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La agenda del debate político en Cuba

 

Por Jesús Arboleya

¿Qué se discute en Cuba actualmente?

Como probablemente ocurre en casi todo el mundo, el tema central del debate popular en Cuba es lo relacionado con la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, sus terribles consecuencias económicas y las restricciones sociales que impone su tratamiento. En el caso cubano, esta situación que se ve agravada por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, lo que ha dado lugar a una combinación perversa, que ha privado al país de sus principales fuentes de ingreso y colocado en sus límites la solución de las necesidades de consumo de la población.

Como es lógico, el descontento social aumenta en estas condiciones y la insatisfacción con la gestión gubernamental, justificada o no, tiende a extenderse en las personas. Pudiera afirmarse que la queja ante la situación imperante fue el principal motor de las manifestaciones de protesta ocurridas en diversos puntos del país los días 11 y 12 del pasado mes de julio, aunque también contaron con el estímulo de fuerzas contrarrevolucionarias, en su mayoría establecidas en el exterior, que actuaron mediante las redes sociales y otros mecanismos de movilización interna, muchas veces para alentar las expresiones más violentas.

Aunque falta por precisar el volumen real y la composición social predominante entre los manifestantes, sobre lo cual existen muchas especulaciones, pudiera afirmarse que se trata de un grupo bastante heterogéneo de personas, en su mayoría desprovistas de un proyecto político que orientara su participación en estos eventos. No obstante, habría que destacar la presencia de sectores disidentes, que hace rato se vienen expresando mediante diversos actos de desobediencia civil, muy promocionados fuera de Cuba. Aunque minoritarios, y también diversos en su composición y objetivos, estos sectores aportaron cierta caracterización política al acontecimiento y una imagen más explotable de cara a la opinión pública internacional.

El fenómeno ocurrido, bastante inusual en la historia de la Revolución, ha tenido diversas lecturas. Por un lado, las apocalípticas, que otra vez pronostican el fin del proceso revolucionario cubano e instan al gobierno norteamericano a actuar para acelerarlo, incluso mediante agresiones militares, bajo la excusa de la intervención humanitaria. Alrededor de esta lógica se agrupan las fuerzas contrarrevolucionarias más agresivas, propugnadoras del caos en el país, las cuales cuentan con un considerable apoyo externo, capaz de establecer una matriz mediática que impera en las redes sociales y los grandes medios de información.

Hasta ahora, la política del gobierno de Estados Unidos parece estar determinada por esta corriente, dado su supuesto impacto electoral en la Florida. Fondos millonarios se destinan a estimularla, se incrementan las sanciones contra Cuba y el relato de la extrema derecha cubanoamericana se impone en el discurso oficial del país, así como en el debate estadounidense sobre la realidad cubana.

Con esta corriente no hay diálogo posible, por lo que quizás más importante para la articulación de un debate nacional, son las personas que, hayan o no participado en las manifestaciones, no se suman a los planes norteamericanos, pero han sido críticas, tanto de la gestión gubernamental, como de alegados excesos cometidos por la fuerza pública en el enfrentamiento a los manifestantes, arbitrariedades en el tratamiento legal de los detenidos y la conducción comunicacional del acontecimiento por parte del gobierno. El esclarecimiento de estos problemas, la búsqueda de soluciones a las diferencias y el establecimiento de normas claras que regulen este tipo de eventos de cara al futuro, constituye un paso importante para aliviar las tensiones generadas por las manifestaciones.

También alentadas por la actual coyuntura, pero de larga data en la agenda del debate nacional, han ganado más relevancia las discusiones referidas a la concepción y el funcionamiento del socialismo cubano. Aquí se encuadran desde sectores muy comprometidos con el proceso revolucionario, cuya principal exigencia es mejorar la gestión gubernamental y que se lleven a cabo las reformas hace años aprobadas por el partido y el Estado, después de amplias consultas populares, hasta otros que más o menos se oponen al socialismo o lo perciben asociado con fórmulas democratacristianas, socialdemócratas y liberales, que asumen pueden ser aplicadas en Cuba.

