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Una manera más efectiva de utilizar el recurso sol y los terrenos agrícolas, una propuesta de $500 millones anuales menos que el costo del sistema actual, una reducción de hasta un 70% de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) son tan solo parte de los beneficios que resultarían de la aplicación de la propuesta del movimiento Queremos Sol de un sistema solar distribuido en techos de casas y estacionamientos.

La propuesta de Queremos Sol está contenida en el Estudio de Integración de Recurso Solar Distribuido Puerto Rico, en el cual participaron la ingeniera Ingrid Vila Biaggi de la organización Cambio, Cathy Kunkel, del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), el profesor de electricidad, doctor Agustín Irizarry, Telos Energy, EEPlus y Energy Futures Group.

En una presentación a la prensa (vía zoom) Vila Biaggi explicó que el análisis provee información nueva y útil que muestra como transformar de manera radical el sistema eléctrico utilizando el sol y los techos como base. Los resultados -afirmó- evidencian que es posible, beneficioso y costo-efectivo que en 15 años el 100% de los hogares en Puerto Rico cuenten con sistemas fotovoltaicos para atender las cargas críticas y generar el 75% de nuestra energía de recursos renovables distribuidos. “El estudio muestra que no hay necesidad de usar el dinero público en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones a gas natural de plantas existentes. Por el contrario, la AEE debe comenzar ya a invertir esos $9,650 millones de fondos federales disponibles para instalar placas solares en techos y sistemas de almacenamiento”, indicó.

En tanto el profesor de electricidad y ex representante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, Dr. Agustín Irizarry, describió que el estudio desarrolló un modelo del sistema eléctrico para evaluar de forma detallada, técnica y económica una cartera de generación sostenible que es dramáticamente diferente a la actual. Según explicó, el estudio ilustra el comportamiento de una red eléctrica que integra gran cantidad de recursos energéticos distribuidos, con prioridad en hogares que capten energía solar fotovoltaica en techos y su almacenamiento. Esto permitió entender las oportunidades y los cambios operacionales y medidas de mitigación que pueden implementarse para facilitar esta integración.

“La AEE nunca ha realizado un modelado así del sistema de distribución eléctrica de toda la isla”, observó. Además explicó que el trabajo recreó el 89% del sistema de distribución, incluyendo Vieques y Culebra, lo que permitió modelar cómo funcionaría un sistema que genera la mayor parte de su electricidad con fotovoltaicos en techos de residencias y comercios.

Por parte de la analista de finanzas de IEEFA, sostuvo que la transformación hacia la autosuficiencia energética permitiría tener precios estables y razonables con menos inversión en los sistemas de transmisión y distribución que la propuesta de la AEE. “Si la AEE usa desde ahora los fondos federales para establecer este plan, el costo del sistema podría reducirse por debajo de 15 centavos/kWh en 15 años. Estas inversiones en renovables estabilizarían la tarifa ya que se reduce la dependencia de los mercados fluctuantes de combustibles fósiles. En los últimos años, la AEE ha gastado más de $1,400 millones al año en combustibles importados y este escenario reduciría esa factura de combustible a $430 millones. El gobierno federal permite que los fondos se inviertan en la construcción de una red de energía limpia y renovable como la propuesta con este modelo”, acentuó Kunkel.

A preguntas de la Prensa, Vila Biaggi aclaró la diferencia entre los proyectos de energía renovable de la AEE y la propuesta de Queremos Sol. En el caso de la AEE sus solicitudes de propuestas de energía renovable son para proyectos a gran escala, los cuales tienen un impacto en la red de transmisión y conllevan reforzar los sistemas de transmisión para que la AEE pueda absorber esa generación. La propuesta de Queremos Sol es de manera distribuida cerca del punto de consumo -es decir encima de los techos. Dado que gran parte de esta generación ni entra a la red, porque se consume en el mismo lugar, la consecuencia es que requiere menos dependencia del sistema de transmisión y distribución y por ende la AEE no tiene que invertir o añadir capacidad. Incluso reveló que en la presentación que le hicieron al equipo de planificación de la AEE los técnicos lo vieron con buenos ojos y reconocieron que la propuesta validaba estudios que había hecho el departamento que indicaban que esta modalidad distribuida en hogares era la que menos impacto tenía sobre la red de la AEE y era la forma más efectiva de integrar las energías renovables.

El doctor Irizarry resaltó que el mejor recurso que tenemos es el sol para no afectar los terrenos agrícolas y que la propuesta se podría utilizar en todo el Caribe y en toda la franja tropical del planeta. También recalcó que los sistemas son realmente resilientes y están capacitados para atender la demanda básica de un hogar aun ante una semana de lo que podría ser un evento raro de mucha nubosidad. Otro aspecto que trajo a la atención fue que el plan de la AEE a FEMA (siglas en inglés de Administración Federal para el Manejo de Emergencias), al igual que el contrato de LUMA es sacar un poste y sustituirlo por otro poste, lo que no añade ni moderniza el sistema.

