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Gestan marcha contra la estadidad

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En aras de dejar patente el rechazo a la estadidad por parte del pueblo puertorriqueño organizaciones independentistas, partidarios del autonomismo, sectores, culturales, comunitarios, deportistas, ex prisioneros políticos, sindicalistas, académicos historiadores, convocaron a la marcha, No a la estadidad, sí a la descolonización, a llevarse a cabo el próximo 15 de agosto, en San Juan.

La actividad fue anunciada en conferencia de prensa por el portavoz del Comité No a la Estadidad, si a la descolonización, licenciado Eugenio Hopgood Dávila, independentista no afiliado, junto a los jóvenes Aurora Muriente Pastrana, de la Juventud del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y Gabriel Casal Nazario, de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), acompañados por otros miembros del comité organizador de las organizaciones convocantes además del PIP y el MINH, la Logia el Gran Oriente Nacional de Puerto Rico (GONPR), Diálogo Soberanista (DS), el Movimiento Unión Soberanista (MUS), y de la diáspora el Frente Independentista Boricua (FIB) y el Frente Puertorriqueñista (FP).

Hopgood Dávila, puntualizó que el movimiento estadista, encabezado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha desarrollado una campaña intensa en los últimos años dirigida a convencer al Congreso y a los círculos de poder político en Estados Unidos de que la estadidad es un deseo de la gran mayoría de los puertorriqueños. “Han pretendido respaldar esta falsa narrativa con consultas manipuladas, ninguna de las cuales ha reflejado una verdadera mayoría convincente a favor de la estadidad”, añadió.

Contrastó que las consultas recientes promovidas por el liderazgo estadista no representan un reflejo válido del sentir mayoritario del país. Además, la participación de 3.92% de los electores hábiles para la elección de los seis cabilderos por la estadidad confirma la falta de interés de gran parte de los propios electores estadistas en adelantar ese objetivo político. A juicio de Hopgood Dávila, el movimiento estadista llegó a su pico y ha comenzado su descenso.

El anuncio se hizo en momentos en que el tema del estatus político de Puerto Rico pasa a primer plano cuando el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó su segunda audiencia pública sobre los proyectos de ley federal sobre el estatus de Puerto Rico que se han radicado este año en el Congreso de Washington. Mientras el viernes 18 se celebraría la vista del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, que reclama la descolonización de Puerto Rico.

A pregunta de CLARIDAD sobre su impresión de las vistas en el Congreso la más reciente el día anterior a la conferencia de prensa, Hopgood Dávila, reconoció que hasta ahora significa que se está atendiendo el tema y que hay opiniones bien diversas en el seno del Congreso, tanto como los diferentes testigos que estaban utilizando, pero que en resumen y en lo que concierne a su esfuerzo y al del Comité; “me parece que queda claro que tiene que haber una manifestación clara de parte del pueblo de Puerto Rico para que se nos haga sentir. En ese sentido queremos ocupar ese espacio que se pueda manifestar públicamente que en su momento pueda manifestarse también un proceso electoral de consulta que sea justo y que respete nuestro derecho como pueblo y entonces me parece que el saldo de las vistas es un poco una batalla entre gente enfocándose en argucias legales y otras personas que más bien están enfocándose en la cuestión política”.

En el enfoque político señaló por ejemplo fue lo expuesto por el representante republicano de California, Tom Mc Clintok, quien causó la ira del sector republicano de la isla y de la comisionada Jennifer González, que entre otros señalamientos describió como mayorías frágiles el apoyo a la estadidad, que no tienen fuerza política para realmente impulsar un proceso de estadidad porque eso se puede revertir. Señaló además que incluso el representante hizo unas expresiones de que se podría provocar una situación catastrófica si nos tratan de atosigar la estadidad por unas simples mayorías que pueda haber en un momento dado.

Prosiguió que le parecía que las expresiones del profesor Rafael Cox Alomar, fueron dirigidas a que hay que enfocarse en las razones de política pública y no estar tratando de ir a la minucia legal porque tanto los derechos del pueblo puertorriqueño como tanto los poderes dentro de la situación colonial que tiene el Congreso dan margen para poder resolver el problema colonial.

