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“Uno no puede estar cambiando las reglas cada dos días porque nosotros tenemos una población que apenas está informada”.

Por
candida-cotto
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COVID

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La sobre confianza atribuida a la vacunación, no adaptar a la realidad del país las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), el ejemplo de los mismos políticos, todos esos factores han contribuido a un repunte de contagios por coronavirus (Covid-19).

De acuerdo con datos del Departamento de Salud (DS) para la segunda semana de este mes de abril la positividad de Covid-19 en Puerto Rico sobrepasaba el 13 por ciento. Los casos confirmados a este domingo 11 de abril sumaban 102,432 y las muertes confirmadas 2,154. El repunte de contagios obligó a que el DS ordenara cancelar las clases presenciales y a que la nueva Orden Ejecutiva estableciera otra vez un toque de queda a partir de las 10 de la noche, restricción de actividades que conlleven aglomeración de personas, pero se mantuvo la apertura de los comercios y restaurantes a un 50 por ciento de capacidad.

A juicio de la profesora de epidemiología, doctora Cruz María Nazario, el repunte de contagios se pudo haber evitado. “No tenemos nada más que mirar a los países que han controlado la pandemia desde hace muchos meses. El problema que hemos tenido en Puerto Rico lo divido en dos situaciones complementarias. La primera es que aquí todo lo que se hace es seguir al pie de la letra lo que dice el CDC sin cuestionar, sin atemperar, si de verdad esas recomendaciones son buenas o no para nuestro país. Uno no puede estar cambiando las reglas cada dos días porque nosotros tenemos una población que apenas está informada.” Dio como ejemplo que la recomendación del CDC de que las personas vacunadas se pueden reunir con su familia, sin mascarilla y sin distanciamiento contrasta con la definición de familia que se tiene en la isla. Cuando el CDC dice familia se refiere a padre, madre e hijos. En Puerto Rico cuando se refiere a familia es mucho más que ese núcleo, son los padres, hijos, tíos, primos, sobrinos abuelos, etc. “O sea, hay que atemperar las recomendaciones porque la comunicación es un asunto muy importante e implica que hay que pensar en lo que se va a decir.”

 

El segundo agravante lo atribuyó al mal ejemplo de la misma gente del gobierno. El más reciente fue la dinámica en el mensaje de estado que ofreció el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en el Capitolio. “La mascarilla no funciona mágicamente. No tan solo había mucha gente aglomerada, en la conferencia de prensa luego del mensaje estaban todos pegados unos a otros; hablaron frente al micrófono sin mascarilla. Cuando se habla se escupe, terminó uno y llegó el otro, también se quita la mascarilla, agarra el micrófono que el otro escupió, habló, en ningún momento se limpió el micrófono, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando?”, cuestionó la profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR).

Añadió que la sobre confianza de las personas porque ya están vacunadas es bien equivocada. Todas las recomendaciones, incluyendo en este caso al CDC, la Organización Panamericana para la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones de salud europeas -reparó- han dicho que la vacuna no protege de que la persona no se contagie con el virus. Puntualizó que la investigación que se ha hecho para conseguir la vacuna lo que tiene es una aprobación de uso de emergencia, por lo que hay que pensar que la aprobación se da porque hay una crisis. Incluso la misma industria lo que plantea es que la vacuna va a proteger a las personas de que si se llega a contagiar con la Covid 19 la infección no va a ser severa, no lo va a llevar a un hospital, y posiblemente no muera. “Eso es lo único que hay como evidencia de la investigación a nivel de la vacuna”, recalcó.

En esa dirección explicó que por ejemplo la vacuna de Pfizer tiene una efectividad de un 96%. Eso lo que quiere decir a nivel de la población es que si se tienen 100 personas vacunadas, en 96 casos su sistema inmunológico va a reaccionar y va a desarrollar los anticuerpos para que en caso de que se enfrenten al virus los pueda atacar, minimizar y reducirlo a una enfermedad leve. Pero a nivel del individuo no quiere decir nada porque la persona no sabe si es una de las 96 o una de los cuatro que no desarrollaron anticuerpos. Esto implica que a nivel del individuo hay que mantenerse todavía con todas las medidas cautelares posibles para evitar el contagio. Si por situaciones extraordinarias la persona es de las 96 que su sistema reaccionó y tiene anticuerpos, también se tiene que proteger primero porque la garantía de la vacuna no es que no se va a infectar es que la infección no va a ser severa y segundo porque las vacunas no protegen contra la mayoría de las variantes del virus. Es decir que la persona puede estar vacunada usando ya sea la vacuna de Pfizer o la Moderna, pero, aunque se esté vacunado si llega una persona del exterior se podría contagiar con las nuevas variantes.