La agenda de estos grupos o personas es tan diversa como, a veces, imprecisa en sus planes y soluciones. Más se concentran en la crítica a lo existente, que en precisar las propuestas que puedan servirle como alternativa. Se destacan temas como el diseño del modelo socialista, la democratización de su funcionamiento, el papel del Partido Comunista, la propiedad privada y las relaciones mercantiles, la aplicación del ordenamiento económico, los problemas de la equidad y la pobreza, la discriminación en sus diversas manifestaciones, la emigración, la ecología, el cuidado de los animales y muchos otros, cada cual con repercusiones más o menos amplificadas en la sociedad cubana.

A pesar de la diversidad de preocupaciones y opiniones, estas tendencias encuentran un lugar común en la crítica al burocratismo, la corrupción y otros vicios asociados a la gestión gubernamental, cosas que el propio discurso oficial también rechaza y combate, así como en la confrontación con posiciones que consideran conservadoras y refractarias a los cambios, las que ubican en ciertas estructuras del partido y el Estado, así como en intelectuales a los que acusan de dogmáticos, aunque éstos no se reconozcan en esta definición.

La particularidad del caso cubano es que todas estas tendencias, cualquiera sea su signo ideológico, aparecen traspasadas por una constante que, quieran o no, las define desde el punto de vista patriótico, dígase el papel de Estados Unidos en la vida de la nación.

Desde los orígenes de las luchas anticoloniales cubanas, el tema de las relaciones con Estados Unidos aparece como un factor definitorio de la escala patriótica. Las corrientes anexionistas, que tempranamente parecieron una alternativa, en el entendido de unirse a ese país en condiciones de igualdad una vez alcanzada la independencia, se diluyó rápidamente como opción patriótica, cuando resultó evidente que ese no era el plan norteamericano. José Martí fue quien mejor alertó sobre el peligro de las pretensiones estadounidenses y fijó como objetivo principal de las luchas nacionales: “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.”

No fue posible y esa “fuerza más” inauguró en Cuba el modelo neocolonial. El antimperialismo, como condición básica para la independencia y la soberanía del país, devino entonces el factor común de las luchas patrióticas cubanas desde el advenimiento de la República hasta nuestros días. Desconocer este factor o colocarlo en segundo orden, limita la capacidad de comprender la problemática cubana y sitúa a las personas en un terreno pantanoso, con riesgo de convertirse en funcionales a los objetivos de la política norteamericana contra la Isla, aunque esa no sea su intención.

No basta con mencionar “al vuelo” el bloqueo norteamericano, para concentrarse en problemas domésticos, que supuestamente tienen solución obviando el impacto de la política norteamericana sobre los mismos. Si no entendemos la integralidad de la política norteamericana, no podemos comprender el dilema cubano ni tampoco el del resto del mundo. Estamos en presencia de un sistema hegemónico mundial, que penetra por todos los poros del tejido social y, como dijo el expresidente George W. Bush, se está con él o en su contra. Una verdad más que evidente en el caso de Cuba, aunque esa confrontación pueda tener diversos grados y matices.

Es cierto que el temor a “darle armas al enemigo” y la práctica de culpar al imperialismo de todas las dificultades, igual limita el abordaje integral de los problemas, ha restringido los espacios democráticos y servido de excusa al dogmatismo en muchos casos, pero la solución no es el reduccionismo inverso, sino la promoción de la cultura política y el diálogo que le sirve de sustento. La buena noticia es que, tanto dentro como fuera del país, se cuenta entre los cubanos con el capital cultural que requiere este empeño, un conocimiento que está instalado en los espacios académicos e intelectuales, incluso en la sabiduría popular, y que también ha incrementado su presencia en las redes sociales. El asunto es saber aprovecharlo.

Reproducido de Progreso.

