La prolongada racha de apagones selectivos o “relevos de carga” que han tenido lugar durante las pasadas semanas, cortesía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy, infligen un grave daño al pueblo de Puerto Rico. No solo porque abonan a la incertidumbre y el desasosiego de la población, al desconocerse cuándo y dónde se irá la luz en determinadas horas del día o de la noche, sino también porque representan un alto costo emocional y material para los perjudicados. Es inverosímil que los llamados relevos de carga se hayan “programado” precisamente para el período pico de la temporada de huracanes. ¿A quién se le ocurre esperar hasta este momento del año para hacer los trabajos de mantenimiento cruciales o las reparaciones necesarias para mantener las plantas de generación eléctrica funcionando a capacidad? Es cierto que los accidentes ocurren, pero no a la vez. Y es cierto también que no se trata de exceso de consumo de energía, sino de plantas averiadas que no generan energía suficiente. Todo esto parecería un “mal chiste”, si no fuera porque los apagones súbitos exacerban el agotamiento de un pueblo ya agobiado por la pandemia y por la realidad de que los últimos cuatro huracanes fuertes que han sacudido a Puerto Rico- Hugo, Georges, Irma y María- sucedieron durante el mes de septiembre.
Además, es sabido que las súbitas y repetidas fluctuaciones de voltaje pueden dañar irreparablemente los equipos y enseres eléctricos. No todas las personas en Puerto Rico tienen los recursos para contar con sistemas de resguardo de energía con la capacidad de proteger los diversos equipos eléctricos de residencias y negocios. Es sobre todo sensitivo en el caso de personas que necesitan de máquinas o dispositivos médicos eléctricos para respirar, alimentarse o simplemente mantenerse vivos.
Estos llamados “eventos” o averías en las plantas de generación de AEE no son un asunto nuevo. Precisamente un año antes del huracán María, una avería en la planta de Aguirre provocó un apagón general de cuatro días en nuestro país. También ha habido apagones de menor intensidad y han sido frecuentes las dañinas fluctuaciones de voltaje, proceso que se intensificó en la medida en que la infraestructura de las plantas de generación decayó por el peso de los años y la negligencia de la AEE en su mantenimiento. Lo que no había pasado antes es una sucesión de apagones acompasados como la de este año, lo cual parece apuntar a un fin ulterior.
No sabemos realmente si el objetivo de la racha de apagones es la privatización de la generación, como afirma el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, o si, sencillamente, se utilizan los apagones como presión para lograr que el Negociado de Energía le apruebe a Luma Energy más aumentos en la tarifa que pagamos los abonados residenciales y comerciales. Porque el argumento de que la generación privada sería más eficiente y confiable que la de nuestras propias plantas bien mantenidas, es una falacia. Para muestras, tenemos dos: Ecoeléctrica y la carbonera AES. La primera, averiada también en estos momentos. Y la segunda, impugnada masivamente por la opinión pública porque sus desechos de cenizas tóxicas han enfermado y siguen enfermando a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en las comunidades circundantes a la planta.
Ni AEE ni Luma Energy tienen credibilidad ante el pueblo puertorriqueño. La primera la perdió desde que abandonó su misión de servicio al país para convertirse en una gigantesca maquinaria al servicio de los partidos políticos que se han turnado el poder, y en una madriguera de patronazgo, corrupción e intereses mezquinos. La segunda, porque llegó mediante un contrato nebuloso, oneroso e innecesario, y porque amplios sectores del país están disgustados con el servicio mediocre y caro que ofrece, por el cual se terminará pagando $1, 500 millones y tarifas prohibitivas. Que no descansen AEE y Luma en su control absoluto sobre la generación y transmisión de energía. La experiencia nos dice que nuestro pueblo no olvidará fácilmente esta racha de atropellos por parte de los zares de la energía en Puerto Rico.
A cinco años de su imposición, maestros activos y jubilados, otros empleados públicos, el sector cooperativista, el movimiento ambiental, organizaciones sindicales del sector privado, miembros de diversas entidades eclesiásticas, en fin, una amplia representación de la sociedad puertorriqueña se congregó el lunes 6 de septiembre, Día del Trabajo, para repudiar la presencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en nuestro país.
