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El  peor secretario en la historia del Departamento de Recursos Naturales

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

El presidente de la Federación de Pescadores Comerciales de Puerto Rico (FPCPR), Miguel Ortiz, emitió un profundo suspiro antes de contestar a CLARIDAD respecto a lo manifestado por Machargo Maldonado sobre la situación de las licencias de los pescadores.

“Difiero de muchas cosas de lo que dijo. Lo único que ha hecho fue poner una moratoria de las licencias hasta diciembre. Más bien, tenemos más problemas, porque emitió una orden administrativa de poner una multa de $100 dólares a los pescadores que no cumplan con las estadísticas pesqueras cada tres meses”, expresó.

Ortiz denunció que eso era devastador para los pescadores comerciales que todavía no han recibido prácticamente ninguna ayuda desde el huracán María. Añadió que los pescadores son los únicos que le están pagando al DRNA, ya que tienen que pagar por las licencias de pesca comercial y por la licencia y marbetes para sus embarcaciones mientras los pescadores deportivos están por la vía libre “sin embargo, nosotros que somos los que pagamos por todo eso, es a quienes persiguen y a quienes nos multan”.

En un tono entre molesto y apesadumbrado el pescador declaró que en el DRNA no hay alguien que quiera ayudar, sino que quieren entorpecer al pescador. “Eso es lo peor. Llevamos 30 años en lo mismo, pero este es el peor secretario que ha pasado en la historia del Departamento de Recursos Naturales”.

El también presidente de la Villa Pesquera de Guayama, quien es parte de la Junta Asesora del DRNA, confirmó que el Secretario ni siquiera les ha contestado la carta que la Federación le envió el 20 de julio cuando denunciaron la situación con las licencias. Contrario a lo que dijo el Secretario respecto a las licencias, estas no se están otorgando, por lo que ahora mismo la pesca está en una situación crítica debido los pescadores que no tienen sus licencias al día no pueden recibir ningún tipo de ayuda.

Reiteran el pedido de renuncia

Varias organizaciones ambientales reiteraron en una declaración conjunta su pedido de que  Machargo Maldonado renuncie a su posición de secretario.

“Siento un vacío peor después de la interpelación sobre el futuro de nuestros recursos y de las funciones de las agencias absorbidas por el DRNA, como la Junta Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y Parques Nacionales. La filosofía de Machargo no es proteger, conservar y administrar los recursos naturales. Al contrario, es dejarlos en manos privadas, especialmente las playas”, exclamó, Javier Biaggi Caballero, de la organización Basura Cero.

Con ello coincidió la directora ejecutiva de Amigxs del MAR, Vanessa Uriarte.  “La función del DRNA no es buscar el desarrollo económico. Para eso existe otra agencia. Machargo tiene que velar por la naturaleza y el cumplimiento de las leyes ambientales. Todo lo que habló en la interpelación fue de planes para crear alianzas público privadas, ventas o ceder toda la parte administrativa del patrimonio del pueblo de Puerto Rico, mediante acuerdos, a entes privados. Estas son medidas fracasadas y neoliberales que ha diseñado el desastre implementado por el PNP en los pasados años y son parte de la crisis que tenemos en la actualidad”.

Esta recalcó que la política pública del gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia es desmantelar las agencias para entregar todo a manos privadas.

Por último, Yanina Moreno Febre, del Campamento contra las cenizas en Peñuelas, reafirmó que Rafael Machargo debe renunciar. “Un funcionario de una agencia ambiental que oculta información no debe seguir dirigiendo la misma. Por ejemplo, Machargo se rehusó a decir quién del DRNA dio permiso para que la Guardia Nacional depositara ilegalmente gomas en Salinas. Además, convertir nuestros recursos naturales en parques de diversiones al estilo Disney, como quieren hacer con el Parque de Las Cavernas en Camuy, demuestra la visión distorsionada que impera en la dirección del DRNA”.

 

Para las organizaciones ambientales y los portavoces de agrupaciones de pescadores,  la interpelación por el pleno del Senado por casi ocho horas al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA, dejó al descubierto que su filosofía no es proteger, conservar y administrar los recursos naturales del país, sino dejarlos en manos privadas.

 

Crisis en hospitales, pero no reclutan personal de enfermería

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras los administradores de hospitales temen un colapso en la capacidad de acoger pacientes por COVID-19, tres organizaciones que agrupan a profesionales de la enfermería coincidieron en denunciar a CLARIDAD que la falta de este y otro personal en los hospitales responde precisamente a la negativa de los mismos administradores a contratar más trabajadores.

La directora ejecutiva del Colegio de Enfermeros Prácticos (CEP), Aurelia Manso Ramos, afirmó que miembros de su colegio les han informado que las áreas para pacientes de COVID en los hospitales están completamente llenas. “Hay cabida para otras condiciones, pero para COVID tienen las áreas llenas. Las personas que llegan a emergencia, que necesitan hospitalización, las tienen en camillas. No es lo mejor para un paciente porque las áreas abiertas para el COVID están por completo ocupadas ya”.

