Por la Redacción/CLARIDAD

Por entender que Omar Marrero, no comprende, y mucho menos defiende, la sostenibilidad, la innovación, la equidad como principios de un futuro energético renovable y distribuido para todos en Puerto Rico, organizaciones ambientales y comunitarias que apoyan la propuesta energética Queremos Sol expresaron su rechazo a la confirmación de éste como Secretario de Estado.

El nombramiento de Marrero se comenzó a evaluar este martes 14 de septiembre en la Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes. Queremos Sol dio a conocer su postura respecto al nombramiento mediante comunicado de prensa además de informar que presentó una ponencia escrita a las comisiones de nombramiento de Senado y Cámara.

“Es difícil identificar un peor candidato que Omar Marrero a tener la posición de Secretario de Estado. Nada en su trayectoria indica que comprende, y mucho menos defiende, la sostenibilidad, la innovación, la equidad como principios de un futuro energético renovable y distribuido para todos en Puerto Rico”, expresó Agustín Irizarry, portavoz y doctor en sistemas de potencia eléctrica.

Los opositores señalaron que como pasado director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Marrero fue uno de los responsables directos de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un proceso confidencial que no se dio a conocer hasta luego de la contratación de LUMA.

Según datos de la organización CAMBIO, parte del grupo proponente de Queremos Sol, el acuerdo con LUMA defendido por Marrero no implica la transformación de la AEE ni de la red eléctrica, y LUMA no asumiría ningún riesgo ni invertiría de su propio dinero para mejorar la red eléctrica. Además, el contrato de LUMA no cuenta con métricas para lograr objetivos de energía renovable impuestos por ley y no enfrentaría penalidades ni consecuencias por su incumplimiento.

Más allá de oponerse al nombramiento de Marrero, las organizaciones que apoyan la propuesta de Queremos Sol, han urgido a la Legislatura a asumir un rol más agresivo sobre los contratos propuestos para la privatización de la generación de energía ante lo que denunciaron como irresponsabilidad de la Junta de Control Fiscal (JCF) por no haber analizado el impacto negativo del contrato de Luma Energy (LE) sobre el presupuesto del gobierno y el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Sobre este particular Queremos Sol divulgo hace unas semanas que la JCF publicó el 24 de agosto una carta dirigida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la que le solicitaba datos sobre los salarios y beneficios de los ex empleados de la AEE, el impacto de la transacción de Luma sobre el Sistema de Retiro de la AEE, e información sobre los puestos en el gobierno a donde han transferido a los ex empleados.

Además de dar a conocer que un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), publicado en agosto reveló que la transferencia de miles de empleados de la AEE a otras agencias gubernamentales le va a costar al gobierno central en quiebra más de $200 millones anuales. La carta de la JCF indica que “varias agencias, algunas de las cuales han recibido cientos de empleados transferidos, han expresado preocupaciones sobre costos laborales, falta de asignación de fondos, inversión capital requerida, e impactos en el flujo de efectivo asociados con estas transferencias.” De hecho, fue la misma JCF que aprobó a finales de junio un presupuesto para el gobierno central que redujo los presupuestos de nómina de las dos agencias que recibieron la mayor cantidad de empleados transferidos.

“Cuando la JCF, en su costumbre antidemocrática, amenazó con demandar a la Legislatura si detenían la implementación del contrato para resolver los problemas laborales, ellos dijeron que el contrato de Luma cumplía con los planes fiscales del gobierno central y de la AEE”, explicó el profesor Agustín Irizarry, quien fue representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE. El profesor hizo referencia a una carta del 6 de abril de la JCF a la Legislatura. “¿Cómo llegó la JCF a esa determinación cuando ahora descubrimos que la JCF todavía no tiene claro el impacto presupuestario del contrato?”. El profesor Irizarry hizo énfasis en que la ley Promesa requiere que los planes fiscales contengan fondos adecuados por los sistemas de retiro públicos.

Otro dato revelado se trata de la consultora Citi, un asesor financiero de la JCF, el cual participó de manera activa en el proceso de licitación del contrato de LUMA.. Según documentos obtenidos por Cambio en una solicitud de información pública, el rol de Citi incluyó contestar todas las preguntas de los licitadores durante el proceso de solicitud de propuestas, reuniéndose con los licitadores, y proveyendo una evaluación de las propuestas al Comité de Alianzas que seleccionó a LUMA. El contrato entre Citi y la JCF revela que la JCF pagó a Citi un incentivo de $9.1 millones para la consumación exitosa del contrato de Luma. Citi recibirá incentivos adicionales que superan los $7.5 millones por la ejecución de contratos para la privatización de la generación de la AEE.

Se espera que los contratos para la privatización del sistema de generación de la AEE se anuncien para el fin del año. Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol urgieron a la Legislatura a asumir un rol fiscalizador más agresivo sobre estos contratos propuestos. “La JCF ha mostrado no tener la capacidad para evaluar de manera responsable los impactos de los contratos que la propia Junta confecciona”, planteó Vila Biaggi.