CLARIDAD

 “Me llevaron aparte. Me robaron mis papeles, todos mis poemas y demás escritos que tenía guardados en una cajita. Nunca había visto a nadie tan interesado en la literatura. Sobre todo, nunca había visto a nadie tan interesado en mi obra.” Edwin Reyes, Claridad, 14 de noviembre de 1971.

¿Qué hicieron los federales con los poemas que le confiscaron a Edwin Reyes? ¿A dónde fueron a parar aquellas palabras que, además de poesía, respiraban lucha? Con esas interrogantes nos quedaremos siempre porque el FBI y el Servicio Secreto no hablan de “investigaciones en curso”, y las que hacen contra el independentismo puertorriqueño nunca terminan.

Tampoco sabemos si Edwin, que se nos fue antes de tiempo, logró reconstruir los poemas robados, recapturando las metáforas con las mismas palabras del primer alumbramiento. Él pensaba que sí podía hacerlo y así lo dejó escrito en su crónica del evento. Tal vez intentó la reconstrucción, pero a veces las imágenes poéticas son escurridizas y, tan pronto nacen, se van a andar. Cuando vuelven ya no son las mismas.

Entre las pérdidas que dejó el asalto de los federales a Claridad en la mañana del 9 de noviembre de 1971 estuvieron los poemas de Edwin, entonces joven poeta cialeño. También quedó una puerta destrozada a patadas, archivos forzados y la lista de suscriptores del periódico que, igual que los versos, desapareció tras la embestida.

Según el relato que dejó escrito el poeta en su otro oficio de redactor de noticias, la furia de las patadas contra la puerta lo despertaron porque entonces, desprovisto de vivienda, dormía en algún rincón del local donde se confeccionaba CLARIDAD. Lo que le vino encima cuando salió del entresueño no fue una pesadilla, sino una andanada de empujones junto a frases en inglés y en español mal pronunciado. Pronto quedaría inmovilizado y encerrado en uno de los cuartos que servían de oficina. Minutos después tendría con quién compartir el pequeño cuarto-cárcel porque los redactores y colaboradores que iban llegando al edificio en aquellas horas tempranas, tan pronto se asomaban, recibían su propia dosis de empujones. Entre ellos estuvimos Roy Brown y yo que, desprevenidos de lo que ocurría y en amena plática, pretendimos entrar. Junto a nosotros en la redada cayó Bernardo López Acevedo, quien por aquellos días se estrenaba como redactor.

Edwin, citando a Bernardo, narra el encuentro mucho mejor de lo que yo pudiera recordar: “Cuando Manuel le preguntó que con qué derecho nos daba órdenes, el gringo contestó: ‘Nosotros tener una orden de ayuntamiento’. A lo que Manuel ripostó: ‘Eso en Puerto Rico es un municipio’. Entonces nos empujaron contra la pared y nos registraron”.

Los sabuesos portaban una orden emitida por un juez federal, con un epígrafe que dice mucho: United States of America vs. Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico. Realmente no era un caso nuevo, el procedimiento judicial que resume el epígrafe estaba activo desde la fundación del MPI en 1959.

Pero, más que el allanamiento, que siempre era esperado dado el permanente estado de confrontación que resume ese USA vs. MPI, lo que sorprendió fue la excusa que utilizaron los federales para gestionar la orden judicial. Allí decían que el MPI estaba falsificando la moneda estadounidense y que tanto los dólares falsos como la máquina que los hacía se guardaban en el local de CLARIDAD. “Y que buscando billetes” – dice la crónica del poeta-redactor – “¡Muchacho, si este es el último sitio a donde se puede venir a buscar dinero! Aquí a veces pasan las semanas y nacarile…”.

El supuesto dinero “falsificado” andaba en ese momento de mano en mano, repartido por millares a lo largo y ancho del país. El 28 de noviembre de 1971 se celebraría la clausura de la Octava Asamblea del MPI donde se fundaría el Partido Socialista Puertorriqueño y, como publicidad para ese acto, se había impreso un “dólar” con la cara del gobernador Ferré en lugar de Washington. En letras bien grandes el anverso del billete decía “El Partido Socialista va”, y el reverso “28 de Nov. Bayamón, Octava asamblea MPI, Viva el Socialismo”. Además de estos mensajes, al lado de la cara de Ferré, en letras pequeñas, se decía: “Esta nota no vale nada, el original se lo robó en de la foto”.

