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Aires de huelga para este próximo inicio de clases asoman en la Universidad de Puerto Rico (UPR) si no se resuelve la controversia entre el Sindicato de Trabajadores (ST-UPR) y la Administración Central, que insiste en negarle al sindicato negociar su propio plan médico.

En conferencia de prensa ante los portones del Jardín Botánico, donde ubica la Administración Central (AC), el presidente del sindicato, David Muñoz Hernández, junto a miembros de la Junta Directiva y centenares de miembros del gremio denunció que ese organismo de la UPR pretende despojar al sindicato del derecho que tienen a tener su propio plan médico. “Al día de hoy, ya por espacio de cuatro décadas, el sindicato siempre ha tenido el derecho bajo convenio a tener su propio plan médico, libre de costos para todos los trabajadores y con mejores beneficios que el plan institucional”.

Muñoz Hernández desmintió declaraciones de la AC de días antes, de que el sindicato había accedido a que se le incluyera en el plan institucional. Por el contrario, catalogó la decisión de la Junta de Gobierno (JG) de unilateral e ilegal, “que simplemente se reunió y decidió regalarle cinco millones de dólares a MCS”.

El líder sindical presentó copia de la certificación 129 de la JG, en la cual dice que esa parte del convenio quedaba sin efecto. Narró que distinto a lo que ha ocurrido en el año anterior, en que siempre se respetaba el convenio colectivo, la administración universitaria, en este caso la JG, decidió dejar sin efecto esa parte del convenio 30 días antes de que entrara en vigor el nuevo periodo de contrato del plan médico. Afirmó que el sindicato ya había negociado con la aseguradora Triple S, que tiene mejores beneficios, una cubierta mucho más amplia a un costo más bajo que el plan institucional. Además de la acción unilateral, la AC les dio hasta el 15 de julio a los trabajadores para firmar y aceptar el plan.

Ante la acción de la JG, el sindicato dio a conocer que presentaría un recurso legal. “Pero más importante que el recurso legal es que nosotros no vamos a dejar que la Universidad de Puerto Rico continúe abusando de los trabajadores. Si ellos quieren regalarle el dinero del pueblo, no vamos a permitir que lo hagan”.

El presidente del ST-UPR fue enfático en señalar que resulta inexplicable que la UPR, que ahora mismo atraviesa la peor situación fiscal de toda su historia, rechace la propuesta que el Sindicato negoció con la aseguradora Triple S, que le economiza $5 millones a la institución. “Estamos hablando de que hasta los otros días la administración universitaria decía que se le hacía difícil operar con los recortes. No vemos razón alguna que justifique el porqué entonces prefiere que todos los trabajadores estén bajo el mismo plan cuando van a pagar mas. Precisó que el plan institucional cuesta $630 dólares por trabajador. Muñoz Hernández dijo que el sindicato le presentó una propuesta a la administración, que está alineada con lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) quiere, que le ahorra casi $55 dólares mensuales por empleado. Eso significa que si fuese extenderle el plan que negoció el sindicato le ahorraría $5 millones a la UPR: “¿Por qué pagar más por menos? ¿Por qué la UPR toma la decisión en este caso de regalar cinco millones a MCS?”, cuestionó.

Ante esas interrogantes, manifestó: “Mi sospecha es que alguien se está beneficiando de esta acción. Pero sobre todo, hoy tomamos una decisión de que si esto no se resuelve en un periodo de tiempo, el Sindicato va a paralizar. Si piensan que va a haber clases presenciales, no vamos a esperar que llegue el fin de mes. Están diciendo que si no firman ahora, el día primero de agosto se quedan sin plan médico. Todavía la administración universitaria no le ha dicho a nadie cuánto va a costar el plan médico. El 1ro. de agosto quieren que todo el mundo llene un cheque en blanco ¿para beneficiar a quién? Hay que preguntárselo a ellos”.