Manso Ramos describió que el personal está sumamente cansado y saturado debido a la necesidad de estar doblando turnos y cubriendo áreas pasada su hora de salida. Afirmó que los hospitales no están   reclutando el personal que se necesita. Eso, pese a que en el Colegio reciben llamadas de hospitales solicitándoles que refiera enfermeros, pero después que la persona se presenta, lo rechazan. “Sin embargo aquí llaman 24-7, de que necesitan ese personal”. La directora ejecutiva del CPE reconoció que hay enfermeros que dicen que no quieren trabajar hasta que no pase la pandemia.

Esta situación, dijo, se está dando más en hospitales del Área Metropolitana. El Colegio de Enfermería Práctica tiene una matrícula 17 mil miembros activos. Su directora ejecutiva, quien también es enfermera, defendió que de parte del Colegio entienden y saben que en los hospitales hay necesidad de este personal que pertenece al equipo de salud, por lo tanto, tienen que aceptarlos. Expresó que algunos consideran que el personal de enfermera práctica es de menor categoría y que no son necesarios, pero explicó que ellos son la mano derecha de los enfermeros graduados.

“Aunque graduados son todos, los prácticos deben renovar una licencia cada tres años. Con estudios continuos, les dan un certificado de profesional de la salud. Le siguen dando el registro de profesional de la salud. Algunos hospitales rechazan esa categoría, pero este personal tiene una serie de 38 funciones que solo ellos realizan”. Manso Ramos destacó que al comienzo de la pandemia hubo hospitales que despidieron personal y que muchos de ellos aun continúan despedidos.

En entrevista por separado, la presidenta del Colegio de Enfermería Profesional, doctora Ana Cristina García, confirmó que hay escasez de profesionales de enfermería en los diferentes hospitales. “Nunca ha habido un equipo completo en los hospitales y, ahora, con la situación de la pandemia, que ya llevamos más de año y medio, los enfermeros no dan abasto.” A juicio de la presidenta, esa falta es independiente de que sea enfermero práctico o graduado. Ambos hacen diferentes funciones que se complementan en las áreas de trabajo.

Contrario a lo que le ocurre con el Colegio de Enfermería Práctica, García denunció que a su colegio no les llega ni una sola convocatoria de reclutamiento para enfermeros y enfermeras en este país. “No hay convocatorias, no ha habido el intento de reclutar, ni me llaman para solicitarme personal ni envían convocatoria”, dijo enfática.

La portavoz de la enfermería graduada manifestó que las razones por las que los hospitales no reclutan ese personal aun necesitándolo es el factor económico. “Los enfermeros no ganan un salario extraordinario. Por ejemplo, lo mínimo que le podrían dar a un graduado es $2,500 mensuales, que es el establecido hasta el momento”.

En alusión a los fondos asignados para los Programas de Asistencia a Hospitales Públicos y Privados bajo la Ley CARES, García manifestó que los hospitales muy bien podrían utilizar ese dinero en ofrecer incentivos para reclutamiento, en particular a los recién graduados. Todos los años, indicó, en la isla se gradúan como mínimo dos mil estudiantes de enfermería.

Abordada sobre si no se supone que el Departamento de Salud les exija a los hospitales determinada cantidad de trabajadores según las especialidades, expuso que ese patrón de personal ha sido una polémica constante y que el DS no lo ha establecido. “Si hubiese un patrón de personal establecido, los hospitales tendrían que reclutar de acuerdo a ese patrón. Pero como no lo hay, los hospitales reclutan de acuerdo a lo que ellos estiman”.

García calificó la falta de personal como una conducta abusiva de parte de los administradores de hospitales y recordó que ya veintisiete profesionales de la enfermería, entre prácticos y graduados, han fallecido por COVID-19.

En tanto, el director ejecutivo de la Unión Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES), José Alverio, reveló que en los hospitales sí hay camas suficientes, pero no para atender pacientes de COVID. Expuso que para esos pacientes hay unas camas en específico y que los hospitales están tratando de tener mucho cuidado con las camas de intensivo.

“Pero la realidad es que esto va en crescendo por la variante Delta. Creo que, de hecho, no tienen suficientes camas para atender pacientes de COVID. Algunos hospitales están dejando pacientes de COVID en las salas de emergencia, los separan con unas cortinas, una mascarilla —como tiene que estar todo el mundo—, pero en las salas de emergencia no hay presión negativa. Tener mascarilla y la cortina no evita que el virus esté en el ambiente”.

Agregó que no tiene conocimiento de que los hospitales hayan añadido salas para atender a los pacientes de COVID. Señaló que los hospitales tienen los cuartos de presión negativa para toda aquella enfermedad infecciosa y que esas habitaciones existen dependiendo de la cantidad de camas que tenga el hospital, por ejemplo, de 2 a 7 cuartos preparados con presión negativa. Inclusive, los intensivos no tienen presión negativa, sino que dependiendo cuán grande sea el hospital, pueden tener alrededor de seis camas y hay algunos hospitales que tienen todo el intensivo junto. Por ejemplo, Auxilio Mutuo puede tener 40 camas, pero en un intensivo multidisciplinario. No todas se van a usar para COVID.

El director ejecutivo de la ULEES también responsabilizó a los administradores de los hospitales por la falta de personal. Reveló que la falta de personal de enfermería y de otros que tienen que ver con el cuidado del paciente responde a que estos se están yendo por la mala paga. “Desde hace años los tienen sumidos en la miseria. Ahora viene la pandemia y son héroes; pero al día de hoy les están quitando más beneficios de los que les han quitado”.

