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La independencia es la solución progresista al colonialismo de Estados Unidos en Puerto Rico

 

 

 

(Entrevista a José López Rivera, profesor de historia y  líder de la diáspora boricua en la ciudad de Chicago, realizada por Margaret Power, historiadora y profesora en el Instituto Tecnológico de Illinois, para el periódico cibernético progresista TRUTHOUT, y publicada el 23 de enero de 2021. Truthout es una publicación noticiosa independiente en la web, con temática centrada en política de Estados Unidos, derechos humanos y asuntos globales.  La traducción al español es de CLARIDAD).

 

En su discurso de elogio al fallecido líder de los derechos civiles John Lewis el pasado mes de agosto de 2020, Barack Obama expresó que la ausencia de representación política a nivel federal de Washington, D.C. y Puerto Rico es un asunto de derechos civiles. Desde entonces, el Partido Demócrata y algunos sectores progresistas han hecho un reclamo a favor de la estadidad para Washington, D.C. y Puerto Rico.

José López es el director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago. Por largo tiempo, él ha abogado por la independencia para Puerto Rico, y trabajó para asegurar la excarcelación de varias sucesivas generaciones de prisioneros políticos puertorriqueños, incluyendo a su hermano, Oscar López Rivera. En esta entrevista, López refuta la premisa de que el plebiscito de estatus celebrado en Puerto Rico en el 2020 indica un apoyo mayoritario a la estadidad, y explica por qué la solución al colonialismo en Puerto Rico es la independencia. También afirma que el estatus político de Puerto Rico es un asunto de derechos humanos, y no de derechos civiles.

Margaret Power (MP): ¿Cómo usted analiza las elecciones del pasado mes de noviembre 2020 en Puerto Rico?

José López (JL): Hubo varios resultados muy interesantes de la elección general territorial de 2020 en la isla. Pero, antes que nada, examinemos el contexto.

En Puerto Rico se han celebrado elecciones locales desde 1900, cuando la Ley Foraker estableció un gobierno civil tras la invasión militar de Estados Unidos al archipiélago en 1898. Desde esa época, Puerto Rico ha elegido a un comisionado residente para representarlo ante el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, dicho comisionado no tiene derecho a votar en el Congreso. Y aunque a los puertorriqueños se les extendió la ciudadanía estadounidense en 1917, ellos y ellas tampoco pueden votar por el presidente, ni congresistas, ni senadores de Estados Unidos. Si se relocalizan en Estados Unidos, entonces sí pueden votar en las elecciones federales. En la elección de 2020, los puertorriqueños votaron por sus oficiales locales y municipales, y además, en un referéndum no vinculante de “estadidad Sí o No”.

Por décadas, han existido dos grandes partidos en Puerto Rico, el Nuevo Progresista (PNP) que favorece la estadidad, y el Popular Democrático (PPD), que favorece el Estado Libre Asociado (“Commonwealth”). Casi cada cuatro años estos partidos se alternan en el gobierno de la isla. Luego de la elección de noviembre 2020, este sistema de solo dos partidos principales prácticamente dejó de existir porque más de una tercera parte del electorado escogió a candidatos de otros partidos. Esto no había ocurrido en décadas, probablemente desde 1952 cuando el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) obtuvo el 19% de los votos.

Esto demuestra que cuando los electores acudieron a las urnas el pasado mes de noviembre estaban realmente pensando en nuevas posibilidades.  Alexandra Lúgaro, quien representó a un nuevo partido emergente, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), compitió por la gobernación y obtuvo un 14% del voto, una cantidad enorme. El PNP obtuvo el 33%, el PPD obtuvo el 32% y el PIP obtuvo el 14%; mientras otros dos candidatos obtuvieron porcentajes menores. Esto significa que aproximadamente el 35% del electorado no votó por ninguno de los dos partidos principales.

Cinco partidos distintos cuentan ahora con representación en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico. Esto es un cambio grande. Como resultado, tendrá que haber negociaciones para determinar quiénes serán los líderes de la Cámara y el Senado.

Otro cambio importante es el aumento considerable de mujeres candidatas, principalmente a nivel de las alcaldías y en la Cámara de Representantes y el Senado. Por ejemplo, Ana Irma Rivera Lassén, una mujer afro descendiente y de la comunidad LBGTTQI fue electa al Senado por el MVC. Y tres hombres, también de la comunidad LGBTTQI y de diferentes partidos, también obtuvieron escaños. Realmente lograron cambiar la composición de unas cámaras legislativas largamente dominadas por hombres heterosexuales. 

MP: Muchas personas han interpretado el referéndum no vinculante como un voto a favor de la estadidad. ¿Está usted de acuerdo?

