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UPR Cayey levanta la huelga

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El estudiantado del recinto de Cayey de la UPR uno de los que se mantenía en huelga indefinida, llegó a acuerdos con la administración este martes en la tarde (30 de noviembre) por lo que levantó su huelga.

Eliezer Díaz Lebrón, presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), confirmó a CLARIDAD que los acuerdos se firmaron con el Comité de Diálogo y Negociación que fue constituido hace unas semanas a través del Senado Académico de Cayey. Estos comités se supone que hayan sido constituidos en cada recinto a solicitud de la presidenta de la UPR, Mayra Olavaria, para negociar con los estudiantes. .“Tuvimos la tercera reunión el lunes en la tarde donde se discutieron los acuerdos finales que solicitábamos los estudiantes. Una reunión casi de cuatro horas y ayer en la tarde se firmaron”.

Entre los ocho acuerdos sobre salen; informar a la comunidad universitaria sobre los proyectos de infraestructura en progreso y proyectados para el recinto; informar sobre la distribución de los fondos institucionales de HEERF (Higuer Education Emergency Relief Fund). Díaz Lebrón indicó que el estudiantado esta preocupado y quiere saber cómo se gastó ese dinero institucional dado a que la administración contrató unos empleados para tareas de desinfección y equipo durante la pandemia, parte de estos contratados son conocidos en el recinto como “Covid Police” porque a lo que se dedican es a velar por el uso de mascarillas y que no haya aglomeración de personas. Esto no se ha visto en ningún otro recinto.

Otros dos acuerdos fueron retomar el horario universal de los martes y jueves y que se presente un informe sobre el presupuesto del recinto para el año fiscal 2021-2022, el cual a su vez será presentado al estudiantado en asamblea general de estudiantes.

Una vez levantada la huelga se espera que las clases presenciales se reanuden en los próximos días luego de que se lleven a cabo trabajos de acondicionamiento debido a que el recinto estuvo cerrado durante todo el mes de noviembre. Al inicio del semestre el 90% de las clases en Cayey se impartían de manera presencial. El presidente del CGE dijo que en estos momentos se encuentran en el proceso de matricula adelantada y que los cursos en línea son unos tradicionales básicos para que haya un poco mas de versatilidad para los estudiantes. Al igual que en otros recintos la rectora doctora Glorive Rosa Pérez, hace unas semanas hizo expresiones públicas en contra del recorte al presupuesto de la UPR.

Díaz Lebrón, estudiante de Ciencias Sociales expresó que entienden que su recinto de Cayey junto a Utuado, Ponce y Humacao, son de los recintos que estarían en esa lista de cierre ante los recortes al presupuesto de la UPR lo que sería fatídico para jóvenes de los pueblos del área central que no pueden llegar a otros recintos.

“La lucha estudiantil continua los estudiantes siguen motivados en que se tiene que seguir luchando por la UPR y vamos a seguir haciendo movimiento hasta que se haga justicia por la UPR”.

 

“De aquí no nos saca nadie: Por una declaración universal de nuestra libertad”

De izquierda a derecha, Gilberto Ortiz, Annette Martínez, Rosa Mari Pesquera,Mari Mari Narváez, Eduardo Villanueva,Tony Rivera, Frankie (Pipo) Huertas, Carlos Martínez. foto: Juanma Hernández

 

Buenas noches y saludos a todos y todas. Quiero agradecerles por acompañarme hoy en esta conmemoración y celebración de la vida y de los aportes de Don Juan Mari Brás. Mi agradecimiento especial a la Fundación Juan Mari, por extenderme esta invitación.

Yo no conocí personalmente a Don Juan. Pero, vengo de una familia que se comprometió con la lucha de la independencia desde que tengo uso de razón, y los andares de don Juan, así como de otros y otras luchadoras por la independencia de nuestro país eran siempre parte de nuestra conversación y formó parte fundamental del desarrollo de mi conciencia sobre lo que es ser puertorriqueña.

Me invitaron para compartir con ustedes mi pensar sobre lo que hoy significa la lucha por la independencia de nuestro país, y en ese sentido, creo que es importante mirar a los aportes de Don Juan como un punto de partida, de arranque y de impulso al trabajo que es necesario seguir haciendo, pero también, al que es necesario comenzar a hacer.