Obviamente la llamada “falsificación” no era tal, pero el ingenioso medio publicitario había irritado a la dirección del gobernante Partido Nuevo Progresista y a las fuerzas policiales federales. Esos últimos mantenían entonces operaciones de vigilancia y persecución contra el pujante MPI, que pronto se llamaría PSP, y contra CLARIDAD, que cientos de jóvenes vendían cada semana en calles y barriadas. En la misma semana del allanamiento se circuló una edición de 40 mil ejemplares.

“Es lógico que contra nosotros se desborde ahora todo el poder represivo de Estados Unidos” – decía Juan Mari Brás en su columna de la edición del 14 de noviembre de 1971 – “como lo señala simbólicamente la orden de allanamiento entregada por los asaltantes de CLARIDAD que en su epígrafe dice ‘Los Estados Unidos de América vs. Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico’.”

No fueron, por tanto, los billetes “falsos” los que provocaron el asalto violento a CLARIDAD aquel 9 de noviembre de 1971, sino lo que el periódico representaba. De hecho, de allí no se llevaron ni un solo facsímil del billete, aunque sí cargaron con la lista de suscriptores y, de paso, con los versos del poeta.

Así termina la nota del poeta-redactor que perdió sus versos: “Por si no aparecen escribí esto. Porque aunque siempre pueden reconstruirse los poemas es bueno que se sepa que el ‘tigre de papel’ le teme a la palabra y que si todos los agentes imperialistas pretenden saber sobre lo que yo pienso van a tener que sufrir el más irónico de los castigos: ¡LEERME!”.

CLARIDAD

“Es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia reciente de Estados Unidos”.

(The New York Times, 23 febrero de 2016)

La Habana-Cuba-La recién estrenada administración del presidente Joe Biden ha dicho que tiene entre sus planes cerrar la cárcel estadounidense en la Base Naval de Guantánamo antes de que acabe este cuatrienio. Las intenciones no son nuevas, pero en el pasado los muchos esfuerzos para lograrlo no han pasado de ser más que eso, meros gestos. Si algo será diferente esta vez, está por verse.

En 2016, el entonces presidente Barack Obama envió al Congreso sendos proyectos para avalar el cierre de la prisión pues “su existencia es contraria a los valores estadounidenses, perjudica a la seguridad nacional y es caro”. De nada le sirvieron los llamados a la conciencia y a limpiar la imagen de los Estados Unidos. Los Republicanos torpedearon, una y otra vez, sus aspiraciones.

Ahora, en medio de una de las peores crisis políticas y sociales de ese país en los últimos años –el expresidente Donald Trump dejó el rancho ardiendo antes de irse– Biden ha prometido cumplir la promesa que dejó Obama sobre la mesa. “Este es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención”, confirmó a los medios hace unas semanas Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

No nos engañemos, para Washington, cerrar la prisión ciertamente no es una prioridad en política exterior –nunca lo ha sido–, pero hacerlo supondría para Biden devolver a los Estados Unidos parte de esa legitimidad (auto-atribuida) de guardián y promotor de los derechos humanos en el mundo. Poco interesa si en menos de dos meses de administración, el nuevo presidente ya ha ordenado bombardear Siria, ha hecho declaraciones injerencistas con respecto a Venezuela o hasta coquetea con mantener buenas relaciones con un país que ordena asesinar y descuartizar periodistas, trancar definitivamente la gruta abierta hace nueve años, a 90 millas de su territorio, resultaría llamativo y vendería muchos titulares.

UN LUGAR DE ARBITRARIEDAD Y ABUSOS

Un informe redactado en enero de este año por ocho relatores de la Organización de Naciones Unidas cataloga a Guantánamo como “un lugar de arbitrariedad y abusos” y llama al nuevo gobierno estadounidense a “cerrar de inmediato ese sitio”.

