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¿No le parece a usted que estos legisladores, más ignorantes que malos y más presuntuosos que ambiciosos, nos habrán de conducir a la anarquía, y desde allí a la tiranía, y finalmente a la ruina? Yo lo creo así y estoy cierto en ello”. Simón Bolívar, Carta a Santander, 1821.

En las elecciones de 2020 el Partido Popular obtuvo el porcentaje de votos más bajo de su larga historia, 31.7%. No obstante, debido a la particular configuración de los distritos, y a la distribución del voto en ellos, logró controlar por la mínima las dos cámaras de la Legislatura. En la Cámara de Representantes obtuvieron mayoría, mientras que en el Senado controlan la presidencia gracias al apoyo de otras delegaciones.

Ese resultado electoral fue producto del descontento de los votantes con los dos partidos que se han repartido el poder colonial por más de cincuenta años, el PNP y el PPD. Ambos quedaron en mínimos históricos, mientras los otros partidos llegaron a cifras muy superiores a años anteriores. El resultado evidencia que una porción significativa de la masa electoral no ve diferencias entre los partidos que se proclaman “mayoritarios” y los engloba en el mismo nombre: “PNPPD”.

En la larga lista de señalamientos contra estos dos partidos – casi todos asociados con corrupción, nepotismo y pobre administración – sobresale su comportamiento en la Asamblea Legislativa. Entre los temas principales debatidos durante la campaña electoral de 2020, la corrupción en esa rama del gobierno estuvo en primer plano. Semanas antes de la consulta, gracias a una orden judicial gestionada por Eva Prados, candidata del MVC, la Legislatura fue obligada a divulgar su nómina de empleados y contratistas, quedando expuesta la podredumbre. El país miró con asombro la larga lista de trepadores políticos y familiares que vivían del presupuesto público, algunos con salarios superiores a $120 anuales. Si el PNP tenía alguna probabilidad de retener el control de la Legislatura, esta desapareció tan pronto se divulgó aquel listado.

Estando tan fresca esa experiencia, cualquiera esperaría algún ánimo de enmienda del PPD que, más que por carambola que por mérito, asumió el control legislativo. Pero con la mera selección de los presidentes de ambos cuerpos quedó claro que todo seguiría igual. Rafael Hernández Montañez, alias Tatito, y José Luis Dalmau, de cuestionable liderato y ambos con largo historial, se convirtieron en la “nueva cara” de la Legislatura.

El 30 de junio terminó la primera sesión de esa “nueva” Legislatura y la única diferencia con la anterior, que presidieron Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, es la ausencia de los aires de guapo de barrio del primero y los círculos de oración del segundo. En cuanto a la nómina de contratistas y empleados sólo cambió el color, pero peor aún ha sido el resultado.

Uno de los problemas más acuciantes del país, el de la violencia machista que asola las mujeres, quedó sin atención. El problema ya era grave, pero durante el semestre se hizo peor, quedando expuesto la necesidad urgente de comenzar a atacarlo en su raíz, que es la educación de la niñez. Sin embargo, los proyectos para obligar a educación con perspectiva de género, impulsados por las delegaciones del PIP, murieron en el olvido. En cambio, gastaron largos meses considerando un presupuesto que, en última instancia la Junta de Control Fiscal aprueba sola. Ese esfuerzo no fue más que un desesperado intento por lograr $5 millones adicionales para la cuenta de gastos de la Asamblea Legislativa. Si la Junta los complace tendrán otros $5 millones para repartir.

Esa falsa “batalla presupuestaria” para buscarse unos cuantos pesos adicionales retrata la ausencia de cambio, pero al final de la sesión presenciamos otros ejemplos. Uno de estos fue la decisión de José Luis Dalmau de considerar en secreto tres nominaciones altamente controvertibles que están pendientes desde hace meses. Con la excusa de que no hay tiempo para vista pública despacharon en “vista ejecutiva”, entre otros, los nombramientos de Jorge Díaz Reverón para juez del Tribunal de Apelaciones y el de Enrique Volcker Nin como jefe de Innovación e Informática. El primero es el marido de Wanda Vázquez quien, como juez superior en Caguas, utilizó su poder de citación para, desde el estrado, buscarle testigos de defensa a su esposa.

El caso de Volcker Nin es igual de perturbador. Como fue nominado previo a que comenzara la actual sesión de la Legislatura, entró en funciones el pasado enero y de inmediato comenzó a repartir contratos entre sus amigos y familiares, según quedó demostrado en una investigación periodística. Muchos dieron por muerta su nominación tras el reportaje periodístico, pero no contaban con la astucia de Dalmau.

Para entender la protección que ahora se le provee a estos nominados habrá que indagar un poco más entre familiares, amigos y contratistas. Por ejemplo, Díaz Reverón es juez en Caguas, donde también está la cuñada de Dalmau, aquella que no encontró causa contra el asesino de Andrea Ruiz.

Así termina la primera sesión de la Legislatura que ahora controla el PPD, que sustituye a la que controlaba el PNP. Solo resta añadir que durante estos seis meses de “trabajo” hicieron un alto para que 13 legisladores viajaran, con gastos pagos, hasta New Orleans a una conferencia sobre huracanes. También debo añadir que durante ese “arduo” semestre consideraron 29 resoluciones para asignarle nombres a calles, puentes y escuelas.

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ccotto@claridadpuertorico.com

La aplicación por parte de los tribunales de la llamada doctrina de legitimación activa cada vez más está dejando sin protección a comunidades, grupos ambientales y cualquier otro grupo que pretenda protegerse, ya sea de una construcción ilegal, de una que represente un peligro inminente a la salud y seguridad, de un desarrollo que impacte de manera negativa algún recurso natural o de uno que privilegie su disfrute.