Al abordar el tema de las nuevas variantes, la doctora Nazario apuntó a que todos los científicos que están trabajando en esta pandemia saben que el virus del Covid muta de manera constante más que otros virus, por lo que pensar que en la isla no ha llegado o no ha variado el virus en alguna persona es totalmente ilógico. Criticó que debido a que ha ocurrido una disminución en las pruebas moleculares que son las muestras que se podrían tomar para ver cuál es la secuencia del genoma del virus, esa muestra no se ha identificado.

“Desde que empezó la pandemia se debió haber estado pendiente a la mutación en el virus, eso se hace con el virus de la influenza. Aquí se sabe qué tipo de variante de la influenza es el que más frecuente estuvo afectando a las personas en Puerto Rico.” Este seguimiento que identifica las variantes del virus es lo que permite formular la vacuna para el próximo año. Cuestionó el cómo era posible que el DS no haya considerado la necesidad de la secuenciación de las muestras que se están teniendo en el país.

Aun cuando indicó que ahora mismo para el virus que está más frecuente en Puerto Rico la vacuna es eficiente en evitar que se siga propagando, reiteró que eso no evita que a la persona le pueda dar la enfermedad y ser asintomática, por lo que es necesario que el 80% del país este vacunado. Aclaró que con la llamada inmunidad de grupo lo que se pretende no es proteger a nivel del individuo, sino la protección a nivel del grupo. Al tener una población grande vacunada se protege también a los que no están vacunados ya sea porque no se puedan vacunar, le tienen miedo o por cualquier motivo. Pero todos aquellos vacunados están protegiendo a los que están a su alrededor, incluyendo a los no vacunados.

Sin embargo, acotó que en Puerto Rico solo el 13% de la población tiene la vacuna completa, lo que para nada es un por ciento adecuado. “Digamos que la prioridad de vacunar a los viejos de 65 años era porque la vacuna lo que protege es a esos más susceptibles de enfermar gravemente y hospitalizarse y morir, por lo tanto, si se vacunaban se iba a disminuir la enfermedad grave y hospitalizaciones y muertes. Ese fue el objetivo de vacunar a los viejos primeros. Pero solo se ha vacunado 33% de esa población en Puerto Rico y eso es un por ciento, un estimado porque en ningún lugar de todas las páginas del DS aparece ese dato”, afirmó la doctora Nazario. Dijo que lo que aparece en la página del DS es que hay un millón de dosis, pero cuantas personas están vacunadas completas es el 13%. Por lo tanto, decir que hay un millón de dosis no es lo importante, el número importante es cuántas personas se han vacunado por completo. Rechazó que el por ciento de la población vacunada de 65 años o más sea el 55% como alega el DS.

En ese aspecto denunció que la razón por la cual la vacunación de los viejos dejó de ser prioridad para el gobierno y ahora va a vacunar a todas las personas de 16 años en adelante es porque se está mirando que lo que se quiere reducir es el contagio entre los jóvenes y a la vez poder decir que se pueden abrir las escuelas y los negocios, “la economía otra vez detrás es la base para la decisión, no es una base con evidencia epidemiológica”.

Aun cuando la doctora Nazario reconoció que lo más saludable para los niños es estar en su ambiente escolar, afirmó que está en contra de que se abran las escuelas porque no están preparadas y por el alto contagio comunitario. “Los niños no viven en las escuelas y si en la comunidad hay una tasa alta de transmisión comunitaria va haber niños contagiados.” En esa línea agregó que el rastreo no está funcionando a la vez que recordó que no hay ningún poder político para impedir la entrada de personas del exterior, por demás la recomendación del CDC de que no se viaje a Puerto Rico es inconsecuente porque el mensaje es para proteger a los de “allá y no los de acá”. Como tampoco las recomendaciones autoritarias del gobernador funcionan ya que no están acompañadas de campañas de educación pertinentes y relevantes.

En entrevista por separado el doctor Fernando Cabanillas, dijo que no ha tenido ningún caso de las nuevas variantes, a la vez que también llamó a la atención a que en Puerto Rico se está secuenciando muy poco los virus que está produciendo la infección. “Sabemos que las tres cepas ya están en Puerto Rico, pero cuan prevalente es cada una y que por ciento de las infecciones son debido a ellas, eso es lo que no sabemos y que debiéramos estar investigando activamente porque ya estoy oyendo de casos que están vacunados por completo y les ha dado la infección, así que es algo por lo que nos debemos preocupar porque puede que sean organismos resistentes a las vacunas”.

