CLARIDAD

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Miembros de organizaciones ambientales se manifestaron frente al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para exigirle al secretario Rafael Machargo que cumpla con la ley 33 del 2019 de Política Pública Ambiental en relación con el uso de energía renovable y que se exprese sobre el contrato de LUMA Energy.

“Estamos exigiéndole al secretario que se manifieste en relación al contrato de LUMA porque la política pública del Gobierno desde el 2019, se supone, es que vamos a seguir la de energía renovable, y aunque todas las instancias gubernamentales tienen esa responsabilidad, entendemos que Recursos Naturales es la que tiene la responsabilidad mayor, porque es la que está obligada a defender y a preservar los recursos naturales. Y como ese contrato de LUMA da al traste con esa política pública, es responsabilidad de un funcionario público que tiene esa posición defenderla y rechazar ese contrato porque es incongruente con la política pública”, afirmó a CLARIDAD Juan Camacho, portavoz del grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente.

Myrna Conty, portavoz de la Alianza de Energía renovable (AERA), subrayó que el secretario debe cumplir con su deber ministerial y rechazar de manera categórica el contrato. “LUMA seguirá la política de la quema de combustible fósiles, impactando de manera negativa los recursos naturales y la salud de nuestra población”.

Mientras, el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado, señaló que en el área sur por muchos años han tenido problemas con su acuífero y han tenido mala experiencia con la planta de quema de carbón AES, la cual ha contaminado el acuífero del sur. “Y ahora tenemos a otra empresa privada, como es LUMA, que no solamente va a tener acceso a la generación eléctrica, sino que también va a tener acceso a los embalses. Así, que en la práctica, van a estar privatizando el acceso al agua en Puerto Rico, y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Incluso sabemos que el planteamiento de LUMA sigue siendo a favor de los combustibles fósiles. No va a haber un movimiento real hacia la energía renovable”.

Reiteró que con LUMA se estará violando la Ley de Cambio Climático (LCC), la cual se supone que obliga a que para el 2050 el país esté utilizando energía a base de energía renovable. Sin embargo, el planteamiento de LUMA sigue siendo a favor del uso de combustibles fósiles, los cuales ya han contaminado los abastos de agua del sur.

Según a la ley 33, aprobada en el 2019, se supone que para tan pronto como para el 2023 Puerto Rico esté generando un 40 % de energía renovable y el 100 % para el 2050. Además, la ley dispone que se lleve a cabo una reforestación, con una siembra de 500 mil árboles en cinco años, se reduzca en un 60 % los desperdicios sólidos en los vertederos y que se implemente un currículo escolar de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.

Los ambientalistas denunciaron que el DRNA no ha cumplido con ningunas de esas tareas y, más aun, no han escuchado al secretario expresarse acerca del contrato de LUMA ni de otros problemas que le competen de cerca, como la construcción en las costas y en otras áreas de valor natural.

Alvarado trajo como ejemplo que la ley de Cambio Climático dispone que para este 2021 en Puerto Rico no se queme más aceite, que se recicle; pero que Recursos Naturales no está haciendo nada para hacer cumplir esa ley. “Tenemos un Departamento de Recursos Naturales que hace años en Puerto Rico no existe y lo están demostrando en el caso de LUMA y de la planta de carbón. Sigue la contaminación de nuestras costas, se siguen apoderando, dando permisos y, otros, sin permisos, construyendo, y Recursos Naturales no está haciendo mucho con eso”.

La preocupación de los ambientalistas es que la Ley de Cambio Climático se vaya a hacer sal y agua y sus planteamientos no se cumplan. En esa línea también se expresó el portavoz de la organización El Puente, Federico Cintrón: “Me parece que es una vergüenza la actuación de Recursos Naturales al no tomar una posición clara sobre estos temas, sobre todo, cuando a nivel internacional las conversaciones sobre el cambio climático están bien avanzadas en muchos países, incluyendo al nuevo presidente de Estados Unidos, que ha decidido sacar una orden ejecutiva y moverse hacia eso. Que nosotros como gobierno y como país no nos expresemos sobre eso me parece que es inaceptable en estos momentos del juego. La agencia encargada de mover esos temas está callada y no está moviendo la política pública para poder protegernos del cambio climático. ¡Eso es fundamental!”

La portavoz del Sierra Club, Adriana González, igualmente subrayó a preguntas de CLARIDAD que esa organización se ha expresado en los Estados Unidos en contra del contrato. En esencia, porque este no va a proveer lo que está en la LCC. Describió que en los Estados Unidos el Sierra Club trabaja en contra de la perpetuación del uso de los combustibles fósiles. “Es algo que no podemos dejar, y este contrato es exactamente el mismo tipo de contrato que vemos en Estados Unidos de compañías de carbón privatizadoras que lo atan a combustibles fósiles. El Sierra Club se ha declarado en contra de este contrato, se ha declarado en contra del proceso en general, y desde la ley 17, diciendo que la privatización de la energía eléctrica iba a ser la muerte para la energía renovable en Puerto Rico. Ahora es una lucha contra LUMA. Pero desde el comienzo de todas estas luchas, ha sido una por el derecho que tenemos a tener una energía que sea pública, que sea accesible y que sea renovable”.