Hoy, como en el pasado, vivimos un momento coyuntural en nuestra historia. Cuando eso pasa es importante tener claridad de consciencia, solidaridad, y acuerdos lúcidos que ayuden a definir una estrategia de lucha. Puerto Rico hoy ha visto el peso de la opresión colonial agravarse sobre nosotros y nosotras a pasos agigantados. Con la imposición de la Junta de Control Fiscal en el 2016, lo que hemos vivido es una aceleración del despojo de nuestros servicios públicos, de nuestro patrimonio, de nuestro territorio, dejándonos cada vez con menos recursos y más incertidumbre. Las políticas impuestas favorecen la gentrificación y empujan a un sector cada vez más grande de nuestra población a vivir en condiciones de pobreza y violencia estructural. Estos procesos se sienten como una olla de presión que nos obligan a escapar, que parecen empujarnos al traslado, al destierro, incierto también. Pero ese desplazamiento poblacional es una estrategia más del coloniaje al que hemos sido sometidos, utilizada de manera consistente por gobiernos opresores, racistas y elitistas. Es una manera más de ocupar el territorio colonizado y explotar sus recursos para el beneficio de unos pocos, de anexionarse el territorio que no les pertenece, causando mayor dependencia y disminuyendo las posibilidades de un ejercicio autónomo de independencia.

Estas políticas no afectan a todas las personas de la misma manera. La desigualdad en nuestro país es evidente para algunos, pero no para todos. Porque en la colonia siempre hay grupos privilegiados. El mayor peso de ese despojo recae particularmente sobre quienes históricamente han sido marginados de todo tipo de toma de decisión.

Por eso cuando pienso en la lucha por la independencia de mi País, siempre tengo que pensar que es una lucha contra el coloniaje. Y el coloniaje en todas sus dimensiones. La independencia debe llevarnos al despojo de esa condición colonial y a una verdadera emancipación. Ese proceso lo identifico en tres niveles: el personal, el colectivo y el internacional.

Como punto de partida, creo que el coloniaje debe enfrentarse primero a nivel individual. Ese coloniaje que se nos mete en la piel y que nubla el pensamiento, que produce desigualdades de las que terminamos siendo parte. Porque la colonia, en ese sentido, es como lo define Franz Fanon, una gran enfermedad, de la que no estamos exentos ni exentas. Y me parece apropiado que en tiempos de pandemia, utilicemos el pensamiento de se gran estudioso del poder colonizante para redefinir donde estamos y hacia donde vamos.

Para hablar de verdadera independencia, es necesario reconocer que cargamos con el peso de esta enfermedad. El coloniaje nos ha afectado, y es importante que nos miremos en el espejo, y nos atrevamos a identificar en ese reflejo los efectos de esta condición. Es un ejercicio personal, íntimo, pero también colectivo, nacional, regional y continental. Este ejercicio, es en esencia, la verdadera emancipación. La que nos lleva a enfrentar nuestros propios fantasmas, nuestras opresiones, tanto las que nos han impuesto, como aquellas de las que hemos o seguimos formando parte. La que nos lleva a preguntar críticamente lo que nos han hecho creer. Nadie se salva, en la colonia todos fuimos expuestos al virus de la enfermedad y aquí no hay vacunas para evitarla. La única salida es aprender a enfrentarla, reconocerla y a sacarnos una por una las capas de esa costra que se nos ha pegado a la piel y al pensamiento y que se reproduce en nuestro diario vivir. El patriarcado, el machismo, la violencia intrapersonal, son parte de esa lacra que necesitamos enfrentar y que tanto daño ha hecho a nuestro movimiento independentista. No puede haber verdadera emancipación e independencia cargando con esos niveles de desigualdad en las pupilas.

A nivel colectivo, las opresiones del coloniaje están claramente presentes en las políticas impulsadas desde el gobierno administrador y sus estructuras, generando distintos tipos de desigualdad y violencia que vemos en procesos judiciales, en el sistema carcelario, en la falta de vivienda segura, en la ausencia de servicios para la protección y desarrollo de nuestra niñez, en el masivo cierre de escuelas, en la falta de transporte y servicios médicos y hospitalarios en Vieques, en la ausencia de alternativas de desarrollo y autonomía para las mujeres, y en general, la falta de oportunidades que afectan particularmente a personas pobres, negras, migrantes, ancianas y privadas de libertad. Las desigualdades que se ven allí son producto también de ese coloniaje elitista, patriarcal y misógino. Para mí, la verdadera independencia requiere un despojo total de esas opresiones con las que hemos cargado y vivido siempre, tanto las personales y las colectivas.