Así se desprende de entrevista con el experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, luego de que el Tribunal de Apelaciones desestimara una demanda en contra de la  compañía New Fortress Energy (NFE) por la construcción de una planta de gas metano en el muelle de San Juan.

La demanda fue presentada por las organizaciones El Puente-Enlace Latino de Acción Climática y el Sierra Club de Puerto Rico, el pasado 11 de noviembre de 2020, contra a la compañía NFE, así como la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico y la Secretaria de Justicia, denunciando que New Fortress construyó y opera de manera ilegal un proyecto de importación y procesamiento de gas metano licuado en los muelles de San Juan.

“New Fortress está operando sin consulta de ubicación, por ende, sin declaración de impacto ambiental; a sus anchas, pasando por encima de la ley local y pidiendo ser eximidos de jurisdicción federal para no ser inspeccionados por la Comisión Federal Reguladora de Energía, denunció.

La decisión deja vulnerables a los residentes de las comunidades de Puerto Nuevo Norte en San Juan, Amelia y Sabana en Guaynabo y Vietnam en Cataño, aledañas a la planta de gas metano.

“Lo que ha sucedido en los tribunales con relación a este caso —y también se puede señalar en otros—, es inaudito, porque se aplicó la doctrina de legitimación activa. Se está abusando de ello porque es una forma de evitar que los vecinos y las comunidades puedan presentar sus casos en sus méritos”, apuntó el representante legal de las organizaciones demandantes.

A juicio de Sadeé Lloréns la aplicación de la citada doctrina, en este caso por NFE, es una aplicación extrema por su injusticia, porque se supone hay otra norma de derecho que se le debe dar validez en lo que se alega en las etapas tempranas de los casos. Ello facilita que no se desestimen y se puedan ver. Pero en este caso, tanto el Tribunal de Primera Instancia de San Juan como el de Apelaciones hicieron todo lo contrario. No le dieron validez a las alegaciones de los vecinos, las cuales eran muy claras y detalladas sobre cuánto les afecta por la ubicación y por la contaminación de aire, además del riesgo a la que están expuestos a la entrada y salida del barco con el movimiento del gas metano o natural que acarrea.

La decisión de desestimación del Tribunal de Primera Instancia fue emitida en diciembre del 2020, por el juez Alfonso Martínez Piovanetti sin escuchar prueba, por lo que acudieron al Tribunal de Apelaciones. Este tampoco permitió la vista y sostuvo la desestimación por alegada falta de legitimación activa.

Sadeé Lloréns, quien tiene una extensa trayectoria en las luchas ambientales, denunció que en los tribunales no se han atendido en sus méritos las alegaciones que se han hecho por grupos comunales y ambientales. Un ejemplo reciente es el de la UTIER con relación al contrato de LUMA. A esta también se le aplicó la doctrina de falta de legitimación activa.

Explicó que la legitimación activa es una doctrina que es sumamente restrictiva respecto a la función de los tribunales, lo cual es en suma desafortunado porque la gente se queda sin poder presentar sus casos. Una vez el tribunal determina que no hay legitimación activa, no hay ninguna facultad en ley ni siquiera para atender el caso. “Entonces eso está lleno de arbitrariedades y de juicios subjetivos. Ni siquiera en Estados Unidos se está aplicando de forma tan extrema e injusta como en Puerto Rico”.

En alusión a quienes están dominando la rama judicial, denunció que esa puerta que se usa en muchas ocasiones de manera subjetiva está haciendo crisis en el contexto actual de necesidad de atender situaciones ambientales, de energía y de cambio climático.

Reiteró que el uso de esta doctrina conservadora en los últimos años se ha convertido en un impedimento para que las comunidades puedan presentar sus casos e insistió que en estos últimos tiempos la doctrina es más dañina.

En el caso de New Fortress Energy, se hicieron varios señalamientos de cómo se afectaba a la gente, como son los aspectos de exposición al riesgo, estableciendo sin duda que los demandantes tenían la legitimación activa. La aplicación de la doctrina, dijo, fue en particular objetable o antijurídico porque el Tribunal señaló que no había ocurrido ni un fuego ni un accidente todavía y que, por ende, no había ocurrido ese daño concreto.

“Nosotros señalamos que el riesgo es real debido a la cercanía, debido a las características del gas, a las características de su almacenamiento. Fueron alegaciones específicas con sustancia. Y el resultado de que ni siquiera se pudo presentar prueba al respecto es lo que es altamente objetable y llama la atención”. Atribuyó ese cerrar de puertas a que el Tribunal no es autónomo, sino que responde a las peticiones de NFE, quien presentó una petición de desestimación cuestionando el standing.

Por su parte, Sary Rosario, vecina de Puerto Nuevo, reaccionó a la determinación diciendo: “Nos sentimos huérfanos de justicia por la decisión que ha tomado el Tribunal de Apelaciones. Es decepcionante e indignante que el Tribunal ni siquiera permita ver el caso en sus méritos. Tampoco consideran el hecho de que varios líderes religiosos de las comunidades aledañas a la planta presentaran un recurso para ser amigos de la corte en este caso”.

En tanto, Amy Orta Rivera, coordinadora de Política Pública Ambiental de El Puente, comentó: “El Tribunal, básicamente, nos está diciendo que esperemos a que un desastre ocurra para entonces tener el derecho a recurrir a un remedio legal. Nuestras organizaciones y grupos buscan cumplir con la política pública ambiental establecida para que se atienda la crisis climática y la justicia ambiental”.

Mientras, las organizaciones también se han movido a procurar que se lleve a cabo una investigación legislativa sobre la construcción de la planta y a que la Comisión Reguladora de Energía asuma la inspección de la instalación.