El rechazo a sus políticas neoliberales de privatización de las corporaciones públicas, su pretensión de reducir las pensiones de los empleados públicos, de intervenir con el dinero y órganos rectores de las cooperativas, la eliminación de municipios, la eliminación de recintos de la Universidad de Puerto Rico, la privatización de las costas y la venta de otros recursos naturales fueron parte de las denuncias que acogió la marcha Todo Puerto Rico contra la Junta.
La marcha salió de los predios del Centro Comercial Plaza las Américas hacia la calle Chardón hasta llegar frente al edificio que alberga las oficinas de la JCF en Hato Rey.
Entre los asistentes se encontraba el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en la ley PROMESA y abogado de la UTIER y el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, único ente en el país que ha retado la constitucionalidad de Ley PROMESA en los tribunales. A preguntas de CLARIDAD sobre la apreciación del pueblo respecto al trabajo de la JCF, expresó que le parece que la reputación de la Junta se ha ido deteriorando de manera acelerada entre el pueblo de Puerto Rico. “En un principio, se le crearon unas expectativas al pueblo de que iba haber toda una serie de soluciones a unos problemas sociales, económicos y políticos, que no se dieron porque la Junta no vino a eso, vino a representar los intereses de unos acreedores”.
En estos cinco años ha visto que poco a poco ha habido una transformación de esa percepción hacia la JCF, a verla como una enemiga, como instrumento del coloniaje y que “en realidad hay que enfocar la lucha, ya sea económica, social y política en contra del coloniaje, que es los poderes de la independencia. Es lo que nos permitiría poder programar nuestro futuro”.
Afirmó que en la actualidad el futuro del país lo controlan intereses totalmente adversos, intereses que representan el capital extranjero y los acreedores, que son los que diseñan los planes fiscales y los presupuestos por medio de la JCF. Coincidió en que aun dentro de todos los poderes de la Ley PROMESA, la JCF se ha extralimitado en el ejercicio de sus facultades.
Preguntamos a Emmanuelli qué opinión tenía sobre los argumentos presentados por la Legislatura y el Ejecutivo a la demanda de la JCF que impugna la Ley de Retiro Digno (LRD). Manifestó que a su juicio, ambos, el Legislativo y el Ejecutivo, se quedaron cortos totalmente en sus argumentos porque no alegan sobre la raíz del problema: que la ley Promesa es ilegal e inconstitucional.
“Se van por el mero sustento de la interpretación de la ley. Están como el esclavo que se queja de que le duelen las cadenas. No, aquí el problema son las cadenas y aquí en Puerto Rico el problema es el coloniaje. Por tanto, ya que la Junta les demandó, debieron haber planteado que la ley PROMESA es inconstitucional. Esa era la oportunidad única que desperdiciaron”. La lucha sigue y la calle es lo más importante en este momento, subrayó.
Al inicio de la marcha, el primero en dirigirse a los presentes fue el activista Juan Camacho, en representación del movimiento ambiental: “La lucha ambiental es algo difícil. Tenemos que luchar, por un lado, contra los empresarios y constructores y, por otro, con las agencias gubernamentales que tienen la encomienda de defender el ambiente y no lo hacen. Si no fuera poco, en los últimos cinco años hemos tenido que añadir la llegada de la Ley PROMESA y de la JCF. Como luchadores por un mejor ambiente, estamos totalmente cubiertos por el manto nefasto, represivo y colonial de la Junta”.
Camacho explicó que el título 5 de la ley PROMESA está diseñado para los llamados Proyectos Críticos, que están excluidos de evaluaciones ambientales, les concede un proceso expedito de permisos y declara incongruente cualquier normativa o ley ambiental. Es decir, no se les tiene que aplicar. “El momento en que vivimos es fundamental. Propicia para que todas las personas y organizaciones incluyan en sus planes de trabajo desarrollar y auspiciar tareas específicas contra PROMESA, la Junta y el cambio sistemático en el contexto de la colonia. No hay para otra”.