Mientras el joven Casal Nazario, a pregunta de que tan interesada pueda estar la juventud en participar en la marcha apeló a que es creyente de que su generación vivió de manera cruda la crisis del coloniaje. “Yo nací en el ’95 ya cuando estaba empezando la decadencia económica del país mi generación la mayoría de las personas que militan en la juventud del PIP vivieron ese colapso colonial. Entiendo que reconozco que vemos como década tras década el PNP ha usado la estadidad como una excusa para mantener un control colonial sobre la isla y yo entiendo que por eso es que la juventud es mayormente independentista”.

Reclamó que la juventud va a tener un rol importantísimo en la movilización de esta marcha como la ha tenido en las movilizaciones que se han visto en estos últimos años como lo fue en contra del ex gobernador Ricardo Rosselló, contra la Junta de Control Fiscal (JCF) y los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR). “Yo entiendo que esta generación política le va a dar un nuevo respiro al movimiento independentista y será esta la que podrá decir algún día que vive en un Puerto Rico libre, en eso confío”.

Por su parte Muriente Pastrana, hizo la observación de que la actividad es un movimiento amplio en donde participan jóvenes que son de otras organizaciones políticas y jóvenes que no necesariamente se identifican con alguna corriente en particular “pero que aman a este país y sienten y se identifican con lo que nos identifica como nación puertorriqueña. En el verano del 2019 vimos como miles de puertorriqueños sobre todo jóvenes se tiraron a la calle a defender lo que considerábamos justo en aquel momento”.

Se expresó en sentido similar de que la generación entre los 20 a 35 es la que más está sufriendo la emigración masiva, la que se quedó sin escuelas con los temblores al sur oeste de la isla, a la que le han cerrado diferentes áreas de la UPR por los recortes de la JCF, la que tiene las escuelas cerradas, por la corrupción de Julia Kelleher, la que está emigrando a tener tres y cuatro trabajos en EE UU y en diferentes partes del mundo. “Así que evidente este es un reclamo de la nación puertorriqueña pero la juventud sobre todo está cansada del engaño de ese sueño de la estadidad, nos han engañado demasiado por 123 años”. Un aspecto que trajo a la atención para desmentir ese supuesto apoyo a la estadidad fue que en el referéndum del 2020 en 18 municipios ganó el no a la estadidad.

La marcha no se limitará a la Esla, al mismo tiempo el 15 de agosto se realizarán manifestaciones en Nueva York, Washington y varias de las principales ciudades de Estados Unidos habitadas por la diáspora boricua. La convocatoria a la marcha contiene una declaración política que ha sido suscrita por el momento sobre cien personas. El Comité espera ampliar este respaldo.

En tanto el miembro del PPD del ala autonomista Luis Vega Ramos, también a pregunta de CLARIDAD dijo creer que la marcha es una oportunidad extraordinaria para matar ese mensaje primero de que hay una mayoría estadista en Puerto Rico y segundo a que la estadidad sea la única opción en la discusión tanto en la isla como en Estados Unidos. El segundo elemento de la convocatoria -indicó- que es el sí a la descolonización consideró que también es amplio y que trasciende a un sector ideológico “nos convoca a todos los que estamos insatisfechos con la subordinación política que hoy es clara y evidente con una JCF”.

Respecto a las vistas en el Congreso apuntó que hay varios asuntos fundamentales que deben entender todos los puertorriqueños pero en particular los miembros del PPD. Primero que nadie en las vistas defendió las opciones territoriales e hizo referencia a lo expuesto por Cos Alomar y también a lo expuesto por la profesora Christina Ponsa Kaus, en el sentido de que no había límite en lo que Estados Unidos y Puerto Rico puedan decidir incluir en un pacto fuera de la cláusula territorial. Tercero que el Departamento de Justicia de EE UU tiene derecho a opinar pero a quien le toca bajo la constitución y la propia cláusula territorial legislar para los proceso de autodeterminación de Puerto Rico es al Congreso y es el Congreso el que tiene que decidir si va a ofrecer una opción territorial que no rebasaría el problema colonial o si por el contrario va a ofrecer bajo igualdad de condiciones todas las opciones de descolonización que el derecho internacional ofrece y la práctica constitucional del propio EU UU.