La ruta de Afganistán a Haití pasa por Estados Unidos

Por Pedro Brieger

La ruta de Afganistán a Haití pasa por Estados Unidos Por Pedro Brieger La distancia entre Afganistán y Haití induce a pensar que no tienen nada en común. Sus historias, culturas, idiomas, orígenes étnicos y geografía son incomparables, y difícilmente se pueda encontrar algo que emparente a los dos países. Sin embargo lo hay y es muy potente: Estados Unidos.

Mientras la primera potencia mundial está retirando sus tropas de Afganistán después de casi veinte años de ocupación, nuevamente llegan a Haití soldados estadounidenses. Ahora dicen que traen ayuda humanitaria por el reciente terremoto del 14 de agosto y es posible que así sea. Claro que la presencia en 2021 se suma a una larga lista de intervenciones norteamericanas en el pequeño país que comparte la isla La Española con la República Dominicana.

Hace más de un siglo, en 1915, los marines desembarcaron después del asesinato del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam para resguardar sus intereses y se quedaron -como en Afganistán- casi veinte años. En aquellas épocas no existía Al Qaeda ni se hablaba del “terrorismo islámico”, y ni siquiera había nacido la Unión Soviética.

Pero ya se hablaba de intervenir para “salvaguardar los intereses norteamericanos”, esa frase tan vaga como amplia que le ha permitido a los Estados Unidos justificar innumerables invasiones tanto en Haití -en distintos momentos de su historia- como en otras partes del planeta.

En la actualidad Afganistán y Haití -dos de los países más pobres del mundo- figuran como prioridad de la política exterior de los Estados Unidos como lo revelan los propios documentos de su Congreso que creó SIGAR -Inspección Especial General para la Reconstrucción de Afganistán-, un organismo independiente dedicado explícitamente a analizar la “reconstrucción de Afganistán”.

En su informe de agosto titulado “Lo que necesitamos aprender: lecciones de veinte años de la reconstrucción de Afganistán” se plantea la necesidad de asimilar la experiencia afgana para otras misiones de reconstrucción de “instituciones, sociedad civil, economía y fuerzas de seguridad” de varios países, entre ellos Haití y Panamá.

A diferencia de Afganistán, que fue invadida en 2001, Estados Unidos ya ha invertido millones de dólares en numerosos proyectos de “ayuda” en Haití para “poner en pie las instituciones” desde aquella temprana ocupación a comienzos del siglo veinte. Entre las “ayudas” estuvo el apoyo a la brutal dictadura de la familia Duvalier que gobernó entre 1956 y 1986, y los millones de dólares que fueron a la “reconstrucción” después del terrible terremoto de 2010 sin que los resultados estén a la vista.

Haití continúa siendo el país más pobre de América a pesar de toda la “ayuda” de los Estados Unidos. Más allá que demócratas y republicanos se arrogan el derecho de llevar adelante tareas de “reconstruir” países sin haber recibido un mandato de Naciones Unidas, algo falla en estas “reconstrucciones” que no favorecen a las poblaciones locales. Afganistán y Haití pueden dar fe de ello.

Reproducido de www.rebelion.org

Hay que seguir protegiéndose

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El aumento de casos de contagio por COVID-19 forzó a que el gobernador emitiera este lunes una nueva Orden Ejecutiva imponiendo más restricciones para contrarrestar el avance de contagios. Según la página del Departamento de Salud (DS), en este mes de agosto, el número promedio de casos por COVID-19 era de 372 casos.

Pero la doctora en epidemiología Cruz María Nazario reiteró en entrevista con CLARIDAD su cuestionamiento sobre la veracidad de los números sobre el COVID- 19 que informa el DS. Para ella, hay dos elementos que le hacen pensar que ese no es un número real. Uno, el hecho de que se están haciendo menos pruebas. Señala que no se puede saber cuántos casos hay en la comunidad esperando solo los resultados de los laboratorios, porque si se están haciendo menos pruebas en los laboratorios, se van a identificar menos casos. Y dos, que no hay un sistema de vigilancia que evalúe cuál es el nivel de contagio comunitario.

