Mientras en Puerto Rico nuestro pueblo sigue, a duras penas, enfrentando una realidad cada vez más complicada, a nuestras espaldas y muy sigilosamente se cuece un nuevo e impredecible capítulo en la historia de la ocupación de nuestro país, por parte del mismo gobierno de Estados Unidos que por primera vez nos ocupó el 25 de julio de 1898. En esta ocasión, el escenario es distinto aunque puede anticiparse que las consecuencias a corto, mediano y largo plazo serán muy similares o peores. En esta ocasión no se trata de una ocupación militar, ni del desembarco de tropas en una playa sureña. Tampoco existe un general Miles, ni soldados, ni botas, ni uniformes como símbolos de la dominación colonial sobre nuestro país. Hoy no nos ocupan bajo el sol candente, sino bajo el frío glacial. En la gélida sala de un Tribunal de Estados Unidos en Nueva York, hoy convertido en plataforma virtual desde la cual una jueza extranjera decidirá el destino de nuestro país para los próximos 40 años. Las tropas de hoy no están sudorosas, ni usan armamento bélico. Por el contrario, están perfectamente acicalados y visten los costosos “uniformes” que simbolizan el éxito económico y social que les acompaña en la vida. En este caso, sus armas son legales, pero igualmente letales. Son en su mayoría, abogados y “expertos” en finanzas y demás asuntos relacionados, todos con nombres extranjeros como Bienenstock, Rosen, Friedman, Bernstein, Kirpalani, o la plana mayor de las entidades asesoras, también todas extranjeras, como McKinsey, Deloitte, Ankura, Hastings. Unos y otros marchando al unísono- al son de casi $1mil millones pagados por el pueblo de Puerto Rico- y en cumplimiento de las órdenes impartidas por sus jefes imperiales del Congreso de Estados Unidos y sus criaturas, la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal (JCF).
El gobierno electo de Puerto Rico brilla por su ausencia en estos procedimientos. Su representación la asume la JCF, el ente federal que gobierna “de facto” en Puerto Rico desde hace 5 años, cuando el Congreso de Estados Unidos, amparado en sus poderes omnímodos sobre nuestro país, le arrancó la careta de gobierno propio al llamado Estado Libre Asociado (ELA) e impuso la dictadura de la Ley Promesa, como antes impuso el gobierno militar y las Leyes Foraker y Jones bajo las cuales nos gobernó durante los primeros 50 años tras la invasión de 1898. La función del gobierno de aquí (Gobernador y Asamblea Legislativa) fue de servirle de parapeto y alcahuetes a la JCF y al Tribunal de Quiebra, aprobando la Ley 53, hecha a la medida de los conglomerados financieros de Estados Unidos que invirtieron en bonos de Puerto Rico a sabiendas del riesgo que asumían, y ahora exigen con amenazas que se les pague la pérdida. La Ley 53 es el “marco legal” del Plan de Ajuste de Deuda de Puerto Rico (PAD), documento que, de aprobarse, servirá de mapa al despojo y privatización de los principales recursos que aún le quedan al pueblo de Puerto Rico. También, será la puerta franca a la nueva etapa de ocupación neoliberal de nuestro territorio nacional.
Basta solo una mirada al récord de lo sucedido en las vistas de aprobación del PAD en la sala de la jueza Taylor Swain, para darnos cuenta del plan monstruoso de estas fuerzas e intereses foráneos para apropiarse de lo que les interesa de nuestro país y arrollar lo que se les interponga. En el cuarto y quinto días de las vistas en torno al PAD surgieron grandes revelaciones. Por ejemplo, que los acreedores fueron librados de su porción de responsabilidad por la crisis de la deuda de Puerto Rico a cambio de aceptar los términos del PAD. O también, que el PAD dejará sin efecto unas 40 leyes de Puerto Rico para impedir que interfieran con el pago de la deuda o el uso de fondos destinados a ese fin.
Otra revelación es la proyectada ampliación de la doctrina del “campo ocupado”, que ya ejerce el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico en áreas tales como aduanas, aguas territoriales, espacio aéreo, inmigración, correo, y otros. Ahora, la Ley Promesa podría ocupar el campo de otras leyes, como por ejemplo, aquellas relacionadas a las corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico. La Ley Promesa podría incidir, además, en la paralización de leyes futuras o de cualquier estatuto vigente que la JCF determine como en conflicto con los objetivos del PAD, incluso limitar a la Asamblea Legislativa por diez años de su facultad para adoptar medidas que, de alguna manera, puedan interpretarse como contrarias al PAD.
Las filtraciones a cuenta gotas del debate en la sala de la jueza Taylor Swain en Nueva York, indican que las necesidades apremiantes del pueblo puertorriqueño no figuran entre las prioridades, como si no fuera nuestro pueblo el principal pagano de esta embrolla multimillonaria. A falta de defensores en las altas esferas, será desde la calle que nos toque luchar y defendernos de esta nueva embestida del amo colonial, y de los cipayos en Fortaleza y el Capitolio.