A nivel regional e internacional, el ejercicio de la emancipación requiere un nuevo reconocimiento de nuestra identidad como puertorriqueños y puertorriqueñas, con dignidad, respeto y valores reconocidos a todos los sectores de la población, y en especial para quienes han pagado el peso más profundo de nuestra condición. Es importante también, reconocernos pertenecientes a una región que aún vive bajo la sombra de una historia colonial muy presente, con nuevas tácticas, nombres y andamiajes. Y que las fuerzas colonizantes y avasalladoras que quieren acabar con nosotros y sacarnos a la fuerza de nuestro país, son las mismas fuerzas que quieren acabar con nuestras hermanas y hermanos en la región.

Este proceso de emancipación colonial, requiere que nos indignemos con la intervención permanente de Estados Unidos en Puerto Rico, pero también con su ocupación en Haití, que denunciemos el bloqueo a Cuba, pero también que expresemos nuestro repudio a la detención y deportación masiva de mujeres embarazadas en República Dominicana, así como que repudiemos la condición de apatridia a que han sido sometidas tantas hermanas y hermanos negras en República Dominicana y en Las Bahamas, en Colombia y en Brasil. Que repudiemos enérgicamente la extracción de recursos naturales, la privatización del agua, el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas en Centro América, y en el Caribe, y la persecución, detención y desaparición de activistas y defensores en nuestra región. Es necesario que nos reconozcamos como parte de esas luchas también. Que el carbón que se quema aquí en la planta de AES, no sale de aquí, sale de las minas de carbón sur y centroamericanas, donde se explota a la población indígena y se le imponen condiciones de pobreza y contaminación extrema. Estamos conectados.

Por eso, yo creo en una independencia que no es un fin en si mismo, si no un proceso que debemos vivir día a día, hasta que la logremos completamente. La independencia, nuestra emancipación del coloniaje, no puede estar divorciada de otros procesos de liberación y emancipación que se están dando en nuestra región. No podemos, no debemos enajenarnos de esa cadena que nos ha impuesto el coloniaje, a través del capitalismo transnacional impulsado por Estados Unidos y por el capital privado. Es una realidad compartida, y por ello la solidaridad de los pueblos debe ser eje principal de nuestra lucha.

Por eso, desde que comencé mi carrera como abogada internacional me enfoqué en los derechos humanos como una herramienta de trabajo, acompañando a poblaciones violentadas por esas fuerzas de opresión. Y en el proceso aprendí de las personas a quienes tuve el privilegio de acompañar en sus denuncias internacionales y de los colectivos que mantienen redes de apoyo en la región. Aprendí que la lucha de Puerto Rico en contra del coloniaje es fundamentalmente una lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos, de nuestro derecho a existir como pueblo, de nuestro derecho a exigir respeto y dignidad. Con la dificultad de que no existen espacios fácilmente abiertos para ventilar nuestros reclamos. Que Estados Unidos se ha encargado de torpedear e impedir nuestro acceso a las mesas internacionales de discusión, y en el camino nos ha hecho pensar que no podemos exigir en ellos nada, que el derecho internacional no nos aplica. Un discurso que es repetido por voces colonizadas y colonizantes, aquí, y en el Congreso de Estados Unidos.

Yo creo firmemente en nuestro derecho a tener voz y reclamar ese espacio dentro de la comunidad internacional de la que formamos parte. Esto lo conocía don Juan, y por eso se encargó de mantener una presencia activa junto a otros y otras en los espacios de las Naciones Unidas, tendiendo puentes diplomáticos y manteniendo relaciones políticas activas con países hermanos. Y gracias a esos esfuerzos se abrió paso a la discusión de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización.

Por mi parte, yo creo e insisto en que abramos espacio también en sistemas regionales de protección de derechos humanos (con todos los desaciertos que estos sistemas puedan tener), porque desde mi perspectiva, nuestro reclamo debe ventilarse en todos los espacios posibles, especialmente en los foros de derechos humanos, porque nuestra condición es una violación múltiple y continua de derechos humanos con consecuencias terribles para nuestra posibilidad de subsistir como pueblo.