En esa dirección señaló que en un sistema de vigilancia comunitaria, uno verdadero, no los que se establecieron en los municipios, se hacen pruebas en la comunidad, independiente de que la persona tenga síntomas o no. Insistió en que solo haciendo pruebas es que se puede identificar cuál es el verdadero nivel de personas contagiadas en la comunidad y saber si se está en un nivel crítico o no. “Así que por esa razón me parece que ese número de casos que está disminuyendo no debe ser real, porque es solo de las personas que necesiten un certificado por una razón particular o que tengan síntomas y lleguen a un hospital o a una sala de emergencia para que le hagan la prueba”, afirmó.

La profesora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico insistió en que los números del DS ofrecen una mirada sesgada del número de contagios. Explicó que si los que van a un hospital es porque tienen síntomas y el país lo que tiene es una tasa de vacunación de 62 %, con este por ciento es posible que aquellas personas vacunadas que se contagien desarrollen síntomas leves o pocos específicos. Es decir, por lo tanto, que no van a ir a un hospital.

Aclaró que esa cifra de vacunados es de cuando el DS hacia un informe semanal, y el último, que fue en mayo 21, decía cuántos casos positivos fueron entrevistados. En ese último informe se encontró que el 50 % de los vacunados decía que el síntoma que tenía era dolor de cabeza. La doctora Nazario cuestiona cuántas personas con dolor de cabeza van a ir hacerse una prueba. El 44 % decía tener dolor muscular, un 48 % dijo tener tos y congestión nasal. Según ella, la gente con esos síntomas no va a un laboratorio. La razón por la cual la gente va a un laboratorio a hacerse la prueba es porque quiere identificar algún contacto o porque se la piden por alguna otra razón, dijo.

De otra parte, las personas, sobre todo los vacunados, que hayan desarrollado síntomas leves aunque estén positivas y sean capaces de contagiar a otros, muy posiblemente no van a hacerse una prueba. Por ese ángulo, apuntó, se está perdiendo el poder saber cuál es el número real de casos de COVID-19 en el país.

La epidemióloga indicó que ya se sabe que el aumento de este último pico de contagios que se está observando empezó 14 días después de que comenzó una apertura total, se declaró que los vacunados no tenían que usar mascarillas y se dieron otras indicaciones que no ayudaron a controlar la transmisión. Recalcó que el repunte de contagios luego del 4 de julio es uno casi al nivel de lo que pasaba en noviembre pasado cuando se estaba en pleno apogeo de la pandemia. “Hay que mirar cuál es el efecto de cada una de estas ordenanzas en el control o descontrol de la pandemia en Puerto Rico”, insistió.

En términos de orientación sobre los propósitos de la vacuna dijo creer que se ha fallado en las recomendaciones para los vacunados y los no vacunados. Expuso que la evidencia es que las personas vacunadas se están contagiando con la variante Delta lo mismo que los no vacunados. Esto quiere decir que la vacuna no protege contra el contagio, por lo que el mensaje tiene que ser el insistir en el uso correcto de la mascarilla para prevenir el contagio. Recordó que la transmisión del virus se da por medio de las gotas de saliva que se quedan en el aire, sobre todo la variante Delta, la cual ha demostrado que tiene una capacidad mayor de contagio porque tiene más carga viral, comparada con las otras variantes del virus.

“En este momento, el mensaje, si queremos controlar la transmisión tiene que ser el uso de la mascarilla, el evitar ir a lugares donde haya aglomeración, lugares cerrados donde no sabemos si el aire acondicionado está limpio y tiene la capacidad de circular. Si el mensaje tiene como propósito reducir el contagio, tiene que ir dirigido a que se sigan las recomendaciones que evitan el contagio y el lavado de manos, independiente de si se está vacunado o no”.

Por otro lado, si el objetivo del gobernador fuera proteger el sistema de salud, que no haya personas con condiciones severas, de uso de cuidados intensivos, entonces la fuerza del mensaje tiene que ir dirigido a que más gente se vacune, ya que esta protege contra una enfermedad severa que requiera una hospitalización y cuidado intensivo, añadió.