En tanto, Luis de Jesús, representante de los trabajadores del sector público, resaltó en su mensaje el que la JCF ha puesto en peligro los servicios públicos y los servicios esenciales, como la salud y la energía eléctrica, y ha recortado fondos de los municipios. No conforme, amenaza las pensiones mientras no ha resuelto absolutamente nada con respecto al desarrollo de Puerto Rico.
El líder sindical exhortó a los trabajadores públicos a rechazar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Junta, el cual endeudará al país por los próximos 30 años. “Para nosotros ha sido nefasto la Junta. Hoy estamos unidos en una sola voz: obreros unidos jamás serán vencidos. Mientras luchemos unidos no podemos ser derrotados. Hoy nos unimos a sacar la JCF de Puerto Rico. Basta ya de recortar los servicios esenciales que necesita el pueblo, del desastre de LUMA, la privatización de los servicios esenciales. Hoy vamos a enfrentar a la Junta y vamos a exigir al gobernador de Puerto Rico y a la Legislatura que se unan en este reclamo. Solo hay dos posiciones: a favor de la Junta o contra la Junta. Vamos a unirnos para derrotar el plan de ajuste. Vamos a rescatar a PR de esta Junta que es perversa”.
Al grito de las consignas ¡Fuera la junta! y ¡Esa junta criminal la tenemos que sacar! continuó la marcha. Otro de los que se dirigió a los presentes fue el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien destacó que lo único negociable con la Junta es cuándo y a dónde se va. Esto en alusión a comentarios de que una vez aprobado el PAD, la JCF se iría del país.
Angel Figueroa Jaramillo: Fotos Vicente Vázquez
En tono emotivo, Figueroa Jaramillo expresó que tiene tres nietas de 10, 7 y 5 años y que “mientras corra sangre por mis venas y energía por mi cuerpo, yo no voy a ni un paso atrás. Vinieron por LUMA y a tres meses el país está sufriendo el desastre de un proceso de privatización. ¡Y el Gobierno callado!” Dio a conocer que trabajadores de LUMA que vinieron de Estados Unidos, cuando se enteraron del desastre natural en Luisiana, se fueron de Puerto Rico porque allá les pagan más.
“Lo voy a decir clarito: aquel que se siente con la Junta a negociar, traiciona a este país. Con la Junta lo único negociable es pagarle el pasaje pa’ que se vayan. ¡Fuera la Junta!”
Entre los asistentes también se encontraba el grupo Frente por la Auditoría de la Deuda. En entrevista sobre sus impresiones del pleito sobre la Ley de Retiro, la portavoz, licenciada Eva Prados, observó que en efecto, con el pleito se ha podido demostrar lo que el Frente ha dicho desde el inicio: que para que se apruebe el Plan de Ajuste de Deuda, a diferencia de los planes fiscales, la Junta necesita el apoyo de la Legislatura y del Ejecutivo.
“La Junta ha insistido en el tribunal que ellos pueden implementar ese PAD sin los cuerpos legislativos y gubernamentales. Eso se ha demostrado que es imposible. El ejemplo es que han tenido que ir al tribunal a impugnar la Ley de Retiro Digno”. Insistió en que la LRD supone la ruta correcta y que incluso el mismo director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ha dicho que no es necesario el recorte a las pensiones.
“El Frente por la Auditoría de la Deuda añadimos que tampoco es necesario pagar por una deuda ilegal, que es parte de lo que la LRD dice. Definitivo, que todavía queda mucho por hacer”. Prados dijo saber que la Legislatura está llevando negociaciones con la Junta, lo cual en principio, dijo, está bien. No obstante, recalcó que “lo que queremos es que haya transparencia en esas negociaciones. Que el pueblo sepa qué se negocia y que no se muevan un ápice de no reducción a las pensiones y no pagar por deuda ilegal”.
Otro que se dirigió a los presentes, esta vez frente al edificio que alberga la JCF, fue el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD). El alcalde del pueblo de Villalba en tono enfático explicó que los servidores públicos tienen que rendir cuentas a la Oficina del Contralor, a Ética, que están expuestos a demandas. “Más sin embargo, la JCF está por la libre, no hay exigencia de cuentas. Hoy a los municipios se les quiere insertarse a la crisis mediante la eliminación del Fondo de Reparación. Son $350 millones menos de sus presupuestos para dar servicios esenciales”, tronó.