El sindicato llamó la atención a que muchos de sus trabajadores devengan el salario mínimo de $7.25 la hora y muchos de ellos trabajan entre 30 y 35 horas semanales, además de que son plazas temporeras o por contrato. Sin embargo, ha sido el único grupo de trabajadores que se ha mantenido en modo presencial durante toda la emergencia de la pandemia. Muñoz Hernández describió que la UPR se está convirtiendo en el semillero de la pobreza: “Gran parte de la población en Puerto Rico piensa que los trabajadores de la UPR ganan muchísimo dinero. Ahora tendrán que pagar deducibles mayores en todos los renglones. ¿Por qué quitar beneficios a los trabajadores?”, cuestionó.

Se supone que el sindicato que agrupa a los trabajadores de mantenimiento de la UPR es el único grupo de trabajadores, de acuerdo con la Ley Universitaria de 1966, que goza de reconocimiento legal para negociar un convenio colectivo. Eso significa que la UPR está impedida de enmendar o cambiar el convenio de manera unilateral, ya que sería ilegal. “La Junta de Gobierno nunca se ha reunido con nosotros, no se ha negociado un nuevo convenio. No hemos negociado porque ahora mismo las condiciones no son favorables para negociar un nuevo convenio, porque sería más favorable para el patrono que para los trabajadores”, reconoció Muñoz Hernández. Observó que recientemente un juez del Tribunal de Primera Instancia reafirmó que el convenio del sindicato goza de reconocimiento de ley y que el convenio colectivo está bajo la ley.

A la interrogante de si la acción pretendía ser una medida de presión para ir disminuyendo el sindicato y privatizar sus tareas, los trabajadores respondieron a coro que no, eso ya estaba pasando en los 11 recintos. Varios de los presentes dijeron que estaba pasando en sus recintos, como Aguadilla, Utuado, Arecibo y Humacao.

“Es más que evidente que gran parte de estas acciones que están tomando es porque quieren convertir la cepa en un bonsai”, comentó Muñoz Hernández. Precisó que hace unos años el Sindicato representaba a 1,500 trabajadores y ahora le quedan escasos 1,200, los cuales hacen el mismo trabajo. “Cada día somos menos y nos pagan menos. Lo que quieran es subcontratar”.

A los miembros del sindicato, que es el grupo de trabajadores con el menor ingreso en la UPR, la administración les retiró el beneficio de exención de matrícula para ellos, sus hijos o cónyuges. El presidente del sindicato indicó que contaban con ese beneficio desde la década del 50, y la JG lo eliminó; pero nunca emitió una certificación al respecto, por lo que también está en disputa legal. “Tenemos la certeza en ese caso de que va a prevalecer, de que tienen que volver a garantizarlo. El convenio es parte de la ley universitaria”, insistió.

En tanto, respecto al plan médico, Muñoz Hernández reiteró: “Exigimos una aclaración de la Administración Central y le exigimos al presidente de la Junta de Gobierno, Ing. Emilio Colón, que demuestre cuáles son las supuestas economías del plan uniforme o de lo contrario que renuncie inmediatamente”.

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Haití es el olvidado de América. Cuando pensamos en el continente pocas se le incluye, a pesar de que allí surgió la primera nación independiente de lo que hoy llamamos América Latina. Mientras en el resto del Caribe, Centro y Sur América se seguía rindiendo pleitesía a las monarquías europeas, y millones de seres humanos seguían padeciendo la esclavitud, en Haití se levantaba el primer territorio verdaderamente libre de todo el continente. En el Norte había otra república que también se proclamaba “libre” aunque no lo era, porque sometía a gran parte de su población a la peor de las servidumbres.

Su victoria frente al colonialismo francés la lograron solos, porque nadie acudió en su ayuda. Los del Norte, que ya eran independientes, temían que su lucha resonara en su población esclava, mientras que su entorno caribeño y en el Sur prevalecía el colonialismo y también la esclavitud. Sólo el rigor del trópico los ayudó, minando de enfermedades al ejército de Napoleón.