JL: Se trató de un referéndum no vinculante que no tenía mérito real y una sola pregunta de Sí o No, “¿Debe Puerto Rico ser inmediatamente admitido como estado de la Unión Americana”?Esa fue la única opción que se le ofreció a los electores. El movimiento estadista, que recibió 623,053 sufragios (o 52% del voto) reclamó el triunfo. Pero si se suman los números reales verás que no hubo tal triunfo. Miles de votantes depositaron sus papeletas en blanco, o simplemente no votaron en el referéndum, posiblemente porque no reconocían su legitimidad. Ese fue un voto de protesta. 1, 428,075 personas votaron en la elección para gobernador, pero de esas, solamente 1,190, 399 votaron en el referéndum. Eso significa que hubo 237,000  votos menos en el referéndum que los votos por la gobernación. Si esaspersonas fuesen estadistas, hubiesen votado por la estadidad.Para completar el análisis, la participación electoral en esta elección estuvo por debajo de lo normal. Solo cerca de un 32% de todos los electores elegibles votó en el referéndum, convirtiéndolo en “la más baja participación electoral en la historia”.  Tomando en cuenta todos esos factores, podemos decir que la estadidad no ganó.

Pero 44% de los electores conscientemente votó por la estadidad. Para explicar eso, es muy importante subrayar el hecho de que el movimiento estadista invirtió recursos increíbles en dicha propuesta. Lanzaron una ofensiva por toda la isla a favor de la estadidad como símbolo de igualdad, derechos civiles y la noción de que si Puerto Rico fuese un estado, entonces los puertorriqueños alcanzarían la paridad de fondos para salud, educación y bienestar. La población de Puerto Rico está desesperada como resultado del paso del Huracán María en 2017 y los terremotos del año pasado. Además, la Junta de Supervisión Fiscal no electa, creada por el Congreso de Estados Unidos para fiscalizar las finanzas y el presupuesto de Puerto Rico ha impuesto medidas de austeridad muy dañinas para el pueblo. La función real de la Junta ha sido asegurar el repago a bancos y sectores financieros de Estados Unidos de la deuda no auditada de Puerto Rico. Como resultado, los puertorriqueños son cada vez más dependientes de las transferencias de fondos federales, los cuales no se distribuyen equitativamente en Puerto Rico. A Puerto Rico se le rige bajo la doctrina de separados y desiguales. Por eso, mucha gente que es dependiente de esos fondos dicen: “Oh, vamos a perder los fondos a menos que seamos un estado.” La campaña por la estadidad apeló a una población desesperada, a la que se le dijo que su supervivencia estaba en juego. Esa fue la receta que usaron para mover la gente a votar por el Sí.

José López en el Puente de las Mujeres. foto Archivo CLARIDAD

El voto por el No apenas tuvo presencia física en la isla. Un grupo de personas organizaron un movimiento de base  pero no lograron acceso a los grandes medios de prensa locales, que los boicotearon. Así las cosas, es impresionante que el No haya obtenido el 48% de los votos.

MP: El movimiento de independencia en Puerto Rico tiene una historia muy larga. Está firmemente enraizado en la lucha librada en el siglo 19 contra la dominación colonial de España. Este movimiento persigue la total soberanía de Puerto Rico, con una visión de proveer justicia social y económica a la gente del archipiélago. ¿Aumentó el voto independentista en esta elección?

JL:Si, el voto independentista aumentó significativamente. Si se mide a base de quién obtuvo el mayor número de votos individuales para la legislatura en Puerto Rico, fue María de Lourdes Santiago. Ella es la vicepresidenta del PIP y ganó un escaño para el Senado en dicha elección nacional, con votos de electores de todo Puerto Rico. Recibió 136, 679 votos, mientras los dos candidatos a senadores más votados del PNP obtuvieron 81,863 y 80, 139 respectivamente. 

MP: ¿Por qué más personas votaron por la independencia en esta elección?

JL: El voto por la independencia no tuvo el nivel de los partidos principales, pero el PIP salió muy bien. Y también los candidatos legislativos por acumulación del MVC hicieron una gran demostración. Todo esto demuestra que hay oposición a la administración y a la política actual en Puerto Rico. Demuestra que existen nuevos desarrollos en la política puertorriqueña. Este año, el PIP tuvo un candidato joven para la gobernación, Juan Dalmau, que pudo articular una visión clara para Puerto Rico. Tanto las encuestas a boca de urna como un gran número de comentaristas políticos en la isla han señalado que él obtuvo la mayoría de sus votos entre la gente joven.

MP: Usted dijo que muchos de los que votaron por la estadidad son personas que pensaban que votar contra la estadidad amenazaba su supervivencia. ¿Quiénes son esas personas específicamente?

JL: Personas de varios sectores apoyan la estadidad, incluyendo los adultos mayores y los veteranos. Puerto Rico tiene una población enorme de veteranos. Los puertorriqueños que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no reciben el mismo trato, si se comparan con los veteranos en Estados Unidos. También hay una población de adultos mayores que se visualizan ligados a Estados Unidos para su supervivencia. El movimiento estadista les dice que perderán ingresos y dinero si no votan por la estadidad. Piensan que su supervivencia está en juego, y no ven otras posibilidades. Son un número grande de la población.