La ULEES tiene cerca de siete mil trabajadores unionados del sector privado de la salud. Sobre estos, su Presidente afirmó que son los que en efecto están recibiendo de primera mano la severidad de la pandemia.  Pese a ello, los hospitales no quieren contratar más personal de enfermería ni de otras áreas.

Como ejemplo expuso que un hospital que paga bastante bien en Puerto Rico es el Auxilio Mutuo, pero que desde el 1.0 de marzo del 2020 hasta junio 30 del 2021, le han renunciado 296 trabajadores. De esos, 167 son enfermeras graduadas. Muchos se van por la presión de trabajo, el salario y otras exigencias.

Los entrevistados coincidieron en señalar que hubo hospitales que otorgaron el incentivo federal por la pandemia solo a su personal de salud, que algunos sí lo dieron a todo el personal y que hay otros en que cerca de dos mil enfermeras no han recibido nada. Después del CARES tampoco recibido ningún otro incentivo.

A juicio del director ejecutivo de la ULEES, la parte de la Isla en donde hay más escasez y peores condiciones de trabajo para el personal de la enfermería es en el área noreste. “Entiendo que los hospitales tienen que repensar lo que están haciendo con ese personal, porque los están tratando como esclavos”.

Alverio expuso que se supone que para inicios del 2022 entre en vigor un aumento de sueldo para el personal de enfermería del sector público. De acuerdo con la ley, el sueldo básico será de $1,800.00 por enfermería práctica sin experiencia; $2,000 por práctica con experiencia; $2,300 por graduada sin experiencia; $2,500 por graduada con experiencia; $2,750 por bachillerato sin experiencia y de $3,000 por bachillerato con experiencia.

Se supone que los hospitales privados apliquen estas escalas de sueldo a partir de enero del 2023.

 

 

 

 

Mirada al País:El 9/11 y la geopolítica de los recursos naturales en Afganistán

 

Especial para CLARIDAD

Seguimos inmersos en los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y en los recientes incidentes asociados a la salida de las tropas del ejército norteamericano de Afganistán. Los medios de comunicación de forma concertada rememoran los trágicos eventos del 9/11 y los interrelacionan con la incertidumbre que plantea la recuperación del control político por el Talibán en Afganistán. Esta propaganda incide sobre la comprensión de la cotidianidad de los asuntos que ocupan, entretienen o distraen nuestra atención; en cierta medida oscurecen nuestro pensamiento colectivo sobre otros problemas o preocupaciones. Esa es parte de la agenda mediática que llevan a cabo las instituciones públicas y privadas responsables de construir el llamado imaginario de la “Guerra del Terror”. Los argumentos que se esbozan públicamente para construir y sostener la teoría que explica las causas y motivaciones de los denominados “enemigos” que amenazan la seguridad nacional de los EE.UU., se construyen, en parte, sobre medias verdades, pero fundamentalmente sobre falacias propagandísticas. La propaganda de las agresiones imperialistas generalmente se pretenden fundamentar en hechos que se justifican a base de algunos conflictos vinculados a principios y valores que permiten la convivencia en las sociedades civilizadas. Se habla de principios como preservación de la libertad individual y colectiva, justicia social, derechos humanos, principios relacionados a la organización democrático de los sistemas políticos de las naciones (libertad de expresión, de asociación, de culto, de selección de la dirección política mediante elecciones libres, derecho a la intimidad, etc.), pero pocas veces se reconoce que la causa y motivación de los conflictos bélicos y de las intervenciones extranjeras contra las soberanías nacionales responden a intereses materiales movidos para el acceso y control a bienes y recursos naturales (en especial minerales e hidrocarburos) que se consideran indispensables en los procesos de producción de los sistemas económicos, particularmente los capitalistas. Algunos de estos conflictos también responden a las necesidades geopolíticas de los Estados imperialistas dirigidos al control de rutas terrestres y marítimas para mover o transportar esas materias primas o productos terminados hacia los mercados de consumo. Todos estos elementos están inmersos en la propaganda que, desde hace muchos años, se divulga relacionados a los incidentes en los EE.UU. del 11 de septiembre de 2001 y la agresión a Afganistán a partir del 7 de octubre de ese mismo año.

Desde el mismo momento en que se comenzó a comunicar los incidentes del 11 de septiembre (9/11) he cultivado dudas sobre los fundamentos que explican las causas y efectos de esos desgraciados incidentes. Como muchos otros, todavía cuestiono las explicaciones que el gobierno de los EE.UU. y sus instituciones oficiales han ofrecido para explicar las causas reales del colapso de los tres edificios que se derrumbaron durante ese día y donde resultaron muertos cerca de tres mil personas y muchos otros miles heridos y afectados física y emocionalmente. Las versiones oficiales que se han ofrecido no corresponden del todo con la observación objetiva que se puede hacer en la documentación de estos hechos históricos. Por ejemplo, no se ha podido explicar, razonablemente, cómo unos alegados secuestradores podían pilotar los aviones comerciales que se estrellaron contra la Torres Gemelas (edificaciones de 110 pisos, identificados como WTC 1 y WTC 2) sin haber tenido adiestramiento y experiencia previa en la operación de naves equivalentes a los Boeing 767. Los aviones que impactaron las torres se desplazaban a baja altura, en un espacio urbano con múltiples edificaciones multipisos o rascacielos, a una velocidad estimada en cerca de 550 millas por hora (800 pies por segundo), maniobrando con precisión para impactar las edificaciones en un ángulo e inclinación propicio para estrellarse dentro de la superficie de las paredes exteriores a una altura similar en cada caso. Las imágenes que se proyectaron en televisión me harían pensar en los denominados “kamikazes” japoneses que estrellaban sus aviones de combate contra los barcos de las fuerzas navales norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial.