Cuando Hispanoamérica – desde México hasta Argentina – comenzó su puja por la independencia, sus líderes, incluyendo a Simón Bolívar, pensaron que podían contar con la ayuda de la nueva república de América del Norte, Estados Unidos, que había nacido de un proceso similar. Pero de allí llegó muy poco, sólo algún comercio esporádico. Aquel Norte blanco, que seguía basando su economía sobre el trabajo esclavo, después del estallido liberador en el Saint Domingue francés miraba con sospecha y miedo cualquier movimiento que pudiese “contaminar” a su gran masa trabajadora. Preferían la continuidad del dominio de España, con quien negociaban la compra de la importante península de Florida, a tener que lidiar con ejemplos parecidos a Haití.

El Norte, grande y poderoso no ayudó a sus vecinos de Centro y Sur América, pero el pequeño Haití sí estuvo dispuesto a compartir lo poco que tenía. No obstante, cuando se habla del proceso que condujo a la independencia de Hispanoamérica, particularmente de la región que Simón Bolívar bautizó como Gran Colombia, pocas veces se destaca el importante papel que tuvo la solidaridad haitiana. Esta se produjo en 1816 en un momento crucial, cuando Bolívar, derrotado en sus primeros intentos, se refugió en el Caribe. Anduvo por Jamaica, Barbados y otras islas, pero fue en Haití donde encontró mucho más que palabras de aliento. Los párrafos que siguen están tomados de Bolívar, una extensa biografía del Libertador que la académica y periodista Marie Arana publicó en 2013 en inglés y en 2020 en español. Los párrafos resumen lo ocurrido cuando el futuro Libertador recaló en territorio haitiano en busca de ayuda.

“El presidente haitiano le dio a Bolívar una calurosa bienvenida. ‘De inmediato me sentí atraído hacia él – contó en una carta – pude sentir su grandeza’. Pronto le ofreció al Libertador su apoyo total. Cuando Bolívar dijo que retribuiría a Pétion nombrándolo mecenas de la independencia de Hispanoamérica, el presidente replicó: ‘No pronuncies nunca mi nombre; mi único deseo es ver libres a los pueblos que gimen bajo el yugo de la esclavitud. Haced libre a mis hermanos y quedará pagada.’…

“En cuestión de días había recibido todo lo que necesitaba para organizar una nueva invasión: mil armas, treinta mil libras de pólvora, una flota de siete barcos y todos los capitanes y marineros necesarios para hacerse cargo de ellos. No era el apoyo extenso y poderoso que había esperado de Gran Bretaña o de Estados Unidos, pero suficiente para intentar un reingreso. Bolívar preparó con diligencia la expedición, alentado por la fe de su nuevo mecenas, Pétion….

“La expedición zarpó de Haití el 31 de marzo (de 1816). … La travesía completa demoró un mes, pero finalmente, el 2 de mayo abandonó las agitadas aguas para atracar en Isla Margarita. Allí Bolívar proclamó el nacimiento de la Tercera República de Hispanoamérica.”

Más tarde, en ese mismo año de 1816, Bolívar volvió hasta donde el presidente Alexandre Pétion en busca de ayuda y volvió a encontrarla. En esa ocasión, igual que en la primera, también contó con tropas haitianas que regarían su sangre en tierras suramericanas. Tras esta segunda expedición ya no tuvo que volver al Caribe a gestionar solidaridad y muy pronto se ganaría con su lucha el título de Libertador.

Aquel Haití solidario, liderado por Alexandre Pétion, nunca le pasó una factura a América por su crucial ayuda. No tenían riquezas, como lo blancos poderosos del Norte, per sí un genuino compromiso con la libertad que los llevó a compartir lo poco que tenían. Tal vez los latinoamericanos de ahora, en 2021, podamos aprender de aquella generosidad y tratar de ser solidarios con Haití.