 

 

 

 

 

 

Editorial: No puede repetirse la historia de la AEE en la Universidad

 

Completada ya la faena de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y colocar nuestro sistema eléctrico a merced de LUMA Energy, ahora las principales fuerzas del sistema colonial y el capitalismo neoliberal en Puerto Rico enfilan sus cañones hacia la Universidad de Puerto Rico (UPR), y principalmente hacia la “joya de la corona” del sistema universitario puertorriqueño, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM). Que nadie en nuestro país se llame a engaño. Al igual que la AEE, la UPR va por el mismo camino y con idéntico libreto.

Esto es así por designio ideológico de la Junta de Control Fiscal (JCF), cuyo proyecto inmediato de lograr el pago de la deuda de Puerto Rico a base de exprimir a la población con recortes al presupuesto público, medidas draconianas de austeridad y racionamiento de servicios, le viene como anillo al dedo a las fuerzas políticas y económicas anti puertorriqueñas que miran con codicia hacia la UPR. Para estas fuerzas, una universidad puertorriqueña fuerte es un escollo para su agenda de control y dominio sobre nuestro país, además de una posible fuente de lucro que todavía no está a su alcance.

Quienes acechan a la UPR son las mismas fuerzas políticas y económicas que desarrollaron durante años la ofensiva contra la AEE, que culminó en el descrédito, el asesinato de reputación y la desconfianza pública en la capacidad de nuestro sistema eléctrico, abriendo el camino hacia su privatización. La AEE no se derrumbó en un día ni en un año. Fueron muchos años de campaña constante en su contra que, como gota en la piedra, erosionó la confianza del pueblo en el sistema eléctrico. Para lograrlo, sus enemigos se valieron de todo. Mentiras, medias verdades y desinformación. Permitieron el deterioro progresivo de su infraestructura, desviando tan necesarios fondos para sostener a una casta de parásitos con sueldos de lujo, que no servían a los abonados sino a los partidos del poder (Popular Democrático y Nuevo Progresista), y a los intereses económicos de contratistas externos y de los carteles de los combustibles importados como el petróleo, el carbón y el gas natural. Ya grandemente debilitada, el desastre del huracán María selló su suerte. Y aunque las compañías privadas que trajeron de Estados Unidos para ayudar a levantar el sistema eléctrico- Whitefish y Cobra, entre otras- resultaron en fracaso y corrupción, ya el daño a la AEE y sus trabajadores de línea estaba hecho, y no hubo vuelta atrás.

Lo mismo se pretende ahora con la UPR. Por años, fueron las protestas y huelgas estudiantiles, y los paros de profesores y empleados el “cuco” con el que se intentaba meterle miedo al país. Había que transformar la Universidad para limpiarla de “revoltosos” y “comunistas”, decían. Ahora, el plan va dirigido a debilitarla en sus cimientos. A elevar dramáticamente el costo de la matrícula, lo que afecta el acceso de miles de estudiantes empobrecidos a la única opción universitaria pública que existe en Puerto Rico. A despojarla de millones de dólares en fondos necesarios para los programas académicos que la colocan en fragilidad ante las entidades acreditadoras. A desmantelar el sistema de retiro de sus profesores y empleados. A debilitar su estructura, la cual se alega que es muy pesada, e innecesarios los 11 recintos y tantos ofrecimientos académicos. Se le compara falazmente en costo y oferta con las universidades estatales de Estados Unidos, pero no se aclara que la población estudiantil universitaria de Puerto Rico no puede compararse ni en recursos ni en ingresos a las poblaciones estudiantiles de los estados.

La histeria mediática de los últimos días contra el RCM- por la pérdida de acreditación de dos de sus programas académicos- debe levantar una bandera roja de peligro. Por un lado, es totalmente imperativo superar las fallas internas que incidieron en dichas pérdidas de acreditación. Pero Ciencias Médicas no es solo el recinto de mayor prestigio, y donde se han educado cientos y miles de médicos, científicos, salubristas y todas las profesiones relacionadas al andamiaje de salud pública del país, sino también es una principal fuente de ingreso del sistema universitario por medio de las matrículas de la Escuela de Medicina, Odontología y demás programas sub graduados y graduados.