Aunque el método de rastreo de donde fue que la persona se infectó con una variante del virus sería igual al que se hace ahora, indicó que para identificar el contagio con las variantes del virus habría que hacer énfasis en hacer un rastreo más extenso en cómo la persona lo adquirió para ver si estuvo en contacto con alguien que vino del exterior

Dado al repunte de contagios señaló que era importante ver algunas diferencias entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en los inicios de la pandemia. En los momentos del inicio de la pandemia los pacientes eran entre las edades de 50 a 59 años. “Ahora mismo eso ha cambiado drásticamente y el número más predominante es entre 20 a 29 y entre de 10 a 19 también está aumentando en incidencia, lo cual quiere decir que lo que hacemos ahora para tratar de frenar el rebote que está ocurriendo debe ser diferente también”.

Frente a esa realidad para detener la propagación, el doctor Cabanillas dijo considerar que hay que enfocarse más en identificar en donde es que están infectándose esas personas jóvene,s ya que si se hace lo mismo que al principio de cerrar los restaurantes, cerrar más temprano, establecer menos ocupación, quizás no va a funcionar porque los muchachos jóvenes no se contagian en restaurantes, por lo que cree que hay que tener eso en mente. Añadió que el problema de esa edad es que muchos son asintomáticos y las personas jóvenes tienden a enfermarse con muy pocos síntomas y a veces ni se enteran que son portadores del virus. Dado a esas circunstancias favoreció el que se haya empezado a vacunar a las personas de 16 años en adelante. “Pero una cosa es empezar a vacunarlos y otra es que la acepten. Creo que tienen también que poner cierto esfuerzo en comunicar que la vacuna es importante con datos a los que ellos presten atención, utilizar personas que atraigan a los jóvenes”, sugirió.

En ese aspecto de la vacunación y de cuando se alcanzará la llamada inmunidad de grupo, el doctor Cabanillas, comentó no saber porque el DS se ha atrasado en la vacunación debido a que hay vacunas suficientes. No obstante, también reparó en que no se puede estar demasiado confiado y recalcó que las vacunas son para evitar infecciones severas pero sus estudios fueron antes de las cepas variantes, así que lo que aplicaba en aquellos momentos no necesariamente aplique ahora.

Ante el alza en contagios, el doctor Cabanillas señaló que es posible que se esté complicando el panorama, “pero no quiero sonar fatalista, creo que hay que investigar cuántos de estos casos que se están infectando ahora lo están con las cepas variantes creo que el Departamento de Salud le debe dar prioridad a eso”.

En fin, ante el Covid-19 y sus variantes el mensaje tanto para jóvenes como adultos, vacunados o no hay que continuar con el uso de la mascarilla y las medidas de protección.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel que me das: «Casandra» – Íbico

Por
Cristina Pérez Díaz
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Casandra

 

En la voz de los mortales 

se sostiene Casandra, 

la de los ojos grises, 

la del pelo opalino, 

hija de Príamo.

 

Fragmento 317 de Íbico traducido del griego antiguo por Cristina Pérez Díaz.

Dibujo en tinta sobre papel de Emanuel Torres.

 

El dios Apolo se enamoró alguna vez de Casandra, pero ella no se enamoró de él. Rechazar a un dios es un acto anómalo, que cae fuera de la Ley, de la no escrita. El castigo: Casandra tendría el don de profeta, que es un regalo que sólo puede dar Apolo, pero nunca nadie le creería lo que ve. Esquilo le añade un detalle al problema de Casandra: que habla sin ritmo. Carecer de ritmo en la Grecia antigua fue una cualidad catastrófica: cuando Casandra regresa a Micenas junto con el rey, Agamenón, quien la había tomado como botín tras la quema y saqueo de Troya, puede ver claramente lo que se avecina: que Clitemnestra, la reina y esposa, los va a matar a ambos (a ella misma y a Agamenón) una vez entren al palacio; al bajarse del carro, comienza a decir su profecía: habla de una casa «autohomicida», «andrófaga», «que apesta a sangre», habla de fetos llorando y de carne humana rostizada que el padre devora; el coro la compara con una perra de buen olfato y le reprocha a su discurso, no tanto incoherencia, sino una arritmia fatal: «Estás loca, poseída, cantas una canción sobre ti misma que carece de ritmo (ánomos nómos).» La palabra que usa Esquilo para describir la «canción» de Casandra, ánomos, significa literalmente «sin ley», en un juego de palabras con nómos, que significa «canción», «ley», «costumbre». Su voz es una anomalía.

