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Crece el rechazo a LUMA

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junio 22, 2021

CLARIDAD

¡Lucha si, entrega no! Al son de consignas un nutrido grupo se manifestó el pasado viernes frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF), en Hato Rey, en rechazo al contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa LUMA Energy.

Mientras no cesan las quejas de miles de ciudadanos, comunidades completas tanto del interior de la isla como de la zona metropolitana por la falta del servicio de energía eléctrica en estas primeras cuatro semanas en que Luma asumió el control del sistema de distribución y transmisión de la AEE.

En el piquete convocado por el Frente Amplio todo Puerto Rico contra LUMA, en el cual convergen tanto sindicatos, organizaciones políticas, comunitarias, figuras del ambiente cultural, estuvo presente el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo.

A preguntas de CLARIDAD sobre el accidente que dejó fuera de servicio a la central de Costa Azul lo que dejó a miles de abonados sin servicio (eso fue el miércoles 16 de junio) y luego la excusa que había dado Luma de que la carbonera de AES en Guayama estuvo fuera de servicio por lo que había insuficiente energía, el presidente de la UTIER explicó que en lo que respecta a Costa Azul, el problema fue en el transformador de salida por falta de aceite trabajo de mantenimiento que le corresponde atender a Luma, según el contrato de la AEE. No fue hasta 24 horas después en que Luma pudo terminar los trabajo y eso atraso la incorporación de la unidad 6. La salida del sistema de la planta se debió por un problema de la subestación a la que Luma también tiene que darle mantenimiento, pero la unidad estaba disponible.

Reconoció que con la salida de Aguirre, la salida de AES y la salida de Costa Azul si hubo una deficiencia de generación de 1,200 megavatios menos. Figueroa Jaramillo coincide con el reclamo de las comunidades del sur en particular de Guayama de que la planta de AES se debe de cerrar. “No hay excusa para no hacerlo”. Agregó que es obvio que estas salidas no son salidas programadas son salidas forzosa que pasan en cualquier momento indistintamente se tenga sobre generación o no. En lo que respecta en específico a la salida de Costa Azul reiteró que la unidad estaba disponible inmediatamente el problema que hubo era que el transformador de la sub estación que saca la unidad 6 le faltaba aceite y ese trabajo le tocaba a LUMA hacerlo y no fue hasta casi el jueves en la tarde que terminaron de hacer un trabajo que antes los trabajadores de la AEE lo hacían en tres y cuatro horas.

“Eso demuestra que a LUMA le faltan trabajadores, les falta experiencia que es lo mas importante en toda esta situación no es la cantidad de trabajadores que ellos puedan aludir que tienen, sino la experiencia que puedan tener esos trabajadores en esa área de mantenimiento a las sub estaciones prácticamente los compañeros que optaron por irse con Luma son una cantidad muy pequeña y compañeros nuevos que no tienen conocimiento ni la experiencia para hacer ese tipo de trabajo”, declaró.

Observó que LUMA tiene mas gerenciales 22 vice presidencias que salen casi en mas de $600 mil al año lo que es una estructura burocrática mayor que la que tenia la AEE, más cara y la está pagando el pueblo de Puerto Rico.

El presidente de la UTIER manifestó que Luma a lo único que ha venido es a robarse el dinero e incluso denunció que la empresa tiene una actitud racista y discriminatoria y que ya han habido alrededor de ocho renuncias entre celadores y gerenciales de la AEE que se fueron con Luma.

Por su parte entre los presentes en el piquete se encontraban miembros de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sur Este, la cual desde hace cinco años lucha por el cierre de la carbonera. Ángel Quiles, portavoz reiteró que, la carbonera no es necesaria porque el consumo eléctrico que hay ahora mismo en el País según los mismos datos de la Comisión de Energía la hace innecesaria. “Entendemos que además de innecesaria por el excedente de energía que hay en Puerto Rico la hace cara uno de los argumentos del gobierno es que el kvh que la carbonera produce es mas barato pero cuando se le añaden los costos sociales y de salud vemos que es una energía sumamente cara y sucia”.