Las pérdidas de acreditación son subsanables si se cuenta con la voluntad y los recursos para hacerlo. Y sabemos que la UPR lo ha logrado una y otra vez. Para ello necesitará que se deje sin efecto el recorte presupuestario decretado por la JCF en este Plan Fiscal, para que dichos programas académicos cuenten con suficientes recursos económicos para cumplir los requisitos de acreditación. Lo que no puede permitirse es que estas fallas transitorias en el RCM se saquen de proporción para ir socavando la reputación del recinto y de la Universidad, y sembrando dudas en la población sobre la calidad de sus programas académicos, y la competencia y el desempeño de su facultad, empleados y estudiantes. Mucho menos debe permitirse que ningún consorcio extranjero o del patio aproveche esta situación para pretender especular con fines comerciales con la Escuela de Medicina del RCM. Puerto Rico no puede permitir que la historia de la AEE se repita con su Universidad.

 

 

Defienden al magisterio y a los estudiantes

 

 

 

ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio de la presidenta del grupo magisterial Educamos, el que piense que un estudiante que no adquirió las destrezas académicas para pasar de grado en 180 días puede hacerlo en un mes (que es lo que dura una sesión de verano) está equivocado. Lo lógico es pensar que en lugar de mejorar, lo que hará será empeorar.

Según dio a conocer el Departamento de Educación (DE), 35 mil estudiantes se habían matriculado para las clases de verano que comenzaron el jueves, 14 de junio. Esta cifra es menor que los 45 mil que informó el DE no pasaron de grado en el año escolar 2020-2021.

En entrevista, la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago, censuró que el secretario interino del DE, Eliezer Ramos Parés, haya estado hablando por más de dos meses de que hay rezago académico y de los estudiantes que fracasaron, pero olvidó destacar que un 95 % logró aprobar el grado a pesar de la pandemia.  De acuerdo con Santiago, el secretario interino lo que debería decir en su lugar es que para agosto se van a acondicionar y abrir las escuelas cerradas para poder bajar el número de estudiantes por salón. Explicó que el reglamento del DE establece que de cuarto grado elemental a cuarto año de escuela superior el número de estudiantes por salón es de 30 y de kinder a tercero, 25; pero en ningún sitio dice que no se puede bajar. El que se reduzca el número de estudiantes por salón es un reclamo de todos los grupos magisteriales.

La maestra de Educación Especial reclamó que el secretario interino debió haberle dado el espacio a los que saben trabajar de una manera responsable y de una manera holística la educación. “El debió permitir que en las primeras 10 semanas del semestre, de agosto a octubre, cada comunidad escolar organice cómo va a trabajar cada rezago académico o preparar un examen diagnóstico por sus maestros, no que lo haga Pearson, pagándole una millonada, que es lo que están haciendo,  y que sea el magisterio”. Insistió que es el maestro quien conoce el currículo y al estudiante.

Puntualizó que luego de un año escolar en que el estudiante nunca conoció a sus maestros ni a sus compañeros y no hubo la oportunidad de compartir de manera presencial, el que piense que se regresará a la llamada normalidad cuando llegue la escuela presencial “no vive en Puerto Rico. Tiene que darse cuenta que aquí la normalidad no va a ser igual. Para eso es que hace falta un secretario de educación. Estas decisiones son evidencia de que la persona que está dirigiendo el DE no es un pedagogo, no estudió pedagogía”.