Más recientemente, Christine Brooke-Rose califica el habla de Casandra como un «utterly other discourse» al comienzo de su Amalgamemnon: «I shall soon be quite redundant at last despite of all (…) The programme-cuts will one by one proceed apace, which will entail laying off paying off with luck all the teachers of dead languages like literature philosophy history, for who will want to know about ancient passions divine royal middle class or working in words and phrases and structures that will continue to spark out inside the techne that will soon be silenced by the high technology? Who will still want to read at night some utterly other discourse that will shimmer out of a minicircus of light upon a page of say Agamemnon returning to his murderous wife the glory-gobbler with his new slave Cassandra princess of fallen Troy who will exclaim alas, o earth, Apollo apocalyptic and so forth…».

 

Constitucionalistas de Puerto Rico refutan colegas EUA

Por
redaccion-de-claridad
-

CLARIDAD

Los académicos puertorriqueños que enseñan cursos de derecho constitucional en las tres escuelas de derecho del País, rechazaron firmar una carta que endosa el proyecto pro estadidad presentado en el Congreso de Estados Unidos. En su lugar, suscribieron una comunicación conjunta reclamando que se respete el derecho a la libre determinación y que el “ elemento clave para un consenso es que Puerto Rico posee su propia identidad nacional y cultural, distinta a la de Estados Unidos.”

La carta original fue circulada por una profesora de derecho de la Universidad de Columbia, Christina Ponsa, vinculada al movimiento anexionista puertorriqueño. Como introducción informaba que un grupo de académicos muy conocidos, todos estadounidenses, apoyaban la admisión de Puerto Rico como estado y se oponían al proyecto de las congresistas Alexandra Ocasio y Nydia Velázquez para que se garantice el derecho a la libre determinación. Todos los profesores de derecho constitucional de Puerto Rico rechazaron acceder a la petición de Ponsa.

La carta que refuta la de los académicos estadounidenses está suscrita por José Julián Álvarez, Carlos Gorrín, Carlos Ramos, Jorge Farinacci, Hiram Meléndez, Pedro Ortiz Álvarez, Yanira Reyes, Efrén Rivera, Israel Santiago, Luis Torres Ascencio, William Vázquez y Esther Vicente. El grupo enseña los cursos de derecho constitucional en la UPR, Interamericana y Católica.

En su comunicación los profesores puertorriqueños refutan que la cuestión de status haya quedado adjudicada en el último plebiscito. Subrayan que el hecho de que 47.5 por ciento que votara por el No en esa consulta, junto a que la mayoría de los funcionarios electos el pasado noviembre rechazan la estadidad, demuestran que es una “asunto en controversia” (“contested issue”). Exigen que, dada la realidad nacional puertorriqueña, lo que se impone es que se respete el derecho a la libre determinación, no sólo según la legislación estadounidense, sino considerando el derecho internacional, que sería aplicable dada nuestra condición colonial.

April 9, 2021

Dear colleague:

We are professors of Constitutional Law at ABA approved law schools in Puerto Rico.  We have read the draft letter that has circulated seeking the endorsement of Constitutional law professors for a statehood admission bill for Puerto Rico and the rejection of another congressional bill purporting to create a different process for the solution to the question of Puerto Rico´s relationship with the United States. Instead of engaging in the political controversies regarding what we call in Puerto Rico “the status question”, the letter presents itself as constitutional context to the bills under consideration by the US Congress. However, there is a highly political content in various assumptions ingrained in the letter.

Because we disagree with or find acutely problematic some of those assumptions, we are not willing to sign the letter and want to share a brief explanation for our reasons. Before that, we would like to commend this effort to promote the discussion of the Puerto Rico situation. Indeed, we agree with most of the historical background information provided in the letter and the significance of Congress taking affirmative steps to address the issue.

However, it is equally important to acknowledge the highly contested nature of what the people of Puerto Rico support. Even if we agree for the sake of the argument that there is “an overwhelming consensus” in rejecting territorial status and the wish to remain U.S. citizens, it would be fair to also acknowledge that another key point of consensus is that Puerto Rico possesses and sees itself as having a national and cultural identity distinct from the US. How to reconcile that separate identity with the desire to keep US citizenship has been a legal and historical conundrum. To say that the logical solution is statehood may be an arguably sustainable statement, but it is nonetheless a political stance.

