Inicio Blog Página 1069

Editorial: La epidemia del maltrato de menores en Puerto Rico

 

En Puerto Rico, no es solo la pandemia del COVID-19 la que nos está afectando gravemente. Hay otras, que quizás como secuela de esta, se han exacerbado durante los años 2020 y 2021, provocando un repunte en la violencia y el maltrato contra las y los menores de edad en nuestro país. La propia secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen González Magaz, así lo ha confirmado. En la totalidad del año 2020 el DF recibió 10,874 referidos de maltrato, 1,819 de estos debidamente fundamentados. En los meses transcurridos de este año, ya la cifra de referidos por maltrato de menores va por la cantidad de 6,621, con 621 fundamentados, un aumento de 21.4%con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que, detrás de esos números fríos, hay miles de niños y niñas de carne y hueso en Puerto Rico, que viven bajo condiciones de extrema vulnerabilidad a las diversas manifestaciones de la violencia que convulsan nuestro país. De hecho, números publicados indican que, en lo que va de 2021, 11 menores han sido muertos en sucesos de violencia en nuestro país.

Lo que más nos estremece y toca la fibra de la conciencia es cada vez que un niño o niña muere a causa del maltrato físico por parte de un padre, madre o familiar cercano. Así sucedió en días pasados con la muerte a golpes del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa a manos de su padre biológico. Por propia admisión del padre, sabemos que el hombre reiteradamente maltrató físicamente al niño durante el tiempo en que vivió con él, conducta que pasó inadvertida para el DF, y dejó desprotegido al pequeño de tan solo 8 años frente a la brutal violencia de su progenitor.

Aparentemente, el DF no conocía- porque no lo había investigado- ni el carácter ni el estado mental del padre antes de decidir remover al menor del hogar que compartía con su madre y entregarle el niño al hombre. La remoción del menor y la entrega a su padre se había hecho en lo que se investigaba una alegación de abuso sexual contra el niño por parte de un familiar materno, que el propio Jeiden trajo ante el padre y personal de un hospital. Del hospital fue referido al DF y de ahí al Tribunal, iniciándose el vaivén de trámites, papeleo y dilaciones que se extendieron por más de un mes, y culminaron con la muerte del niño a manos de su padre.

Más allá de ser investigada en todos sus detalles, y adjudicadas todas las responsabilidades que correspondan a los funcionarios del Estado- del DF, del Tribunal o ambos- que arrastraron los pies y fallaron en su deber de proteger a este niño, esta tragedia ha puesto de manifiesto la realidad de la incompetencia, la burocracia y el desinterés que hay detrás de los procesos y las decisiones en estos casos, sobre todo, cuando a los mismos se les despoja de humanidad y se les convierte en números.

Nuestro país no puede ser indiferente ante al maltrato infantil porque con ello nos jugamos el futuro. Por eso, hay que reclamar y exigir que los funcionarios de todas las ramas del Gobierno a cargo de trabajar con estas situaciones, y aún más, aquellos y aquellas con la responsabilidad de tomar decisiones, sean personas de la más alta calidad y mérito profesional y humano, y no meros burócratas, protegidos de los políticos, y nombrados para realizar tareas de tanta consecuencia sin las destrezas ni el temperamento para acometerlas como es debido.

Durante las últimas décadas, y especialmente en estos últimos años de declive económico acelerado, nuestro país atraviesa por el recrudecimiento de los males asociados a la violencia y el deterioro marcado en los indicadores de salud mental de la población. Es una situación que va más allá del alcance del trabajo parcelado de comités y “task forces”. El momento requiere de una visión de país, liderada con la inteligencia, el profesionalismo y la dedicación que pueda conducir a la transformación eventual de Puerto Rico en una sociedad libre de violencia y, sobre todo, libre de maltrato de menores.

 

“La Cooperativa es la única fábrica que le queda a Comerío”

 

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

“Aquí no se fallaba en la renta; era lo primero que se pagaba”, recordó Lilliam Fontánez Ortega que era lo que hacía el anterior administrador de la Cooperativa Industrial de Comerío.

