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Miel que me das: «Euríalo» – Íbico

Dibujo en tinta de Emanuel Torres

 

Euríalo

Euríalo, ansiedad y capullo de las Gracias, 

te criaron entre rosas, 

con sus hermosos cabellos opalinos, 

Afrodita y Persuasión, la de los ojos mansos.

 

(Fragmento 288 de Íbico, traducido del griego antiguo 

por Cristina Pérez Díaz)

 

ÍBICO, poeta lírico del siglo sexto a.C., originario de Magna Grecia (hoy la costa sur de Italia), quien, quizás, escribió también desde la isla de Samos, bajo el mecenazgo del tirano Polícrates. Compuso poemas eróticos para hombres y de temas mitológicos. De sus siete libros, sólo se conservan fragmentos, rescatados a partir de citas en obras de otros autores y de papiros egipcios. Dicen que murió en un asalto mientras unas grullas pasaban y gritó que las grullas vengarían su muerte.

 

 

Rechazan que Oficina del Contralor pueda hacer auditoría de la deuda

Juramentación de Pedro Pierluisi

 CLARIDAD

 La Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público (CCAICP) considera que nunca es tarde para hacer una auditoría de la deuda, pero rechazas que sea la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OC) el ente indicado para llevar a cabo dicha tarea.

 La advertencia de la  Comisión es en reacción a la anunciada propuesta del gobernador, Pedro Pierluisi, de delegar en esa Oficina la auditoría de la deuda y sus implicaciones de los planes de ajustes.

“Recibimos positivamente cualquier propuesta que adelante una auditoría independiente de la deuda pública. Sin embargo, la misma no puede ser un ejercicio simbólico fútil, sino una auditoría integral, independiente, transparente y con amplia participación ciudadana, para que tenga credibilidad al pueblo. La oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita. Su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento. Además, la actual directora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y ha rehusado constantemente realizar esa auditoría de la deuda, como el pueblo ha pedido en los pasados cinco años”, denunció, José González Taboada, CPA, y vice-presidente de la Comisión.

A preguntas de CLARIDAD,el profesor de Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico (UPR,Recinto de Río Piedras) subrayó que nunca  es tarde para hacer una auditoría, independiente de lo que  pueda pasar con la negociación de la deuda, debido a que el pueblo de Puerto Rico necesita saber qué sucedió y cómo fue que de la noche a la  mañana el país se montó en una deuda incontrolable. Apuntó que  no solo se refiere a la deuda de obligación general —los llamados bonos generales—, sino también a la deuda de COFINA, la cual en un periodo de menos de siete años se trepó a $17 mil millones. También están los bonos del Sistema de Retiro,  “un dinero que básicamente se esfumó; o sea, hay muchas peguntas que no se han contestado, hay mucha gente que no ha rendido cuentas. De manera que decir, por ejemplo, que ya no hay tiempo porque pronto hay que finiquitar una negociación con los bonistas, que la Junta (se refiere a la Junta de Control Fiscal) va a hacerlo no es razón para hacer la auditoría”. 

De acuerdo con lo divulgado por la JCF, se supone que el 10 de febrero se presente ante la jueza LauraTaylor Swain, un plan de ajuste de la deuda de los bonos generales.  González Taboada reparó en que una auditoría como la que la Comisión ha estado exigiendo hace casi cinco años no se hace de aquí al 10 de febrero, pero aun si  la juez de quiebra tomara unas determinaciones y se llegara a unos acuerdos, comoquiera, hace falta la auditoría. “Con los bonistas de COFINA se llegó a unos acuerdos muy malos para el pueblo de Puerto Rico; pero eso no quiere decir que no debamos investigar. Así que mi posición, y estoy seguro que de toda la Comisión, es que queremos que se haga la auditoría. No es solo un asunto, sin minimizar la importancia de identificar deuda que no se debe pagar. Eso es importante, pero no es el único asunto que nos concierne”.