Respecto a las declaraciones del Secretario Interino de que la matrícula de verano no ha sido la esperada, Santiago señaló que no todos los años los estudiantes que fracasan en la superior regresan a la escuela. Trajo a la atención que sobre los desertores escolares en el DE en los últimos años no hay números confiables, pero aun no siendo confiables, el hecho es que en los últimos años la cantidad de estudiantes que se van de la escuela ha ido mermando. No es como años atrás, que esos números eran muy fuertes. Agregó que el DE habla de 45 mil fracasados, es decir, que no completan las competencias del grado y que por eso no son promovidos. De ese número, Educación  no  está planteando que muchos de esos estudiantes se fueron a Estados Unidos, es decir, son parte de la diáspora, pero sus padres no les dieron de baja del sistema aunque se hayan matriculado allá. Insistió en que el número que da el DE no es real.  Además, resaltó que también hay otros estudiantes que se cambiaron a una escuela privada, de las que promueve el propio Departamento, que ofrecen el grado en unos meses.

“Ese número es irreal para tratar de decir que esto no funcionó, que los maestros son un desastre y para tener más dinero para poder gastar en estos contratos como se dan, de ahora en adelante, del año escolar extendido y las tutorías que vienen por ahí. Así que ese número no es tan real como debería ser sobre muchos de esos estudiantes, por ejemplo, los de cuarto año. Tengo un estudiante que su diploma va a ser una hija que va a tener, otros consiguieron un trabajito en la construcción y no van a regresar a la escuela. Además de que el sistema no los acompañó”.

Según la Presidenta de Educamos, en tiempos normales, entre el cuatro y el seis por ciento de los estudiantes no pasan de grado. Si esta vez se está hablando del 8 al 9 %, entonces resulta una hipocresía hablar de un enorme fracaso en el país cuando en realidad de lo que estamos hablando es de que si en tiempos normales es 6 % y ahora es un 9 % la diferencia es de tres por ciento. “No ampliemos la desgracia más de lo que ya está. Este país está tan acostumbrado a convertir los triunfos en fracaso con pandemia, sin internet, sin computadoras, con un Departamento que es un desastre. El 92 % de los estudiantes lograron pasar de grado. En cualquier lugar del mundo que se tenga respeto a sí mismo esto sería una fiesta nacional, pero aquí hay que nada más los 45 mil. los cerca del 8 % que no pasaron. Es para desacreditar el magisterio, el esfuerzo de muchos padres que renunciaron a sus empleos y para desacreditar a nuestros estudiantes”.

 

 

 

Mirada al País: La otra mejilla…

Mirada Cooperativista

A la Lcda. Irma Torres Suárez y al Lcdo. José Juan Nazario de la Rosa

 

El martes 15 de junio en la mañana el juez superior Anthony Cuevas Ramos declaró nulo el nombramiento de la Sra. Mabel Jiménez Miranda como Presidenta Ejecutiva Interina de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC). Además, dictaminó un cese y desista de ocupar esa posición. El caso que produjo esta determinación fue incoado por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico organismo representativo del cooperativismo en el país. Esa decisión fue apelada por COSSEC esta misma semana y se encuentra ante el Tribunal Apelativo. Veamos los antecedentes.

COSSEC es una corporación pública que se nutre principalmente de fondos que provienen del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Es la entidad que asegura las acciones y depósitos de ese sector y a su vez es el regulador de las cooperativas en el país. Su junta de directores está compuesta por cuatro representantes del gobierno, cuatro del sistema cooperativo y una persona por el interés público. Ese cuerpo es presidido por la persona que ocupe el puesto de Comisionado(a) de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, que es designado por el Gobernador con el consentimiento del Senado. El nombramiento del principal ejecutivo de COSSEC es una facultad de su junta de directores.

Por otro lado, en el 2008 se aprobó la Ley 247 que estableció la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo. En los procesos que antecedieron a la aprobación el movimiento cooperativo intervino para asegurar unas salvaguardas en la búsqueda del objetivo de despolitizar procesos en COSECC y lo lograron. Consideraron importante y necesario conceder a la Junta Rectora de CDCOOP unas facultades. Entre estas y a modo de ejemplo:

  • Adscribió a COSSEC y al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo como entidades operacionales.
  • Dispuso una función de velar porque sus determinaciones sean cónsonas con la política pública de desarrollo cooperativo establecida por la Comisión.
  • Los presupuestos de ambas entidades son presentados ante la Junta rectora.
  • Las normas reglamentarias que promulgue COSSEC tienen que ser consistentes con la política pública que establezca la CDCOOP.
  • Pueden resolver inconsistencias en las normas o solicitar revisión de estas.
  • Determina que el nombramiento del Presidente Ejecutivo de COSSEC tienen que contar con la aprobación de siete (7) o más de los diez (10) integrantes de la Junta Rectora de la CDCOOP.
  • Las determinaciones sobre inconsistencias en las normas también requieren 7 de 10 votos.