In fact, there is a very basic political disagreement among Puerto Ricans regarding the nature of the problem itself. While many, especially statehood supporters, view it as a question regarding the civil and political rights of U.S. citizens residing in Puerto Rico, others, mostly those supporting some form of sovereign status for the country other than statehood, regard it as involving the right to self-determination of a distinct nation (Puerto Rico, however politically subordinated it may be at this moment) and a distinct people (Puerto Ricans, however geographically dispersed). In this context, still another point of contention is the extent to which the political status of Puerto Rico should be addressed merely as a matter of U.S. domestic law or as a question governed by well established norms of international law concerning self-determination and decolonization. Those norms are part of the law of the United States, either as international customary law, or as treaty law since the International Covenant on Civil and Political Human Rights entered into force for the United States in 1992.

We also believe it would be fair to acknowledge that a key point where no overwhelming consensus exists is precisely a preference for statehood. The letter states the following: “Last November, in an unmistakable effort to decide their political future, a clear majority of Puerto Ricans voted ´yes´ in their own referendum on statehood.”  The precise fact is that with a turnout of 54.72%, the result of the November status referendum was 52.52% in favor of statehood and 47.48% against it.  Whether those results show a clear majority for the type of irreversible decision that statehood implies, is a contested issue.  The significance of these results in favor of statehood cannot be denied or diminished. However, to conclude that the issue is settled for the people of Puerto Rico is inaccurate. In fact, the results of the November 2020 elections, pertaining to the selection of government officials, were a reflection, if there ever was one, of the complicated interplay between majorities and minorities in Puerto Rican politics. While the candidates for Governor and Resident Commissioner in Washington of the pro-statehood New Progressive Party (NPP) won the elections by plurality votes, the majority of those elected to the new Puerto Rico Legislative Assembly are opponents of statehood and do not support the Admission Act. Some may say that this division resembles the referendum results, in the sense that though there are numerical winners, the outcomes do point to a divided political community.

The letter makes a basic assumption that there are only two solutions to the current situation: statehood and independence. Some of us may ultimately agree with that assessment, which is not free from political preferences. However, there are people in Puerto Rico, not necessarily commonwealth supporters, who are willing to accept, and even endorse, a third option: what may be loosely called the status of free association. This would require a freely agreed covenant between a sovereign Puerto Rico and the United States regarding whatever aspects of the relationship the two entities deem appropriate to submit to mutual agreement, including such things as citizenship, free movement of people, trade, defense, economic assistance and others. This is not only a legitimate solution recognized by the United Nations and the international body of law regarding decolonization, but it is a type of relationship which the United States has embraced with a number of formally sovereign countries in the Pacific.

The letter also seems to fully dissolve the question of the status of Puerto Rico into the issue of citizenship. Although citizenship is definitely one aspect of the problem, the political status question cannot be reduced to a matter of preserving U.S. citizenship or not. In fact, the assertion that the only way to guarantee U.S. citizenship to Puerto Ricans is through statehood is a highly problematic one. The idea has been questioned by respectable scholarship on the matter.

Still another flaw of the letter that has been circulated is its outright, even vehement, rejection of the Self-Determination Bill that has been introduced in Congress by a number of well-known Members familiar with the Puerto Rico status question and supported by dozens of non-governmental, some of them grassroots, organizations in the U.S. and Puerto Rico. The Bill is intended to provide for a process of self-determination and decolonization organized by the Puerto Rican people themselves with the backing of the U.S. government. It recognizes the right of the Puerto Rican people to convene a political status convention to define and negotiate with the U.S. the terms of any possible outcome, including statehood. The Puerto Rican electorate would make any final decision in one or a number of popular referenda.

This communication is not meant to endorse the Self-Determination Bill as it stands and its individual signatories reserve their right to support or not whatever final version emerges. However, we think that it is not appropriate at this stage to fully dismiss that effort the way the letter that has been circulated does. We deem it necessary to clarify several things in this regard.

First of all, the idea of a political status convention as a mechanism to address the status question in a deliberative, detailed and, ultimately, consensual manner is not new. It was born in Puerto Rico out of numerous proposals made throughout several decades by political and civil society groups of diverse nature. The Puerto Rico Bar Association, for example, the largest association of lawyers in the country, for years has been elaborating and endorsing the notion of a convention aided by studies and reports prepared by a special commission whose members have included independence, commonwealth, free association and statehood supporters. In fact, all political parties in Puerto Rico, except for the pro-statehood New Progressive Party (NPP), have at one time or another endorsed the idea of some type of convention to deal with the problem. Perhaps this fact has induced the authors of the circulated letter to equate support for statehood with rejection of the idea of a convention. However, statehood advocates cannot be lumped into membership in the New Progressive Party, as the November 2020 elections demonstrated. While statehood obtained 52.52% of those who voted in the referendum, the NPP governor who was elected only garnered 33.24% of the vote. There were pro-statehood candidates in other parties who supported the idea of a status convention. So, the impression that if you are for statehood you must reject the type of convention mechanism incorporated into the Self-Determination Bill is unfounded, to put it mildly. Ironically, the misgivings that some commentators have expressed regarding that Bill are based on their perception that the Self-Determination Bill may in fact end up favoring the statehood option.