González Taboada defendió que  el beneficio principal de la auditoria sería identificar los errores que se cometieron para que no se repitan: “De nada vale salir de una deuda y que luego continúen las malas costumbres que nos llevaron a donde estamos”.  Continuó con que no se puede validar lo que se hizo mal, por lo que hay  que crear los mecanismos para evitar que vuelva a suceder. Trajo que, por ejemplo, hubo deuda que se emitió, que de hacerse una auditoría va a revelar que se emitió  fuera de la cláusula constitucional.  “Hay que asegurarse de que cuando el Gobierno quiera volver a emitir deuda tenga que cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales —son muchos los beneficios que produciría esta auditoría para el pueblo de Puerto Rico— y evitar que volvamos a caer en este asunto”.

Respecto a la oposición a que sea la OC la que pueda hacer una auditoría, González Taboada reiteró que una  auditoria como la que busca la Comisión Ciudadana  requiere unas destrezas de investigación forense que no necesariamente tienen los oficiales de la OC. Describió que la OC lo que fundamentalmente busca es ver el cumplimiento de los contratos.  “No estoy diciendo que no lo puedan adquirir, pero ahora mismo no tienen el peritaje necesario para hacer este tipo de auditoría”.

La Comisión Ciudadana hizo además un reclamo de  acceso a la información sobre la deuda.  “Es el pueblo de Puerto Rico a quien le toca pagar esta deuda, y somos los que menos acceso tenemos a los datos e información relacionada con esta”.

En relación con la resistencia del Gobierno a proveer información, González Taboada trajo a la atención que cuando la comisión se creó por ley, fue por encima del deseo del gobernador de entonces, Alejandro García Padilla. Luego, cuando llegó Ricardo Rosselló, este desmanteló la Comisión. Paraél es obvio que “no hay ningún interés de que se investiguen las cosas y, claro, el gobernador Pierluisi está diciendo lo que le conviene decir: que ahora sí se va hacer una auditoría, que la deuda ilegal no se va a pagar. Pero para mí, eso es con las muelas de atrás”.

La Comisión Ciudadana ha sometido solicitudes de información tanto a  AFFAF y a la AEE sobre la deuda pública, que  no han sido contestadas. Por ello,  han requerido recurrir al Tribunal.

Aun así, la Comisión  sigue trabajando. “Tenemos el mayor interés en continuar defendiendo que se haga una auditoría. Sería bueno que la nueva Legislatura vuelva a crear una comisión por ley; pero aparentemente no es lo que quiere Pierluisi. El gobernador no tiene poderes sobre el contralor, es la Asamblea Legislativa. Este  tendría que pedirles que la ordenaran.  Espero que la Asamblea Legislativa mire a ver si en efecto la OC cuenta con los recursos y el peritaje necesarios para hacer esa auditoría. Espero que cuando eso llegue a la Asamblea Legislativa se hagan vistas públicas para que los ciudadanos interesados en ese proceso acudan a deponer”.

 

 

Gobernador declara el estado de emergencia por violencia de género

 

Por la Redacción/CLARIDAD

 Respondiendo al llamado de organizaciones feministas ante a una situación que desde hace tiempo es innegable, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, emitió este domingo 24 de enero una Orden Ejecutiva (OE) declarando un estado de emergencia por violencia de género.

 Entre las disposiciones, la OE 2021-13establece mecanismos puntuales como la designación de un Oficial de Cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear su implementación; crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), para el que se designan 17 miembros, y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género. El comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu.  Su internado y tesis doctoral fueron en violencia de género.

 Otra de las disposiciones es la creación de una aplicación de teléfono móvil de ayuda a víctimas de violencia de género que ocultará el mensaje enviado al estas solicitar ayuda de emergencia. Con esta aplicación el agresor no podrá enterarse de la petición de ayuda de la víctima. Además, cada agencia, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tendrá que identificar los recursos internos y externos, así como los fondos estatales y federales disponibles para cumplir con las disposiciones de la OE  y, de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia.