Fotos Alina Luciano/CLARIDAD

A las trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa de Comerío el emplazamiento de desahucio por parte del Departamento de Desarrollo Económico (PRIDCO) el pasado 30 de julio les tomó por sorpresa, al igual que a sus homólogas de la Cooperativa Creación de la Montaña de Utuado.

Fontánez Ortega, quien es socia fundadora y que luego de haberse retirado de la fábrica trabaja como administradora voluntaria, indicó que antes del emplazamiento no habían recibido ninguna notificación al respecto ni acercamientos de conversación por parte de PRIDCO. La cantidad adeudada es de apenas  $27, 130 dólares. “Siempre se le pagó renta por los tres edificios. Por un tiempo estuvimos pagando a $1.75 el pie cuadrado y ahora son $2.55”, agregó.

Tras darse a la luz pública el emplazamiento, por intervención del representante Juan José Santiago Nieves, presidente de  la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, la acción de desahucio se encuentra detenida. De todas maneras, la cooperativa contestó la acción judicial mediante abogado. “Tenemos que recibir una respuesta, eso hay que solucionarlo de una vez por todas y ahora hay que ir con la Ley 239 en la mano”, indicó Fontánez Ortega en referencia a que no hay nada por escrito por parte de PRIDCO sobre la paralización del desahucio, que se supone fuese el próximo 31 de agosto, y a que se les aplique la ley de cooperativas, la cual dispone que  estas empresas no paguen renta por ocupar un edificio público.

El devenir de la cooperativa

Fundada en el 1992, en sus buenos tiempos la cooperativa de costura organizada bajo el modelo cooperativo  llegó a emplear a 236 personas. Durante el cuatrienio de Pedro Rosselló la cooperativa ofreció comprar el edificio, pero PRIDCO se negó a venderle. La actual operación de la cooperativa ocupa la parte de atrás del edificio. Fue a partir del 2014 que el trabajo comenzó a declinar, luego de que su principal cliente se llevó su producción. De ahí en adelante comenzaron a coser otras piezas de ropa y uniformes para escolares y para empleados municipales, entre otros. “Ahora mismo, no conseguimos tela; qué está pasando, no sé”, dijo Fontánez sobre la adquisición de la materia prima de las fábricas de costura. Añadió que la cooperativa nunca ha participado en  las subastas del Gobierno y reconoció que “teníamos  todos los huevos en una sola canasta y a la canasta se le fue el fondo”.

Pero fue  el huracán María el que vino a darle el “jaque mate”. Cuando pasó el huracán en el 2017, Comerío, como otros pueblos de la montaña, fue uno de los más afectados. La cooperativa tuvo que dejar de operar hasta febrero del 2018, cuando volvieron a tener el servicio de energía eléctrica. Al regreso del servicio de  luz, un grupo de voluntarios de la cooperativa se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio y pasaron a ofrecer clases gratuitas de costura, a coser alguna pieza en particular, de haber el pedido, y a organizar otras actividades.

Así estuvieron hasta llegar la pandemia. Mientras la pandemia representó el cierre de algunos negocios, para la cooperativa fue un reinicio, debido a que a los pocos días de decretarse el cierre el alcalde de Comerío, Josean Santiago, les pidió que cosieran mascarillas. Luego de que el alcalde hiciera las gestiones debidas para que la cooperativa pudiera operar en medio de la pandemia, en adelante comenzaron otra vez a coger empleados y a tener nómina. La gente hacía fila para comprar mascarillas en esos primeros meses. La mayoría de las y los trabajadores  llevan tiempo en la cooperativa, a excepción de su artista gráfico a cargo de la máquina de bordado,  el joven Leonel Rivera Torres, de 27 años.

Aun estando operando durante toda la pandemia, la cooperativa no recibió ni un centavo de las ayudas a los patronos, supuestamente por no haber tenido nómina antes, a pesar de que el único tiempo en que no pagó nómina fue después del huracán María, por no tener clientes.