Sobre la disponibilidad de fondos Vila Biaggi apuntó que los fondos federales CDBR-G cuentan con una partida entre $500 a $600 millones para la instalación de estos sistemas fotovoltaicos para personas de menos ingresos y proyectos comunitarios, al igual que para proyectos de resiliencia para el recurso agua. Sin embargo se descubre en el estudio que la AEE no asignó presupuesto para energía renovable en su plan de diez años de fondos federales.

Entre los hallazgos principales del estudio están:

– Se puede proveer 100% de resiliencia a los hogares asegurando sistemas fotovoltaicos de 2.7 kW en techos con baterías de 12.6 kWh, así como en comercios, lo que reduciría la vulnerabilidad a nivel de hogares y comunidades.

– Es costo-efectivo utilizar $9,600 millones en fondos federales para viabilizar este plan y reducir los costos del sistema eléctrico por debajo de 15 centavos/kWh al 2035 (versus 21 centavos/kWh al 2019).

– Se puede alcanzar que Puerto Rico produzca el 75% de energía renovable en 15 años y reducir costos de combustible a $430 millones al 2035 (actualmente se gasta sobre $1,400 millones/año).

– Este modelo permite reducir hasta 70% de emisiones de CO₂, lo que ubicaría a Puerto Rico a la vanguardia con países que proponen atender con responsabilidad el cambio climático.

– No hay necesidad de invertir en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones de plantas existentes para uso de gas natural, por lo que es posible retirar esta generación, primero de AES, luego Palo Seco y Aguirre. Las unidades restantes se utilizarían muy pocas horas del año, si algo, en el escenario de 75% de energía renovable.

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“La lucha por la emancipación del llamado “sexo débil” se siente en la sociedad moderna que exige para la mujer la liberación total de los factores históricos que anteriormente la mantuvieron sujeta a la dictadura de la voluntad del hombre y de una sociedad que la entendía como objeto, postergándola de la actividad social y política… Los conceptos tradicionales que regían la vida de la mujer se desplomaron ante las fuerzas históricas que exigían la incorporación plena del elemento femenino a los cambios sociales… Por esto, la participación de la mujer en la lucha por la independencia se convierte hoy en un deber ineludible.”

La cita anterior no está tomada de ninguno de los escritos circulan en ocasión de celebrarse, ya en la tercera década del siglo XXI, el Día Internacional de la Mujer. Lo antes citado fue dicho en 1962, por una mujer extraordinaria que entonces ocupaba el cargo de Secretaria de Acción Femenina del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico (MPI): Carmen Rivera de Alvarado. A esta mujer aún se le distingue en la Universidad de Puerto Rico, que fue su centro de trabajo por más de 30 años, manteniendo su nombre en la fachada de uno de sus edificios. Pero lo que hizo a lo largo de una vida marcada por la lucha y la solidaridad, ha ido poco a poco cayendo en el olvido.

Tuve la suerte de conocerla y de haberme beneficiado de forma directa de su afán solidario. Como un acto de tardío agradecimiento escribo este artículo buscando, además, rescatar su memoria y divulgar su ejemplo. Puede que a la generación actual le resulte extraño el “de Alvarado” que siempre añadía a su nombre, o el calificativo de “doña Carmen” que utilizamos los jóvenes estudiantes y los militantes del MPI de entonces. Eran usos de la época que nunca redujeron el militante feminismo y el sacrificado patriotismo que distinguieron a esta mujer excepcional.

Su haber profesional se mantiene vigente porque la Facultad de Trabajo Social de la UPR, de la que fue forjadora, se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de sus aportaciones. No sucede lo mismo con su otra faceta de militante y dirigente de la lucha independentista. Para calibrar esas aportaciones bastaría con decir que fue fundadora de las tres organizaciones que presidieron la lucha de independencia de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, a saber, el Partido Independentista (PIP) en 1948, el MPI en 1959 y el Partido Socialista (PSP) en 1971. Luego de este último acto fundador nunca pensó en cesar de luchar, pero la muerte apareció en su camino el 23 de julio de 1973, cuando recién cumplía 63 años.