 En una primera reacción, la senadora Ana Irma Rivera Lassén,  portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y veterana activista feminista, reconoció que la orden decretada por el gobernador “es un paso de avance, ya que reconoce los reclamos de las organizaciones de mujeres que desde hace más de dos años han estado solicitando la misma.  La Orden Ejecutiva (OE) establece una política pública desde una perspectiva de género, incluye un compromiso de participación de las organizaciones dedicadas a la lucha en contra de la violencia de género, se compromete a desarrollar un currículo con perspectiva de género, reconoce la necesidad de recoger estadísticas confiables y designa una persona como oficial de cumplimiento para monitorear la implantación de la OE”.

 Sin embargo, expresó preocupación por varios asuntos que dijo no están claros en la OE. Por ejemplo, que no se incluya de manera clara y explícita a todas las mujeres en todas sus diversidades. En particular, señaló, es importante que se incluyan los casos de la violencia contra las mujeres trans y los feminicidios, así como una mirada transversal de la violencia de género en conjunto con temas como raza, origen nacional y diversidad funcional. Será también fundamental ver la puesta en marcha de la asignación  e identificación de los recursos económicos necesarios para que se puedan implantar acciones concretas.

 Rivera Lassén señaló que la nueva estructura de trabajo ordenada por el gobernador, el Comité PARE,  debe incluir a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) como si fuera una agencia en la misma línea de las agencias ejecutivas, lo que incluso la pone en la práctica  bajo el Departamento de Familia.

 “La orden, de esta manera, reafirma la situación y la preocupación con las funciones y ejecutorias de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Desde el Senado, en el primer día de esta sesión, a través de la Resolución 35 que presentamos junto al Senador Rafael Bernabe, solicitamos se le dé curso a una investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento de las funciones de la Procuradora de las Mujeres”. Esta investigación, dijo, es también un reclamo hecho por los grupos de mujeres durante varios años ante los serios señalamiento de que la OPM ha estado inoperante y funcionando de espaldas a las necesidades de las organizaciones que dan servicios directos a las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género.

 Por su parte, Lisdel Flores Barges, directora ejecutiva del albergue Hogar Ruth, en comunicado de prensa,  también expresó que era un  gran día para las mujeres, niñas y todas las personas que han creído en la Declaración de un Estado de Emergencia por violencia de género, el cual llevaban  dos años solicitando.Dio a conocer que Hogar Ruth, el cual forma parte  de un grupo de organizaciones expertas en el tema, se reunió el pasado viernes con el gobernador  para discutir la urgencia de un plan de acción contra el alza en casos de violencia de género.

 En este momento, las organizaciones se encuentran  analizando el documento presentado para luego  hacer expresiones tomando en consideración que se le entregó al gobernador un documento completo trabajado y elaborado a través de las organizaciones que día a día trabajan con los derechos de las mujeres. El mismo incluía el curso de acción para poder ejecutar una declaración de esta magnitud. “Nos satisface que se haya dado este paso de la declaración. Ahora nos encontramos evaluando cuáles de estas medidas propuestas fueron incluidas”, afirmó Flores Barges.

 

Qué es un estado de emergencia por violencia de género

 

CLARIDAD

ccotto@claridddpuertorico.com

Después de dos años de reclamos y de haber sido objeto de debate electoral, con el logro de una nueva Legislatura, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución en la que le solicita al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia,  que declare un estado de emergencia contra la violencia de género. La resolución se da ante el reclamo y las manifestaciones de consternación por el asesinato  de la joven enfermera Angie Noemí González Santos por su expareja.

Desde que era candidato el gobernador había expresiones reconociendo que en el país hay una emergencia de violencia de género. ¿Pero qué implica una declaración de emergencia de violencia de género?