La definición de vacunados fue otro aspecto sobre el que llamó la atención respecto a los números que da el DS. La definición de vacunados, denunció, no es como lo tiene la página del DS, de que el 80 % tiene una primera dosis. Insistió en que esa cifra no quiere decir nada y que es un anuncio del DS para explicar administrativamente que están poniendo dosis. Aclaró que si se quiere hablar de personas vacunadas hay que decir que el 62 % de los puertorriqueños presuntamente tiene su serie de vacuna completada, lo que significa las dos dosis. Esto, independiente de cuál de las dos vacunas que hay contra el COVID-19 sea. Añadió que todavía en el país no hemos llegado a la llamada inmunidad de grupo, que se supone que sea el 85 % de la población.

Sobre la vacunación y desarrollo de nuevas variantes, aclaró que el desarrollo de nuevas variantes ocurre cuando una persona contagiada contagia a otra y al pasar el virus a esa otra puede haber un error en la replicación en el genoma del virus. Eso es independiente de si se está vacunado o no. Si una persona vacunada contagia a otra y el virus comete un error en su carga genética en la transmisión, lo que sucede es que ese error puede convertirse en lo que se llama una variante de preocupación.

La doctora Nazario afirmó que las nuevas variantes en todo el mundo no han sido de gran preocupación porque se han convertido en unas variantes débiles que no han perdurado. Lo contrario lo ha sido la variante Delta, que sí mejoró su replicación. Explicó que la variante Alfa tarda más días en replicarse dentro del cuerpo que la Delta. Una vez entra al cuerpo, la variante Delta tiene en tres a cuatro días suficiente carga viral para contagiar a otras personas.

Aunque mientras más vacunados haya, menor debería ser la posibilidad de contagiar a otros, de lo que depende que una persona contagie a otras no es de la vacuna, sino de las reglas de higiene. Por lo tanto, siempre que alguien se contagia se puede promover la replicación de nuevas variantes.

No obstante. la vacunación es una de las mejores herramientas para evitar la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por COVID-19, además de tener un buen sistema inmunológico, de protegerse no exponiéndose y practicar las reglas de higiene, subrayó.

El Departamento de Salud debe mejorar su estrategia para la vacunación

La doctora Nazario dijo que es bueno insistir en la vacunación y en que se presente la tarjeta de vacunación en lugares si el objetivo es reducir el número de hospitalizaciones, el número de personas en cuidados intensivos y prevenir una crisis hospitalaria en que los médicos tengan que decidir a quién le van a dar una cama y a quién no.

Pero contrastó que si ese es el objetivo, la tasa de vacunación por día es apenas de un 2 %. Es decir, que no se está avanzando en la vacunación y, contrario a lo que divulgan algunos medios, todavía los que se mueren son las personas mayores. “Vemos que en el informe de vacunación hay un 25 % de mujeres mayores de 80 años que no están vacunadas y un 30 % de hombres mayores de 80 años. Entonces, les echamos la culpa a los jóvenes. Hay un 32% de hombres entre 20 a 30 años que no se ha vacunado y un 25 % de mujeres de 20 a 29. Si usted quiere aumentar la tasa de vacunación hay que ir a esos grupos de vacunación”.

Observó que sí hay municipios que han vacunado casi el 90 % de sus adultos mayores, pero expresó que es necesario hacer una campaña de vacunación entre los grupos poblacionales que se debería estar atendiendo, que son las personas mayores de edad. En el caso de los jóvenes, sugirió que hay que acercarse a sus centros de trabajo debido a que muchos tienen tres y cuatro trabajos.

Otra preocupación que le provoca la información de la página del DS es que observa que no hay consistencia en las decisiones que se toman y una gráfica que indica los números de contagio. Pero cuando se ve el mapa a nivel de Puerto Rico, lo que se observa es que en términos de la incidencia, del riesgo de contagio en la comunidad, no hay ningún municipio que tenga una tasa de incidencia menor de 10 por cada 100 mil habitantes, que es la medida que se ha señalado es requerida para decir que se ha controlado la pandemia.