Como señalé antes, fue una académica de primer orden que privilegiaba la tarea universitaria y disfrutaba el trabajo formativo con sus estudiantes. No obstante, nunca vaciló un instante cuando entendió necesario arriesgar su trabajo en la Universidad, colocándose al lado de los que reclamaban sus derechos frente a la administración o se manifestaban dentro del campus. Muy temprano en su carrera tuvo su primer reto cuando un grupo numeroso de estudiantes se movilizó para expresar el respeto de los universitarios por Pedro Albizu Campos, quien regresaba a Puerto Rico el 15 de diciembre de 1947. Doña Carmen, quien, además de docente, dirigía un organismo de apoyo al estudiantado, no sólo los apoyó, sino que aceptó gustosamente cuando la seleccionaron para izar la bandera puertorriqueña en la Torre en saludo a Albizu. “Aquel acto”, recordaba Juan Mari Brás, uno de los dirigentes estudiantiles de entonces, “fue la causa inmediata de que Doña Carmen se convirtiera en la primera víctima de la represión benitista en la administración universitaria. El rector eliminó la Junta de Servicios al Estudiante convirtiéndola en decanato como pretexto para destituir a la Dra. Alvarado del cargo.”

En una columna titulada “Pionera de la mujer nueva” (CLARIDAD, 5 de junio de 1973) Mari Brás amplía: “Hay dos cosas que Jaime Benítez (rector) nunca le perdonó a doña Carmen: primero, su consecuente adhesión a la lucha de independencia y segundo, su gran popularidad entre el estudiantado.” Añade que la destitución “fue una de las causas inmediatas de la huelga universitaria de 1948.”

Ese apoyo estudiantil logró que la Dra. Rivera de Alvarado continuara como docente. Debió abandonar el cargo administrativo de servicio a los estudiantes, tan cercano a sus sentimientos, pero siguió educando a las generaciones de Trabajadores Sociales que pasaron por su aula. Tampoco cesó en su otra lucha. Ese mismo 1948 ayudó a fundar el PIP, donde sería la primera mujer en ocupar un cargo de dirección al formar parte de su Comisión Ejecutiva. Al final de la siguiente década, cuando ese partido vivió una crisis interna, doña Carmen estuvo otra vez al lado del otrora estudiante, Mari Brás, reclamando una renovación que proponía “cambios estructurales, darle mayor participación a la juventud, a la mujer… en el seno del partido, y no reducirlas al objetivo estrictamente electoral”.

Frustrada la renovación del PIP, el grupo disidente se unió a otras personas para fundar un nuevo Movimiento. En primera fila estaría Doña Carmen, junto a su compañero de vida, Antonio Alvarado, quien fungiría como Secretario de Finanzas de la novel organización. Desde la dirección del MPI, como Secretaria de Acción Femenina, participó en la intensa lucha de la década del ’60 y, creció con la entidad hacia su trasformación en partido socialista. “Ya en 1971”, dice Mari Brás”, “cuando muchos de sus contemporáneos se habían orillado a los márgenes de la lucha patriótica, ella estaba en primera fila, en la Asamblea Constituyente del partido de la clase obrera.”

Entre su labor docente y su militancia en el MPI, doña Carmen encontró tiempo para involucrarse en tareas de solidaridad, tan cercanas a ella. Una de estas fue la organización y dirección del Comité de Mujeres por la Libertad de Blanca Canales, la heroína nacionalista que cumplía prisión desde 1950. Cuando la heroína nacionalista fue finalmente excarcelada en 1967 se reconoció al Comité “como la entidad que vino a despertar y a canalizar efectivamente la lucha por la libertad de la distinguida jayuyana.” (CLARIDAD, 27 de agosto de 1967).

Durante esos mismos años su labor solidaria también se manifestó dentro de la universidad, en la que una nueva generación de estudiantes desarrollaba la lucha contra el servicio militar, la Guerra de Vietnam y la presencia del ROTC en el campus. Además de participar en los comités organizados para apoyar a los que nos negábamos a ingresar en las fuerzas armadas, cuando la lucha derivaba en confrontaciones con la Policía, allí estaba Doña Carmen al lado de los universitarios. En 1968 fue la organizadora y presidenta del Comité de Apoyo a 25 estudiantes que enfrentamos distintas acusaciones por los incidentes del 27 de septiembre de 1967. Los gastos de aquel largo proceso se pudieron cubrir gracias al comité. La recuerdo subida en la tarima, en el acto que celebramos al concluir el juicio, interpelando a la administración universitaria. Cito de la noticia que publicó El Mundo el 28 de febrero de 1969: “Habló también la Dra. Carmen Rivera de Alvarado, presidenta del “Comité Pro Defensa de los 25 Estudiantes”, quien señaló “que el rector y la Administración Universitaria sólo ven la parte de los estudiantes que ellos quieren ver y no ven el lado del patriotismo, el de la voluntad de estos jóvenes perseguidos.”

El artículo de Mari Brás previamente citado fue en ocasión de habérsele distinguido en la UPR como “Profesora Emeritus” para los actos de graduación de 1973. “La iniciativa no vino de la administración universitaria”, aclara Mari Brás, “fue a instancias de sus colegas profesores que se tomó la decisión. La administración no tuvo más remedio que aceptarla, en vista al meritísimo historial docente y profesional de la Doctora Alvarado.”