En tanto el mismo día del piquete-viernes 18 de mayo- el juez del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan Alfonso Martínez Piovanetti, desestimó la demanda presentada por LUMA contra la UTIER. El juez le había pedido a las partes llegar a una negociación, Figueroa Jaramillo dijo a CLARIDAD que la UTIER presentó una propuesta pero hubo resistencia de parte de LUMA y adelantó antes de conocerse la decisión que si el juez tomaba una determinación conforme a derecho no tenía otra opción que negar a LUMA el interdicto preliminar y permanente.

Mirada al País:En una playa de Rincón: Boricuas y dominicanos

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rafael-bernabe

junio 22, 2021

Especial para CLARIDAD

En las sesiones del Senado de Puerto Rico, senadores y senadoras podemos tomar turnos iniciales de cinco minutos. En esos cinco minutos podemos abordar cualquier tema que nos parezca meritorio. Lo que sigue es la transcripción de uno de esos turnos (asumido en la sesión del 17 de mayo), inspirado por un incidente ocurrido el día anterior a la sesión y que me pareció un hermoso gesto espontáneo de solidaridad humana y antillana. Demás está decir que sobre el tema abordado se puede y debe abundar mucho más. Pero he preferido presentar el texto tal y como se expresó en su momento, sin añadir o quitar nada.

Muchas gracias, señor presidente.

Cuando en Estados Unidos existía la esclavitud, existía también una organización y una red que se conocía en inglés como el Underground Railroad—el Tren subterráneo sería la traducción—que era un sistema, era una organización para ayudar a los esclavos fugitivos a escapar hacia la libertad.

En aquella época, la esclavitud era la ley. Y la ley señalaba que había que entregar a los esclavos fugitivos. Pero los que organizaron el Underground Railroad sabían que la humanidad está por encima de la ley, cuando la ley es injusta.

Y yo traigo todo esto porque ayer muchos de nosotros pudimos ver un vídeo a la misma vez estremecedor y conmovedor, de hechos que ocurrieron en una playa de Rincón, en la playa El Faro de Rincón, cuando en una yola hermanos y hermanas dominicanas llegaban a playas puertorriqueñas perseguidos por los oficiales de inmigración y por la Policía y desembarcaban en nuestra tierra. Que llegaban a Puerto Rico como resultado de la injusticia económica, emigrando a Puerto Rico igual que miles de puertorriqueños han emigrado de Puerto Rico hacia Estados Unidos, buscando la posibilidad de una vida mejor para ellos, ellas y sus familias. Y que llegan de esa forma por la injustica de las leyes y el sistema, el ordenamiento político internacional que tenemos, que permite el flujo libre de todo—de las mercancías, del dinero, del capital, menos de los seres humanos.

Y, a la misma vez que es estremecedor ver a estas personas que se les obliga a llegar de esta manera a Puerto Rico, es conmovedor, y yo los invito a que vean el video, es realmente conmovedor, como los puertorriqueños que estaban en esa playa les decían por donde tenían que correr, les decían ¡que se sentaran con ellos!, que se mezclaran con ellos… dominicanos y puertorriqueños, para que no los pudieran encontrar los oficiales de inmigración, para que pudieran empezar un nuevo capítulo de su vida en Puerto Rico. Y eso, repito, es conmovedor.

Y yo sé que algunos van a decir por ahí: «ahí está Bernabe llamando a que se viole la ley». Lo que pasa es que yo, que nosotros, como los que organizaron el Underground Railroad, sabemos que la humanidad está por encima de la ley, que la solidaridad humana está por encima de la ley. ¡Y que bueno que en Puerto Rico hay todavía mucha gente que entiende eso! Yo no sé cuántos de los hermanos dominicanos lograron evadir a quienes querían capturarlos, como antes se capturaba a los esclavos. Les deseo la mejor suerte.