Después de la intervención del representante y de la reunión que sostuvieran el director ejecutivo de PRIDCO, Javier Bayón Torres, y el director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, con las compañeras de la Cooperativa de Utuado y con la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago, la  expectativa de la cooperativa es que se desista de ambos desahucios.  “Nosotras  vamos a seguir luchando y esperamos  que nos honren y borren la deuda, tanto a la cooperativa  de Utuado como a la nuestra de Comerío”, dijo Fontánez Ortega.

El DDEC y PRIDCO dicen no saber sobre el desahucio

En entrevista por separado, el representante por el distrito 28, Juan José Santiago Nieves, que representa a Comerío, Naranjito y Corozal, confirmó a CLARIDAD que al enterarse de las acciones de cobro y desahucio contra la cooperativa se comunicó con el secretario del Desarrollo Económico. Manuel Cidre le dijo que no estaba de acuerdo con los procesos de desahucio que se estaban llevando a cabo contra todas esas fábricas y dijo estar dispuesto a recibir información al respecto. “Me parece curioso porque él es  parte de la sombrilla de PRIDCO”.

Santiago Nieves  añadió que le envió a Cidre toda la información respecto a la demanda. Aclaró y destacó que de su parte y de la cooperativa no reconocen la deuda debido a que ya hace varios años que la fábrica no tiene contrato con PRIDCO, sino que con quien tiene contrato es con el municipio de Comerío, que  solo les cobra una renta nominal de un dólar: “Por lo tanto, no hay una deuda que valga”. Precisó que PRIDCO  hace referencia en la demanda a una supuesta contratación con  la cooperativa desde el 2011 hasta el 2021, alega que hay un contrato firmado y que hay una renta corriendo mensual que no se está pagando.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes informó que también se comunicó con el director ejecutivo de PRIDCO, licenciado Javier Bayón Torres, y “ahí fue donde más me levantó bandera”, dado a que todas esas órdenes de desahucio se estaban llevando a cabo sin su debido consentimiento.  “Al parecer es la oficina legal de PRIDCO la que tomó la decisión de las  órdenes de desahucio, sin el visto bueno final del director de PRIDCO. Obvio,  eso levanta bandera sobre la poca comunicación que hay en la agencia y, por otro lado, nos parece sumamente indignante e innecesario que se esté pasando por esos malos ratos”.

Añadió que el director de PRIDCO le pidió disculpas y le aseguró que se iba a comunicar con la fábrica y a dar instrucciones a la oficina legal para que dejara sin efecto la acción judicial, además de estar dispuesto a sentarse con la cooperativa  para buscar alternativas  y aclarar la situación del contrato.

Santiago Nieves alertó de que  la Cooperativa Industrial es la única fábrica que le queda a Comerío y es reconocida en el pueblo como una institución “que va más allá” en desarrollar la economía del pueblo. “La  cooperativa es una solidaria, que participa de otro sinnúmero de eventos comunitarios.  Sirve de centro de práctica para  que las  personas interesadas en esta actividad pasen y conozcan el proceso de la fábrica”.

A pesar del compromiso del DDEC y PRIDCO aún siguen a la espera del documento oficial  por parte de ambos. El supuesto desconocimiento de estos levanta preocupaciones sobre la comunicación y la información atrasada en ambas agencias. Santiago Nieves hizo un llamado a la Liga de Cooperativas a que “nos sentemos a la mesa y busquemos alternativas para ayudar  estas cooperativas, sobre todo para que el Gobierno tenga actualización sobre lo que están haciendo y que esto no vuelva a ocurrir”.

 

 

 

Sigue la controversia en Rincón

Foto Alina Luciano

 

 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Aun cuando las irregularidades por parte de las agencias de gobierno concernidas y sus proponentes en los procesos de permisos de construcción no son cosa nueva en Puerto Rico el caso de la construcción del complejo recreativo del condominio Sol y Playa en Rincón parecen salirse de proporción producto de la supuesta reforma de permisos implantada por el gobierno de Luis Fortuño en el 2009. Así se desprende del recuento de las controversias e irregularidades del proceso a través del tiempo ofrecido en entrevista con este semanario por el licenciado Pedro Sadeé Lloréns.