The referenced letter contains important arguments in favor of statehood. Those who support that option or believe it is the better alternative for Puerto Rico will probably feel comfortable signing it. However, that is different than to support it under the assumption that the people of Puerto Rico have already made a definitive decision and that there are no other options available. Some statehood supporters may argue that 52.52% out of 54.75% of eligible voters shows a clear will of Puerto Rico on the subject even in the context of the complex situation we have described. We disagree on that and feel it was appropriate to share our view on the subject.

One thing, however, is very clear and it is something on which we could all agree. In the 123 years of its relationship with Puerto Rico, the United States government has never made a clear, binding, offer to Puerto Ricans regarding statehood, independence or free association spelling out the terms and conditions of each choice, from the U.S. perspective, in a way that may assist the people of Puerto Rico to make an informed decision regarding their political future with the fullest awareness possible of the expected consequences of their determination. We can only hope that the discussion generated by the bills pending in Congress may be a fruitful step in that direction.

Respectfully,

(Institutional affiliation for identification purposes only)

 

José Julián Álvarez-González, School of Law, University of Puerto Rico

Jorge Farinacci-Fernós, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

Carlos Iván Gorrín-Peralta, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

Hiram Meléndez-Juarbe, School of Law, University of Puerto Rico

Pedro Ortiz-Álvarez, Faculty of Law, Pontificial Catholic University of Puerto Rico

Carlos E. Ramos-González, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

Yanira Reyes-Gil, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

Efrén Rivera-Ramos, School of Law, University of Puerto Rico

Israel Santiago-Lugo, Pontificial Catholic University of Puerto Rico

Luis José Torres-Asencio, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

William Vázquez-Irizarry, School of Law, University of Puerto Rico

Esther Vicente, Faculty of Law, Inter-American University of Puerto Rico

 

 

Cuba refuerza medidas de control ante nueva ola de contagios

Por
Luis De Jesus Reyes
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CLARIDAD

La Habana-Cuba-Cuba se encuentra hoy a las puertas de convertirse en el único país de América Latina que ha desarrollado sus propias vacunas contra la Covid-19, un hito histórico fraguado al calor de una compleja situación económica y de un férreo y recrudecido bloqueo estadounidense. Tener listas las vacunas podría significar la victoria de la isla sobre el indeseable virus, pero el triunfo no habrá de llegar sin grandes y dolorosos sacrificios.

El país atraviesa actualmente una segunda y más agresiva ola de contagios por el Sars-Cov-2, que ha obligado a las autoridades a retomar las medidas de control para intentar frenar su avance. Desde finales de enero, Cuba ha mantenido un patrón de más de 5 mil casos confirmados por semana –cifra mucho más alta que la reportada en cualquier semana de 2020– y, en promedio, se registran dos fallecimientos diarios por la enfermedad.

Como si fuera poco, los científicos cubanos han detectado en el país la presencia de cuatro nuevas cepas de la Covid-19 (las de Sudáfrica, California, Reino Unido y Wuhan), reconocidas como “cepas altamente contagiosas” y asociadas al incremento de la mortalidad.

Y si bien Cuba se encuentra entre los países con mayor porciento de casos recuperados (91.4%), el incremento en el número de casos ya ha comenzado a tener impacto en esa variable.

Ante este escenario, las autoridades cubanas han anunciado un reforzamiento de las medidas destinadas a controlar la actual situación epidemiológica y han subrayado la importancia de incrementar la percepción de riesgo en la población, cuya relajación e irresponsabilidad han llevado, en más de una ocasión, a reportar focos de contagios en espacios vulnerables.

“Sin el comportamiento adecuado de la ciudadanía es imposible que se pueda avanzar, las medidas del gobierno no son suficientes, la colaboración y responsabilidad de todos los habaneros es imprescindible para ganar esta batalla por la salud”, ha admitido hace poco el presidente del Consejo de Defensa de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.

Entre las medidas anunciadas están un mayor rigor a la hora de aplicar las sanciones y multas a padres y/o tutores que permitan la presencia de sus niños en las calles y a aquellas personas que incumplan las medidas de distanciamiento social o que hagan mal uso del tapabocas.