Y a las personas que los trataron de ayudar, a las personas que los invitaron a sentarse con ellos, mi respeto y mi agradecimiento, porque gestos como ese es lo que nos renueva la fe en la humanidad y el orgullo de ser puertorriqueños. Muchas gracias.

El autor es Senador por el Movimiento Victoria Ciudadana

Esta intervención puede verse y escucharse aquí: https://www.facebook.com/370916972975638/posts/4156405564426741/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

El vídeo que se menciona sobre los hechos en Rincón puede verse aquí:

Video | Boricuas ayudan a dominicanos que llegan en yola a huir de la policía (diariolibre.com)

Derecho a la información: paso al frente y paso atrás

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manuel-de-j-gonzalez

junio 22, 2021

Claridad

“No conviene que se ilustre a los americanos”. Carlos IV, monarca español.

“La imprenta es la infantería del Ejército de Liberación”. Simón Bolívar.

El 28 de mayo de 2021 el Tribunal Supremo de Puerto Rico publicó su opinión en el caso Kilómetro O, Inc. v. Héctor M. Pesquera como Secretario de Seguridad Pública, una decisión muy importante sobre el derecho del pueblo a estar informado. La controversia era en torno a los informes sobre uso de la fuerza (más bien recuentos de brutalidad) que la Policía de Puerto Rico debe producir como parte de la “Reforma” comenzada en 2014. El Departamento de Seguridad Pública del gobierno, entonces dirigido por Héctor M. Pesquera, reclamaba que dichos informes, donde deben constar las intervenciones violentas de las fuerzas policiales, eran confidenciales y, por tanto, debían permanecer secretos. Kilómetro O, Inc., organización puertorriqueña defensora de los derechos humanos, acudió al tribunal y obtuvo un fallo favorable en Primera Instancia, revocado luego por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, le Supremo decidió a su favor en votación 6 a 2.

Como sucede a menudo, para intentar justificar su reclamo de confidencialidad el Gobierno se amparó en el supuesto interés de “terceros”, ocultando así su afán por proteger a quienes estimulan o condonan la brutalidad policial. Argumentaban que esos informes podían contener datos de otras personas, o de las víctimas, las que pretendían “proteger”. Acudieron, además, a otro argumento aún más perturbador: que si el informe se hacía público los policías no serían sinceros al momento de informar. Es decir, que sólo dirían la verdad si esta se escondía. Este argumento, increíble de parte de una Policía en alegado proceso de “reformarse”, había encontrado eco protector de parte de un panel de tres jueces del Apelativo.

Esta opinión del Supremo se publicó el 28 de mayo, pero, como sabemos, la votación entre los 8 jueces que constituyen el foro judicial ocurrió mucho antes. La norma allí es debatir y llegar a una decisión mayoritaria, antes de proceder a redactar y circular la opinión, que de ordinario toma meses. Mientras ese caso seguí su curso, a la curia llegó otro también relacionado con el derecho a la información, que fue adjudicado de inmediato mediante “Resolución” publicada el 10 de mayo de 2021. Las “resoluciones”, contrario a las opiniones mayoritarias, no constituyen un precedente jurisprudencial, obligatorio para los tribunales inferiores. Es jurisprudencia meramente “persuasiva”. Pero para las partes del caso tienen el mismo efecto que una opinión formal, y también en cuanto a impacto público.

La resolución del 10 de mayo adjudicó el pedido del Overseas Press Club (OPC) para que se diera a la publicidad la grabación donde la joven Andrea Ruiz Costas había rogado porque el Tribunal de Primera Instancia de Caguas la protegiera ante el acoso de su expareja. La corte le negó el amparo que buscaba y luego el acosador la asesinó.

