En las áreas rurales de Puerto Rico, especialmente en las más remotas, la falta de acceso a agua potable y limpia ha sido siempre un gran problema. Solo basta visitar nuestros campos para que se haga evidente la intermitencia del agua. Existe una larga historia de los esfuerzos de ciudadanos y comunidades para establecer, junto a Municipios y consorcios, los acueductos rurales que contribuyen a mitigar la situación.
Pero la inestabilidad del servicio de agua persiste y tanto en las ciudades y suburbios urbanos como en las carreteras del interior, se ven cada vez más las llamadas «cisternas», tanques plásticos o de metal colocados en techos o terraplenes aledaños a residencias y negocios, que ya han pasado a formar parte del paisaje de nuestro país.
En las ciudades y centros urbanos, hasta hace unos años fluía un servicio estable de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ( AAA), la corporación pública encargada del almacenamiento, filtración y distribución de agua potable y del tratamiento de aguas usadas en nuestro país, que junto a la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) integraba la dupla indispensable de nuestras utilidades públicas.
Ya eso ha quedado en el pasado. La crisis en todos los órdenes que vive Puerto Rico desde hace más de veinte años tiene su más dramática manifestación en el masivo colapso de sus utilidades públicas. La AEE, aún en quiebra y privatizada a manos de LUMA Energy y GeneraPR, subsidiarias de varias empresas energéticas extranjeras, y la AAA languideciendo bajo el peso de una infraestructura abandonada y en ruinas y de sucesivas administraciones gubernamentales indolentes e incompetentes. El resultado ha sido que, desde febrero de este año el Área Metropolitana de San Juan, nuestra Ciudad Capital y espacio de trabajo y convivencia para más de 2 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas (2/3 partes de la población del Archipiélago), es el epicentro del colapso de la infraestructura de la AAA. Averías sucesivas en el embalse y represa de Carraizo, en la planta de filtración principal Sergio Cuevas, en el Superacueducto, y recientemente en tuberías pluviales en la Avenidas Kennedy y Roberto H. Todd, entre otras, han sido parte de una historia que mantiene a vastos sectores y comunidades del Área Metropolitana en vilo por las continuas suspensiones del servicio de agua, la baja presión, la pobre calidad del agua, la insuficiencia en el acceso y la incertidumbre sobre cuando se restablecerá el servicio.
La llamada «crisis» del agua en San Juan es real y ha tenido el efecto de unir durante meses a sectores sanjuaneros tan diversos y distantes en perfil y realidad socio económica como Lloréns Torres, Villa Palmeras y Machuchal con Miramar, Ocean Park, el Viejo San Juan y partes del Condado. Al cierre de esta edición de CLARIDAD, aún hay decenas de miles de residentes de San Juan sin servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería. Tan seria es la situación que el Alcalde de San Juan – que es del mismo partido que la Gobernadora-anunció públicamente que pidió a sus abogados estudiar la posibilidad de presentar una acción legal contra la AAA en el Tribunal Federal en San Juan, por su inatención y respuesta inadecuada a las emergencias relacionadas con averías a la infraestructura de agua y a los reclamos de las y los ciudadanos de la Capital sobre el persistente problema de insuficiencia en el abasto de agua en sus vecindarios y negocios. Capítulo aparte merecen también los problemas de sobrefacturación a miles de abonados, lecturas defectuosas de contadores y la mala práctica de estimar el consumo de miles de abonados, todos factores que encarecen el servicio de agua y añaden presión sobre nuestra ya fatigada gente.
Esta edición de CLARIDAD contiene dos artículos basados en una entrevista sobre la llamada «crisis» del agua en San Juan y Puerto Rico. Nuestro entrevistado es el profesor, planificador, colaborador de CLARIDAD, y experto en el tema del agua, Félix Aponte, quien señala a los sucesivos gobiernos de Puerto Rico por las fallas y omisiones que han provocado la situación actual. Apunta hacia la falta de planificación con el desmedido crecimiento residencial y comercial en Puerto Rico, también hacia el abandono y falta de mantenimiento de la infraestructura, tanto de aguas usadas como potable, y cuestiona a quienes desde el.poder optaron por ignorar las recomendaciones para mejorar el sistema contenidas en estudios e informes hechos por expertos, lo cual ha precipitado el decaimiento del sistema pluvial del país. Advierte Aponte que al presente el problema es de máxima seriedad, sobre todo porque, según sostiene, ha habido descuido y mal manejo de las descargas de aguas usadas en nuestros cuerpos de agua. El acceso a agua limpia es tan indispensable para la vida y la salud de personas y pueblos que forma parte del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales y de los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que naciones y grupos humanos puedan alcanzar un desarrollo sostenible.
Puerto Rico una vez se preció de tener un sistema de acueductos y de filtración y tratamiento de aguas que sirvió bien al país y fue ejemplo para otros países en nuestra región de América Latina y el Caribe. Hoy es otro sueño roto de nuestro pueblo, que se disipa en medio del declive colonial y de la incompetencia y corrupción de sucesivos gobiernos del bipartidismo PNP-PPD, que abandonaron el compromiso de servir al pueblo, para servirse a ellos mismos y a sus partidos.