El licenciado en Derecho Ambiental se remontó en primera instancia a la aprobación del deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) cuando se aprobó la construcción del edificio en los años 90′. Indicó que en el expediente del caso en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) falta información de cómo se originó el permiso y la que hay es una esquemática lo que en esencia deja obvio que hubo un manejo preferencial y otras violaciones de ley a los reglamentos de permisos. “Lo que sucede es que no se puede decir que este es un caso único, el manejo y las excepciones, el favoritismo en los otorgamientos de permisos no es algo nuevo en Puerto Rico y lo que hace es agravarse con unos cambios estructurales en la legislación”.

Antes de la reforma de permisos era la Junta de Calidad Ambiental (JCA) la agencia que analizaba los documentos ambientales e indicaba sin cumplían o no con la ley y el reglamento. Con el objetivo supuesto de mejorar la eficiencia y mejorar el ambiente de negocios en Puerto Rico una de las cosas que hizo la llamada “reforma de permisos” fue colocar dentro de la misma Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) la otorgación de permisos y la aprobación del cumplimiento ambiental. En otras palabras, se le quitó esa facultad a la JCA. Aunque los municipios otorgan permisos el cumplimiento ambiental está en manos de OGP.

“Ahí tenemos una mezcla de una práctica indeseable provocados por unos cambios estructurales”, afirmó.

La controversia actual deviene en el 2019 cuando el condominio comienza el proceso de permisos del complejo recreativo que se llevó el huracán Maria en el 2017. En este proceso señaló Sadeé Lloréns hay dos tipos de permisos fundamentales. Uno el deslinde de la ZMT que la misma administración de Sol y Playa admite que tenía que hacerlo y ahí -observó el licenciado- se entra en los defectos que pueda tener ese permiso.

El segundo permiso es el de construcción propiamente que lo tiene que dar la OGP. Pero como parte del proceso de aprobación del permiso de construcción es la misma OGP, que es la que también aprueba la reglamentación ambiental entonces ahí es que se entra en los aspectos personales.

Como salió a relucir en las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Ildefonso Ruiz, quien trabajó en el DRNA cuando se hizo el deslinde de la ZMT, intervino en el proceso de otorgamiento del permiso estando en la OGP como gerente de la División del Medio Ambiente. de construcción. Además se descubrió en las vistas que el consultor ambiental contratado por el condominio para gestionar los permisos Ángel Román Mas, admitió que él y Ruiz tenían amistad e inclusive fueron socios en una empresa. “Ahí hay una mezcla de tipo personal con un elemento estructural”, subrayó Sadeé Lloréns.

El otro elemento que sucede dentro de OGP es el llamado cumplimiento ambiental que lo hicieron por la vía de exclusión categórica, lo que significa una excepción reglamentaria en el cual no hay que hacer ningún análisis de impacto ambiental adicional.

Las consecuencias de esta exclusión fue el que: “Este proyecto lo aprobaron de forma ilegal sin completar el proceso de análisis ambiental porque utilizaron el mecanismo de exclusión categórica”. Recalcó en que el proyecto no cualifica como exclusión categórica primero porque no es un tipo de acción típica de esa exclusión y por las condiciones de zona inúndable y de anidaje, que es la playa Los Almendros.

Cuando se aborda el aspecto de las categoría de permisos e intervenciones impropias en este otorgamiento de permiso entra entonces Fortaleza, cuando la secretaria de la gobernación, Noelia García. Ruiz solicitó el expediente de OGP del proyecto y llamó a una reunión en Fortaleza para indagar cómo iba el permiso del condominio. A juicio del licenciado el llamado de parte de Fortaleza con la excusa de indagar cómo iba el permiso es una forma de poner presión.