Según la información, dijo, el pueblo con menos incidencia, Guayanilla, tiene un 17 %, lo que todavía es más alto de lo que se considera como nivel no crítico. “En términos de nivel crítico tenemos más del 70 % de los municipios con unas tasas altísimas, a nivel crítico. A nivel de lo que se ve por municipio, es un mapa casi pintado de rojo de niveles críticos de contagio comunitario”.

Lo mismo se ve en las tasas de positividad. Una tasa de positividad de 11 % en la Isla está lejos de lo que recomienda el CDC (Centro para el control y Prevención de Enfermedades) para declarar que se ha controlado la pandemia. La tasa que se recomienda es de menos de 5 %, “pero como no se están haciendo pruebas, crea duda la información que provee el DS en su página oficial. No permite llegar a conclusiones correctas. Espero que Salud atienda con una mirada científica lo que pone en su página”.

 

 

 

 

 

 

Mirada al País:Reflexiones sobre nuestra lucha

 

Especial para CLARIDAD

La última semana del mes de agosto y las primeras del mes de septiembre nos traen a la memoria y la acción varias fechas para conmemorar o repudiar. El 30 de agosto de 1985 se desató  sobre decenas de puertorriqueños una brutal represión dirigida a desarticular las acciones que organizaciones políticas en Puerto Rico y en la diáspora llevaban a cabo para adelantar nuestra lucha de liberación.

Este mes de agosto nos recuerda que la nefasta Junta de Control Fiscal lleva cinco (5) años operando en el país al amparo de los poderes imperiales y el interés económico de inversionistas, bonistas y empresarios, todos representantes del capital norteamericano. El primer lunes de septiembre intenta menospreciar la gesta de lucha y sacrificio que la clase obrera conmemora cada 1ro de Mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora. El gobierno norteamericano declara festivo cada primer lunes de septiembre como Día del Trabajo para no reconocer el protagonismo del ser humano dentro de ese valor social.
En estos días miles de empleados públicos y pensionados del gobierno reciben un material para que expresen su opinión sobre el Plan de Ajuste que la Junta ha presentado como hoja de ruta final para pagar la «deuda» en favor del capital.

En la colonia las respuestas son diversas y dispersas. Sobre todo cuando vienen de un sector que uno aspira a que pueda tener un grado de concertación y visión estratégica. La realidad es que estamos sujetos al dictamen imperialista, «divide y vencerás», y como tal actuamos.

En primer lugar, la represión del 30 de agosto de 1985 todavía prevalece por medios abiertos o sofisticados y el movimiento independentista busca expresarse en todos los espacios posibles para actuar, pareciendo a veces que no hay capacidad para golpear al enemigo donde le duele.
La realidad es que la base ideológica que nos llevaba a organizarnos ha sido debilitada y debe ser construida por aquellos y aquellas que han asumido este compromiso. La clase trabajadora no está organizada desde una visión de izquierda y enfrenta los retos del capital en un escenario legalista o mediante piquetes y marchas que no ponen en riesgo los intereses económicos.  Así continuaremos celebrando muchos primeros de septiembre en lugar de muchos 1ro de Mayo.

Mientras algunas organizaciones políticas convocan a enfrentar la presencia de la Junta con una marcha en la zona del Condado el 31 de agosto, otras organizaciones sindicales marchan hacia la sede de la Junta el primer lunes de septiembre. ¿Es difícil coordinar un solo acto? Si, lo es cuando no existe voluntad. Se ataca la Junta pero se acepta su presencia. Se denuncian sus actos, el negocio que representan, lo nefasto que son para el pueblo pero se legitima su presencia cuando se combate desde el tribunal, se recurre al cabildeo en el Congreso imperial y se pide auditar la deuda reconociendo cierta legalidad y la posibilidad de mejores acuerdos.