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Los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) están concebidos con todo el propósito de disminuir su capacidad y favorecer a las universidades privadas. Es consenso en la comunidad universitaria, con excepción del ahora destituido presidente de la UPR y de la Junta de Gobierno, que el presupuesto de apenas $501 millones que le ha asignado la Junta no es suficiente para que la Universidad continúe su función como hasta el presente.

Si es evidente que las intenciones de la JCF quedan comprobadas en el presupuesto, vale traer a la atención que también están contenidas en el documento, “UPR Demographic Challenges: Adjusted by the Puerto Rico Fiscal Plan Demographics Projections”, preparado por la firma Advantage Business Counsulting.

El estudio de febrero del 2018, conducido por el demógrafo agrícola Lyman Stone, recibió críticas en su momento por considerar que sus proyecciones demográficas no eran correctas. Aunque los demógrafos en la isla reconocían que había un decrecimiento poblacional para el 2016, 2017 y post María, las de Stone fueron muy controvertidas porque estimaban una baja poblacional de hasta 19.4 % en una década.

La Junta utiliza este estudio y toma como punto de partida la idea de que en el 2020 en la isla habría menos de 3 millones de habitantes para construir un argumento de que por lo tanto a la UPR no se le debe permitir mantener su matrícula. Argumenta que eso tendrá como resultado una caída en la calidad del estudiante que reciba. Además, el documento dice que si se permite que la UPR se mantenga con su presupuesto y 11 recintos las universidades privadas, a las que menciona por su nombre, se verán afectadas por no tener inversiones exitosas. Por lo tanto, el documento sostiene que hay que reducir la UPR para no afectar al sector privado.

Como han denunciado la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y los representantes estudiantiles, aunque el gobernador le asignó $94 millones, que fue la cantidad que recortó la JCF en el presupuesto del 2021-22, lo cierto es que contrario a lo que ha dicho el expresidente Haddock Acevedo, de que el presupuesto es manejable, ese dinero no lo puede utilizar como quiera porque son fondos federales del American Rescue Plan Act (ARPA), por lo que no son fondos recurrentes. Tampoco la presidencia puede utilizar como quiera los $100 millones del Fondo Dotal ni los fondos de investigación, ni los cerca de $900 millones en fondos externos restrictos.

El Recinto de Ciencias Médicas

A primera vista, el recinto que parece más afectado por los recortes de la JCF es el Recinto de Ciencias Médicas (RCM). Un miembro de ese recinto precisó a CLARIDAD que ni el rector ni la presidencia pueden disponer, por ejemplo, del dinero asignado para suplementar el pago de los 100 empleados del Plan de Práctica para Medicina. Si no hay médicos que supervisen a los estudiantes, no se puede tener un programa de práctica. Ese suplemento que se les da los médicos más allá de la escala básica es para que sea un sueldo no competitivo en el mercado y aceptable para ellos trabajar en la UPR. Aun así el 20 % de lo que se recauda del plan de práctica lo recibe la Universidad.

Aun siendo la universidad del Estado, un graduado en medicina del RCM al terminar tiene una deuda promedio que ronda los $60 y $70 mil. Esto va desde aquellos que sus padres pueden pagar, a estudiantes que lo han tomado todo prestado, que salen con $150 mil de deuda. Con los aumentos decretados por la JCF el costo de estudiar medicina en la UPR ha subido de $12 a $30 mil al año.

Mientras, la pretensión de reducir la matrícula y eliminar recintos incide en la posibilidad de que jóvenes graduados de la UPR puedan entrar al RCM, debido a las limitaciones de los entes acreditadores. Por ejemplo, la Escuela de Medicina está limitada a aceptar estudiantes en proporción a su facultad. El programa de medicina tiene que tener una proporción de entre 5 a 10 estudiantes por profesor, de supervisión directa en los años clínicos. En los años básicos, la proporción está limitada por la acreditación, por lo que no se pueden coger más de 110 estudiantes al año.