Hernández Ortiz recordó que en la próxima sesión legislativa se verá el PAD, por lo que los alcaldes y la Legislatura tendrán la oportunidad de exigirle a la JCF que es momento de hacerle justicia a los retirados, de darle las asignaciones a la UPR y de devolver el Fondo de Equiparación Municipal.
“Por último, esa señora que tiene más escolta que el gobernador de Puerto Rico, esa señora que se gana más de medio millón de dólares tal parece que se quiere quedar aquí para siempre. Desde aquí que nos escuche bien: una vez se firme ese plan de ajuste también se va a juste la Junta. Se tiene que ir de Puerto Rico. Vamos a estar unidos porque unidos somos más fuertes”, advirtió.
Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, en alusión a las palabras de Hernández Ortiz, de hacerle frente a la JCF, expresó: “Tenemos un gobierno sin espalda dorsal que no se atreve hacerle frente a la junta”.
Finalmente, la portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones, Sonia Palacios, reiteró el llamado a los presidentes de los cuerpos legislativos a que se mantengan firmes en la defensa de la Ley de Retiro Digno.
En la marcha estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz. El presidente de la Cámara se ha reunido con miembros de la JCF después de aprobada la Ley de Retiro Digno.
Un ejército occidental no puede ser derrotado. Su derrota necesariamente la provocan políticos sin escrúpulos y auxiliares locales que salen corriendo sin luchar.
Desde hace más de un siglo, ese mito de la “puñalada por la espalda” ha alimentado la rumia belicista y los deseos de revancha (1). Lavar una afrenta significa preparar el siguiente enfrentamiento. Para borrar el “síndrome de Vietnam” y sobre todo el trauma del atentado que acabó con la vida de 241 soldados estadounidenses en Beirut el 23 de octubre de 1983, el presidente Ronald Reagan invadió la isla de Granada dos días más tarde. ¿Qué vendrá después de las imágenes del aeropuerto de Kabul, humillantes para Estados Unidos, aterradoras para quienes han servido a este?
“Es la mayor debacle de la OTAN desde su creación”, concluyó Armin Laschet, el hombre que Angela Merkel desearía que le sucediera al frente de la cancillería alemana. Efectivamente, la guerra de Afganistán supuso la primera intervención de la Alianza Atlántica en aplicación de los términos del artículo 5 de su carta fundacional: un Estado miembro había sido atacado el 11 de septiembre de 2001 (aunque no por afganos); los demás firmantes del tratado acudieron en su ayuda (véase en la página 13 el artículo de Martine Bulard). El experimento servirá para recordar que cuando Washington y el Pentágono dirigen las operaciones militares, sus aliados son tratados como vasallos a los que su señor les concede el derecho de luchar –y morir–, no el de ser consultados sobre el cese de las hostilidades. Hasta Londres, habituado a esa clase de desaires, se revolvió contra tanto desprecio. Ahora, hay que confiar en que el fiasco afgano no conduzca a la OTAN a reforzar sus temblorosas filas para seguir a Estados Unidos a nuevas aventuras. Haciendo frente, por ejemplo, en Taiwán o Crimea, a China o Rusia…
Ese peligro es perfectamente plausible, ya que los desastres provocados por los neoconservadores en Irak, Libia y Afganistán apenas han mermado su potencial destructivo. Después de todo, el daño humano lo sufren otros: en Occidente, las guerras las libran cada vez más los proletarios. La mayoría de los estadounidenses que han combatido en Afganistán provenían de condados rurales de la América profunda, muy lejos de los cenáculos donde se deciden las guerras y se pulen los editoriales belicosos. En la actualidad, ¿qué estudiante, periodista o dirigente político conoce personalmente a un soldado muerto en combate? Al menos, el servicio militar obligatorio tenía el mérito de implicar al conjunto de la nación en los conflictos que sus representantes habían desencadenado.