Por eso, nuestro camino a la independencia requiere que identifiquemos las estructuras opresoras aquí en nuestro país y exijamos su desmantelación desde Puerto Rico y en todos los foros que sean necesarios. Este trabajo es necesario hoy más que nunca. Las discusiones recientes en Estados Unidos impulsadas por ciertos sectores con una agenda anexionista intenta tergiversar la realidad de nuestra condición colonial, definiéndola como un problema de discrimen contra una minoría dentro de los Estados Unidos. Este argumento no se sostiene en el derecho internacional. Esta afirmación, es una nueva forma de tratar de legitimar el proceso de anexión al que hemos sido sometidos desde la invasión a Puerto Rico por el gobierno de Estados Unidos. Fue el mismo argumento legal adelantado por el ex gobernador Pedro Roselló en un caso internacional que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tomando en cuenta el impacto de este caso para Puerto Rico y para la región, desde nuestra Clínica de Derechos humanos, y junto al Prof. Steven Lausell, decidimos presentar un Escrito de Amigo de la Corte, para aclarar que, aunque es cierto que el caso de Puerto Rico es un grave ejemplo de violaciones múltiples a los derechos humanos, estas violaciones no surgen de una condición de minoría dentro de Estados Unidos, sino porque Puerto Rico es un pueblo ocupado por otro al que no se le ha permitido ejercer su derecho a la descolonización.

Hace unos días estuvo en Puerto Rico el Relator de Naciones Unidas sobre derechos de minorías, y uno de los aspectos que hubo que aclararle, fue precisamente que Puerto Rico no tiene la condición de minoría dentro de otro país, sino la condición de pueblo ocupado, y que el derecho internacional reconoce nuestro derecho inalienable a la auto-determinación. El Relator tuvo oportunidad de escuchar múltiples testimonios sobre violaciones de derechos humanos contra poblaciones específicas en las islas de Puerto Rico y Vieques. Testimonio tras testimonio, se denunció al Relator la intervención de una Junta de Control Fiscal, impuesta por Estados Unidos, como claro ejemplo de nuestra condición colonial.

Este es parte del trabajo que nos toca hacer. Un trabajo de denuncia continua, local, regional e internacional, y de lucha para reafirmar nuestra verdadera identidad como pueblo, creer en lo que tenemos y podemos hacer, y darle paso a un proceso continuo de afirmación puertorriqueña, caribeña y latinoamericana.

Por suerte, contamos con un pueblo sabio, que ha reconocido que los indispensables son ellos y ellas mismas. Y toman en sus manos el ejercicio de la independencia y la soberanía paso a paso, todos los días. Lo vemos en proyectos comunitarios que buscan la independencia energética. Lo vemos en el desarrollo de sistemas agroecológicos en manos de agricultores jóvenes y viejos que labran la tierra codo a codo, pensando en lo que es posible. Lo vemos en grupos colectivos de apoyo mutuo que han retomado espacios abandonados por el Estado y los han convertido en cooperativas de vivienda y centros de trabajo. Lo vemos en la resistencia de pescadores y pescadoras de Aguadilla, que se niegan a abandonar sus espacios de vida y trabajo, a pesar de que el gobierno ha hecho todo lo posible para desplazarlos. Le vemos en las luchas ganadas, que no han sido pocas y lo vemos también en las que nos faltan por ganar. Este no es el momento de abandonar el barco y salir corriendo, este no es el momento de ceder, este sigue siendo el momento de la resistencia, sigue siendo el momento de denunciar, de acompañarnos en nuestra lucha y de exigir el reconocimiento de nuestra identidad y nuestra libertad. La lucha sigue. Lo han intentado de todas las formas posibles pero de aquí no nos han sacado, y de aquí no nos van a sacar. Este es nuestro pedazo de mundo en la tierra. De aquí no nos saca nadie.

¡Que viva Puerto Rico Libre, y que viva Juan Mari Brás!

Palabras pronunciadas el 2 de diciembre, en el Teatro de la Interderecho.

 

 

 

 

 

Reforma laboral: ¿Para quién?