Igual la Escuela de Enfermería. Cuando los estudiantes están en la clínica no puede haber más de 12 estudiantes por profesor para supervisar. En la Escuela de Medicina Dental la supervisión es casi de uno a uno, ya que la supervisión es de manera directa. Comparado con otros recintos, el RCM   requiere una proporción de profesor por estudiante que no es la misma que la de estudiante por salón.

A la JCF le puede parecer poco el número de estudiantes que puede recibir la Escuela de Medicina. El número típico de solicitudes que recibe al año son alrededor de 900. De estas, se completan entre 400 a 500 y de ahí se entrevistan entre 160 y 200 para escoger 110. Este año, dijo la fuente, debido a la pandemia, han tenido la dificultad de que los estudiantes se han atrasado en tener acceso a los talleres clínicos para hacer sus prácticas y solo se escogieron 102 estudiantes.

La fuente aseguró que el presupuesto para el RCM no va a dar y que, de hecho, el presupuesto anterior a duras penas daba para manejar los gastos de la UPR. Aunque es cierto que los recortes se han manejado sin despidos, las consecuencias, al menos en el RCM, han sido el que la facultad es una senior en rango y en edad. Esta realidad se refleja en todo el sistema. Ya en el 2015, el 50 % de los que cotizaban en el sistema de retiro de la UPR tenía más de 50 años.

Pese a que la Junta parece estar enfocada en el RCM, el presupuesto consolidado más alto siempre ha sido el del recinto de Río Pierdas, seguido de Mayagüez y después por el RCM. Pero la facultad del RCM que requiere recursos más costos es la Escuela de Medicina, la cual tiene un presupuesto más alto que cualquiera de los recintos subgraduados.

El parecer de la fuente de CLARIDAD es que ninguna de las universidades privadas de medicina que hay en la isla podría ocupar el espacio del RCM debido a la inversión gigantesca que se requiere.

La Universidad de Puerto Rico tiene dinero

 Hay que traer a este análisis el hecho de que la directora de la JCF, Natalie Jaresko el pasado año se atrevió a sugerir que la UPR se fuera en quiebra bajo el Título 3 de PROMESA. No hay por qué dudar de que Jaresko es consciente de que las consecuencias de esta declaración es que, según el reglamento del Departamento de Educación de Estados Unidos, una universidad que se declare en quiebra no puede ser acreditada ni tener ningún tipo de fondos federales.

“Siempre nos ha preocupado la posibilidad de que al no poder ejecutar el plan de debilitar a la UPR, la Junta haga lo que pasó en una universidad de Chicago, que la tiraron a la quiebra y al año la reabrieron con otro nombre y contrataron a los profesores sin plazas permanentes ni beneficios marginales. No había retiro estatal”. Nuestra fuente no descarta que la “sugerencia” de Jaresko fuese un intento de intimidar a los universitarios.

Sin embargo, la realidad también es que la Universidad de Puerto Rico tiene haberes que son codiciados. “Hay entre $1,500 y $4 mil millones que les quieren meter la mano”. Según los estados financieros, se tienen casi $900 millones en activos de propiedades entre los 11 recintos y la colección de arte está valorada en $150 millones. Propiedades como las cuerdas de terrenos que hay detrás del recinto de Río Piedras, el recinto de Aguadilla, al lado del aeropuerto, el recinto de Ponce, que está verja con verja con el centro comercial Plaza del Caribe. “Todos sus terrenos son de alto valor en el mercado”.

Aunque la ley de la UPR dice que solo la Asamblea Legislativa puede autorizar el cierre de recintos y la venta de sus activos, la artimaña autoejecutable es bajar los números de su presupuesto y crear la crisis económica. Todavía quedan $1,600 millones en el fondo de retiro en efectivo. “La Junta   está también detrás de ese en instrumentos de inversión. Y hay un presupuesto de $1,500 millones, que aunque son partidas especiales del Fondo General que llegan a la UPR en propuestas, cuando se suma hay entre $3,500 millones que hay quienes quieren meterle mano”, concluyó.