Otro elemento real es el interés electoral que se promueve hacia las elecciones del 2024. Ello nos lleva a la dispersión del movimiento independentista y su incapacidad para incidir e influenciar en la masa trabajadora. Hace cincuenta años, cuando el Movimiento Pro Independencia se convierte en Partido Socialista Puertorriqueño y el Partido Independentista Puertorriqueño instaba «arriba los de abajo», la clase obrera encontraba alternativas sindicales y políticas.

Hoy, el reclamo de un mísero aumento al salario mínimo proviene de partidos coloniales mediante una legislación trunca y nebulosa. Y los sindicatos no se escuchan. No hay propuesta organizativa, no se presentan como propuesta para transformar la sociedad.

El 12 de septiembre celebraremos el natalicio de Don Pedro Albizu Campos. Una marcha contra la estadidad y por la descolonización ha sido reprogramada para ser realizada el mismo día. Razones suficientes para debatir, disentir y dividirnos una vez más.

Vendrán nuevas oportunidades para aprender de lo caminado, mejorar nuestras propuestas y llenarnos de esperanzas. No obstante, tenemos que reconocer las debilidades, errores y limitaciones que padecemos para poder crecer. Esta reflexión tiene el objetivo de motivarnos a ser mejores en todo, distinguirnos de los colonialistas y poder cumplir los objetivos sociales y políticos a que aspiramos.

Dedican a María Dolores “Tati” Fernós la Asamblea Anual del Colegio de Abogados y Abogadas

 

 gortiz@claridadpuertorico.com

Especial para Claridad

Bajo el lema “Los rostros de la violencia”, del 6 al 11 de septiembre de 2021, se celebrará la Convención y Asamblea Anual 181 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, según ha anunciado la presidenta actual del colectivo, la licenciada Daisy Calcaño. Por todo lo que ha aportado a la práctica del Derecho en Puerto Rico a través de sus más de 50 años de servicio, sobre todo desde las áreas de vivienda pública y derechos para las mujeres, será la licenciada María Dolores “Tati” Fernós a quien le dediquen la Asamblea, que en esta ocasión y ante la pandemia que aún enfrentamos, será en formato híbrido.

En entrevista telefónica con CLARIDAD, la homenajeada expresó sentirse sorprendida por ese reconocimiento que le otorgan. Sin embargo, su trayectoria profesional al servicio de los derechos humanos comprueba que este homenaje lo tiene más que merecido. Desde que comenzó su carrera laboral en Servicios Legales de Puerto Rico en 1971 hasta el presente, cuando colabora voluntariamente en varios colectivos feministas, Fernós ha utilizado el Derecho como una herramienta importante para lograr cambios sociales y atender las luchas que ha impulsado junto a compañeras y compañeros que trabajan a favor de la justicia y la equidad.

Recuerda Fernós que fue a principio de los ’70 y durante su tercer año de estudios en Derecho cuando comenzó la experiencia práctica en Servicios Legales de Puerto Rico, organismo inaugurado hacía poco para aquella época y auspiciado por el Colegio de Abogados. “Llegué a practicar en momentos en que había sobre la mesa una demanda de Servicios Legales en representación de los residentes de Piñones en Loíza porque había un desarrollo de un mega proyecto que implicaba sacar a un montón de familias de sus residencias”, contó la licenciada.

“A mí esos temas de [expropiaciones y derecho a vivienda] siempre me han parecido cruciales en la vida de los pueblos y en las estrategias que se tienen que desarrollar para que la gente no sufra tanto”, dijo quien con la otorgación de la beca Reggie fue que comenzó en Servicios Legales. “Estaba el movimiento del rescate de terrenos en su momento más álgido. Me había convencido de que tenía que envolverme en el área de vivienda y esa terminó siendo mi área de especialización por los 20 años que estuve en Servicios Legales”, recordó.