Especial para CLARIDAD

Durante la pasada campaña electoral todos los partidos políticos expresaron la necesidad de revisar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, mal llamada reforma laboral, que fue aprobada a principios del año 2017. Esta ley, conocida como ley 4, fue aprobada bajo el supuesto de que era necesaria para cumplir las metas de desarrollo económico que propone la Junta de Control Fiscal. La ley 4 derogó y enmendó decenas de leyes que protegían el empleo en Puerto Rico. De esta manera los trabajadores se afectaron negativamente, es decir perdieron derechos y/o se redujeron drásticamente sus beneficios. Por mencionar algunos, se redujo la acumulación de días de vacaciones y enfermedad, se aumento el periodo probatorio, se elimino el pago de horas extras en varias instancias, incluyendo sobre una jornada de ocho horas, se enmendó la jornada de trabajo y las horas a acumular para el bono de Navidad, se redujo la compensación en casos de despido injustificado y los patronos no tienen que probar en corte las razones del despido, entre otros. Una de las disposiciones de esta legislación, deroga la Ley de Cierre la cual desde hace décadas estaba bajo el fuego de los patronos.

Cuatro años luego de aprobarse la ley, no ha aumentado la participación laboral, los patronos alegan que no hay mano de obra disponible, las condiciones de trabajo de los empleados no han mejorado, en fin, que los datos y resultados no van de la mano con la legislación aprobada. Es por ello que en el año electoral los candidatos que aprobaron la ley expresaron su disponibilidad a enmendarla.

Tanto la representación del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana han radicado legislación para devolver a los trabajadores las condiciones previas a la ley 4 de 2017 (mal llamada reforma laboral). Sin embargo los legisladores del PPD y PNP han radicado y aprobado versiones que mantienen en general el espíritu de la ley 4 a favor de los patronos. La aprobación de dos versiones es una forma tradicional de trancar un debate y no cambiar nada. El gobernador ha expresado su oposición a las versiones aprobadas y expresado la necesidad de mayor estudio y garantías en alegada protección a los medianos y pequeños comerciantes.

El estado actual de los proyectos legislativos está estancado entre una lucha de poder entre los presidentes populares de Cámara y Senado y un gobernador PNP que se lava las manos de manera oportunista. Las asociaciones patronales aumentan la presión para que no se cambie nada. Los legisladores de minoría no tienen otra cosa que hacer que es quedar en record mediante la denuncia pública de los acuerdos de la mayoría y los patronos.

¿Y los trabajadores y trabajadoras? Aquellos que fueron empleados a partir del 2017, a quienes le aplican la ley, han aprendido a vivir entre las crisis de huracanes, terremotos y de pandemias. Han aprovechado las transferencias y “ayudas” económicas para sobrevivir. Se educan y se preparan para ser parte de la ola migratoria que se aventura a otras realidades. Y castigan a los patronos quienes alegan que no hay trabajadores para sus puestos de trabajo de salario mínimo. Estamos hablando de una juventud que no cree y no puede creer en el liderato político del país. Así las cosas se van polarizando las ideas de jóvenes y de otros sectores sociales no tan jóvenes que ven incierto su futuro como es el caso de los pensionados.

¿Y el movimiento sindical? Las organizaciones sindicales tienen que trascender de su realidad inmediata y proponer un plan de organización que responda a las actuales coordenadas del país. ¿Qué tiene que ofrecer el sindicato a un joven con estudios universitarios que asume tener dos y tres empleos de manera simultánea? ¿Cómo se organizan a los desempleados? ¿Cómo se organizan los pensionados ante el ataque brutal contra sus menguados ingresos? ¿Cuáles son las demandas políticas, sociales y económicas del sindicalismo en Puerto Rico 2022? ¿Qué puentes hay que cruzar para entrelazar las luchas comunitarias, ambientales y sectoriales y las de la clase trabajadora?