La capa superior de la élite puertorriqueña es pro estadidad y también muchas personas de bajos ingresos que dependen para su sustento del programa de asistencia alimentaria, o del departamento de vivienda federal y de otras agencias federales. Pero lo que no se les dice a esos puertorriqueños es que la mayoría de las “ayudas” que reciben provienen de lo que se les ha quitado en impuestos o ganancias. No es que están recibiendo estos recursos o fondos gracias a la benevolencia del gobierno de Estados Unidos. Los puertorriqueños pagan para el Seguro Social Federal y Medicare. No obtenemos nada de Estados Unidos que no nos merezcamos, y más importante aún, que no nos hayamos ganado.

MP: ¿Cuál es la conexión entre este voto y las protestas que ocurrieron durante el verano de 2029?

JL: Los resultados electorales y los realineamientos políticos demuestran que la gente está mirando críticamente a los partidos políticos y la corrupción. La situación colonial de Puerto Rico es cada día más evidente. Fue bien evidente durante las marchas del mes de julio de 2019, cuando literalmente una tercera parte de la población puertorriqueña derrocó al entonces gobernador. Ese es uno de los más grandes porcentajes de gente que se ha lanzado a la calle en el mundo. Las protestas tuvieron el impacto de elevar el nivel de conciencia del electorado puertorriqueño.

MP: Algunos sectores del Partido Demócrata han estado empujando la estadidad recientemente. ¿Quiénes y por qué están en ese esfuerzo?

JL: En los últimos tiempos el Partido Demócrata se ha endeudado con el sector adinerado del movimiento estadista, que ha contribuido con mucho dinero al Partido Demócrata. La elección de Tom Pérez como presidente del Partido Demócrata recibió grandes sumas de estadistas puertorriqueños para su esfuerzo contra Keith Ellison de Minnesota. Como se sabe, existe una clara división política entre los Demócratas. Ellison representaba a los seguidores de Bernie Sanders y el ala progresista, mientras Tom Pérez representaba a los sectores más conservadores de dicho partido. Los estadistas ricos, que están muy bien conectados a personajes y cabilderos en Washington, han donado mucho dinero al Partido Demócrata.

Otro factor es el mito de que si Puerto Rico se convierte en un estado, los Demócratas obtendrían dos senadores y hasta 5 congresistas para sus caucus, asegurando el control Demócrata de ambas cámaras del Congreso por muchos años. Este análisis no toma en cuenta que la candidata pro-Trump, Jennifer González, que es estadista, ganó como Comisionada Residente de Puerto Rico. Y Donald Trump contribuyó dinero a su campaña.

Algunos Demócratas apoyan la estadidad porque lo enmarcan como un asunto de derechos civiles. En el funeral de John Lewis, Barack Obama dijo que el próximo paso en término de derechos civiles es garantizar la estadidad para el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Pero estos son dos casos separados. Claro que creo que todo el mundo debe apoyar la estadidad para Washington, D.C. Se trata de un territorio que es parte integral de Estados Unidos y la gente que vive allí no tiene representación en los cuerpos legislativos. Deben acceder a los derechos que tienen todos los ciudadanos.

Puerto Rico es diferente porque se trata de una lucha por los derechos humanos. Hay que saber distinguir entre derechos civiles y derechos humanos. Con respecto a Puerto Rico, Estados Unidos tiene solamente una responsabilidad, y es respaldar el derecho del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación. Ningún líder político en Estados Unidos tiene  derecho a determinar cuál es el camino correcto para Puerto Rico. Pueden tener una opinión, pero su responsabilidad es resolver un problema histórico que está matizado por una relación colonial.

Nosotros somos un pueblo distinto. Un pueblo caribeño y latinoamericano. Y Estados Unidos no nos trata ni siquiera como ciudadanos de segunda- o de tercera- clase. En 1901, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Los puertorriqueños, realmente, nunca podrán siquiera esperar convertirse en ciudadanos plenos de Estados Unidos. Somos regidos por una doctrina que nos categoriza como separados y desiguales. Estados Unidos ha utilizado a Puerto Rico como experimento para muchas de sus políticas: neoliberalismo, Operación Manos a la Obra, reproducción. Las mujeres puertorriqueñas fueron utilizadas como conejillos de indias durante los estudios para el desarrollo de las píldoras anticonceptivas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaron a Puerto Rico para experimentos militares con bombardeos, y experimentaron con Agente Naranja en Puerto Rico antes de que se utilizara en Vietnam. Cuando se miran todas estas cosas, se me hace difícil comprender cómo alguien en Puerto Rico puede querer ser parte de un país que nos ha tratado como objetos.

MP: Hay fuerzas dentro del movimiento progresista de Estados Unidos que respaldan la estadidad para Puerto Rico. ¿Qué usted cree sobre eso?

