CLARIDAD

El 31 de mayo, último día de la Autoridad de Energía Eléctrica, los puertorriqueños amanecimos con seis páginas de “noticias” de El Nuevo Día dedicadas a vender los buenos auspicios de la privatizadora convertida en virtual dueña de la entidad. “Listo Luma”, dice el titular de portada de la gaceta oficial del gobierno de Pedro Pierluisi. Ese petardo publicitario culmina la ofensiva que nos viene inundando desde hace meses buscando que el país acepte el robo de su principal activo, que se produce, precisamente, en el año 80 de su existencia.

Fue el 2 de mayo de 1941 cuando la Legislatura de Puerto Rico aprobó la ley 83 que disponía la creación de la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF). Entonces el servicio de energía eléctrica estaba privatizado y se limitaba mayormente a áreas urbanas. A principios de ese año un nuevo liderato político había ganado control de la Asamblea Legislativa, tras obtener un triunfo apretado en las elecciones de 1940. Por primera vez asumía la dirección del Capitolio un grupo joven, con ideas socialistas, que todavía tenía la independencia nacional como norte. Para que esos objetivos pudieran materializarse resultaba indispensable modernizar el país, superando el atraso económico.

Aquel grupo de ideas progresistas pronto contó con la ayuda de un gobernador muy distinto a los administradores coloniales que desde 1900 enviaban desde Estados Unidos, cuando en septiembre de 1941 comenzó la administración de Rexford Tugwell. Aun cuando este nuevo gobernador participaba de la visión colonialista de sus predecesores – llegó creyendo que los puertorriqueños no podían autogobernarse- se había ganado el odio de la derecha política en Estados Unidos, que le puso el mote de “Rex the red”, por su apoyo a la planificación pública y a la participación del gobierno en la actividad económica.

Esa coincidencia colaborativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos con ideas reformistas y modernizantes, sería crucial. En los próximos cinco años el trabajo desde los dos centros de poder permitió crear el entramado institucional que serviría de base al crecimiento económico y la modernización de la administración pública. Instituciones claves en las siguientes décadas – Junta de Planificación, Banco de Fomento, Administración de Fomento, etc. – se crearon en esos años.

Pero no sólo era necesario crear nuevas agencias y juntas en la rama ejecutiva. También había que tomar control del desarrollo de la infraestructura, sobre la que se montaba la actividad económica y social. Junto a las redes de trasportación había otros dos servicios realmente esenciales: el agua y la energía, que entonces estaban en manos privadas. No podía permitirse que pequeñas empresas siguieran controlando esos servicios cruciales. Así nacieron la AFF y la AAA.

La actividad económica que se desplegó a partir de 1945 no hubiese sido posible sin la existencia de la AFF, luego llamada AEE. Esa institución, construida con mucho esfuerzo por el pueblo puertorriqueño a partir de 1941, sería crucial no sólo para llevar el vital servicio a los hogares, mejorando enormemente la calidad de vida, sino como base indispensable para la actividad económica que a partir de entonces comenzó a desarrollarse.

Los adalides del capitalismo puro, que también es salvaje, nunca han estado contentos con el binomio AEE-AAA. A los que controlan los hilos del capital desde la metrópolis colonizadora siempre les ha resultado inaceptable que dos servicios tan básicos, como la energía y el agua, no estuvieran en manos privadas. Es, sin duda, una contradicción que en el lugar donde existe el mayor control político del gobierno estadounidense, su colonia caribeña, la empresa privada no controlara dos servicios tan básicos. Por eso llevan tanto tiempo tratando de borrar esa “anomalía”.

Primero intentaron con la AAA, a la que sometieron a dos procedimientos de privatización. Ambos fracasaron, pero en el proceso le robaron cientos de millones de dólares al pueblo puertorriqueño. Ahora, a pesar de aquel pobre precedente, le toca el turno a la AEE, que es una operación valorada en miles de millones de dólares por la que vienen salivando desde hace tiempo.

El proceso que culmina con la entrega de la AEE al consorcio LUMA Energy realmente comenzó hace mucho tiempo, al menos tres décadas. Sucesivos gobiernos coloniales, particularmente los controlados por el PNP, minaron la administración y las finanzas de la entidad para justificar la eventual privatización. En el proceso, claro está, robaron a todo dar y alimentaron a muchos de sus lugartenientes. Aquel saqueo, con su secuencia negativa sobre la calidad del servicio, les sirve ahora para intentar justificar la entrega de la Autoridad a los buitres.

Los efectos negativos de la privatización de la AEE no se limitan a la pérdida de un activo económico valioso. También se le asesta un gran golpe a la lucha organizada de los trabajadores. Mientras la Autoridad crecía, allí se desarrolló lo que tal vez sea el sindicato más combativo que ha tenido Puerto Rico en más de 60 años, la Union de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Desde la década del ’60 del pasado siglo ha estado a la vanguardia del sindicalismo, protagonizando luchas y ofreciendo solidaridad a la que desarrollan otros. La destrucción de ese instrumento es uno de los objetivos principales asociados a la entrega de la AEE. Por eso en el contrato firmado con LUMA no se incluyó ninguna cláusula que protegiera a los trabajadores actuales. Todo lo contrario, expresamente se dispuso que la nueva entidad contrataría sus propios empleados, dándole carta blanca legal para despedir a los que están. No sólo nos roban lo que hemos construido por 80 años, también nos quieren quitar un importante instrumento de lucha.