Eso, cuando votan… Desde septiembre de 2001, el presidente de Estados Unidos puede sin aval previo del Congreso emprender la operación militar que quiera con la excusa de la “lucha contra el terrorismo”. No se identifica al enemigo, tampoco se señala el espacio geográfico ni la duración de la misión. De ese modo, hace cuatro años, los senadores estadounidenses descubrieron que ochocientos de sus soldados se encontraban en Níger únicamente porque cuatro de ellos acababan de fallecer. Con la conformidad de Joseph Biden, un grupo de parlamentarios de los dos partidos se ha propuesto revocar ese cheque en blanco dado al Ejecutivo. La guerra no debería ser decisión exclusiva de nadie, sobre todo cuando se pretende librarla en nombre de los valores democráticos.
Eso también vale para un país como Francia, cuyo Ejército está desplegado en África. Todo justificaría que se discuta inteligentemente de geopolítica, alianzas y estrategias de futuro. Sobre todo después de Afganistán. Pero a juzgar por los últimos comentarios de varios candidatos de las próximas elecciones presidenciales no será así. Emmanuel Macron ha reavivado el festival de la demagogia que explota el miedo a la inseguridad al hablar de “flujos migratorios irregulares importantes” para referirse a los afganos que huyen del totalitarismo talibán. Confía en que transformar a los refugiados de una dictadura en terroristas putativos le granjeará el favor de los electores conservadores. Por supuesto, los dos candidatos de derechas, Xavier Bertrand y Valérie Pécresse, le han superado en ese terreno; Pécresse añadió incluso que “parte de la libertad del mundo” está en juego en Kabul. En cuanto a la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, inició su análisis de la desbandada occidental con una temible frase: “Como suele ocurrir cuando se trata de Afganistán, fue Bernard-Henri Lévy quien me alertó”… Sin duda, eso explica su conclusión de que “de una manera u otra, tendremos que retomar el camino de Kabul” (2).
Hidalgo y Pécresse solo tienen que pedirles a los rusos y a la Alianza Atlántica la fórmula mágica de su última marcha triunfal sobre la capital afgana.
Reproducido de www.rebelion.org
Notas:
(1) En realidad, el Ejército afgano ha sufrido pérdidas veintisiete veces más elevadas (66.000 soldados abatidos) que las del Ejército estadounidense (2.443 muertos), lo que no le impidió a Washington negociar directamente con los talibanes el año pasado, sin preocuparse por el Gobierno afgano.
(2) Anne Hidalgo, “L’esprit de Massoud ne doit pas disparaître”, Le Monde, París, 16 de agosto de 2021.
En Puerto Rico los salarios bajos no se traducen en actividad productiva ni generan mayor empleo. Lo que sí provocan es más “competitividad” de parte de la economía informal y ampliación tanto de la dependencia como de la emigración, señales inequívocas de subdesarrollo.¿No es esto lo que se ha estado acusando continuamente? ¿Acaso no se ha estado advirtiendo durante muchos años? ¿No se señalan una y otra vez a la economía informal, a la dependencia y a la emigración como fenómenos sociales debilitantes que dramatizan la carencia de desarrollo sano?
Resulta elocuente que durante la última década la distribución funcional del ingreso refleja una reducción considerable en la partida que corresponde a la compensación a empleados y un aumento significativo – absoluto y relativo — en la que se define como “ingresos procedentes de la propiedad”, que incluye ganancias e intereses. Las crisis no golpean a todo el mundo por igual. Algo anda mal, ¿no creen? (Para constatar tales tendencias basta referirse al Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador 2020, Tabla 11, publicado por la Junta de Planificación).
Durante el siglo 18 cuajó la idea del “laissez-faire” (dejar hacer) como principio para asegurar el orden socioeconómico con el mínimo de costo y esfuerzo público. Decía entonces el filósofo utilitarista Jeremy Bentham: “Si la fuerza de la sanción física es suficiente, el empleo de la sanción política será superfluo”. La sanción física no era otra que el hambre. En otras palabras, se postulaba que si se dejaba libre al mercado el aguijón del hambre lograba un “sano equilibrio laboral”. Hoy, en el siglo 21, no son pocos los que, sin el más leve asomo de sonrojo, invocan la misma filosofía: favorecen el salario más bajo dictado por el hambre – le llaman mercado — y resienten toda reglamentación y todo programa social del gobierno, excepto si se traduce en subsidios, exenciones tributarias y en protección para ellos. ¿No es esto lo que postulan los llamados neoliberales?
