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Las organizaciones magisteriales Educamos, Federación de Maestros (FMPR) y el grupo UNETE catalogaron de traición el acuerdo al que llegaron (JCF) la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la American Federation of Teachers (AFT) con la Junta de Control Fiscal. En este se pretende elevar la edad de retiro de las y los maestros del sistema público a los 63 años de edad.

Las organizaciones constituidas en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) argumentan que el acuerdo fue uno obtenido en cuartos oscuros y a espaldas del magisterio y termina con las pensiones vitalicias del 75 % de los salarios para sustituirlas por un sistema que reduce dramáticamente el monto de estas. La medida aumenta la edad de retiro a 63 años y, a cambio, ofrece un bono de $3,000, que calificaron de soborno.

En entrevista, la presidenta de EDUCAMOS, Migdalia Santiago, explicó que ahora un maestro se puede retirar a los 50 años, si tiene 30 años de servicio, y tiene derecho a recibir el 65 % de la pensión. Cuando llega a los 55 años de edad y 30 años de servicio recibe el 75 %, que es el máximo de la pensión vitalicia. Es decir, que en la práctica, en la actualidad nadie se puede retirar con menos de 55 años para poder recibir una pensión vitalicia de 75 %.

En el caso de la negociación de la AMPR y la AFT, se subió la edad de retiro a los 63 años para recibir el 75 % de la pensión. Esto implica que un maestro o una maestra del sistema público que entró al sistema después del 2014 tendría que trabajar unos 43 años antes de poder retirarse. Los que tienen derecho a la pensión vitalicia del 75 % son los miembros del magisterio que entraron al Departamento de Educación antes del 2014.

Santiago trajo a la atención que en el 2019 la AMPR y la AFT ya habían logrado un preacuerdo con la JCF, que incluía en esencia lo mismo, pero con las salvaguardas de otorgarle a la AMPR cinco años de convenio colectivo. En ese periodo no se le podría retar el pago de los abogados de ambas organizaciones, un bono de Navidad, y en caso de que hubiese un sobrante en el presupuesto del DE, la JCF permitiría que se les otorgara una bonificación a los docentes. En tanto, les retiraba la oportunidad de utilizar los días que el docente tuviera acumulados por enfermedad para atribuirlos al tiempo de retiro.

En esa ocasión, observó Santiago, a la oferta del dinero no se le prestó atención porque no era lo más importante. En este nuevo preacuerdo la JCF ha ofrecido otorgar $3 mil dólares a cada maestro una vez voten a favor de la propuesta y la jueza Laura Taylor Swain lo apruebe dentro del Plan de Ajuste de Deuda (PAD). “Ese es el soborno: vende tu retiro por tres mil pesos; pero es siempre y cuando gane el sí”, repudió la portavoz del Frente.

La líder magisterial reconoció que para la gente que gana $1,750 al mes la oferta de recibir los $3 mil puede ser buena. También reconoció que como el acuerdo es para los maestros y maestras del 2014 en adelante, los cuales tienen el llamado plan de retiro de 4.01k, igual podría ser atractiva. Agregó que todavía no se sabe si podrán votar todos los maestros, independiente de que sean permanentes o transitorios. En la negociación de hace dos años solo votaron los permanentes. No obstante, al presente tienen la ventaja de iniciar con tiempo una campaña de orientación para que el magisterio rechace una vez más el acuerdo. La votación se supone sea el próximo mes de septiembre y según la JCF el acuerdo comenzaría en enero del 2022.

Los portavoces del FADEP, además de denunciar como una traición el acuerdo de la AMPR, censuraron el que este se haya dado justo cuando la Legislatura aprobó la Ley 7 del 2021 para un Retiro Digno. La ley crea un Sistema de Retiro Unificado para todos los empleados públicos, garantiza que no habrá recortes en las pensiones y permite las pensiones vitalicias de un 75 % de los salarios.
Además, establece la edad de retiro a los 55 años de edad y 30 de servicio y restituye los beneficios que le han sido arrebatados a los jubilados, conforme se consolide el sistema. “Garantiza también los servicios esenciales de salud, educación, seguridad, protección ambiental y desarrollo económico del país”, afirmaron los portavoces.

Los líderes magisteriales Edwin Morales Laboy, de la FMPR; Liza Fournier Córdoba, de UNETE, y Santiago aseguraron que “los educadores derrotaremos nuevamente a la Asociación de Maestros y la Junta de Control Fiscal federal y no permitiremos que se entregue nuestro retiro”. El acuerdo del 2009 fue derrotado 4,108 contra 3,207.