Todavía no acepto la explicación que, por el efecto del impacto de esos aviones sobre esas edificaciones y el incendio que provocaron en los pisos superiores fueran causa suficiente para que en un caso en 90 minutos (WTC 1) y en el otro, una hora y media (WTC 2), los edificios colapsaron. Más sorprendente fue observar los videos de los colapsos estructurales que tomó, alrededor de 10 segundos en desplomarse y pulverizarse de forma dramática. A pesar de lo observado, las entidades oficiales evaluadoras descartan que haya ocurrido una demolición controlada mediante artefactos explosivos colocados con fecha anterior a ese martes fatídico. Quizás más inverosímil resulta la explicación ofrecida por el colapso del edificio WTC 7, el cual se alega se incendió como resultado de escombros calientes que cayeron sobre parte de su estructura provenientes del colapso de las Torres Gemelas. En este edificio de 47 pisos que no fue impactado por algún avión, se produjeron incendios en distintas localizaciones generando fuegos que no fueron controlados y que, después de cerca de ocho horas del comienzo de los incendios, colapsó catastróficamente. Este colapso, al igual que en las Torres Gemelas, ocurrió de forma abrupta y en menos de 10 segundos. Según el informe oficial que explica ese incidente, el colapso del WTC 7 lo convierte en el primer rascacielos del Mundo con armazón estructural de acero que se desploma, primordialmente como resultado de un fuego no controlado. Las autoridades insisten que el colapso no respondió a una demolición controlada mediante el uso de explosivos.

Afortunadamente, no murió ninguna persona en este edificio pues el mismo fue desalojado oportunamente. Convendría señalar que en el WTC 7 el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y el Servicio Secreto mantenían oficinas operacionales en esa edificación. También se ha destacado que la Agencia del Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York había construido su centro de operaciones en el piso 23 de esa edificación, una instalación que, el entonces alcalde Giuliani, se jactaba de que constituía un “bunker” indestructible. Paradójicamente, al inhabilitarse el WTC 7, primero por los incendios y luego por el colapso estructural del edificio, la ciudad se quedó sin capacidad de operación para coordinar se forma efectiva la respuesta a la emergencia producida por el impacto de los aviones y colapso de las Torres Gemelas. Tanto los bomberos de la ciudad, la policía municipal, como los servicios de emergencias médicas, se quedaron sin centro de control y comando.

Además de lo incomprensible que todavía me resulta entender los colapsos de los WTC 1, 2 y 7, me resulta sorprendente la explicación de que el incidente de 9/11 reportado en el edificio del Pentágono haya respondido al impacto del Boeing 757 del vuelo 77 de American Airlines. El incidente reportado indica que ese avión manejado por un piloto aficionado descendió de una altura de dos mil pies, maniobró a cerca de 550 millas por hora, a poca altura sobre las edificaciones de la ciudad y se estrelló a poca elevación del terreno en la pared del edificio sin que en esa trayectoria derrumbara postes de alumbrado, vayas de seguridad y otras estructuras que ubicaban adyacente al edificio. Las fotos que se muestran sobre el área impactada sugieren que el supuesto avión chocó de manera perpendicular al edificio, en un ángulo perfectamente horizontal, y que todo el fuselaje y las alas de la nave penetraron al edificio sin dejar huellas o muestras de impacto a las paredes adyacentes a la pequeña área impactada y perforada por la nave. Conservo fotos oficiales que muestran bomberos y otros funcionarios que respondieron el incidente pero no muestran escombros que típicamente se producen cuando se estrella un avión, que, entre otros, incluye piezas y fragmentos de fuselaje, motores, alas, ruedas, maletas y otros escombros relacionados con la carga que transportan los aviones comerciales. Muchos han especulado que los que realmente impactó el edificio fue un proyectil teledirigido de los que usan las fuerzas armadas para destruir instalaciones subterráneas (p. ej. similar a un Tomahawk). Esos proyectiles pueden maniobrar en la forma que se ha descrito hizo el supuesto avión, penetrar estructuras densas de concreto y provocar daños estructurales compatibles con los observados en el Pentágono.