En tanto por parte del DRNA entran los temas de la ZMT y la protección de las tortugas y área de anidaje del carey y el tinglar. En el DRNA cada uno de estos asuntos tienen dos casos administrativos distintos en marcha. En cuanto al deslinde de la ZMT el primer planteamiento es que este estuvo mal hecho debido a que el único criterio que se utilizó fue donde es el nivel del mar.

“Ahí tenemos el problema de que las mareas en Puerto Rico varían muy poco por ende cuando se tira la línea en la marea mas alta se está excluyendo grandes espacios de áreas de playa. Inclusive el mismo reglamento del DRNA dice que aun en caso que se utilice el criterio del nivel de las mareas se tiene que tomar en cuenta dunas, y otros elementos que aquí no se incluyeron como vegetación porque todos esos indicios te pueden decir hasta donde a penetrado el mar”.

Esta controversia resaltó es importante porque se trata de fijar cuáles son los criterios que se deben usar en la isla para fijar la ZMT. “Aquí en una actuación incorrecta usaron exclusivamente las mareas no usaron otros criterios que están contemplados en la ley y el reglamento”, recalcó sobre el deslinde que se aprobó para el condominio Sol y Playa.

Debido a que el deslinde de la ZMT adolece de varios defectos el resultado neto es que se redujo lo que es la zona pública -la playa- que se supone es un bien de dominio público. Amplió que el DRNA no utilizó el criterio que es el más aplicable en Puerto Rico que es hasta dónde llega el oleaje en tiempo de tormenta u otros criterios como lo son la vegetación y las dunas. Reiteró que al utilizar el criterio de las mareas para delimitar la ZMT como estas en la isla no varían mucho en altura eso tiene como resultado el achicar la ZMT que a su vez tiene unas consecuencias de índole social del disfrute de los bienes, protección de las especies.

Por su parte el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, luego de la determinación de la Junta de Planificación (JP) que ordenó el cese y desista de los trabajos de construcción del complejo recreativo-hay que observar que se habla de una piscina pero la construcción son dos piscinas, una para adultos y otra para niños un jacuzzi, gazebo y aceras- insiste en que la responsabilidad de detener la obra no era de su departamento pero sigue tomando decisiones sobre el asunto.

La mas reciente a días de la determinación de la JP Machargo Maldonado se reunió con la administración de Sol y Playa e hizo cambios a una orden que el mismo emitió el 17 de julio que tienen que ver con medidas de restauración del lugar. Según la orden vigente del DRNA se supone que el condómino haya eliminado la verja que da hacia el mar y hubiese recogido todos los materiales y encubrir la zanjas que abrió para la construcción. “Por el contrario el secretario se reunió con la administración del condominio para acabar de mutilar su misma orden emitida en julio 17. Ahora es poner una verja para impedir el acceso de las tortugas a su hábitat”, denunció Sadeé Lloréns.

Mas aun la orden ahora dispone que la verja la va a construir Recursos Naturales, solicita la presencia de la Policía y pretende impedir que las personas continúen pernoctando en el campamento de protesta que se ha levantado en la playa y que ha permitido que la construcción ilegal haya advenido a la luz pública. “Yo pienso que eso es una provocación porque allí hay personas que han estado demostrando la situación y hay un derecho a la libre expresión”.

Tras la determinación de la JP el 6 de agosto declarando la construcción ilegal y la orden de cese y desista el caso ahora está ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), sala de Aguadilla. Este es otro de los aspectos de la reforma de permisos de Fortuño que expertos en derecho ambiental objetan. La reforma le quitó a la JP el poder de implementar sus determinaciones y en el afán de dar primacía a los permisos de construcción se dispuso que la decisión final sobre la revocación de un permiso esté en manos de un tribunal. Mientras se supone que la orden se cumpla de manera estricta y que las obras de construcción estén paralizadas.