JL: Los europeos desarrollaron el  colonialismo hace más de 500 años para despojar a las gentes de sus tierras, su trabajo y sus recursos. Justificaron el colonialismo a través del racismo. Cuando hablamos de racismo estructural, en cierto modo estamos hablando de colonialismo. Debemos alejarnos de la idea que Obama y otros están impulsando en el Partido Demócrata y enfrentar el asunto del colonialismo, y respaldar el reclamo histórico de autodeterminación.

MP: ¿Qué constituiría una solución permanente a la cuestión nacional de Puerto Rico?

JL: Que el pueblo puertorriqueño adviniera a la capacidad de auto determinarse para su realización plena como pueblo sobre la faz de la Tierra, y que pueda compartir este mundo con todos los demás pueblos. El gobierno de Estados Unidos necesitaría pagarnos reparaciones por el colonialismo; esto le corresponde a los puertorriqueños de la misma manera que le corresponde a la población afroamericana.

MP: ¿Cómo están reaccionando los oficiales electos en Puerto Rico al esfuerzo por la estadidad?

JL: En agosto del 2020, las congresistas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez radicaron un proyecto de ley solicitando al Congreso de Estados Unidos que reconozca el derecho del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación. Este proyecto representa un esfuerzo real para comenzar a atender la situación colonial de Puerto Rico y se va a desarrollar una campaña para lograr apoyo para el mismo.

MP: ¿Qué obstáculos enfrenta la independencia?

JL: El principales la necesidad de que el movimiento independentista articule una política hacia la auto realización de Puerto Rico. Hay que romper con la hegemonía de Estados Unidos. Como en toda relación de servidumbre, un grave problema es el colonialismo internalizado. Hay personas pobres en Puerto Rico que reciben asistencia para alimentos, Medicaid y Medicare. Sus cheques llegan del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no pueden comprender la relación de ese dinero con recursos de Puerto Rico que se desvían a Estados Unidos, y luego se devuelven. El imperio estadounidense ha sido hegemónico en Puerto Rico.

MP: ¿Usted ve al nacionalismo como una fuerza positiva?

JL: Sí. El movimiento social más reaccionario en Puerto Rico es el PNP. Es homofóbico, racista y misógino. Eso salió a la luz durante el “Rossellógate”, el escándalo del chat filtrado entre el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su círculo íntimo de colaboradores. Esas comunicaciones estaban llenas de términos soeces, insultantes, homofóbicos y misóginos, que provocaron las masivas protestas callejeras en Puerto Rico en el verano del 2019.

En Puerto Rico, las políticas más progresistas provienen de los sectores que apoyan la independencia y la soberanía. Cuando buscamos de dónde provienen las políticas que dignifican las diversas identidades de unos y otros sectores, salen del movimiento independentista. Mi concepto del nacionalismo valida todas las relaciones humanas y atiende los asuntos del clima y el ambiente. Si uno entiende la vida humana como la expresión de un ecosistema, entonces todas las cosas en el ecosistema deben ser saludables, y todos sus miembros deben poder disfrutar del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto incluye todas las expresiones de la sexualidad humana, todas las responsabilidades ecológicas, y cualquiera otra forma de justicia social que definan la naturaleza del ecosistema.

Entrevista original en:

https://truthout.org/articles/independence-is-the-progressive-solution-to-us-colonialism-in-puerto-rico/

Copyright, Truthout.org                          Traducido y reproducido con autorización

Hay mayoría legislativa para derogar la reforma laboral

 

Especial para CLARIDAD

La derogación de la reforma laboral está contenida en los programas de gobierno de tres partidos políticos: el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Los tres partidos en conjunto recibieron el 60% de los votos de los electores y se comprometieron con derogar una reforma laboral que ha eliminado derechos adquiridos de los trabajadores y ha congelado por 6 años la negociación colectiva de cláusulas económicas.

El mandato del pueblo es derogar la mal llamada reforma laboral y restablecer los derechos laborales que corresponden a los principios de la justicia social. En la Cámara de Representantes, el número de legisladores electos comprometido con la derogación de la reforma laboral son: 26 del PPD, 2 de MVC, y 1 del PIP. En el caso del Senado son: 12 del PPD, 2 del MVC, 1 del PIP y 1 Independiente. El Proyecto Dignidad no se ha manifestado a favor o en contra de la derogación de la reforma laboral.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi no se comprometió con derogar la reforma laboral sí ha expresado establecer un proceso de revisión de los cambios laborales legislados. Además, la plataforma de gobierno del PNP establece que “nuestros empleados y trabajadores cuenten con un sistema robusto de legislación que proteja sus derechos.” Por lo tanto, existe la posibilidad de que, para proteger esos derechos, se pueda viabilizar un diálogo entre la rama ejecutiva y legislativa para derogar leyes o artículos que conduzcan a restablecer y ampliar derechos laborales. Así lo exige la votación mayoritaria del pueblo.