En 1973 la UPR era dirigida por quienes Luis Ferré y el PNP impusieron tras asumir la gobernación en 1969: Amador Cobas en la presidencia y Pedro José Rivera en la rectoría de Río Piedras. La nueva generación estudiantil, con la FUPI en primera fila, continuaba su lucha, y Doña Carmen, solidaria como siempre, se puso otra vez de su lado y se negó a recibir la distinción. “No asistí a la entrega de distinciones honoríficas”, dijo entonces, “para evitar que mi presencia pudiese interpretarse en forma alguna como expresión de solidaridad con la administración. Mi posición en la Universidad nunca ha sido la del intelectual neutral y aséptico. Siempre he estado comprometida con la Universidad en lo que considero su función esencial en la sociedad, que para mí es la formación de hombres y mujeres libres de espíritu.”

Pocos meses después la muerte le quitaría al País las aportaciones de esta mujer valiente y solidaria.

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El proyecto de ley presentado en el Congreso de EEUUAA por la comisionada residente Jennifer González y el congresista demócrata Daren Soto, que pretende viabilizar un proceso de la admisión de Puerto Rico como un estado, no tendrá un resultado más allá de aflorar diferencias entre miembros del Partido Demócrata (PD), y aumentar la discusión pública en Wáshington sobre la usurpación de poderes que representa la ley Promesa.

Para el profesor de ciencias políticas y estudioso del tema de Puerto Rico y la política estadounidense, Javier Colón Morera, la presentación del proyecto (el pasado 2 de marzo) ha puesto sobre la mesa el tema de la ley Promesa y cuál es el nivel de gobierno propio que realmente tiene Puerto Rico. Dado a que los que defendían el llamado Estado Libre Asociado (ELA), decían o reconocían que, aunque no era un arreglo perfecto, daba suficiente autonomía operacional, esa autonomía se ha restringido con Promesa a tal nivel que ha provocado que los temas de pobreza y cuál es el nivel de gobierno interno se hagan más fuertes, eso a su juicio ha creado una conciencia mayor en la opinión pública de Estados Unidos de las limitaciones del ELA.

“En un sentido hay una conciencia mayor de las limitaciones del modelo político de Puerto Rico tanto en términos de la decisión de la gobernanza como en términos de toda la pobreza revelada por María… En ese sentido ahí podría haber condiciones para ir creando un espacio político para el cambio en Estados Unidos”. No obstante, apuntó, el enfoque del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que el 52% de los votos -del 50% del electorado- por la estadidad constituye un mandato suficientemente fuerte como para mover al Congreso, es otro tema.

El proyecto -señaló- además ha creado una cierta división dentro del PD entre los que esgrimen el discurso de igualdad de la estadidad y los que lo ven como un problema de autodeterminación. Estas dos visiones han creado unas alternativas distintas a las que tradicionalmente se habían considerado por el PD. En otras circunstancias, por ejemplo, cuando se presentó el proyecto Jones se presentaron otros casos de estadidad y esa división dentro de los demócratas no había aflorado como afloró ahora.

La observación de Colón Morera es que esa es una discusión que está mostrándose en los medios tradicionales en Estados Unidos, respecto a la diferencia entre un proyecto de estadidad o un proyecto de autodeterminación. Por ejemplo, las congresistas demócratas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandra Cortés, favorecen y presentaron un proyecto de libre determinación. “Eso es interesante porque en donde más apoyo hay a la estadidad no es en el Senado, es en la Cámara, pues el comisionado residente está en la Cámara, hay una relación de trabajo”. Mientras en el Senado desde el 1991, no se ha dado paso al tema.

Ante estas dos realidades reafirmó su apreciación de que el nuevo proyecto lo más probable es que aflorará un interés mayor por parte de la opinión pública en Estados Unidos y la división entre los demócratas, fundamentada en el principio de la autodeterminación, y fundamentada en el acceso de una asamblea constitucional de estatus. Colón Morera describió esta división como un desarrollo interesante porque era una conversación que no había logrado tener atracción en el Congreso y que parece que ahora está empezando a considerarse de manera seria.

En ese sentido recordó que luego del huracán María, visitó el País un relator especial de la pobreza e hizo un informe ante las Naciones Unidas (ONU) y por parte de organizaciones de Puerto Rico se presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que considera que la situación de Puerto Rico ha trascendido el ámbito convencional de la discusión de que es una colonia sujeta a los poderes coloniales. Considera que se está empezando a plantear la falta de cuidado de parte de Estados Unidos de su responsabilidad fiduciaria ante el territorio. “Cuando afirma que tiene poderes plenarios, pero no se encarga de que no pasen cosas terribles como las muertes de María, la política de Trump de discriminar abiertamente con los fondos federales, todo eso ha colocado a Estados Unidos en una posición más defensiva en el caso de Puerto Rico”.