Una nueva reforma de permisos

Ante el alto perfil que ha desatado la construcción ilegal del complejo recreativo de este condominio privado Sadeé Lloréns lo atribuyó a que ahora hay una mayor conciencia del pueblo de proteger sus espacios públicos y del proceso del cambio climático. “Es algo que la gente le está dando importancia y se supone que las agencias le den importancia a eso y es sorprendente como a pesar de que hay supuestamente una política pública consciente del cambio climático pues no lo vemos en la aplicación”. Comentó que todo eso ha llevado a que el caso de Sol y Playa en Rincón se convierta en un caso símbolo.

A la luz de esta y otras experiencias el profesor de Derecho Ambiental trajo a la atención a la necesidad de que se haga una verdadera reforma sobre los procesos de permisos y el cumplimiento ambiental y en particular objetó que estos procesos estén en las las manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

En esa línea comentó que era curioso que el director ejecutivo del DDEC no se haya expresado sobre la controversia cuando el es el jefe de esa secretaria auxiliar de permisos. Otro aspecto que dijo hay que mencionar -y que no se ha dicho- es que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha estado impulsando una línea de política pública en la cual lo más importante es que los permisos se otorguen de forma acelerada y se reduzcan los escrutinios ambientales. “Y aquí vemos un escrutinio ambiental disminuido, manipulado y las consecuencias las estamos viendo en una reducción de unos terrenos públicos, en una reducción en la protección de las especies”, concluyó.

 

 

 

 

 

La Patria es de quien la representa

 

Especial para CLARIDAD

Quise esperar a que los Juegos Olímpicos se acabaran para dar mi opinión sobre el tema que ha dominado los titulares en la última semana, que es la segunda medalla de oro de nuestra historia Olímpica, obtenida por Jasmine Camacho Quinn en la carrera de 100 metros con vallas en Tokio 2020 y el debate estéril sobre su nacionalidad.

Al momento en que este artículo salga publicado Jasmine estará siendo recibida en una caravana de pueblo, como se merece. Su logro no solo la catapulta como una superatleta, sino que la ha llevado al puesto # 1 de la Word Athletics en su disciplina. Sí, usted leyó eso bien: la boricua es la mejor del mundo.

Jasmine es una de millones de puertorriqueños y puertorriqueñas cuya familia emigró a los Estados Unidos antes de que ella naciera, en parte por la falta de oportunidades en Puerto Rico. Eso no debe ser razón para ataques ni mucho menos para desmerecer su logro. Desgraciadamente, he escuchado a algunos puristas decir que el hecho de que no tuviera un nombre boricua hacía que la medalla no se sintiera igual.  Esa es su opinión y se le respeta.

Para mí, tiene un valor aun más significativo el que una atleta con talento para competir por Estados Unidos haya decidido que sus raíces boricuas son más importantes que el prestigio, los auspicios y el estilo de vida que le pudo haber representado ganar un oro por el Team USA.  Eso nos dice algo de su carácter. Su decisión es un signo de cómo el deporte nos ha creado a todos los puertorriqueños un sentido de identidad nacional que no se puede romper.

Allá aquellos(as) que quieren buscar la manera de desmerecer el triunfo.  Siempre encontrarán cómo criticar. Incluso en esta ocasión lo han hecho con una campaña injustificada en contra del Comité Olímpico de Puerto Rico, con una supuesta teoría (que es falsa) de que no apoyaron a Jasmine. Si eso fuera cierto, estoy seguro de que Jasmine habría sido la primera en retirarse de la delegación; pero no lo hizo. Desde que empezó su carrera a los 19 años esta ha demostrado que su amor por representar nuestra Patria era más grande, que se sentía cómoda portando los colores de Puerto Rico y en cada sitio que se para dice: “Puerto Rico es el único país que quiero representar”.

Decía Don Pedro Albizu Campos que “la patria es de quien la representa” y yo me veo representado en ti, Jasmine, y te doy las gracias por darnos una alegría tan grande, de país, en momentos tan difíciles #QUINNÑETA.