Mientras el hacha va y viene, los patronos se frotan las manos saboreando sus ganancias. La realidad de las grandes cadenas del comercio internacional que en Puerto Rico acumulan ganancias millonarias no se afectan negativamente por las disposiciones en discusión de la mal llamada reforma laboral. Tampoco le afectan los aumentos programados en el salario mínimo. Las demás empresas de naturaleza industrial y de manufactura también pueden asumir el costo de los cambios propuestos. La píldora venenosa es la que se han tragado los empresarios netamente puertorriqueños, los medianos y pequeños comerciantes. Estos han creído que la mal llamada reforma laboral les garantiza su existencia. La realidad es que la desregulación del mercado y la falta de protección a los trabajadores trabaja a favor de las grandes empresas. Las empresas del patio empezaron a desaparecer con la creación de los grandes centros comerciales fuera de la zona urbana. La eliminación de la Ley de Cierre favoreció a los grandes comercios y le quito protección a los medianos y pequeños comerciante que hoy luchan para sobrevivir ante las cadenas de farmacias, tiendas en las gasolineras y las grandes cadenas que abren 24/7. La aspiración clasista de ser gran burgués no le permite ver aliados en una comunidad que también lucha por sobrevivir.

Más allá de los cambios en las disposiciones de la ley, el debate fundamental es si el mundo del trabajo debe ser precario, con malas condiciones de empleo, baja participación laboral, dependencia de la condición colonial o si debemos aspirar a empleos dignos, garantías de un ingreso básico para todos, jornadas de trabajo completas, en fin, definir el país que queremos. Un país con justicia social, espacios realmente democráticos, libertad política y con una mayoría debidamente remunerada y reconocida. Recordemos, si a la clase trabajadora le va bien, al país le va bien.

Bahía Urbana, no todo lo que brilla es oro

Foto Alina Luciano

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Un proyecto ridículo, pasado de moda y con grandes cuestionamientos legales es la apreciación del arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig sobre el anunciado proyecto de la nueva Bahía Urbana, en los muelles 6, 7 y 8 de San Juan.

Según presentado por el gobernador, Pedro Pierluisi, la directora del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines Fernández, y el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, el proyecto a desarrollar tendrá un conjunto de islas flotantes ubicadas en la zona de la bahía, unas instalaciones deportivas, un anfiteatro al aire libre, un área de restaurantes, un bosque urbano de mil pies cuadrados y una torre de 200 pies de altura con una vista de 360 grados. El desarrollo y la administración del proyecto está en manos de las empresas Brisas Property Management y Caprock Partners mediante un arrendamiento por un término de 20 años, a razón de $100 mil al año y un aumento de un 5 % cada cinco años, además del 3% del ingreso bruto de la empresa.

Cardona Roig apuntó que el proyecto se desarrolla en terrenos públicos y que por lo tanto debió tener un proceso de subasta y no una negociación privada donde se adjudica un contrato a dedo. De hecho, los funcionarios públicos afirmaron en la conferencia de prensa que el proyecto fue uno por petición y que se concibió hace tres años.

Se sabe que desde hace años, la ahora secretaria de la gobernación, Noelia García, ha estado vinculada a este proyecto y que estuvo participando en la negociación, aunque no se sabe en calidad de qué ni en qué posición. “Pero ahora, como secretaria de la gobernación, se dice que tiene vínculos”, afirmó Cardona. Denunció, además, que ha habido conocimiento que desde La Fortaleza se ha estado negociando en privado terrenos públicos que se supone deben ir a subasta.

 

En términos del carácter del proyecto, el arquitecto expuso que sus imágenes son muy lamentables. “Cuando uno lo mira, se da cuenta, primero, que fue preparado por una firma que no conoce el contexto porque hasta en la manera en que se presenta la bahía de San Juan se nota que eliminan la Cordillera Central, eliminan Bayamón, Cataño. Eso me lleva a pensar quiénes son estos señores de Texas que están vinculados a este proyecto y cuál es su trasfondo y experiencias”.

Caprock Partners es una empresa que se dedica al desarrollo de almacenes.“A estas personas es que se les está dando un frente de bahía para que hagan un proyecto. No tienen experiencia en ese tipo de proyecto. Es decir, no hubo subasta, se le otorga a gente sin experiencia y las características del propio proyecto son muy lamentables”, recalcó.

En ese sentido criticó que el proyecto como un parque temático de mala categoría en el casco de San Juan que lo que hará será afectar lo que es el valor de los bienes patrimoniales únicos que tiene San Juan. “De pronto, se hace un desarrollo banal con bohíos, réplicas de estructuras que simulan estructuras del periodo colonial y con unas representaciones de catálogo, una decoración que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra vegetación autóctona de costa, no resalta nada de lo nuestro. Lo que expone y proyecta es un futuro peor al presente”.