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El 31 de mayo, último día de la Autoridad de Energía Eléctrica, los puertorriqueños amanecimos con seis páginas de “noticias” de El Nuevo Día dedicadas a vender los buenos auspicios de la privatizadora convertida en virtual dueña de la entidad. “Listo Luma”, dice el titular de portada de la gaceta oficial del gobierno de Pedro Pierluisi. Ese petardo publicitario culmina la ofensiva que nos viene inundando desde hace meses buscando que el país acepte el robo de su principal activo, que se produce, precisamente, en el año 80 de su existencia.

Fue el 2 de mayo de 1941 cuando la Legislatura de Puerto Rico aprobó la ley 83 que disponía la creación de la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF). Entonces el servicio de energía eléctrica estaba privatizado y se limitaba mayormente a áreas urbanas. A principios de ese año un nuevo liderato político había ganado control de la Asamblea Legislativa, tras obtener un triunfo apretado en las elecciones de 1940. Por primera vez asumía la dirección del Capitolio un grupo joven, con ideas socialistas, que todavía tenía la independencia nacional como norte. Para que esos objetivos pudieran materializarse resultaba indispensable modernizar el país, superando el atraso económico.

Aquel grupo de ideas progresistas pronto contó con la ayuda de un gobernador muy distinto a los administradores coloniales que desde 1900 enviaban desde Estados Unidos, cuando en septiembre de 1941 comenzó la administración de Rexford Tugwell. Aun cuando este nuevo gobernador participaba de la visión colonialista de sus predecesores – llegó creyendo que los puertorriqueños no podían autogobernarse- se había ganado el odio de la derecha política en Estados Unidos, que le puso el mote de “Rex the red”, por su apoyo a la planificación pública y a la participación del gobierno en la actividad económica.

Esa coincidencia colaborativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos con ideas reformistas y modernizantes, sería crucial. En los próximos cinco años el trabajo desde los dos centros de poder permitió crear el entramado institucional que serviría de base al crecimiento económico y la modernización de la administración pública. Instituciones claves en las siguientes décadas – Junta de Planificación, Banco de Fomento, Administración de Fomento, etc. – se crearon en esos años.

Pero no sólo era necesario crear nuevas agencias y juntas en la rama ejecutiva. También había que tomar control del desarrollo de la infraestructura, sobre la que se montaba la actividad económica y social. Junto a las redes de trasportación había otros dos servicios realmente esenciales: el agua y la energía, que entonces estaban en manos privadas. No podía permitirse que pequeñas empresas siguieran controlando esos servicios cruciales. Así nacieron la AFF y la AAA.

La actividad económica que se desplegó a partir de 1945 no hubiese sido posible sin la existencia de la AFF, luego llamada AEE. Esa institución, construida con mucho esfuerzo por el pueblo puertorriqueño a partir de 1941, sería crucial no sólo para llevar el vital servicio a los hogares, mejorando enormemente la calidad de vida, sino como base indispensable para la actividad económica que a partir de entonces comenzó a desarrollarse.

Los adalides del capitalismo puro, que también es salvaje, nunca han estado contentos con el binomio AEE-AAA. A los que controlan los hilos del capital desde la metrópolis colonizadora siempre les ha resultado inaceptable que dos servicios tan básicos, como la energía y el agua, no estuvieran en manos privadas. Es, sin duda, una contradicción que en el lugar donde existe el mayor control político del gobierno estadounidense, su colonia caribeña, la empresa privada no controlara dos servicios tan básicos. Por eso llevan tanto tiempo tratando de borrar esa “anomalía”.

Primero intentaron con la AAA, a la que sometieron a dos procedimientos de privatización. Ambos fracasaron, pero en el proceso le robaron cientos de millones de dólares al pueblo puertorriqueño. Ahora, a pesar de aquel pobre precedente, le toca el turno a la AEE, que es una operación valorada en miles de millones de dólares por la que vienen salivando desde hace tiempo.

El proceso que culmina con la entrega de la AEE al consorcio LUMA Energy realmente comenzó hace mucho tiempo, al menos tres décadas. Sucesivos gobiernos coloniales, particularmente los controlados por el PNP, minaron la administración y las finanzas de la entidad para justificar la eventual privatización. En el proceso, claro está, robaron a todo dar y alimentaron a muchos de sus lugartenientes. Aquel saqueo, con su secuencia negativa sobre la calidad del servicio, les sirve ahora para intentar justificar la entrega de la Autoridad a los buitres.

Los efectos negativos de la privatización de la AEE no se limitan a la pérdida de un activo económico valioso. También se le asesta un gran golpe a la lucha organizada de los trabajadores. Mientras la Autoridad crecía, allí se desarrolló lo que tal vez sea el sindicato más combativo que ha tenido Puerto Rico en más de 60 años, la Union de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Desde la década del ’60 del pasado siglo ha estado a la vanguardia del sindicalismo, protagonizando luchas y ofreciendo solidaridad a la que desarrollan otros. La destrucción de ese instrumento es uno de los objetivos principales asociados a la entrega de la AEE. Por eso en el contrato firmado con LUMA no se incluyó ninguna cláusula que protegiera a los trabajadores actuales. Todo lo contrario, expresamente se dispuso que la nueva entidad contrataría sus propios empleados, dándole carta blanca legal para despedir a los que están. No sólo nos roban lo que hemos construido por 80 años, también nos quieren quitar un importante instrumento de lucha.