En resumen, las explicaciones oficiales de los incidentes del 9/11 mantienen múltiples incógnitas sobre la realidad material y física ocurrida en esos incidentes. No obstante, en respuesta a los mismos, movió al presidente Bush y a todo el aparato gubernamental norteamericano a invadir a Afganistán supuestamente con la excusa de capturar y asesinar a Osama Bin Laden que se alegaba fue el autor intelectual y gestor de los alegados ataques a los EE.UU.. Aunque, supuestamente, Bin Laden se encontraba en Pakistán, a partir del 7 de octubre, (26 días después de los incidentes del 9/11) los EE.UU. comenzaron una serie de ataques y en pocos meses, una invasión militar para derrocar el gobierno del Talibán, constituido casi una década antes en Afganistán. Esta intervención que se prolongó por 20 años dio inicio a lo que los norteamericanos han denominado “Guerra Contra el Terror”, guerra que ha provocado múltiples intervenciones en Asia y otras regiones del Mundo con la supuesta justificación de perseguir, capturar, destruir y matar todo grupo o individuo que el gobierno norteamericano identifica y clasifica como “terrorista”. Es decir, todo individuo o entidad que realiza o es capaz de realizar actos “terroristas” contra los intereses de los EE.UU. se considera un enemigo que justifica ‘legítimamente’ la intervención unilateral de uso de la fuerza y agresión en supuesta defensa de la seguridad nacional. Eso es lo que se reclama, pero la realidad objetiva es mucho más compleja de lo que se pretende describir. Veamos qué importancia tiene Afganistán.

Mucho tiempo antes de la invasión y ocupación militar de los EE.UU. en Afganistán ya se tenía conocimiento de los vastos recursos minerales que están presente en ese territorio. Desde el 1977 el Servicio Geológico de ese país había documentado extensos recursos minerales en territorio de Afganistán (Abdullah, Sh., et. al.”Mineral Resources of Afghanistan”; 2ed.,1977). Con la invasión de la antigua Unión Soviética a este país en diciembre de 1979 y su permanencia hasta mayo de 1989, buena parte de la documentación técnica realizada sobre el potencial de estos recursos minerales se mantuvo en posesión y control de geólogos y otras personas, aunque se conoce que los soviéticos realizaron algunos estudios que documentaron dichas riquezas. Con la invasión norteamericana, y a partir de principios del año 2002, se le encomendó al US Geological Survey realizar estudios más detallados de los recursos minerales en Afganistán. El resultado de esos estudios se hicieron públicos en el 2007 con un impactante informe que reseña la presencia de numerosos depósitos previamente no descubiertos de minerales con gran valor económico (“Preliminary Assessment of Non-Fuel Mineral Resources of Afghanistan”, USGS, 2007). Ese informe destaca la abundante presencia de minerales económicos que incluyen grandes depósitos de cobre, barita, azufre, talco, cromo, magnesio, sal, mica, mármol, rubíes, esmeraldas, lápiz lazuli, asbesto, níquel, mercurio, oro, plata, plomo, zinc, fluorita, bauxita, berilio, litio, uranio y “elementos de tierras raras”. El nombre de “tierras raras” se le ha asignado a un grupo de 15 elementos que en la Tabla Periódica se identifican como lantánidos, a los que se le añaden otros dos elementos, el escandio y el itrio que, en su conjunto, son indispensables para la construcción de artefactos e instrumentos electrónicos. Estos minerales son relativamente escasos en la mayor parte del Mundo. El 95 por ciento de estos elementos ubican y se extraen en China por lo que el resto de los países industrializados del Mundo dependen de esa fuente. El control de China de estos elementos químicos se considera un factor crítico entre la guerra comercial entre EE.UU. y Europa con China de manera que la presencia de estos minerales en Afganistán lo convierte en un elemento estratégico crítico desde la visión imperialista-capitalista estadounidense. Dice el informe del USGS que estimaban la presencia en Afganistán de 60 millones de toneladas métricas de cobre, 2,200 millones de toneladas métricas de mineral de hierro y, al menos, un millón de toneladas de elementos de elementos de “tierras raras”. Se ha señalado que el valor monetario del litio y el oro descubiertos en Afganistán excede $1 trillón. La cuantía y valoración del litio, es similar a la que posee Bolivia.

Científicos del USGS entrevistados por la revista Scientific American indican que la documentación sobre la cuantía y diversidad de minerales identificados es probablemente mayor de la informada. Consideran esas cifras conservadoras, pero en el informe recomendaban ampliar las exploraciones a otras áreas que, por las circunstancias de los conflictos bélicos con el Talibán, no pudieron ser áreas examinadas. También es conocido que en la parte norte de Afganistán existen cantidades significativas de petróleo (1.6 billones de barriles) y gas natural (15.7 billones de pie cúbicos).

Aparte de toda la riqueza mineral, Afganistán constituye un espacio estratégico para la ubicación de gasoductos que se han propuesto construir desde Turkmenistán hasta Pakistán e India. Un proyecto clave identificado como TAPI Pipe Line (Turkmenistan-Afganistán-Pakistán-India) se proponía como estrategia para conducir grandes reservas de gas natural en Asia Central hacia India y el Océano Índico. Los norteamericanos estaban proponiendo otro gasoducto que se hubiera conocido como el Afghan Oil Pipeline que hubiera llevado petróleo desde Asia Central hacia el Océano Índico vía Pakistán. Aparte de la importancia económica de los combustibles transportados, el TAPI planteaba un valor estratégico adicional porque se pensaba que limitaba el potencial de que Irán pudiera suplir el gas natural que posee en abundancia a los mismos mercados (India y China). La intención de EE.UU. era limitar la capacidad económica de Irán como parte de sus estrategias de bloqueo económico de ese país como parte de su presión o chantaje para que se desista del programa nuclear en Irán. Visto desde ese contexto general, Afganistán supone una pieza clave en la geopolítica de la región, tanto para la explotación económica de los recursos naturales de Asia Central como de Afganistán, pero además de las consideraciones geopolíticas pará el control de adversarios que la mirada imperialista norteamericana considera “enemigos” y que en algunos casos cataloga bajo el epíteto de “terroristas”.