En un reciente encuentro de científicos y expertos con el presidente Miguel Díaz-Canel, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció además que “deficiencias en el cumplimiento de los protocolos, demoras en el ingreso inmediato de los casos confirmados y sospechosos y la incapacidad de ingresar al 100% de los contactos en centros de aislamiento”, han sumado a las causas que han llevado al actual panorama de salud.

Para responder a esto, se determinó trabajar para lograr las capacidades de aislamiento necesarias en cada territorio para los contactos de casos confirmados, garantizar el cumplimiento del cierre de fronteras entre zonas en las que se haya establecido medida de cuarentena y disminuir al mínimo indispensable el movimiento del transporte.

“LA HABANA NO AGUANTA MÁS”

Fotos: Luis De Jesús Reyes/CLARIDAD
 Si Los Van Van no hubieran escrito por allá por los 90’ su famosa canción La Habana no aguanta más, seguro la escribirían hoy, pero con una clara temática sobre la Covid-19.
El escenario más complejo del país está aquí. Desde inicios de 2021La Habana es la provincia con mayor número de contagios diarios. Sólo en la ciudad capital se reportan, en promedio, más del 40% de los casos a nivel nacional en cada jornada. Contener el avance del virus en esta región es, por tanto, factor determinante para controlar la pandemia en el resto de la nación.

Así lo ha expresado, una y otra vez, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en reuniones con expertos, científicos y autoridades locales. El mandatario ha dejado claro que se deberá “cerrar, en La Habana, lo que haya que cerrar” y ha llamado a movilizar a la comunidad en general para que apoye la gestión del gobierno.

“El único modo de lograr efectividad es que las organizaciones de masas de la comunidad y la atención primaria del sistema de Salud jueguen el papel que les corresponde, con eficiencia. Eso es básico hacerlo en La Habana hoy”,puntualizó el jefe de estado.

Con eso en mente, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana ha mantenido extensas reuniones durante toda esta semana con el fin de estudiar y analizar qué nuevas medidas necesitan ser implementadas en la capital y cuáles requieren ser reforzadas.

Aunado a estos esfuerzos, las autoridades científicas alistan los preparativos para una intervención masiva en La Habana con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Son 1,6 millones de habitantes de la capital que serán inmunizados en un programa que comenzará a finales de este mes de abril y que busca ponerle la tapa al pomo desbordado de casos positivos en la capital.

SIN CONTRATIEMPOS FASE FINAL DE SOBERANA 02 Y ABDALA

 Precisamente, el vicepresidente de la empresa BioCubaFarma, Euologio Pimentel, explicó este jueves en la televisión cubana que los ensayos clínicos fase III con ambos fármacos “marchan bien y sin eventos adversos”.

El pasado lunes, 5 de abril, inició la segunda etapa de esta fase con la aplicación de la segunda dosis de Soberana 02 y Abdala a los voluntarios que participan en las pruebas.

Soberana 02, diseñada por el Instituto Finlay de Vacunas, está siendo administrada a una muestra de 44.010 personasen La Habana, además de otras 150 mil pertenecientes a un estudio de intervención controlado para poblaciones de riesgo –incluyendo, personal sanitario y biofarmacéutico.

Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, incluye a 48 mil voluntarios de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Pimentel expresó que “ninguno de los voluntarios ha presentado eventos adversos graves tras la inmunización y ello demuestra la seguridad de los candidatos cubanos”, aunque recalcó que “las personas deben mantener las medidas sanitarias para protegerse de la Covid-19 aunque participen en ambos proceso de inmunización”.

Sobre la eficacia de las vacunas mostrada hasta ahora en las pruebas, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, aseguró que “los niveles de anticuerpos que generan nuestras vacunas están al mismo nivel o son superiores a los que inducen otras vacunas [en el mundo]” y sostuvo que han podido llegar a esa conclusión gracias a “cubanos que se han inmunizado [fuera del país] y han dado su consentimiento y disposición para evaluar los niveles de anticuerpos que tienen” y han podido comparar los resultados con aquellos generados por las vacunas cubanas.

 A la par de estas acciones, otras tres vacunas (Soberana 01, Mambisa y Soberana Plus) están siendo desarrolladas en Cuba. En total, son cinco los fármacos en los que trabaja la Mayor de las Antillas y con los que espera inmunizar a toda su población antes que acabe el año.

Las autoridades científicas han expresado su voluntad de tener a un 60% de la población vacunada para este verano y al 100% antes de que concluya 2021. Se trata de un plan ambicioso, pero que de lograrse colocaría a Cuba entre uno de los primeros países del mundo en haber inmunizado a toda su gente –pese a haber demorado en iniciar la vacunación.