Aunque no se exprese con la claridad ni con la crudeza del filósofo del siglo 18, persiste entre algunos la idea de que el castigo de la pobreza y la inanición, no el salario decente ni las buenas condiciones de trabajo, es el mecanismo más eficaz para lograr un mercado laboral funcional. Aún estipulándose el clásico conflicto de clases – la diferencia entre los objetivos de los asalariados y los patronos – no deja de sorprender semejante idea ya que pone en riesgo los propios intereses de la clase empresarial. Esto lo percibió claramente Henry Ford, el legendario magnate de la industria automotriz de hace más de un siglo.
En el año 1914, cuando el salario medio en la manufactura estadounidense era alrededor de $2.50 al día, Ford encabezó los titulares al aumentar el salario de sus empleados a $5.00 al día, una especie de mínimo empresarial cuando no existía el salario mínimo federal. Este tendría que esperar hasta la década de 1930. Los círculos empresariales se escandalizaron. ¿Cuándo no? El Wall Street Journal catalogó a la iniciativa de Ford de “crimen económico”. En realidad, a Ford no le animaban motivos altruistas. Su único propósito era allegar más ganancias vendiendo más automóviles. Pero vale la pena citarlo porque al justificar su posición utilizó dos argumentos, uno relativo a la eficiencia y el otro al consumo, que se anticiparon a la teoría del salario eficiente de la economía laboral y a la teoría de la demanda agregada de Keynes:
“Pagando mal a los hombres, preparamos una generación
de niños subalimentados y subdesarrollados, tanto
físicamente como moralmente; tendremos una generación
de obreros débiles de cuerpo y espíritu y, que por esta causa,
se mostraran ineficaces cuando entren a la industria. En
definitiva, la industria pagará los gastos. Nuestro propio
éxito depende, en parte, de lo que paguemos. Si repartimos
mucho dinero, este dinero se gasta. Enriquece a los comerciantes,
a los detallistas, a los fabricantes y a los trabajadores de todo
tipo, y esta prosperidad se traduce en un crecimiento de la demanda
de nuestros automóviles.”
Y así fue, con alzas y bajas, durante buena parte del siglo 20, sobre todo luego de la Segunda Guerra. Pero alrededor de los años de 1980 comenzó el reinado de la doctrina neoliberal y su política de precarización del trabajo: sustitución de empleados regulares por empleados bajo contrato, reducción de beneficios marginales, proliferación del trabajo de tiempo parcial y el empleo de carácter contingente, congelación de convenios colectivos y deterioro salarial. Los salarios se han desconectado de los aumentos en productividad. Los sesgos en los usos de las nuevas tecnologías y en el proceso de globalización no han favorecido a los asalariados. Prima la desregulación o llamada flexibilización de los mercados laborales conjuntamente con el progresivo debilitamiento de las organizaciones sindicales. Para colmo, las estructuras tributarias se han erosionado y se han tornado menos progresivas, lo que abona a la injusticia distributiva y al empobrecimiento de los servicios públicos o infraestructurales.
El salario mínimo federal, vigente desde hace 12 años, es de $7.25 por hora, equivalente a unos $1,256.00 mensuales. ¿Es suficiente? No. Como tampoco lo son los propuestos localmente que comenzarán en enero de 2022 con $8.50 ($1,472.00 mensuales) para en los próximos dos años aumentarlos a $9.50 ($1,645.00 mensuales) y $10.50 ($1,819.00 mensuales) respectivamente. Y esto antes de todo descuento y presumiendo que se está trabajando a tiempo completo. No obstante, algo es algo…
En realidad, a diferencia de lo que se argumenta desde ciertas atalayas, los obstáculos al desarrollo y a la llamada “competitividad” no están proviniendo de los niveles salariales sino de otros factores. Entre estos cabe destacar, en unos casos, el deterioro y, en otros casos, la inexistencia de la infraestructura física y de la infraestructura social. Parte de los costos de la actividad económica – tanto de patronos como de trabajadores – es función de de los servicios infraestructurales.
