Nota de redacción
El director ejecutivo del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés), Tom Sanzillo, compareció el pasado 6 de abril a las vistas públicas de la Comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que examina la propuesta de contrato de la compañía Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
IEEFA es una organización no gubernamental de alcance multinacional que examina cuestiones relacionadas con los mercados, tendencias y políticas energéticas. La misión del Instituto es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable.
Por la pertinencia que tienen los argumentos contenidos en el mismo, CLARIDAD publica íntegramente el comunicado de prensa emitido por IEEFA, con el resumen de la ponencia presentada por su director ejecutivo donde se expresan las razones que tiene la entidad para oponerse al contrato del gobierno de Puerto Rico con Luma Energy. La ponencia completa en inglés y español puede accederse en la página web www.IEEFA.org Exhortamos a nuestros lectores a ponderar cuidadosamente los argumentos esbozados por esta organización especializada en asuntos energéticos.
El contrato de privatización de la red sufre una serie de problemas que probablemente resultarán en precios más altos para los isleños
IEEFA— Una nueva investigación ha revelado problemas importantes en el proceso de contratación pública que resultó en la selección de LUMA Energy para operar la red eléctrica de Puerto Rico, según testimonios entregados hoy a una comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), dijo a los legisladores que ya un informe del IEEFA de octubre pasado encontró que el acuerdo para externalizar la gerencia de la red de la isla a una empresa privada carecía de supervisión suficiente; ocultó costos adicionales, carecía de métricas de rendimiento, y administró mal la fuerza de trabajo de la empresa de servicios públicos.
Y desde que se dio a conocer el informe inicial, dijo Sanzillo, han salido a la luz problemas adicionales. “La forma en que se seleccionó al contratista plantea varias preguntas inquietantes”, dijo.
Las nuevas preguntas planteadas por Sanzillo, ex contralor adjunto del estado de Nueva York, incluyen:
- ¿Cómo llegaron cuatro de los cinco miembros del “comité de alianza” encargados de evaluar las ofertas presentadas por LUMA Energy y otra empresa en respuesta al RFP de Puerto Rico para el contrato a puntuaciones idénticas en 37 de 38 categorías?
- ¿Estaba consciente la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3) que Quanta Services, una empresa con sede en Houston que tiene la mitad de LUMA, cabildeó con funcionarios federales sobre asuntos relacionados a la AEE mientras competía por el contrato de privatización? La ley de Puerto Rico prohíbe presionar a funcionarios federales durante un proceso de contratación relevante a menos que la Autoridad P3 lo permita explícitamente.
- ¿Cómo planea AEE devolver el préstamo de $894 millones del gobierno que la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico dice ahora que será necesario para asegurar que los gastos estén cubiertos? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta este coste en ningún presupuesto publicado relacionado con el contrato?
- ¿Cómo propone LUMA lograr las “eficiencias” vagamente especificadas en su presupuesto, que se supone que ahorrarán $110 millones para 2024 y que son fundamentales para LUMA mantener su promesa de no subir las tasas durante los primeros tres años del contrato?
- Como entidad que será responsable de administrar miles de millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico bajo un contrato que no contiene incentivos o sanciones relacionadas con métricas de energía renovable, ¿se puede depender de LUMA Energy para ayudar a Puerto Rico a cumplir con sus metas de energía renovable?
“Dados los muchos costes ocultos del contrato y la falta de rendición de cuentas para lograr cualquier nivel de ahorro, es prácticamente seguro que las tarifas subirán, no bajarán”, dijo Sanzillo. “El contrato no es en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y debe ser cancelado”.