No es la primera vez que se hace un pedido como este. Desde que fue establecida el 11 de enero de 2002 –como parte de la llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush– organizaciones de derechos humanos, instituciones y líderes políticos han pedido en reiteradas ocasiones su cierre definitivo.

Además de las documentadas torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos tras sus rejas, la cárcel de Guantánamo es un lugar “donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”, afirman los expertos de la ONU.

En 2003, la prisión llegó a tener más de 700 prisioneros. Hoy quedan 40 detenidos, pero sólo nueve de ellos han sido acusados o condenados por algún delito. El resto permanece en un limbo legal y sin amparo de las leyes internacionales.

Encima de todo esto, está la existencia de las Comisiones Militares, cortes marciales habilitadas contra supuestos terroristas durante la era Bush y cuyo proceso sesgado impide que todo juicio contra los detenidos sea cuando menos creíble y justo. De tales comisiones la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha declarado que se trata de un “sistema de justicia de segunda clase” y ha pedido que “cuando la evidencia de crímenes terroristas exista se juzgue a los detenidos en Guantánamo en tribunales federales”.

Algo a lo que precisamente ha rehuido desde el primer día los Estados Unidos. Guantánamo fue concebido como un espacio donde recluir a cientos de supuestos sospechosos de terrorismo bajo un impreciso estatus legal; los detenidos se encuentran en un lugar bajo control estadounidense, pero fuera del alcance de las protecciones constitucionales. Esta ambigüedad permite a las autoridades militares de ese país cometer todo tipo de vejámenes y atropellos escapando por la puerta de atrás a las leyes internacionales.

“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se les libere o repatríe inmediatamente respetando el principio de no devolución”, exigen, por su parte, los relatores de la ONU.

DEVOLVER LAS TIERRAS, UN RECLAMO PERMANENTE

 Pero más allá de si se concreta o no el cierre de la cárcel, queda sobre la mesa un aspecto fundamental de su existencia: el territorio de Guantánamo donde se encuentra la Base Naval Estadounidense, un enclave ilegalmente ocupado gracias a un turbio acuerdo de más de 100 años.

En 1901, tras el fin de la rebelión cubana contra el dominio colonial español, la isla se encontraba ocupada por tropas estadounidenses. Para retirarse, Estados Unidos forzó a Cuba a aceptar una serie de condiciones contenidas en la llamada Enmienda Platt. Si Cuba no aceptaba, seguiría ocupada militarmente, por lo que opciones no habían muchas.

Entre otras cosas, le legislación concedía a Estados Unidos “el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando peligraran [según su criterio] la vida, la propiedad o las libertades individuales” y advertía que la potencia podía “ejercer el derecho de intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado” a sus intereses.

La Enmienda también establecía la cesión de porciones de territorio cubano “necesarias para obtener carbón o para estaciones navales”.

Dos años más tarde, el 16 de febrero de 1903, el entonces presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó la cesión del territorio de Caimanera a Estados Unidos para establecer allí una base naval. Aquella decisión es vista todavía hoy por el pueblo cubano como una traición del entonces mandatario a los ideales de José Martí y del Partido Revolucionario Cubano (PRC) –que ayudó a fundar–; una carga que sigue pesando más de un siglo después.

Desde su triunfo en 1959, la devolución de esos terrenos ha sido un reclamo permanente de la Revolución Cubana, que considera “ilegal” la firma de aquel acuerdo. Washington, por su parte, se sigue amparando en el mismo documento para justificar su “derecho” sobre los orientales terrenos.

De todos modos, si la administración Biden logra cerrar la prisión –queda por verse si consigue la aprobación en el Congreso una vez se someta el proyecto– nada indica que el presidente norteamericano esté también dispuesto a cerrar la base y devolver a Cuba sus tierras. Dar el paso, sin embargo, podría ser el inicio de un cambio en el papel jugado por EE.UU. en el Caribe en los pasados cuatro años.

Por lo pronto, clausurar un espacio donde tantas violaciones y torturas se han cometido en la última década, muchas de las cuales quizás nunca lleguemos a conocer, siempre son buenas noticias; vengan de quien vengan.