Aparte de eso, observó que está el aspecto de exclusividad, ya que se está diseñado para un público élite que viene a Puerto Rico a tener y que una experiencia exclusiva en sus megayates, en una experiencia desconectada totalmente del país. El arquitecto se refiere al anuncio en que se publicó una subasta para el desarrollo de una marina de megayates.

Cardona Roig comentó que este tipo de proyecto de parques temáticos se dio en los años 90 en distintas ciudades del mundo, pero hoy, en su mayoría, están abandonadas porque no fueron exitosos. Son construidos con material de poca calidad y aunque deslumbran por un breve instante, luego no son exitosos.

Añadió que en este caso se está hablando de crear una experiencia de chinchorreo en la bahía, lo que considera es incoherente si se mira a la luz de dónde deja esto la experiencia de lugares en pueblos que han creado sus nichos de chinchorreo.

Al coincidir con que el proyecto es uno ridículo para la entrada del Viejo San Juan, este planteó que debemos discutir si esa es la línea que debe seguir el VSJ, la de crear un centro de entretenimiento. “El país tiene extraordinarios arquitectos. Estoy seguro que localmente existe suficiente talento como para crear una alternativa a la que se presenta, de muchísimo mayor valor que eso, y por otro lado también hay muchos planificadores extraordinarios”.

De paso, hizo la observación de no estar seguro de que los planes de ordenamiento de San Juan vigentes permitan el desarrollo propuesto. “No los he revisado, pero de mi recuerdo de lo investigado de lo que fue el paseo de Puerta de Tierra, eso que se plantea allí, no estoy seguro de que esté a tono con la planificación vigente”, además de que ya existe el supuesto centro de entretenimiento que se llama Bahía Urbana.

Respecto al proyecto, hizo hincapié en que los frentes de playas urbanas existen en lugares que no tienen playas, pero que Puerto Rico tiene playas en el área urbana, por lo que hacer una réplica de una playa en ese lugar es una ridiculez importada, preparada por una mente extraña a este contexto. De hecho, el Plan de Mitigación Contra Peligros Naturales, Resiliencia, 2020, de la Junta de Planificación para el Municipio de San Juan, dice que San Juan tiene 27 playas en una línea de costa de 3.56 millas.

De igual forma, calificó de ridículo el desarrollo de un bosque urbano en una zona de mil pies cuadrados.

Otro aspecto que trajo a la atención es cuánto el Gobierno está subvencionando ciertos programas turísticos, como puede ser el recién inaugurado Distrito TMobil. Cardona Roig cuestionó si es razonable que el Estado subvencione esta operación. “¿Es eso algo que debemos subvencionar, tenemos que enajenar unos terrenos públicos para un proyecto de entretenimiento en la bahía de San Juan? Yo digo que no, en mi opinión eso no es razonable. No se puede justificar sin una subasta, sin una discusión pública. Tengo la impresión de que, igual que ha sucedido en otros casos, esto va a acabar recibiendo unas subvenciones del Estado y va a ser, nuevamente, algo lamentable”.

 

 

Es la impunidad lo que ciega… y estimula

 

CLARIDAD

“El poder ciega”, decía un titular de portada de El Nuevo Día citando a Félix Delgado, quien hasta hace unos días fue alcalde del municipio de Cataño, tras ser imputado de aceptar sobornos a cambio de contratos. La frase no tiene nada de original, es banal y repetida, pero el diario creyó necesario destacarla en portada a modo de advertencia a otros alcaldes y funcionarios que podrían ser “víctimas” de la misma tentación.

¿Cuál es el poder de un alcalde como el de Cataño? No creo que sea tan grande como para provocar ceguera. Se trata de un municipio cuya población no llega a los 25 mil habitantes por lo que la influencia política que pueda reunir es bastante limitada. En Puerto Rico los alcaldes presionan y hasta intimidan a los líderes nacionales porque controlan la maquinaria que mueve votos, pero si tu base poblacional es reducida la capacidad de intimidación también lo es. De modo que la manida frase de que “el poder ciega”, pertinente cuando se trata de jefes de estado de países poderosos, le queda bien grande al alcalde de Cataño.