Es claro que COSSEC no tiene autonomía para nombrar su presidencia ejecutiva y que requiere que la Junta Rectora de CDCOOP pase juicio sobre esta. Es así como llegamos al caso que nos ocupa. En COSSEC se había nombrado un presidente ejecutivo en verano de 2020, que cumplió con todo ese rigor y que venía trabajando con el sistema cooperativo de manera consecuente y en comunicación constante. Pedro Pierluissi, cuando era candidato compareció y prometió consulta y respeto al movimiento cooperativo. A principios de enero envió una carta a COSSEC nominando a la Sra. Mabel Jiménez Miranda al puesto principal de COSSEC habiendo un incumbente. Esa acción concatenó eventos de inmediato. La Junta de COSSEC le retira confianza al incumbente y el 26 de febrero nombra a la Sra. Jiménez como ejecutiva principal.

Ese nombramiento tenía que pasar el rigor de la Junta Rectora y contar con 7 votos y el 19 de marzo fue rechazado. No obtuvo los votos. La junta de COSSEC procedió a nombrarla Presidenta Ejecutiva Interina con los beneficios de un puesto en propiedad. Esa fue la antesala de este caso legal. La Junta de Directores de la Liga de Cooperativas, como representante del cooperativismo, optó unánimemente por acudir a la Sala Superior de San Juan del Tribunal General de Justicia. El caso fue asignado al juez Anthony Cuevas Ramos, quien determinó que el nombramiento de la Sra. Jiménez era ilegal.

Consideramos acertada dicha decisión porque pone en justa perspectiva un claro menosprecio de parte del gobierno al marco legal vigente y a las salvaguardas que el movimiento cooperativo logró en las leyes para evitar, entre otros aspectos, el control político partidista de esa corporación.

Al momento de redactar esta columna los directivos de COSSEC radicaron una apelación ante el Tribunal Apelativo. Esta misma semana se decidirá sobre una Moción en Auxilio de Jurisdicción que radicaron para restituir de inmediato a esa persona. Alegan que la COSSEC no puede prescindir de dirección, que la dejan inoperante y desprovista de ejercer su trabajo. Levanta suspicacia ese empeño obstinado por mantener a esa persona en el puesto. No se cae el mundo la COSSEC tiene recursos internos que pueden asumir ese interinato en lo que la junta abre un proceso transparente para seleccionar una persona capaz para su dirección. De hecho, la Sra. Jiménez, regresó a COSSEC recientemente pues ocupaba un puesto de confianza en otra agencia (Rehabilitación Vocacional) con licencia sin sueldo.

El ejercicio de los que levantaron su voz en defensa del cooperativismo puertorriqueño es más que legítimo y de gran valor para continuar afianzando la fe del pueblo. Ya son victoriosos por el valor, la eficacia y la rectitud con que manejaron este escenario. No pusieron la otra mejilla.

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mildredkairo@gmail.com

 

 

 

 

Los retos del gobierno de Pedro Castillo

Rocío Pereyra Zaplana

Tras haber sido contabilizadas el 100% de actas electorales, el profesor Pedro Castillo Terrones será el presidente del Bicentenario del Perú. Su triunfo se da en medio del ataque deliberado a la democracia por parte de Keiko Fujimori y sus aliados de la derecha conservadora, quienes no están dispuestos a reconocer su derrota y hacen uso de todo tipo de recursos legales sin mayor sustento para invalidar el voto de miles de peruanos y peruanas.