En ese contexto, el objetivo de la “Guerra del Terror” tiene un significado de mayor importancia económica para las empresas multinacionales capitalistas que, propiamente ideológico en relación la manera que se organizan y se desarrollan los pueblos. La ocupación militar de Afganistán y las intervenciones militares en la región procuran asegurar el control y explotación de la inmensa riqueza de ese Pueblo y sus naciones vecinas y el aspecto ideológico-cultural queda subordinado a este objetivo. En la propaganda contra el Talibán y otros movimientos árabes y musulmanes que se oponen y resisten a estas intervenciones imperialistas se nos presentan como nuestros enemigos cuando en la práctica, independientemente de la valoración de los medios y las formas de resistencia, lo que están ejerciendo es su legítimo derecho de defensa propia, de su defensa nacional.

La narrativa que ya por décadas nos transmiten los medios de comunicación comercial sobre las posturas oficiales del gobierno de los EE.UU. sobre Afganistán, sobre el Talibán, Al Qadea y sobre la resistencia de otras naciones y grupos que luchan para impedir la explotación de sus recursos naturales, en la práctica forman parte de un proceso de propaganda cargada de demagogia y de desinformación. La estrategia de esa propaganda ha viabilizado la adopción y en gran medida la aceptación de leyes que restringen la libertad individual y la organización social para procurar los cambios políticos indispensables para un desarrollo económico y social más justo. Los incidentes del 9/11 se desarrollan en este contexto geopolítico, pero se nos presentan como una agresión inaceptable a los intereses y seguridad del Pueblo de los EE.UU. y por consecuencia de la relación colonial prevalente, al Pueblo de Puerto Rico. Los incidentes del 9/11 se utilizaron para justificar la denominada Patriot Act, mecanismo legal que se ha instituido para la restricción de libertades individuales de derechos a intimidad y privacidad que se supone estaban protegidos por el régimen del marco constitucional estadounidense, y para activar y mantener la militarización indefinida de esa sociedad alegando que vive y está amenazada por enemigos concretos y difusos en distintas regiones del Mundo. El costo material de esa militarización, en términos de pérdidas de vida y de destrucción de espacios construidos y de naciones constituidas, es extraordinariamente alto sin que se pueda cuantificar ni siquiera cualificar un beneficio colectivo a la sociedad norteamericana y a la convivencia internacional. Pienso que las circunstancias del 9/11 y de los conflictos en Afganistán está plagados de incongruencias, de mentiras y de manipulaciones de la realidad que ni siquiera van en beneficio del Pueblo de los EE.UU. sino que más bien responden a la insaciable sed y hambre de riquezas de élites capitalistas que controlan el mundo económico y el mundo civilizado. Ojalá que en un tiempo oportuno se haga disponible la información oculta o controlada por esa élite y por los actores gubernamentales que los auspician y los sostienen. La adecuada comprensión de esta realidad geopolítica es indispensable para poder organizar y actuar en nuestra realidad existencial como personas y como Pueblo en el impostergable proceso de descolonización.

 

 

 

 

Interpelación al secretario de DRNA, Rafael Machargo

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

Para la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la larga interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo Maldonado, tuvo validez en demostrar seis puntos en los cuales este mintió o incurrió en incorrecciones. En declaraciones suministradas a la prensa, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón desglosó seis aspectos descubiertos en la interpelación, que considera ganancias.

El fondo para disposición de neumáticos

El primer punto tiene que ver con el tema de la emergencia ambiental decretada por el problema de los neumáticos. Se estima que en el país hay dos millones de gomas almacenadas y depositadas de manera irregular, por lo cual el gobernador declaró un estado de emergencia a través de una Orden Ejecutiva (OE) que se emitió en abril. Santiago recordó que le preguntó al secretario, quien tiene por la Ley 41 de atender el asunto de los neumáticos, si a él se le había consultado en referencia a la orden. Este contestó que sí.

Explicó que el gobernador y Machargo pretenden inducir a error ya que en la OE se asegura que a la Isla se están importando neumáticos que han alcanzado su vida útil con el propósito de reventa, sin pagar las tarifas requeridas para su entrada. Como resultado de esto, el fondo no genera los suficientes ingresos que son necesarios para la disposición de neumáticos.

La Senadora aclaró que esos dos elementos son falsos. “Como estipula la ley, todo neumático que entra al país tiene un cargo por importación y ese cargo se está cobrando. También es completamente falso el que no haya ingresos suficientes al fondo para la disposición de neumáticos. Hay un sobrante de $17 millones¨. Lo que no quieren admitir ni Fortaleza ni el DRNA es que ese fondo está siendo controlado por la Junta de Control Fiscal (JCF), agregó.

