CLARIDAD
Observando las acciones de la Legislatura actual, controlada por el Partido Popular Democrático, cuesta trabajo pensar que una vez ese partido quiso ser un movimiento de justicia social. De aquellos actos justicieros, que tienen más de medio siglo de antigüedad, poca gente se acuerda y las acciones de su actual liderato los hacen aún más remotos.
El último zarpazo del grupo legislativo del PPD fue contra los intentos de varios senadores por restituirle a los trabajadores algunos de los derechos que les fueron quitados en 2017. Ese año, a requerimiento de la Junta de Control Fiscal, la recién inaugurada administración de Ricardo Rosselló trastocó la legislación laboral, eliminando o reduciendo derechos que llevaban muchas décadas de vigencia. Entre otras cosas, se les abarató el despido injustificado a lo patronos reduciendo la mesada, mientras simultáneamente se eliminaba la ley que, en ciertos casos, creaba una presunción de despido. Para hacérselo más fácil al patrono y más cuesta arriba a los obreros, el término para reclamar se redujo de 3 a 1 año. También se recortó la paga por horas extras y se autorizó a que, “por mutuo acuerdo”, se pueda obligar a una persona a trabajar más de ocho horas, sin paga adicional. El bono de navidad quedó recortado, y la acumulación de días de vacaciones y ausencias por enfermedad se redujo.
Como vemos, lo que ocurrió en 2017 fue una reforma orientada exclusivamente hacia la protección de los patronos y en contra de los trabajadores. Algunas de las medidas protectoras que quedaron trastocadas -como la penalidad por despido injustificado y el pago extra por exceso de 8 horas, junto a la ley que establecía un procedimiento sumario para reclamaciones obreras- venían desde los primeros tiempos del viejo PPD, cuando ese partido tenía en su seno figuras vinculadas al movimiento sindical progresista. Gracias a aquellos esfuerzos, y a la lucha en las calles, Puerto Rico había acumulado un marco legal protector, muy distinto al que prevalecía en Estados Unidos.
El sector patronal hacía tiempo que venía presionando por menos derechos laborales y en ocasiones anteriores habían logrado recortes, pero lo de 2017 fue una masacre. Aparándose en la quiebra de las finanzas públicas y en la crisis económica que ya llevaba más de una década, la JCF y el gobierno del PNP liquidaron en cuestión de meses un marco legal protector erigido a lo largo de 60 años.
La reforma patronal de 2017 fue uno de los temas debatidos durante la última campaña electoral y varios candidatos prometieron revertir sus efectos nocivos contra los trabajadores. Cuando el candidato a gobernador del PPD, Carlos Delgado, repetía que gestionaría una “nueva trasformación” del País, refiriéndose a lo que su partido había hecho en el pasado, algunos le creyeron. Delgado no prevaleció, pero su partido, gracias a la fragmentación del voto, logró mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y relativa en el Senado. Con las actuaciones de estos cuerpos, sin embargo, la “nueva trasformación” prometida se ha convertido en mueca.
Además de exhibir un liderato torpe que en ocasiones raya en el ridículo, la Legislatura sigue sacándole el cuerpo al cambio. Habían prometido cambiar la legislación electoral, manipulada por el PNP en el último cuatrienio, y lo único que intentaron fue una nueva manipulación, unilateral como la del PNP, que rápidamente retiraron. Luego se dedicaron a bloquear lo que otros legisladores se atrevieron a promover. La ley que intentaba prohibir las bochornosas “terapia de conversión”, quedó detenida tan pronto los fundamentalistas religiosos rebuznaron. Igual destino tuvo hace unos días la ley que buscaba revisar la legislación universitaria.
El marco legal universitario, que data de 1966, además de antidemocrático, siempre ha sido una camisa de fuerza que limita el desarrollo de la institución, convirtiéndola en parte del botín de guerra, que el partido que gana las elecciones comienza a disfrutar tan pronto asume el poder. La comunidad universitaria viene clamando por cambios desde hace décadas y sectores del propio PPD estuvieron dispuestos a actuar. No obstante, cuando la nueva legislación estaba a punto de ser aprobada, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, prestó su voto para derrotarla. Su argumento fue el mismo que los sectores más reaccionarios han levantado siempre: que el control del gobierno, que siempre será partidista, es necesario.
La nueva víctima de ese liderato es la legislación laboral que busca restituir solo algunos de los derechos arrebatados en 2017. En esta ocasión no fue el presidente del Senado quien accionó la guillotina, sino su homólogo de la Cámara, Rafael Hernández. Bajo el liderato de la senadora Ana I. Rivera Lacén, la nueva legislación avanzó en la llamada Cámara Alta, pero ya Hernández anunció que sus huestes se atrincherarán a favor de los patronos.
Como sucedió con las enmiendas a la ley electoral y la nueva ley universitaria, los cambios a la legislación laboral también quedarán aparcados. Una vez más se confirma que el resultado de las elecciones de 2020 no produjo un gobierno dividido. Todo lo contrario, tanto la rama ejecutiva como la legislativa quedaron en manos de jun mismo partido, el PNPPD. Con mínimas variaciones, es el partido de los patronos y de todos los que resisten el cambio. En los actos que antes reseñé actuaron como una sola voz, y también se unieron para aprobar el plan de la Junta de Control que nos hipoteca por 40 años. Ya no se puede hablar de bipartidismo porque en realidad es un solo partido.