 

El gobierno de Castillo no tendrá un camino fácil. Un primer reto es asegurar su supervivencia. La reacción antidemocrática de Keiko Fujimori está motivada no solo por su intento de librarse de la cárcel, sino también por su misión de vaciar de legitimidad el gobierno de Castillo, allanando el camino para futuros intentos de vacancia.
Además de los intentos de vacancia, su gobierno se verá asediado por esfuerzos constantes de desestabilización de la derecha conservadora y sus aliados económicos, políticos y mediáticos, quienes buscarán cercar al gobierno para dejar sentada la idea de que la izquierda es incapaz de gobernar, con lo cual se preparan las condiciones para el retorno al poder de una derecha reaccionaria por varias décadas más.
De otro lado, Castillo deberá responder a las expectativas creadas en la población que votó por él. Los votantes de Castillo depositaron en él sus esperanzas de cambio, además de estar movidos por el antifujimorismo. Satisfacer estas expectativas significa en buena cuenta hacer un buen gobierno.
En medio de un contexto político adverso, el gobierno de Castillo deberá priorizar sus batallas. El modelo económico vigente ha permitido que el Estado tenga un rol limitado como proveedor de salud y educación, profundizando las desigualdades entre quienes pueden o no pagar para acceder a servicios de calidad. La pandemia ha desnudado la situación inhumana a la que nos ha llevado dicho modelo y cambiar este paradigma resulta un imperativo moral.

En ese sentido, el gobierno de Castillo deberá romper con el paradigma neoliberal e instaurar una nueva narrativa donde el Estado tenga un rol más activo para asegurar condiciones de vida dignas para todos y todas. En ese sentido, Castillo tiene la tarea de contener la pandemia, asegurar la vacunación gratuita y universal, reactivar la economía para generar empleo digno, así como asegurar un retorno seguro y progresivo de los estudiantes a las aulas.
Al mismo tiempo, deberá impulsar medidas reformistas que permitan cambiar de raíz los problemas estructurales de nuestra patria. Una medida en ese sentido es generar un nuevo modelo de gobernanza en torno a las industrias extractivas, a través del diálogo y la renegociación de contratos, que permitan establecer nuevas reglas de juego para recuperar nuestra riqueza y tener industrias social y ambientalmente responsables. En esa línea, será clave cambiar el modelo primario-exportador y sentar las bases para diversificar nuestra economía. Asimismo, será necesario impulsar una reforma tributaria que permita combatir la elusión y la evasión, revisar las exoneraciones, así como tener un sistema más justo para aplicar políticas redistributivas.

Hacer todo esto no es fácil por varios motivos. No solo es retador por el ataque sistemático de la derecha que verá peligrar sus privilegios o por la necesidad de cuadros técnicos solventes que lideren las reformas en distintos sectores. También lo es por la necesidad de cuadros políticos que tiendan puentes con otros actores y defiendan al gobierno. Además, debe considerarse que el aparato estatal es una maquinaria compleja donde predominan más los cambios incrementales que las grandes reformas.
A esta agenda de gobierno se le suma la convocatoria a la Asamblea Constituyente, promesa electoral que presenta riesgos y oportunidades. De un lado, la Asamblea Constituyente puede ser útil para abonar a la legitimidad del gobierno de Castillo; pero al mismo tiempo abre un escenario de disputa política en un país polarizado donde no es seguro que el oficialismo gane un eventual referéndum o una mayoría de constituyentes.
La convocatoria a la Asamblea Constituyente no debe competir con las medidas urgentes del gobierno para asegurar condiciones de vida dignas a la población. Castillo deberá hilar fino para asegurar un buen gobierno, al mismo tiempo que avanza con la generación de condiciones favorables para un proceso constituyente. Para ello, será clave la instauración de sentidos comunes en la población sobre la necesidad de cambiar las reglas de juego para impulsar o profundizar las reformas del gobierno.
El Perú no se cambia en 5 años, pero pueden sentarse las bases para un cambio de paradigmas. El gobierno de Castillo deberá combatir la pandemia e instaurar reformas de justicia social. Estas medidas, de ser exitosas, le permitirán obtener ganancias rápidas, que le permitan hacer frente al ataque sistemático de la DBA y acumular capital político para un proceso constituyente. En suma, su éxito dependerá de su capacidad de hacer política y el arte del buen gobierno.

Reproducido de www.alainet.org