Sin embargo, hay que recordar que la abusiva visión neoliberal de que el desarrollo económico se logra eliminando derechos y beneficios a los trabajadores no se inició el pasado cuatrienio.Bajo el mandato de Luis Fortuño (2009-2012), mientras el actual gobernador era Comisionado Residente, se impuso la Ley 7-2009 para despedir empleados públicos con permanencia y la Ley 29-2011 para establecer la privatización de servicios públicos con el disfraz de Alianza Público-Privada. Durante la gobernación de Alejandro García Padilla, se trastocó el Sistema de Retiro de los empleados públicos con el aumento de la edad para retirarse, la reducción de las pensiones y la eliminación de la aportación para planes de salud y el bono de navidad. Además, se impuso la Ley 66-2014 que congela los convenios colectivos y reduce beneficios de los trabajadores.

La administración de Ricardo Rosselló le dio continuidad a la agenda anti obrera de García Padilla, utilizando como escudo el Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal. Bajo el manipulado concepto de reforma laboral, aprobaron la Ley 3-2017, Ley 4-2017, Ley 8-2017 y Ley 26-2017. Estas leyes tienen el aval de la Junta de Control Fiscal que es la expresión suprema del neoliberalismo. El reto del Gobernador consiste en revisar, enmendar o derogar estas leyes, lo que equivale a defender la autoridad legislativa y ejecutiva del gobierno de Puerto Rico frente a la Junta. En su programa de gobierno Pedro Pierluisi se comprometió  a llevar el mensaje a la Junta “para que reconozca que al amparo de la sección 205 de PROMESA, el gobierno electo tiene la autoridad de pautar la política pública sin intervención.” Por lo tanto, hay que combatir la intervención de la Junta.

La reforma laboral que debería mejorar los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, lo que ha mejorado son las ganancias de empresarios del sector público y privado. Se ha constatado que el neoliberalismo contenido en estas leyes no es el camino a seguir porque no se ha traducido en mejores servicios al pueblo, ni en crecimiento económico.

Es claro el mensaje de los trabajadores del sector público y privado en el pasado evento electoral. Los trabajadores somos parte esencial del desarrollo económico y nuestros derechos y beneficios, en función de ese desarrollo, tienen que protegerse y ampliarse. Ese es el camino de la justicia social que debe implantar y defender la Legislatura y el Gobernador ante cualquier enemigo interno o externo.

El autor es líder sindical, Presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

 

 

Mirada al País: La espera que desespera

 

Especial para CLARIDAD

Desde el 3 de noviembre al día en que escribo han pasado tres meses desde el evento electoral. Los resultados que obtuvieron lo que llamaré ¨la Nueva Izquierda¨, fueron alentadores y generadores de grandes expectativas y esperanzas. La incursión exitosa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) eligiendo cuatro legisladores y casi ganando (si hubiera sido en buena lid) la alcaldía de San Juan y una quinta legisladora, posicionó a este movimiento en un rol de importante protagonismo en el accionar político puertorriqueño.

La obtención de Juan Dalmau como candidato a gobernador del PIP de un 13% del voto emitido y un 7% para el partido, rompieron el estancamiento y lo que parecía como una muerte lenta del partido que representa las aspiraciones por la independencia.

En dos columnas que escribí antes del evento electoral (El 4 de noviembre y El Día Después) afirmé y reiteré el llamado que se viene haciendo desde la sociedad civil para la unidad de los sectores que reclaman soberanía en sus distintas vertientes o independencia. Expresé mi esperanza y la de muchos que una vez terminada las usuales riñas electorales que se da entre contrincantes, se pudiera pasar a la etapa de la conciliación, la unidad y la alianza en pos de los objetivos comunes que tan claramente están plasmados tanto en el programa del PIP como en la Agenda Urgente del MVC.

Yo no sé si nuestros legisladores de la Nueva Izquierda están hablando en los pasillos o en el café de la legislatura o conciliábulos fuera de la vista del pueblo, pero me gustaría saberlo. Y creo que como electora tengo derecho a ello. Porque voté por ambas entidades y fueron electos por mi voto y el de mucha gente que busca una salida a esta situación de deterioro galopante en nuestras vidas.

A 31 de enero, pasado tres meses, el pueblo votante de MVC y el PIP no ha recibido un informe, ni una invitación al diálogo constructivo forjador de alianzas y objetivos comunes. Ciertamente la pandemia ha dificultado las oportunidades de hacer asambleas de pueblo, congresos o como lo quieran llamar. También sé que con la vorágine de asuntos que se están desarrollando desde que comenzó el año, feminicidios y declaración de emergencia, crisis política en EEUU, aumentos de luz, el contrato de LUMA, las órdenes ejecutivas sobre el COVID-19, las intenciones de comenzar con clases presenciales en el sistema de educación pública, la forma en que se está ejecutando la vacunación contra el COVID, el presupuesto que quiere imponer la Junta de Control Fiscal, el robo de las elecciones de San Juan, la derogación del Código Electoral, nuestros legisladores de la Nueva Izquierda tienen las manos y la mente llenas. Pero, no hay que dejar de hacer los importante por lo inmediato.