En este organismo también formó parte de la Unión independiente de empleados de Servicios Legales, en donde abogó porque el convenio colectivo tuviera cláusulas que velaran por los derechos laborales de las mujeres. “Me designaron para estar en el primer comité negociador del primer convenio colectivo. Me encargué de que hubiera cláusulas que no estaban en ningún convenio de la época: para la lactancia, para el derecho al aborto, para adopciones, todas esas situaciones de salud de las mujeres que ameritaban que se trataran de forma diferente a las de cualquier otro trabajador”.

 

Fernós expresó sentirse muy orgullosa de lo logrado desde ese espacio sindical porque no se veía ni entendía que las mujeres trabajadoras necesitaban (necesitan) un apoyo para desarrollarse cuando tenían (tienen) tantas otras responsabilidades impuestas socialmente.

Otro de los puestos de liderato que ha ejercido y desde el que ha ejecutado el Derecho para adelantar los caminos que considera más justos fue como directora de la Unidad de litigio de la Oficina legal de la Inter Derecho en 1993. Allí se les permitía a estudiantes de Derecho adentrarse en la experiencia práctica. Fue en 1998 cuando asumió en la Inter la responsabilidad de ser profesora a tiempo completo de cursos que combinaban el Derecho con el cambio social, la vivienda o la pobreza.

Legislaciones a favor de los derechos de las mujeres

De igual manera, otro momento importante en su trayectoria profesional fue cuando, bajo el gobierno de Sila María Calderón, dirigió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que se acababa de poner en vigor porque “habíamos pedido esa legislación y la Gobernadora quiso que se aprobara durante los primeros 100 días de su mandato”. Quedó constituída, entonces, como la Ley 20 del 11 de abril de 2001.

La idea de la conformación de una procuraduría que tuviera poderes de fiscalización surgió dentro de la Comisión de Asuntos de la Mujer, desde donde se venían logrando legislaciones importantes con relación al hostigamiento sexual y la violencia doméstica.

María Dolores Fernós describió las semejanzas y diferencias entre el momento en que se consolidó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el actual, cuando se decretó un Estado de Emergencia ante la ola de violencia de género que nos arropa. “En aquel entonces, las ayudantes legislativas de la gobernadora Calderón coincidieron con los reclamos de las mujeres. Ahora, aunque hay muy buenas compañeras dentro del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), es más difícil porque hay más resistencia [en la Legislatura] con Proyecto Dignidad que lo que nosotras tuvimos en nuestro tiempo. Siempre había machismo, pero no con el odio fuerte que estamos viendo en estos momentos”.

Y continuó aseverando la licenciada: “No ha habido retrocesos en términos de legislaciones. Donde ha habido cambio es en que los grupos machistas fundamentalistas religiosos no estaban organizados en contra de nuestra lucha. Lo que tenemos que enfrentar ahora es un sector muy de derecha, muy conservador, muy retrógrada y con mucho foro y poder económico”.

Reflexiona su trayectoria desde su retiro laboral

En el presente, tras haberse retirado del mundo laboral, reflexiona sobre la oportunidad de vida que ha tenido de poder aunar las luchas personales con el trabajo social gestado y ejecutado.

“Lo maravilloso para mí es que veo la importancia de haber adquirido la experiencia de más de 50 años como abogada y activista feminista y social porque, ahora, participo (y aporta) en distintos grupos voluntariamente. Estoy en las juntas directivas de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, la Fundación Comunitaria, el Proyecto 85, y veo que mi experiencia ayuda en las reflexiones que hacemos en las reuniones”, comentó.

Concluyó que, en este momento, su fuerza y la de las organizaciones que abogan por hacer valer los derechos de las mujeres en Puerto Rico está en una nueva generación educada, que tiene más conciencia de que la violencia por razón de género es inaceptable. “Siempre hemos dicho que es importante incorporar al movimiento jóvenes. Hace algunos 10 años que se ven esas jóvenes, incluso ahora hay muchas más voces masculinas valientes y educadas hablando sobre igualdad, equidad, y perspectiva de género.