Sin dudas, los datos suenan esperanzadores, pero en el ínterin será necesario seguir cumpliendo con las medidas higiénicas necesarias. Los altos números de contagios deben ser alarma suficiente para que los cubanos y cubanas no bajen la guardia.

Ya lo dijo el presidente cubano en Twitter: Pasarán meses para que Cuba quede completamente inmunizada. No basta con poner el hombro. Hay que poner actuación responsable. Por el bien de nuestras familias y de la Patria: distanciamiento, higiene y mascarilla.

 

 

 

IEEFA EE. UU.: Testimonio arroja luz sobre problemas adicionales con acuerdo de LUMA de Puerto Rico

Por
redaccion-de-claridad
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Nota de redacción
El director ejecutivo del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés), Tom Sanzillo, compareció el pasado 6 de abril a las vistas públicas de la Comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que examina la propuesta de contrato de la compañía Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

IEEFA es una organización no gubernamental de alcance multinacional que examina cuestiones relacionadas  con los mercados, tendencias y políticas energéticas. La misión del Instituto es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable.

Por la pertinencia que tienen los argumentos contenidos en el mismo, CLARIDAD publica íntegramente el comunicado de prensa emitido por IEEFA, con el resumen de la ponencia presentada por su director ejecutivo donde se expresan las razones que tiene la entidad para oponerse al contrato del gobierno de Puerto Rico con Luma Energy. La ponencia completa en inglés y español puede accederse en la página web www.IEEFA.org  Exhortamos a nuestros lectores a ponderar cuidadosamente los argumentos esbozados por esta organización especializada en asuntos energéticos.

El contrato de privatización de la red sufre una serie de problemas que probablemente resultarán en precios más altos para los isleños

IEEFA— Una nueva investigación ha revelado problemas importantes en el proceso de contratación pública que resultó en la selección de LUMA Energy para operar la red eléctrica de Puerto Rico, según testimonios entregados hoy a una comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), dijo a los legisladores que ya un informe del IEEFA de octubre pasado encontró que el acuerdo para externalizar la gerencia de la red de la isla a una empresa privada carecía de supervisión suficiente; ocultó costos adicionales, carecía de métricas de rendimiento, y administró mal la fuerza de trabajo de la empresa de servicios públicos.

Fotos: Alina Luciano/CLARIDAD

Y desde que se dio a conocer el informe inicial, dijo Sanzillo, han salido a la luz problemas adicionales. “La forma en que se seleccionó al contratista plantea varias preguntas inquietantes”, dijo.

Las nuevas preguntas planteadas por Sanzillo, ex contralor adjunto del estado de Nueva York, incluyen:

  • ¿Cómo llegaron cuatro de los cinco miembros del “comité de alianza” encargados de evaluar las ofertas presentadas por LUMA Energy y otra empresa en respuesta al RFP de Puerto Rico para el contrato a puntuaciones idénticas en 37 de 38 categorías?
  • ¿Estaba consciente la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3) que Quanta Services, una empresa con sede en Houston que tiene la mitad de LUMA, cabildeó con funcionarios federales sobre asuntos relacionados a la AEE mientras competía por el contrato de privatización? La ley de Puerto Rico prohíbe presionar a funcionarios federales durante un proceso de contratación relevante a menos que la Autoridad P3 lo permita explícitamente.
  • ¿Cómo planea AEE devolver el préstamo de $894 millones del gobierno que la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico dice ahora que será necesario para asegurar que los gastos estén cubiertos? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta este coste en ningún presupuesto publicado relacionado con el contrato?
  • ¿Cómo propone LUMA lograr las “eficiencias” vagamente especificadas en su presupuesto, que se supone que ahorrarán $110 millones para 2024 y que son fundamentales para LUMA mantener su promesa de no subir las tasas durante los primeros tres años del contrato?
  • Como entidad que será responsable de administrar miles de millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico bajo un contrato que no contiene incentivos o sanciones relacionadas con métricas de energía renovable, ¿se puede depender de LUMA Energy para ayudar a Puerto Rico a cumplir con sus metas de energía renovable?

“Dados los muchos costes ocultos del contrato y la falta de rendición de cuentas para lograr cualquier nivel de ahorro, es prácticamente seguro que las tarifas subirán, no bajarán”, dijo Sanzillo. “El contrato no es en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y debe ser cancelado”.

https://IEEFA EE. UU.: Testimonio arroja luz sobre problemas adicionales con acuerdo de LUMA de Puerto Rico

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