El asunto planteado por el OPC, apoyado públicamente por toda la prensa y casi toda la gente que se expresó sobre el tema, es esencialmente el mismo que estaba presente el caso de Kilómetro 0, a saber, el derecho del pueblo a la información. Igual como los informes que ocultaba la Policía, la trascripción de la vista en la sala de Caguas es de alto interés público, más aún por las consecuencias fatales que tuvo. No obstante, como sabemos, el Tribunal decidió exactamente lo contrario. Con votación 5 a 3 negó el acceso a la información y, ante nuevas peticiones, ha mantenido su dictamen inalterado.

Los argumentos que utiliza el Tribunal para justificar el secretismo sobre la vista de Andrea Ruiz se parecen mucho a los que esgrimía la Policía ante el reclamo de Kilómetro 0. Igual que los abogados de Héctor Pesquera dicen que están protegiendo a las “víctimas”. También se amparan en el supuesto efecto que la divulgación pueda tener sobre “los derechos fundamentales de terceros”. Esa posición se ha mantenido aún cuando los herederos directos de la única víctima, Andrea, se unieron al pedido del OPC.

La decisión en torno al reclamo de Kilómetro 0 representa un triunfo para el pueblo tanto como la de la vista de Andrea constituye un fracaso. Ambas las tomó el mismo foro judicial, aunque en justicia debemos decir que el juez ponente en la primera, Estrella Martínez, fue disidente en la segunda, junto a la jueza presidenta Oronoz y el juez Colón.

El derecho a la información es un ingrediente indispensable para la libertad. Sólo quien esté informado puede fiscalizar a sus gobernantes y actuar con independencia de ellos. Por eso el control de la información pública ha sido el arma principal de todos los tiranos y colonizadores. La imprenta la inventaron en Europa en el siglo XV, pero a Puerto Rico y buena parte de la América hispana no llegó sino hasta principios del XIX. Poco tiempo después de su incorporación a la vida pública las revoluciones liberadoras crecieron por el continente.

La lucha por tener acceso a la información pública es permanente y está llena de avances y retrocesos, según vimos en los dos eventos judiciales que aquí comentamos. Hay que insistir en ella y de ahí la importancia de esfuerzos como el realizado por la organización Kilómetro 0, Inc.

Cultura de impunidad en la Policía

Por

candida-cotto

junio 22, 2021

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Llegar a esta situación no se lo deseo a nadie. Por eso me gustaría que todo esto no quedara así, porque según yo sé que hay muchas historias y uno se queda sorprendido con cuántas injusticias hay en este país y no pasa nada, eso es lo más que duele. Molesta porque nosotros somos seres humanos y necesitamos respeto”.

Magdalena Monroig Barreto se refiere a la muerte de su hermano menor, Hernán Monroig Barreto, a manos de un policía, el 24 de diciembre del 2019, supuestamente en defensa propia, luego de que su hermano chocara la parte trasera del carro del policía. Los hechos ocurrieron en Aguadilla alrededor de las 12:45 de la noche. Al presente, denunció Monroig Barreto, la familia no tiene claro qué fue lo que sucedió, no les han querido mostrar los videos de una funeraria frente a la cual se produjeron los hechos y la fiscal Tamara Martínez les ha dicho que todavía Ciencias Forenses no le ha entregado documentos.

Casos como el de esta familia y de otros cientos de ciudadanos con experiencias similares son parte de la base de datos de Evidencia la Violencia, que acaba de estrenar la organización, Kilómetro Cero (Km 0), con el propósito de documentar intervenciones policiacas en las cuales los ciudadanos entiendan ha habido una intervención violenta, discriminatoria, arbitraria o desproporcionada.

En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de esa organización, Mari Mari Narváez, informó que la base de datos se comenzó a construir con amplia participación comunitaria, personas que les han permitido recoger sus historias de intervenciones violentas, discriminatorias, negligentes o arbitrarias. “Para ello, han desafiado los temores más comunes asociados al acto de denunciar a las autoridades de un país, y eso lo valoramos extraordinariamente pues es un paso primordial contra la impunidad de la violencia policial”.