El secretario tampoco pudo explicar cómo fue que se dio la transacción entre la Guardia Nacional y el DRNA para autorizar el depósito ilegal de las gomas en la comunidad Los Ranchos de Guayama.

“Me parece que Machargo mintió y me parece inverosímil el que en un asunto que tuvo tanto despliegue mediático no se haya hecho la investigación mínima por el DRNA de ver quién fue que cometió la barbaridad de permitir que se depositaran en ese lugar”. De hecho, en la vista pública el secretario se negó a decir quién fue la persona del Departamento que autorizó el depósito.

Rincón y el depósito ilegal de escombros

El segundo punto que resaltó la senadora del PIP fue el tema de Rincón y de los escombros, los cuales constituyen un depósito ilegal en la zona marítimo-terrestre (ZMT). A la declaración de Machargo, en el sentido de que el DRNA no había hecho nada porque nadie había hecho un llamado a su atención, la senadora afirmó que eso también era falso porque hacía apenas unos días, en una vista pública del proyecto de moratoria en la ZMT, y a la cual el secretario asistió, hubo un extenso intercambio sobre el tema de Rincón y de cómo el DRNA se había lavado las manos respecto a la situación.

Necesidad de una nueva ley de costas

El tercer punto que destacó fue que el secretario tuvo que admitir que hace falta una nueva ley de costas para definir lo que es la ZMT. Esa postura es contraria a la que defendió el DRNA en la vista pública del proyecto de moratoria en la ZMT.

Oposición a publicación de informes de interés público

El cuarto tema sobre el cual entiende hubo ganancias es que quedó al descubierto la oposición injustificable del DRNA a que se publiquen en la internet los informes que a su vez tiene que publicar la incineradora AES. El secretario insistía en que las solicitudes se hicieran directo al Departamento. Durante la vista tuvo que aceptar que eso era un proceso obsoleto y dijo estar dispuesto a que se publiquen en internet.

Lo mismo sucede con los informes de solicitudes de deslindes de la ZMT y de cuántos se han aprobado. Esta información el DRNA la tiene aguantada desde el 2019. Según el secretario, eso cuesta mucho dinero y no tiene presupuesto para subir la información a la internet.

Ampliación de exclusiones categóricas

El quinto asunto sobre el cual llamó la atención fue el de las exclusiones categóricas, las cuales se mantenían inalterables desde el año 2000. El 2 de noviembre del 2020, el secretario emitió una orden ampliando la lista de actividades bajo exclusiones categóricas.

Santiago Negrón cuestionó qué llevó a Machargo en un momento en que hay tantos proyectos sensitivos en términos ecológicos y ambientales, a ampliar esas definiciones el día antes de las elecciones, ampliando ese privilegio a actividades que antes no estaban en la lista de exclusiones categóricas.

Puntualizó que el lenguaje de la orden era tan confuso que el 28 de enero tuvo que publicar otra orden administrativa corrigiendo la primera y aun así persiste una interpretación amplia de exclusiones categóricas.

Crédito inmerecido

Por último, Santiago Negrón desmintió las expresiones del secretario de reclamar para sí el mérito de haber suscrito un acuerdo con el Proyecto Vida Marina, del recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, para la preservación y protección de las dunas en las costas de ese litoral.

La verdad es que el DRNA se estuvo negando por meses a firmar el acuerdo, el cual es indispensable para la obtención de fondos y otros recursos. Santiago Negrón censuró que la preocupación del DRNA es que no se promueva la restauración de dunas que se supone deben ser parte de la ZMT y no quiere que se toquen aquellas dunas que según los deslindes del Departamento están en propiedad privada. De hecho, la negativa del DRNA había sido denunciada días antes en varios medios de prensa.

La senadora reveló, además, que en la playa de Isabela, Recursos Naturales adjudicó un deslinde de una línea completa de dunas como propiedad privada. En ese deslinde tuvo participación la misma persona que hizo el deslinde del edificio Sol y Mar en Rincón.

Para las organizaciones ambientales y los portavoces de agrupaciones de pescadores, la interpelación por el pleno del Senado por casi ocho horas al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dejó al descubierto lo que ya era conocido por ellos: que la filosofía de Machargo no es proteger, conservar y administrar los recursos naturales del país, sino dejarlos en manos privadas.

 

 

 

Mirada al País:El 11 de septiembre

 

Especial para CLARIDAD

 “Algún día América tendrá voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”.

Salvador Allende

 

Este pasado 11 de septiembre se cumplieron 20 años del atentado terrorista más mortífero en la historia de los Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones impactaron objetivos en diferentes lugares de los EE. UU., siendo el más letal de ellos el derribo de las Torres Gemelas, que ubicaban en la ciudad de Nueva York y donde fallecieron cerca de 3,000 personas. Dichos atentados fueron ejecutados por 19 personas, la mayoría de los cuales provenían de Arabia Saudita. Los ataques se atribuyeron a la organización terrorista Al Qaeda, entonces dirigida por Osama Bin Laden, hijo de un acaudalado empresario de la construcción de Arabia Saudita. Al Qaeda había protagonizado una serie de atentados terroristas contra los EE. UU., entre los que se destaca el ejecutado por terroristas somalíes en Mogadishu en 1993, donde fallecieron 18 militares estadounidenses y el de la embajada de EE. UU. en Nairobi Kenya, en 1998, donde fallecieron 12 funcionarios estadounidenses. La ofensiva de Al Qaeda contra los EE. UU. convirtió a Osama Bin Laden en el enemigo público número 1 de ese país.