En la instancia de la infraestructura física, sobre todo si se trata de una economía insular como la de Puerto Rico, hay que comenzar por la transportación, desde la marítima hasta la terrestre. ¿Prevalecen estructuras de monopolio en el manejo marítimo? ¿Cuán eficiente es la operación en los puertos? Con relación a las carreteras no hay preguntas; solo contestaciones negativas. ¿Cuánta confianza hay con el servicio de energía eléctrica?
En torno a la infraestructura social, como servicios de salud y educativos, el camino no es menos escabroso. Si algo rige a la inversión, tanto interna como a externa, son estos servicios. ¿Dónde está el plan universal de salud? ¿Por qué, desde antes de las huracanes, los terremotos y el virus, las escuelas pisan y no arrancan? ¿Se está consciente de la necesidad de cuidos para niños y hogares para personas mayores?
Las insuficiencias no se deben a falta de recursos. Obedecen a prioridades trastocadas, a politiquería, a corrupción, a malgasto, en fin, a décadas de cacería de rentas. Confiemos que ahora no vayan a quedar también enredados en mezquindades salariales.
En medio de la molestia de miles de consumidores por la continua interrupción del servicio de energía eléctrica en manos de la compañía privada LUMA Energy (LE), que está a cargo de la distribución y transmisión, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fermín Paredes, y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, anunciaron la pasada semana que el Gobierno se encontraba en el proceso de solicitud de propuestas para la privatización de la generación de la energía de la AEE.
Contrario a la narrativa del gobierno de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) del exgobernador Ricardo Roselló y de Pedro Pierluisi Urrutia, al igual que la del Partido Popular Democrático (PPD), que aprobó la ley bajo la dirección en el Senado del entonces senador Eduardo Bathia Gautier, la privatización no resultará en un mejor servicio y mucho menos en uno menos costoso.
El profesor Agustín Irizarry, quien fue representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno (JG) de la AEE, reafirmó a CLARIDAD que no es necesario privatizar a la AEE. “Creo en el sistema público porque fue lo que electrificó nuestro país y lo hizo con gran éxito y se hizo cuando se le dio la misión a la empresa pública y la dejaron trabajar. Los políticos no están dispuesto a decir la verdad al país y salen con que la privatización va a resolver los problemas, y eso es falso”.
Irizarry, quien es profesor de ingeniería eléctrica subrayó que solo en sitios donde existe un regulador fuerte, no intervenido por los partidos políticos, sino que está en manos de los ciudadanos, es que se logra que los privados funcionen. Señaló que fue la intervención político partidista lo que llevó a la AEE a su debacle, por lo que puso en duda que el ente regulador no siga la misma suerte. Puntualizó que los generadores de energía privados requieren una fiscalización y un marco claro de reglas, guías y objetivos impuestos por el Estado.
“Aquí se le ha vendido la idea absurda a la gente de que se puede coger un servicio esencial, el que sea, y venderlo a alguien y que estos den el servicio”.
En cuanto a la excusa del Gobierno para justificar la privatización, de que hay una falta de capacidad de generación, recordó que en la isla se construyeron plantas generatrices pensando que el desarrollo industrial nunca se iba a terminar. En un momento dado se tuvo una capacidad de generación confiable y sí hubo un momento en que había más capacidad de la que se necesitaba; pero con el abandono y falta de mantenimiento, esa capacidad disminuyó.
“Yo estoy convencido de que el sistema eléctrico se abandonó adrede, como una estrategia para causar malestar y después venderlo. Yo creo que esto no es un accidente. Esto es el resultado de una planificación, de una ejecución. Si no se pone el dinero que hace falta para mantener los equipos, los equipos fallan”.
El profesor Irizarry explicó que había que invertir en la flota de generación y actualizar la tecnología. Reiteró que el abandono de los activos del sistema eléctrico fue uno adrede para fortalecer la idea de que la única forma de salir del hoyo era vendiendo.
Sobre la norma que se sigue en este tipo de privatización expuso que todos los privatizadores fósiles entran en acuerdos fijos que nunca duran menos de veinte o treinta años. Advirtió que nadie entra en un contrato donde su energía no se vaya a comprar, por lo que duda que en Puerto Rico haya un llamado a propuestas que digan bien claro que el privatizador va a llegar a determinado año, que va a montar la planta y va a venderla si hay demanda para la energía.
