declive económico.

“Así, el experimento de gobernanza más reciente desarrollado con PROMESA se basa en una lógica similar a la aplicada en Washington, D.C. (donde la mayoría son negros) durante su crisis fiscal: los puertorriqueños no pueden gobernarse a sí mismos, por lo que el Gobierno federal debe imponerse

y designar un pequeño grupo de tecnócratas para poner la casa en orden. En este sentido, PROMESA se basa en la misma mentalidad colonial adoptada por el Congreso después de la Guerra Hispanoamericana y ratificada por la Corte Suprema en los Casos Insulares: los puertorriqueños son una raza “ajena” e “incivilizada”, incapaz de gobernarse de acuerdo con los “principios anglosajones de gobernanza”.

La segunda razón es que PROMESA tiene el propósito de imponer a Puerto Rico políticas del tipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo son las políticas de austeridad fiscal. El CNE observa que en el caso de Puerto Rico, por ser una colonia, estas políticas no tienen ningún sentido porque, en contraste con otras jurisdicciones que podrían complementar esas políticas, ya sea con una devaluación de la moneda para impulsar las exportaciones o con préstamos de liquidez de emergencia negociadas con instituciones multilaterales internacionales, Puerto Rico, debido a su condición colonial, no puede devaluar su moneda ni tiene acceso a dichas facilidades de liquidez de emergencia.

Los economistas del CNE censuran que la JCF  haya insistido en imponerle a Puerto Rico una camisa de fuerza de política de austeridad similar al FMI sin brindar ninguno de los escasos beneficios que suelen acompañar a los programas  condicionados  del FMI.

La agenda de austeridad que le ha impuesto la JCF al Gobierno de Puerto Rico —señala el CNE— ha sido una inconsistente.  Trae como ejemplo el que a la vez que la  Junta  ordena la reducción de personal  en casi todas las agencias gubernamentales, también ha otorgado contratos a consultores externos y cabilderos para sí, como veremos más adelante.

“La Junta también argumenta que la ayuda federal por desastre proporcionará un gran estímulo a la economía de Puerto Rico, sin embargo, la ayuda solo está destinada a compensar lo dañado o destruido y continúa severamente atrasada. Sin embargo, la Junta ha ignorado consistentemente las advertencias de que sus medidas basadas en la austeridad no están dando resultado”, subraya el CNE.

Otro aspecto que trae a la atención es que cuando  se redactó PROMESA  en 2016, existía  preocupación por los efectos perjudiciales que las altas tasas de rotación de personal en las agencias gubernamentales tendría en su memoria institucional. Dice el CNE que la  JCF se creó bajo la noción de que contrataría personal y desarrollaría su capacidad técnica internamente. Pero la Junta  nunca lo ha hecho.

Por el contrario, la Junta lo que ha estado haciendo es destruyendo la capacidad del Gobierno; por otro lado, han proyectado que los gastos por honorarios de asesores legales y financieros entre los años fiscales 2018-2026 excederán los $1,500 millones, muy por encima del costo estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso de $370 millones entre los años fiscales 2017-2026. Como tal, Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia.

En esa línea de falta de personal y de memoria institucional se denuncia, además, que debido a esos vacíos en el Gobierno, la Junta se llena con consultores externos, y lo que tiene el país es  esencialmente un gobierno paralelo con un conjunto completamente nuevo de gastos inútiles. Los analistas denuncian que en  lugar de emplear personal local interno como una forma de desarrollar experiencia técnica duradera en Puerto Rico y fomentar el talento local, la Junta  ha optado por gastar en consultores externos, cabilderos y asesores, lo que erosiona  aún más la capacidad de Puerto Rico para deshacerse del organismo de control financiero y para implementar con éxito un programa de recuperación a largo plazo. A la vez, recuerdan que Puerto Rico es la única jurisdicción, que se sepa, que está pasando por una crisis fiscal/de deuda (como Detroit) y una reconstrucción complicada después de un gran desastre natural (como Nueva Orleans después de Katrina), todo al mismo tiempo.

Por último, el CNE repara en que  la Junta parece haber descartado el Título V de la ley que dispone el identificar e implementar “proyectos críticos” y parece que ha sustituido la inversión de capital por sus “reformas estructurales”. La recompensa de este cambio, dice el CNE, aún está por verse.

“Por lo tanto, como dijimos en 2016, los costos económicos, políticos y sociales asociados con el experimento colonial PROMESA han sido extremadamente altos y explícitos, mientras que los beneficios que pudimos haber derivado han sido pequeños y la mayoría siguen siendo bastante inciertos y contingentes”, concluye el análisis.

 

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