El caso de Monroig Barreto es un ejemplo de la cultura de impunidad que aún persiste en la Policía. Mari Narváez comentó que se ha pedido que el caso se investigue porque si hubiese sido una persona cualquiera ya se habrían presentado cargos contra ella; pero cuando son funcionarios de la seguridad pública, la cultura es la de la impunidad, de presumir que cualquier acto violento que lleva a cabo ese agente es uno justificable, lo que es contrario a todos los parámetros y políticas de la propia agencia y, mucho más, de los parámetros internacionales de los derechos humanos.

Algunos datos que se recopilan por vía de la herramienta son: nacionalidad, edad, identidad de género de la persona, si tiene condiciones de salud mental; si recibió uso de fuerza de parte de la Policía y cuál; nombre y número de placa del agente involucrado; si la persona estaba armada y qué tipo de daño recibió. También se recoge un relato detallado de la intervención y material de evidencia, como copias de denuncias, citaciones, multas.

Hasta el momento, la base de datos cuenta con alrededor de 200 incidentes documentados e incluye las, al menos, 63 muertes por uso de fuerza policial documentadas desde el año 2014; eventos de violencia policial relacionados con verano de 2019 y las manifestaciones posteriores; intervenciones por órdenes ejecutivas de COVID-19, así como casos de intervenciones generales.

Además de los testimonios de los ciudadanos, la base de datos contará con información que la Policía está obligada a entregarle a Km 0, luego de una determinación del Tribunal Supremo. Con esos documentos, dijo su directora ejecutiva, van a construir su base de datos y van a tener una que ni el monitor federal de la Policía tiene, como son las historias de personas que han muerto a manos de la policía y de las agresiones en las manifestaciones.

De policías que han matado ciudadanos fuera de sus horas laborables, pero con su arma de reglamento, Mari Narváez expresó que son situaciones que le dan la impresión de que los agentes están resolviendo problemas de la cotidianidad, pero con su arma de reglamento.

Por ahora, Kilómetro Cero, solo está documentando los casos de violencia de la Policía y no otras violencias institucionales, debido a que esta encierra muchas formas de violencia. La Directora Ejecutiva dijo que les están llegando casos de violencia institucional, como de Corrección, de la cual ya documentaron un primer caso. Describió que con esa agencia es más difícil que con la Policía, dado a que ni siquiera tiene los protocolos, es una cerrada al público y no hay ningún tipo de visibilidad.

Respecto a cómo veía el trabajo de la reforma policiaca señaló que no encuentra que haya una disposición de cambio de esa cultura de impunidad que permanece. Incluso reveló que el monitor de la Policía (el que se supone supervise la reforma de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos) utiliza datos de Km 0 para sus informes. No fue hasta recientemente, que el monitor John Romero presentó su informe de los acontecimientos del verano del 2019. Para ello utilizó datos del informe que preparó Km 0 ese mismo verano junto a otras organizaciones como el Colegio de Abogados y el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Derechos Civiles.

Reparó además en que Romero, que ya lleva casi dos años como monitor, se desempeñó como técnico especialista en uso de la fuerza bajo la dirección del anterior monitor Arnaldo Claudio. Mari Narváez reconoció que en sus informes el monitor Romero habla del incumplimiento craso de la Policía con la reforma e incluso de que a él mismo muchas veces la Policía no le provee datos.

“No sé cómo va a ser ahora con la administración nueva de la Policía. La Policía puede hacer más cosas de las que hace, pero las que hace es suficiente para un incumplimiento craso. Lo que pasa es que no hace nada al respecto, no asumen amonestaciones, no impone ninguna medida para obligar a la Policía a empezar a cumplir. Creo que es una responsabilidad compartida con el Gobierno federal”.