 

 

 

Diáspora y puertorriqueñidad

Foto Alina Luciano. caravana de recibimiento

 

No recuerdo cuándo fue la primera ocasión que escuché el vocablo diáspora para referirse a la comunidad boricua en Estados Unidos. No creo que haya sido mucho tiempo atrás; quizás, en 2008 o 2009. De entrada, no me gustó la frase diáspora boricua, ni en lo lógico ni en lo emocional. Es más, aún hoy no me agrada totalmente. Es una expresión que a veces dice muy poco, queriendo decir mucho. Pero, a falta de una mejor conceptualización, es el término en boga.

Aclaro que soy parte de la llamada diáspora, pues nací en Perth Amboy, Nueva Jersey, ciudad a la que mi madre emigró luego de que el ejército de Estados Unidos trasladara a mi padre fuera de Puerto Rico. Sola, encinta de mí, se fue a la casa de su hermana menor en esa ciudad del Noreste de Estados Unidos. De hecho, mi historia personal tiene un elemento en común con la de campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn. No es que yo sea atleta; nada más remoto de mi realidad. Es que pasé parte de mi infancia en Carolina del Sur, su estado natal. Llegué a Puerto Rico a los cinco años, y entonces comenzó mi transformación en guayamés y en boricua.

Quiero insistir en este último punto. Se trata de un proceso. Al menos en el Noreste de Estados Unidos (Nueva York, Rochester, Hartford, Springfield), nuestra gente se identifica con la puertorriqueñidad mediante un procedimiento indirecto. Una mediación dialéctica, para sonar hegeliano. Más que una referencia directa a la nación puertorriqueña, por acá se habla mucho del pueblo de origen. Soy boricua porque soy de Guayama o de Cayey o de Salinas. En total, setenta y ocho municipios en el pequeño archipiélago de islas que es Puerto Rico. Camine usted por las calles de Holyoke o Springfield o Hartford y verá la misma escena una y otra vez: la gente adorna obsesivamente los carros con tablillas de su pueblo de origen. Es como si esa fuera la marca última de autenticidad boricua. «¿Qué de dónde soy? Pues, de Guayama». Para probar este punto no hace falta mucha reflexión sociológica. Basta con mirar la foto de la familia de Jasmine Camacho-Quinn en que todos visten camisetas de Trujillo Alto. Es como si fuera una prueba irrefutable de legitimidad…

Esa marca de autenticidad boricua, vale la pena mencionarlo, es independiente de las posibles preferencias sobre el tema del estatus de la isla. Da igual, en el seno de la comunidad puertorriqueña del Noreste –que es la que he conocido personalmente–, si la persona es estadista, popular o, como yo, independentista. El criterio inmediato es el pueblo con que la persona o la familia se identifica. Soy de tal pueblo, luego soy boricua. ¿No funcionan aquí esas tablillas sino como amuletos que le hablan a la diáspora de una existencia dejada atrás en la patria, así como de la esperanza de un posible retorno?

Agosto 17 2021 Reciben a Jazmin Camacho Quinn Municipio Trujillo Alto Doña Maria Camacho y su hija Jazmin Camacho.
Agosto 17 2021 Reciben a Jazmin Camacho Quinn Municipio Trujillo Alto. Fotos José Rodríguez

La influencia de la comunidad migratoria boricua en mi vida se hizo más fuerte durante mi adolescencia en Guayama. Esto porque mis tíos abuelos emigraban periódicamente a trabajar en las granjas agrícolas cercanas a pueblos como Rochester y Buffalo. Y buena parte de mi familia vivía en el sur del Bronx, no lejos del Teatro Puerto Rico. Eventos como las Navidades eran siempre una oportunidad de conectar la familia de acá con la de allá, viéndolo desde las dos perspectivas. Esa conexión se hizo emocionalmente más intensa cuando regresé al Noreste en 1981, específicamente a Nueva York. Es allí que, influenciado por el nacionalismo y el culto amoroso a la bandera monoestrellada, me hice patriota. Nueva York era desde la década de los treinta una gran meca cultural de la puertorriqueñidad. Esto, en lo ideológico, lo político y lo social. Por esas razones, y otras más, siempre asociaba la experiencia migratoria boricua, más que nada, con la ciudad de Nueva York. Con una mirada quizás limitada, pensaba que lo demás era solo lo demás. ¿Cómo abrazar, por lo tanto, el término diáspora boricua,  en el que las determinaciones mencionadas de la rica experiencia boricua neoyorquina parecían relegadas a un segundo plano?