Y es sumamente importante que comencemos ese indispensable y necesario diálogo con el pueblo para escuchar de ellos cómo les va, cómo lo ven, cómo les podemos ayudar y escuchar de nosotros que esperamos a corto y largo plazo y como nos movemos de ser minorías a ser mayorías contundentes.

Ya su presencia en la legislatura se siente. A mí se me hincha el pecho cuando oigo a nuestras legisladoras debatir tan efectivamente por el respeto a la vida de las mujeres y contra el posible fraude electoral con actos demostrativos de cómo se pueden haber metido a las bóvedas que guardaban los famosos maletines. La dignidad, bravura, elocuencia e inteligencia de nuestras tres legisladoras, al igual que el de los varones, solo tiene similitud con los legisladores del PIP en cuatrienios anteriores.

Por eso, aunque suene majaderamente repetitiva, hago un llamado, una exhortación, una exclamación si quieren, que tenemos que elevar lo logrado como representantes de minorías a lograr articular y obtener el derecho a ser los portavoces de las aspiraciones y sueños de las grandes mayorías del pueblo.

Desde el sector soberanista e independentista, tenemos que asimismo articular un posición coherente y unificada ante los próximos eventos electorales del sector anexionista: la elección especial del 16 de mayo de 6 delegados, 4 para la Cámara de Representantes y 2 para el Senado de EEUU como parte de ejecutar su Plan FrenesÍ, seguido de otra consulta sobre el estatus, en un intento de mejorar su pobre ejecución en el plebiscito del 3 de noviembre, a pesar de que prácticamente no enfrentaron una oposición efectiva.

Los poco que pudimos hacer algunos grupos independentistas desde el llamado de VAMOS, no tuvo la posibilidad de divulgación y el impacto en la opinión pública por falta de recursos económicos, falta de acceso a los medios, sobre todo la radio. Otro factor que incidió que no obtuviéramos un resultado mayoritario a favor del NO, fue que los dos partidos que representaban el NO, el PIP y el PPD, enfocaron sus recursos económicos y de los medios en sus candidaturas a la gobernación y prácticamente dejaron sin representación efectiva a la campaña del NO. Esa consulta era ganable.

Ahora en estas próximas consultas tendremos el desafío de explicarle al pueblo, que ya está bombardeado con los fondos federales que se recibirán este cuatrienio, por qué la independencia y la soberanía sigue siendo una mejor opción para el desarrollo económico del país y de poder combatir para erradicar la pobreza, no para seguir manteniéndola.

La calle nos está llamando. Contra el COVID y todas sus cepas, contra la Junta de Control Fiscal, contra el gobierno neoliberal de Pedro Pierluisi que se retractó ya de su oposición al aumento en la electricidad, como se retractará de su promesa de volver a reconocerle los derechos a los trabajadores conculcados por la Ley 4-2017 de RR y contra el alcalde Romero, que ya comenzó con los despidos y a tomar decisiones imprudentes que atentan contra la salud del pueblo.

Los legisladores de la Nueva Izquierda pueden ser punta de lanza o seguidores del pueblo que cuando decide movilizarse no espera por nadie, como quedó demostrado en el Verano del 19.

Sobre sanguijuelas, vacunas y la recurrente mentira

 

CLARIDAD

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UNA SANGUIJUELA LLAMADA GEORGE

Hace unos días se añadió un nuevo capítulo al drama del “Chat de Telegram” – el intercambio de mensajes de textos que provocó el levantamiento popular contra el gobierno de Ricardo Rosselló en julio de 2019 – con el arresto de Sixto Jorge Díaz, mejor conocido como “Sixto George”, imputado de extorsión. El individuo le reclamó un pago de $300 mil, además de varios contratos públicos, a la ya moribunda administración de Ricardo Rosselló, a cambio de impedir la divulgación de un supuesto segundo chat. Al momento de la extorsión ya se conocían las más de 800 páginas del primer intercambio de mensajes.

El asunto se ha discutido en detalle tras el arresto, pero quedan en el aire más interrogantes que respuestas. El extorsionador, que era contratista y colaborador cercano del grupo en Fortaleza, había conocido de los chats cinco meses antes, por lo que es de suponer que estaban advertidos cuando explotó la bomba mediática. Todo indica que la extorsión fue un último intento del tal “George” por obtener beneficios de parte de los que ya estaban de caída.

Pero, independientemente de las preguntas que quedan en el aire, lo que se confirma una vez más es la existencia de un grupo de vividores de la peor calaña que, como las alimañas, siempre vive alrededor de donde se cocina el poder. El extorsionador recién descubierto tenía pleno acceso al grupo que regentaba el País, le gestionaba presencia en los medios de prensa y disfrutaba de contratos a través de corporaciones que servían de frente. Hay miles de esos casos como ese y, hasta ahora, ningún gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo por terminar con ese cucarachero. Todo lo contrario, lo protegen mediante contratos y nombramientos a cambio de obtener cierto acceso a los medios de prensa. De la propia acusación surge, que el día antes de la reunión donde se produjo la supuesta extorsión, el tal “George” le gestionó una entrevista exclusiva al todavía gobernador Rosselló para que se defendiera del contenido del chat recién divulgado.