De lo que la frase sirve de evidencia, cuando la pronuncia alguien como Félix Delgado, es de su gusto por la ostentación. No tiene poder, pero le gusta aparentar que lo tiene. Estamos ante un pequeño cacique de aldea de origen pobre, que creció mirando a otros con cierto poder, desarrollando en el proceso un enorme apetito por la apariencia. Mientras su batata era pequeña –empezó como chófer de una legisladora corrupta- no podía ostentar mucho, pero en la alcaldía el “show” comenzó tan pronto llegó.

La pasarela que montó el alcalde desde su pequeño feudo, que se asoma a la bahía de San Juan, nos lleva al tema central de este artículo, que adelantamos en el titular. Tan pronto tomó control del presupuesto municipal en 2017 comenzó a vérsele con camisas de diseñador, relojes caros y con aires de pequeño príncipe. Casi de un día para otro el exchofer se trasformó y, tanto él como su joven esposa, se convirtieron en aspirantes a modelos.

La ostentación del pequeño alcalde irradiaba numerosas luces rojas, pero nadie del gobierno central quiso mirarlas. Como he dicho en otras ocasiones, Puerto Rico tiene un entramado institucional para combatir la corrupción que, de su faz, luce apropiado, pero quienes lo crearon solo lo hicieron para ganar titulares. La efectividad de las instituciones depende de quienes las dirigen y los dos partidos que han controlado el gobierno colonial siempre han colocado allí a fieles cuadros políticos que nunca persiguen a sus patrocinadores.

La pasarela de El Cano, como apodan al mini cacique catañez, comenzó a operar en 2017, alimentándose de los contratos que repartía entre otros fieles del PNP que se pagaban con fondos municipales. A lo largo de los cinco años que duró el “show” nunca el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que tiene una pomposa División de Integridad Pública, inició una investigación. Durante ese quinquenio el DJ fue de la siempre sospechosa Wanda Vázquez al pudoroso Domingo Emanuelli, pasando por otras fiscales de carrera, pero nadie se dio por enterado de lo que ocurría al otro lado de la bahía de San Juan. Ni siquiera después de que los traqueteos del alcalde se tornaron públicos gracias a reportajes periodístico, Justicia investigó. Hace más de un año que vienen publicándose noticias y no es hasta que el FBI anuncia el arresto del alcalde y uno de sus socios (hay muchos más) que Emanuelli anuncia que “está evaluando” la información “que ha trascendido”.

Y no solo se sabe de los traqueteos del alcalde. También se conoce que varios de los otros actores, utilizando similares mantos corporativos, están activos en otros municipios. Esa realidad, que resulta evidente para la gran mayoría de los puertorriqueños, no lo es para el Departamento de Justicia que sigue mirando el drama que se desarrolla frente a las narices de sus funcionarios.

Es esta impunidad lo que “ciega” a los caciques pueblerinos y no el menguado poder que alegan tener. Más que ceguera, lo que les da es entusiasmo, les sirve de estímulo para seguir apropiándose de dinero público. Ahora mismo se sabe que hay, al menos, 18 municipios que tienen contratada a alguna de las corporaciones del entramado ideado por el abogado Oscar Santamaría. La mayoría de esos alcaldes no enfrentará cargos, ni aun promovidos por el FBI que tanto alardea de su capacidad investigativa. Todos ellos ya han comparecido ante la prensa declarándose “limpios” y hasta ahí llegará la investigación.

Algunos de esos alcaldes llegaron al cargo tras las elecciones de 2020 y lo primero que hicieron fue cancelar el contrato de más dinero en el municipio, que es el que cubre el recogido de basura, para dárselo a alguna de las corporaciones montada por Santamaría. A nadie en Justicia esto le resultó sospechoso porque es el modus operandi de la politiquería. También es común que ese trasiego de contratos esté acompañado de sobornos y cualquier investigador acucioso podría descubrirlo, pero eso sería entrar en terreno prohibido.

Para mayor vergüenza, el DJ y el gobernador Pierluisi miraron impasibles mientras el alcalde de Cataño colocó como su sustituto y principal candidato a sucederle al abogado que lo había protegido en los pasados cinco años. Como los mafiosos cuando son arrestados, El Cano seguirá moviendo los hilos mientras trascurra el breve encierro que negoció con los federales. Gracias la impunidad oficial, el negocio seguirá abierto con nueva administración.