Tras el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el entonces presidente de los EE. UU. George W. Bush, ordenó la invasión a Afganistán, con el pretexto de capturar a Bin Laden y desmantelar la red terrorista Al Qaeda. La invasión, que comenzó el 7 de octubre de 2001 procuraba, además, derrocar al gobierno de los talibanes, que, se decía, protegía a ciertos grupos terroristas. Veinte años más tarde, luego de haber librado la guerra más larga en su historia y haber invertido cerca de 2 trillones de dólares, EE. UU. se retiró derrotado de Afganistán, tras la victoria declarada por los talibanes al ocupar Kabul, la capital de Afganistán. La guerra de Afganistán dejó el saldo de cerca de 2,300 soldados estadounidenses y 250,000 afganos muertos. La organización internacional Save The Children calcula que 33,000 niños fueron asesinados o mutilados.

No conforme con la estela de destrucción y muerte que la guerra de Afganistán representó para ese país, George W. Bush junto a sus asesores en seguridad, alentados por espías del gobierno iraquí, fraguaron la invasión a Irak, la cual tuvo lugar en el mes de marzo de 2003. Bush acusó al gobierno de Irak, entonces encabezado por Sadam Hussein, de ocultar en el país armas de destrucción masiva. La guerra de Irak, que duró cerca de 15 años, dejó al país desestabilizado políticamente y destruido. Según varios medios de comunicación independientes, tuvo un saldo de entre 1 y 1.5 millones de civiles iraquíes muertos. Otros medios de comunicación revelaron años más tarde, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, estaban advertidos, antes de comenzar la guerra con Irak, que el régimen de Sadam Hussein no poseía armas de destrucción masiva, las que nunca fueron halladas.

Hoy, a 20 años del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, EE. UU. recuerda a sus muertos, víctimas inocentes de un acto llevado a cabo por una organización terrorista que le declaró la guerra a una nación en constante conflagración en el mundo y que, a lo largo de su existencia, ha invadido decenas de países dejando muerte, miseria y devastación. Esa nación, que hoy rinde tributo a los fallecidos, ignora aquellos que fueron asesinados como resultado de las guerras contra el comunismo y el terrorismo que lideró y a los que, cínicamente, ha catalogado de daños colaterales. Ni hablar de los heridos, mutilados, huérfanos y desplazados como consecuencia de estos actos de barbarie.

Ante esta realidad avasalladora, los EE. UU. ignoran, deliberadamente, otro 11 de septiembre que llenó de luto al pueblo chileno cuando en 1973, fue derrocado al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, electo democráticamente por su pueblo, a pesar de la campaña alarmista desarrollada por la inteligencia estadounidense “…dirigida principalmente a las mujeres en la cual se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende”. “El derrocamiento de Allende, contado por Washington”, Hernando Calvo Ospina, Cubadebate, 12 de septiembre de 2020. El golpe de estado protagonizado por las fuerzas armadas chilenas apoyadas por la CIA, lideradas por el asesino Augusto Pinochet y apoyado por la CIA, dio paso a una de las dictaduras mas sangrientas de la historia moderna en Latinoamérica, periodo que se ha catalogado como “los años más oscuros de Chile”. “Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El Régimen Militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal, similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos”. La Vanguardia, Junior Report, 12 de noviembre de 2019.

Hoy Chile mira al futuro con esperanza, en el umbral de la confección de una nueva Constitución que sustituya la aprobada durante la dictadura del genocida Pinochet. Luego de la celebración de un referéndum, en el que se derrotó, decididamente, al oficialismo, el pueblo chileno escogió entre sus constituyentes, con paridad entre hombres y mujeres, a candidatos independientes y a un sector significativo del pueblo mapuche, históricamente reprimido y marginado por los gobiernos neoliberales. El proceso estará liderado por Eliza Loncón, mujer mapuche, académica, lingüista y activista por los pueblos indígenas. La nueva Constitución considerará, entre otros, el agua y la vivienda digna como derechos fundamentales del pueblo chileno.

Mientras, Estados Unidos, a pesar de su enorme poderío militar y económico, se observa hoy como un país desprestigiado, en decadencia, con una sociedad abismalmente desigual, plagada de males sociales como la pobreza, el racismo, el consumo desmedido de drogas, el crimen y la corrupción, los que van acrecentándose en perjuicio, principalmente, de las minorías. El “sistema democrático” del que tanto alarde hacen, hoy se ve amenazado por los sectores de ultraderecha que atentan contra derechos adquiridos por el pueblo estadounidense tras años de lucha y sacrificio, entre los cuales están el derecho al voto de las minorías y los derechos reproductivos de la mujer. Para la sociedad estadounidense el futuro luce sombrío y el derecho a la “búsqueda de la felicidad” que contempla la Constitución estadounidense luce cada vez más difícil de alcanzar.