El gobierno del PNP que estaba entonces en el poder es básicamente el mismo que ahora está. Sixto George ha sido descubierto, pero quedan muchos como él chupando dinero público.

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NUEVA SECRETARIA Y VIEJAS MALAS MAÑAS

En una misma declaración la designada Secretaria de Educación, Elba Aponte, ensombreció dos veces lo que se espera de su cargo. Primero cuando intentó justificar haber abierto aún más llave de la politiquería que ha dañado al Departamento por décadas, y luego cuando lanzó una mentira, tan evidente que cualquiera de sus estudiantes de primaria la notó.

El tema es el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario del Departamento de Educación. Como el recién designado en alguna ocasión pasada fue maestro del sistema público, la secretaria cree que no es un nombramiento que refuerza la muy criticada politización de la educación. Basándonos en ese criterio, varios de los políticos activos cualificarían para el cargo porque alguna vez trabajaron en el DE. Pero resulta que el recién nombrado fue hasta ayer el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el cargo más atado a la politiquería que se pueda identificar. A esto se añade que desde aquel cargo ayudó a colorear todos los nubarrones de fraude que ensombrecen la última elección general. El director del grupo que manipuló el llamado voto adelantado estará ahora dirigiendo la educación de nuestra niñez.

Al intento de justificación de ese acto se añade la mentira de que la decisión de nombrar a Sánchez fue tomada exclusivamente por la secretaria, sin que mediara una orden desde Fortaleza. Desde tiempo inmemorial se sabe que la persona que ocupa la gobernación de ordinario selecciona, tanto a los jefes de departamento como a los subjefes. En el caso de Sánchez, una persona de la completa confianza de Pedro Pierluisi, obviamente fue éste quien lo mandó al DE tan pronto completó su labor en la CEE,

Pero, más grave que la mentira, fue el refuerzo a la politiquería en un departamento clave donde existe un reclamo casi centenario para que se despolitice. En lugar de darle un mínimo de atención a ese reclamo, Pierluisi lo remacha colocando en Educación a un cuadro recién salido de la última refriega partidista.

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PRIORIDAD DESTORSIONADA

Todos los habitantes del País están expuestos a los peligros del Covid 19, aunque no existe una medida en cuanto al nivel de riesgo de cada grupo social. ¿Quiénes están más expuestos, los trabajadores del comercio o los policías? Realmente nadie sabe, pero lo que sí está comprobado es que el virus afecta más a las personas viejas. Es ahí donde se concentra la tasa de mortalidad.

Dada esa realidad comprobada, el orden de prioridad para la vacunación colocó en segundo rango a las personas mayores, exactamente detrás de los médicos y empleados de la salud. Sin embargo, ese orden se cambia todos los días porque a cada rato surge un nuevo grupo que ponen por delante de los viejos. El último de esos estamentos privilegiados es el de los empleados de Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Alguien determinó que eran “prioritarios” y corrieron a vacunarlos. Ante la protesta pública el Departamento de Salud ordenó detener el convoy de vacunas, pero tal vez la orden llegó tarde.

Mientras tanto, muy pocos de los viejos que tienen acceso a algún sistema “on line” para apuntarse, han logrado vacunarse. En cuanto a los que no tienen acceso a la internet, ni siquiera están en alguna lista. A ellos el Covid les llegará antes que la vacuna.

“Pierluisi no va a hacer nada por renegociar el contrato de Luma”

Claridad

El compromiso del gobernador de fiscalizar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Luma Energy está por verse. Para el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el comité nombrado por el Pierluisi para fiscalizar el contrato con LUMA “no va a hacer nada que realmente lleve a una renegociación del contrato, a pesar de que el gobernador, reiteradamente, una vez comenzamos a argumentar y a demostrar lo malo del contrato, dijo que estaba abierto a renegociar aquellas cláusulas que el comité le recomendara”, afirmó aCLARIDAD.

Las declaraciones del presidente de la UTIER a CLARIDAD son resultado de su impresión de una reunión que tanto él como el representante legal de la unión, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez,  sostuvieron con el gobernador. Figueroa Jaramillo afirmó que dudaba  que el comité hiciera recomendaciones dado a que acto seguido de la reunión los funcionarios del comité salieron a defender el contrato. “En ese sentido no veo muchas posibilidades de que el comité actúe conforme a lo que el gobernador ha demandado”.