Y entonces llegó Jasmine Camacho-Quinn. ¡Madre mía! ¡Qué amor por Puerto Rico! Imposible no destacar su negritud, tantas veces maltratada en la Isla y tantas veces exaltada en los barrios boricuas del Noreste, sobre todo, en el Bronx. ¿No es ella acaso el mejor ejemplo de cómo puede expandirse y profundizarse a la vez nuestra personalidad de pueblo afroantillano?

Hace rato que no reflexionamos sociológicamente sobre nuestra naturaleza de pueblo caribeño disperso como resultado del fenómeno migratorio colonial. Usamos el vocablo diáspora como una muletilla para no ahondar en el tema. La RAE nos dice que este significa la «dispersión de seres humanos que abandonan su lugar de origen». Y, bueno, aunque a falta de pan, galletas, yo quisiera un concepto más rico en determinaciones concretas, que se nutra de la historia de nuestras luchas en la isla y fuera de ella. Además, que refleje el fundamento colonial de esa experiencia. No es mera dispersión; es dispersión provocada por la explotación colonial. Diáspora sirve, entonces, como remedio pasajero para la labor intelectual y sociológica que no hemos realizado.

Parte del problema es que para reflexionar sobre nuestra dispersión en Estados Unidos habría que deliberar sobre el Caribe. No sobre el que creemos tener, sino sobre el Caribe que se nos ha negado y se nos niega todos los días. La colonia nos ha puesto gríngolas, artefactos que nos llevan a mirar solo al Norte que nos oprime.

Mas yo quisiera salirme de la perspectiva limitada y situar la hazaña de Jasmine, que no es poca, en el contexto de unas olimpiadas mundiales en que la negritud caribeña desempeñó un papel gigante; épico, en mi opinión. Jasmine en Puerto Rico, Mijaén López en Cuba, Marileidy Paulino en la República Dominicana, Elaine Thompson-Herah en Jamaica y, justamente de las costas caribeñas de Venezuela, la gran Yulimar Rojas, por mencionar tan solo algunas de las estrellas. Todas con raíces en el Caribe negro. Una cosa es lo que Jasmine piense y sienta por Puerto Rico, que no deja de ser bello y sublime; pero otra, es lo que debemos de pensar sobre su negritud, sus hazañas y el Caribe entero. Puerto Rico es una nación, como le dijo Jasmine correctamente a la prensa estadounidense. Yo añadiría que somos una nación caribeña. Las gríngolas consisten en los malos hábitos de pensamiento que nos han inculcado las fuerzas invasoras. No es solo Jasmine la que ha llegado al podio de las olimpiadas 2020. Es la totalidad del Caribe negro de las Antillas. Por eso hay que celebrar con igual entusiasmo los triunfos de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Venezuela y la República Dominicana. Digo, a menos que usted vaya a sufrir nostalgia por las gríngolas.

Ojalá que el vocablo diáspora boricua no sea más que un concepto de transición hacia una conceptualización más profunda y multidimensional de la experiencia migratoria boricua. Una noción sociológica correcta de este fenómeno tiene que superar el procedimiento de meramente inventariar la dispersión geográfica de nuestra gente en Estados Unidos, al modo en que lo hace el censo. También hay que mirar, con franqueza y orgullo, la riqueza acumulada de nuestras luchas culturales y políticas «en las entrañas del monstruo», así como sus vínculos con la Isla y el Caribe.

El autor es de Guayama y reside en Estados Unidos. Publicado inicialmente en www.rebelion.org