Especial para CLARIDAD
Hay muchas razones para pensar que la destitución de un gobernador electo fue la expresión de algo muy profundo. La enorme movilización que provocó la acción histórica nunca antes vista fue indudablemente el resultado de una crisis económica y social que ha desencadenado una multiplicidad de contradicciones. La exacerbación de tales contradicciones no ha cesado. Por consiguiente, la compleja causalidad estructural de la crisis sigue activa. Me interesa en este artículo focalizar en una de ellas: la intensa erosión y debilitamiento de los dos partidos de gobierno.
Sin esa erosión, no me cabe duda, no se hubiese logrado la destitución de Ricardo Rosselló. Ahora bien, antes de fijarnos en la pérdida de agarre sobre la población que ha sufrido el bipartidismo en Puerto Rico, debemos considerar cuál ha sido el motivo principal de su debilitamiento crónico. Desde hace tres décadas tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista –(1989-2019)– han adoptado una política neoliberal con un ataque al servicio público amparados en el concepto de gigantismo gubernamental para justificar privatizaciones, reformas laborales y des-reglamentaciones, provocando una polarización de la riqueza. Con esa política neoliberal han empobrecido a las mayorías del país, mientras un grupo selecto de empresarios vinculados a los partidos de gobierno y de políticos vinculados a estos empresarios, se han enriquecido de forma extraordinaria.
El resultado objetivo ha sido que ni el PNP promueve la estadidad, ni el PPD promueve la autonomía. Los dos partidos con su política neoliberal reproducen y fortalecen la dependencia al mismo tiempo que han llevado la relación colonial a un nivel de crisis nunca visto en nuestra historia. La insensibilidad se ha apoderado de ambos partidos en la medida en que el servicio público ha sido sustituido de forma descarada por el lucro privado. Por eso ha florecido en el paisaje político la figura del cabildero y del contratista, en sustitución del servidor público. En la medida en que el gobierno se ha ido separando dramáticamente de las necesidades de la población, el bipartidismo se ha ido debilitando.
Un aspecto clave, a nivel político, de la consolidación y reproducción de la relación colonial en Puerto Rico ha sido el alto nivel de participación electoral que ha caracterizado el proceso electoral a lo largo de la dominación imperial estadounidense desde principios del siglo XX. Entre los electores inscritos, durante un extenso período histórico de casi un siglo, prevaleció una conducta de participación muy elevada en el proceso electoral. Las elecciones generales tuvieron la capacidad de proyectar con efectividad el espejismo de una participación democrática efectiva.
No obstante, desde que comenzó a imponerse con agresividad la política neoliberal la elevada participación electoral ha ido en descenso. Entre 1992-2012 el nivel de participación – la totalidad de los que votaron divididos entre el total de electores inscritos – fue descendiendo cada año, aunque lentamente, desde un 85% hasta un 78%. Hubo dos momentos en que el PNP logró sobrepasar el 50% de los votos emitidos y superó en ambos casos el millón de votos: en 1996, Pedro Rosselló obtuvo 51.1%, con 1,006,331 votos y en 2008, Luis Fortuño obtuvo 52.8%, con 1,025,965 votos. Rosselló derrotó a Héctor Luis Acevedo por 130,479 votos, mientras Fortuño derrotó a Aníbal Acevedo Vilá por 215,894 votos. De todas formas, en estas dos cimas electorales la participación descendió. De 85% en 1992 bajó a 83.2% en 1996, para luego descender de 81.70% en 2004 a 79.5% en 2008. Es decir, incluyendo los dos momentos de mayor cantidad de votos en la historia por parte del PNP, se manifestó un descenso en el por ciento de participación electoral.
La situación cambió dramáticamente a partir de las elecciones de 2012. Hay que entender la contundencia de este cambio decisivo. Lo preceden, entre otras cosas, dos leyes que al aprobarse, el movimiento sindical las consideró como si se tratara de un golpe de estado. La primera fue la Ley 7 de marzo de 2009, bajo el gobierno de Luis Fortuño. La otra fue la Ley 66, del verano de 2014, bajo Alejandro García Padilla. Ambas significaron un ataque directo a los convenios colectivos y a conquistas históricas de trabajadoras y trabajadores del sector público. La Ley 7, además, vino aderezada con el despido de más de veinte mil personas. Después de estas dos terribles leyes, acompañadas de gobiernos corruptos e insensibles, el porcentaje de participación electoral sufrió un verdadero colapso. Un colapso, dicho sea de paso, que corre paralelo al colapso económico y fiscal provocado por la política neoliberal de austeridad.
En las elecciones de 2016, la participación electoral descendió a 55.45%. Un descenso de esta naturaleza nunca se había visto en Puerto Rico. Si la participación de 2012 fue de 78%, la reducción alcanzó 22.55 puntos porcentuales. Debe tenerse en cuenta, que si bien la emigración pudo tener efecto en esta caída, nos referimos a un proceso previo al huracán María. Ricardo Rosselló alcanzó 660,510 votos, apenas el 41.8% de los votos emitidos. Nunca antes en la historia de los gobernadores electos, un gobernador había obtenido un por ciento tan bajo. Si comparamos esta cifra con los 884,775 votos de Luis Fortuño en su derrota de 2012, el PNP perdió 224,265 votos, aunque ganó las elecciones. Pero si comparamos las últimas dos victorias electorales del PNP, la erosión es mucho más sorprendente: de 1,025,965 votos en 2008 bajó a 660,510 en 2016. La reducción entonces alcanza una disminución de 365,455 votos. Además, del 52.8% de los votos obtenidos por Fortuño en 2008, al 41.8% de Ricardo Rosselló en 2016, hay un descenso de 11 puntos porcentuales. Algo parecido a la diferencia entre el 47.7% de García Padilla en 2012 y el 38.87 de David Bernier en 2016.
Esta catástrofe electoral explica por qué el PNP no pudo celebrar masivamente los cien años de ciudadanía estadounidense en 2017, como tampoco pudo celebrar sus cincuenta años de vida de forma visible. Sin mencionar la vergonzosa asistencia de un puñado de personas al cementerio durante el natalicio de José Celso Barbosa o la patética marcha en defensa de estadidad después de las masivas manifestaciones de julio pasado.
Si consideramos los 175,831 votos de Alexandra Lúgaro en noviembre de 2016, y los 90,494 de Manuel Cidre, puede captarse el nivel de erosión del bipartidismo. Difícilmente pueda sostenerse que la participación electoral en las próximas elecciones de 2020 puedan revertir este acelerado descenso. El bipartidismo está desacreditado porque tanto el PNP como el PPD han abrazado la política corrupta neoliberal con su tejido de cabilderos y contratistas privados. Ambos partidos son parte de la terrible crisis que vive el país, han demostrado una total falta de imaginación para elaborar un nuevo proyecto político y ambos son la prolongación de la misma política desvergonzada. Sin contar con la crisis causada por la erosión política señalada, se deja fuera un factor clave para entender el residenciamiento público, en la calle, de Ricardo Rosselló. Un PNP desconectado de la población, débil y corrupto, no pudo salir en defensa del gobernador. Sus dirigentes, avergonzados, no tuvieron otro remedio que replegarse.