En la reunión celebrada a mediados de enero en Fortaleza no fue la primera vez en que la UTIER le explicó a Pierluisi Urrutia lo dañino que resulta para el pueblo de Puerto Rico, para los abonados de la AEE y para sus trabajadores el contrato con Luma. Ya lo habían hecho cuando fue candidato, indicó por su parte  Emmanuelli Jiménez. Este recordó que durante la campaña, Pierluisi Urrutia hizo expresiones en varias  ocasiones de que le preocupaba el impacto que podría tener el contrato en el costo de la energía, en los derechos de los trabajadores, en particular , de los derechos colectivos, en  cómo se iba a atender el sistema de retiro de la AEE y cómo se iba a atender el asunto de los conflictos de intereses que el mismo contrato establece cuando permite que LUMA  le dé los contratos de trabajo  en la AEE a sus compañías matrices y otras afiliadas.

Una vez electo gobernador, la UTIER hizo varias gestiones con Pierluisi para que cumpliera su promesa. No obstante, destacó Emmanuelli, el gobernador lo que hizo fue emitir una Orden Ejecutiva donde nombró un comité, integrado por muchas de las personas que participaron en el proceso de negociación y aprobación del contrato.

En efecto, la OE dispone que conforman el comité el secretario de Estado, presidente; el director ejecutivo de la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP); el director ejecutivo de la AEE; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia ( R3) y los secretarios del Departamento del Trabajo y el del Departamento de Vivienda.  Se supone  que el comité es para fiscalizar el contrato.

“Pero fiscalizar lo que ya está negociado: que el contrato siga en vigor y que se asuma entonces todas las consecuencias del contrato. Eso no es lo que el candidato prometió y por eso es que la UTIER le escribió una carta y pidió una reunión”.

Emmanuelli Jiménez contó que esperaban que la reunión fuera solo con el gobernador, por lo que les sorprendió  que estuviese presente todo el comité nombrado. Esto les dio la oportunidad de expresarle al gobernador frente al comité cuales son las preocupaciones principales que se tienen sobre el contrato. Según reveló, el gobernador sostuvo que había que mantener  la contratación de LUMAporque era un asunto institucional de varias organizaciones del Gobierno que habían aprobado el contrato.

No obstante, la UTIER le explicó al Gobernador en presencia del comité cómo el contrato viola la ley 120, cómo va a  quebrar el Sistema de Retiro y va a crear conflictos de intereses. La impresión de Emmanuelli Jiménez es que a la luz de toda la explicación pareció que el gobernador iba a tomar más a fondo estos problemas porque instruyó al comité a que si tenían que hacer recomendaciones de cambios al contrato que se lo informaran para entonces proceder a llevar a cabo gestiones para renegociar esas instancias.

El representante legal de la UTIER trajo a la atención que  el problema que tiene el comité es que si va meramente a fiscalizar el contrato, cómo entonces, por ejemplo, va a lograr que LUMA no solicite un aumento de energía eléctrica. Eso es algo que se le delegó a LUMA en el contrato. Advirtió que, de hecho, lo iban a solicitar en diciembre y no lo hicieron porque la AEE no le había dado toda la información. Otro aspecto sobre la capacidad del comité que cuestionó es cómo va a ser posible salvar y defender todos los derechos de los trabajadores de la AEE sin que Luma asuma los convenios colectivos.  “La base de todos los derechos y beneficios de los trabajadores de la AEE son los convenios colectivos, y el contrato rechaza los convenios colectivos”.

Puso en cuestionamiento además cómo el comité va a lograr que el contrato no acabe y quiebre el Sistema de Retiro y cómo le va a  impedir a LUMA que incurra en los conflictos de intereses que ya están negociados en el propio contrato. “Así que me parece que cuando el comité comience su encomienda de fiscalizar el contrato y vea estos  problemas se va a dar cuenta de que no es posible atender estas situaciones sin renegociar el contrato. De ahí es que yo veo que podría haber una acción más afirmativa del gobernador para que el contrato se pueda renegociar y atender estas situaciones. Veremos a ver qué hace el comité. Si el comité al evaluar estos puntos, que son los que preocupan al gobernador, entiende que no se puede resolver sin enmendar el contrato, ahí el comité podría y tiene la autoridad para hacer unas recomendaciones. El gobernador no se cerró a la posibilidad de enmendar la OE para acoger estos planteamientos o alguno otro en el camino”.

Jaramillo observó que las acciones en contra del contrato deben continuar. “Una cosa es la buena intención y otra cosa es lo que dice el contrato”.

Para el presidente de la UTIER, la movilización y la discusión pública sobre el contrato de LUMA y la revelación de datos como el de las facturas de sus ejecutivos van a empezar a crear  una indignación en contra del contrato más de la que ya hay. “Todos coincidimos en que a la AEE hay que transformarla, que hay que moverla hacia fuentes de energía renovable, pero también la gran mayoría coincide con que el contrato de LUMA no va en esa dirección”.

En cuanto a la reiterada  defensa de la Junta de Control Fiscal al contrato, expresada una vez más en su reunión pública de este pasado viernes 29 de enero, Figueroa Jaramillo,  comentó que hubiese sido una sorpresa no hacerlo:  “No hay duda alguna que el contrato de LUMA viene cocinándose desde la Junta  de Control Fiscal”.