“Si mañana todos los puertorriqueños decidimos que vamos a cerrar y vamos a apagar todas las luces, se chavó el privatizador. Eso no va a pasar; pero si nosotros todos ponemos paneles solares en los techos y decidimos que vamos a generar energía nosotros, el privatizador no va a poder vender energía. Si el privatizador ve que se corre ese riesgo, no va a poner la planta, no va a llegar nadie”, expresó Irizarry, quien es uno de los portavoces del movimiento Queremos Sol.
Irizarry advirtió que el ojo de la discusión pública sobre la privatización de la generación debe estar puesto en conocer qué garantías le va a dar el Gobierno al privatizador y cómo estas van a ir en contra de los intereses de nosotros, los clientes puertorriqueños, si el Gobierno va a tratar de imponer un impuesto al sol u obligar a las personas a mantenerse en la red y qué marco van a usar. Censuró que el Gobierno habla de eficiencia, pero no quiere hablar de garantía del contrato y en qué compromiso está metiendo al pueblo.
“Si el contrato de LUMA es malísimo, los contratos de la generación pueden ser peor. Porque nos pueden esclavizar más que el de LUMA porque el precio de salir de LUMA va a ser alto, una tormenta grande, porque cuando LUMA vea lo que es tener el país a oscuras y tener la responsabilidad de levantarlo, se va a ir. Yo estoy convencido de eso, convencido. Pero eso nos va a costar vidas”, manifestó.
El miembro de Queremos Sol trajo a la atención que el costo de la generación solar y almacenamiento está cayendo de manera precipitada y que en cinco años la mayoría de las personas va querer estar desconectado de la red, por lo que cuestionó el cómo van a competir las generadoras privadas y LUMA con sus paneles solares y baterías. Adelantó que el problema es que se quedarán solas en la red las personas que no tienen posibilidad de otras instalaciones. “Pero esa estructura no la acaban de entender los que están haciendo las reglas: que la cosa se está moviendo más rápido de lo que ellos son capaces de actuar”.
Añadió Irizarry que llevar la generación solar a la red de la AEE es posible y aunque ello tiene un costo, aun así, el país no se debe amarar a los combustibles fósiles. No se le puede dar el control de la red a LUMA. “LUMA está actuando como si fuera el dueño de la red, está tomando decisiones de política pública”, denunció.
En cuanto a los activos a privatizar, comentó que se supone que la planta AES se cierre y convierta en otra cosa. A la planta EcoEléctrica ya le renovaron el contrato, ya hay una serie de parques solares y eólicos aprobados y la AEE está buscando crear más. La mayoría de los privatizadores irán detrás de Costa Azul porque está al lado del puerto: “Ese es el mangó bajito”.
Mientras, la empresa News Fortrees ya tiene corriendo a Palo Seco: “Ese es el segundo magó bajito”. Y el futuro incierto es Aguirre. Dijeron que no todas estas plantas hacen falta y se puede ir apagando algunas si se entra en la generación distribuida como debe ser. Hasta el presente no se sabe cuántas de esas plantas se van a poder sostener, cuántas se saldrán a vender, si le van a vender a todo el mundo a la vez o van a comparar contratos, si van a determinar escenarios. No se sabe.
A la luz de estas incógnitas recordó que cuando estuvo en la JG de la AEE se decidió que se iban a repartir contratos de energía renovable como si fueran caramelos. La energía que se contrató no cabía en la generación eléctrica y los privatizadores se peleaban los contratos: “Sospecho que van por el mismo camino y nos van a causar un gravísimo problema”.
El profesor Irizarry sostuvo que el estudio de integración que hizo Queremos Sol es importante para Puerto Rico, ya que la isla es una potencia solar al tener el mejor recurso del mundo: una combinación de sol, techos y almacenamiento. Por ello hay que moverse en forma asertiva a la energía solar. “Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y lo estamos haciendo. No veo razón alguna para abandonar lo que nos hace sostenibles, resilientes, para tener que meternos en tecnologías del siglo pasado y en compromisos económicos”.