Frente a este incumplimiento, el proyecto Evidencia la Violencia tiene, entre otros propósitos, desarrollar una base de datos sobre las distintas formas de violencia policial que sirva de herramienta para contar y dar visibilidad pública a estas historias; fortalecer la búsqueda de rendición de cuentas y justicia en el uso de fuerza del Estado contra la ciudadanía; crear poder cívico para contar las historias de las personas que enfrentan la violencia o exceso policial; utilizar la información para hacer análisis de datos con perspectiva comunitaria; identificar causas importantes de abogacía pública y política pública para la transformación social.

La abogacía busca promover cambios sistémicos en el uso de la fuerza y el poder de los agentes del Estado, que las personas puedan reclamar al Gobierno y defender sus derechos.

Para utilizar la base de datos, solo hay que entrar a la siguiente dirección: https://evidencialaviolencia.org en donde podrá verse el menú de materiales disponibles. En el recuadro Base de datos, presione “Ver más”.

Para las personas interesadas en contar su historia a los documentalistas de Km 0, estos están disponibles para entrevistas por teléfono o videoconferencia. También se puede llenar el formulario por cuenta propia en https://evidencialaviolencia.org/evidencia-la-violencia/formulario-de-casos/ . Además, se pueden coordinar entrevistas en info@kilometro0.org y en las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram.

De la pandemia humana a la pandemia de la Tierra

Por

marcelo-barros

junio 22, 2021

Especial para En Rojo

La realidad actual de Brasil y del mundo ya nos da suficientes motivos de tristeza y preocupación. Aun hay señales preocupantes en relación al futuro. El jueves 17 de junio, una advertencia de la Organización de Naciones Unidas(ONU) resonó en todo el mundo. Mami Mizutori, representante especial del Secretario General en la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNDRR) advirtió: «una gran sequía es inminente y afectará a muchos países del mundo y esta sequía puede tomar la proporción de una verdadera pandemia y para esto, no hay vacuna que pueda curarnos» (Público, Lisboa, viernes 18 de junio de 2021, p. 22).

Este informe de la ONU será objeto de debates en la conferencia mundial sobre el clima, este noviembre en Glasgow (Cop 26). Esta sequía afectará a todo el mundo, si los países no toman medidas urgentes para combatir el cambio climático y cuidar mejor el agua y los suelos.

Desde hace al menos cinco mil años, en todos los continentes, poblaciones tradicionales han vivido con sequías y períodos de escasez. Sin embargo, ahora, esta tragedia ecológica es provocada, en gran medida, por actividades humanas y decisiones políticas de gobiernos y empresas que dominan la economía mundial. La ONU atesta que este fenómeno está siendo causado por el cambio climático, provocado por contaminación de los ríos, elevado uso de fertilizantes tóxicos, deforestación y el uso irresponsable del agua. Será una crisis intensa y más prolongada. Se reflejará en las cuencas hidrográficas, pero también en regiones alejadas de ellas. En Sudamérica, el humo de la quema en el Amazonas puede verse en nubes tóxicas que descienden sobre el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La destrucción del Cerrado en el centro de Brasil afecta los niveles de los ríos que desembocan en las cuencas del Plata y del Amazonas.

Según la ONU, más de mil millones de personas en el mundo no tienen garantizado el acceso al agua potable necesaria para la vida y la salud. Ahora, esta pandemia de sequía y crisis del agua causará una tragedia aún más grave que COVID. Agravará el hambre y la inseguridad alimentaria en varios continentes y provocará el regreso de enfermedades endémicas que pensábamos haber superado.

Para la pandemia de COVID, tenemos varias vacunas que funcionan y nos dan un buen margen de seguridad. Para esta pandemia, causada, no por fenómenos naturales, sino por el sistema capitalista depredador, la única vacuna segura será la conversión ecológica. El Papa Francisco lo propone en su encíclica sobre el cuidado de nuestra Casa Común. La reconversión ecológica supone que todos nos sintamos guardianes de los bosques, de la Madre Tierra y de las aguas, así como las comunidades originarias que, por sus culturas, ya viven este cuidado de forma permanente.

El autor es monje benedictino y ha escrito más de 40 libros