Lisdel Flores Barges, directora de Hogar Ruth, declaró en entrevista que la violencia de género es también una emergencia, así como lo es la pandemia del coronavirus.  Cuando la exgobernadora Wanda Vázquez Garced declaró un estado de emergencia por el Covid-19,  se asignaron recursos económicos y humanos y desde entonces se han hecho campañas de orientación. Hoy las personas observan el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. La declaración de estado de emergencia de violencia de género es un asunto mucho más complejo que no implica que se vaya a resolver el asunto de la noche a la mañana.

La declaración de emergencia contra la violencia de género, expuso, requiere el mismo esfuerzo en la inversión de recursos en campañas de orientación y en la educación con perspectiva de género, que se trabaje de una manera consensuada, tanto las agencias públicas como las privadas y las organizaciones sin fines de lucro. Que todos cumplan con su rol y que haya una fiscalización, una rendición de cuentas y se examine si el plan propuesto es funcional.

“De la misma manera que vamos a una oficina y hay un cartel que dice del uso de la mascarilla y el distanciamiento social, de la misma manera debe haber  un cartel que diga: Si eres víctima de violencia doméstica, comunícate”, describió.

Cada agencia debe tener una relación concreta de qué es lo que va hacer y cómo se va a orientar a las víctimas, dado a que la mayoría a donde primero llegan es a la Policía; pero no necesariamente llegan a la División de Violencia Doméstica. Sobre  este particular dijo que hay que empezar por que los policías que estén destacados en esa división conozcan  todo el andamiaje, es decir, el protocolo a seguir, sepan qué organizaciones ofrecen servicios y que ellos mismos no sean perpetuadores de la conducta violenta. Flores Barges denunció que en ocasiones los policías pretenden disuadir a las  víctimas diciéndoles perdónalo o tú constantemente estás levantando una querella y después no pasa nada, por lo que reiteró que es necesario que ese personal esté educado respecto a lo que es la violencia de género. Puntualizó que como parte de una campaña educativa, en cada agencia de gobierno u otros espacios debería haber un cartel con números de teléfonos que diga que si la persona está pasando por una situación de violencia puede comunicarse para buscar ayuda.

Aunque las agencias de gobierno tienen una función que cumplir, el hecho es que en la práctica los servicios que reciben las mujeres que están en una situación de violencia doméstica (los recursos de albergue, servicios ambulatorios como psicólogos y otros) los ofrecen las organizaciones no gubernamentales.

Flores Barges, quien lleva 12 años trabajando con situaciones de violencia de género,  observó que el problema es uno que se agudiza a través de todas las generaciones, que en la actualidad es más complejo y ha tenido un incremento considerable. “Ciertamente, nosotros contamos con leyes de vanguardia y acciones más concretas. Eso ha llevado a las organizaciones a diversificar sus servicios. Hogar Ruth comenzó como un albergue y hoy día tiene alrededor de ocho programas de servicio que incluyen vivienda transitoria, un programa de agresión sexual y una escuela Montessori para los hijos de las víctimas, que próximamente inauguraremos.  Esto dice que el problema es mucho más que protegerte, que albergar. Hay que cubrir una serie de necesidades de las víctimas para que puedan lograr empoderarse y logren romper con el ciclo de la violencia”.

En cuanto a la educación con perspectiva de género reconoció que hay resistencia por el modelo patriarcal. Por eso, a medida que se educa en la perspectiva de género a la sociedad en general se va a tener hombres más empáticos con el tema. Reparó en que es necesario no solo la educación con perspectiva de género, sino una educación en el respeto, la dignidad y los valores. En el caso de las mujeres, como madres, cuando se tienen varones y están criando adentro de sus hogares, no pueden perpetuar la conducta patriarcal. Ello requiere ir educando a las generaciones para romper con patrones machistas.

La directora de Casa Ruth exhortó a las mujeres víctimas de violencia doméstica a buscar ayuda, la cual dijo está disponible las 24 horas y es confidencial. El grupo de organizaciones que apoyan a víctimas de violencia tiene la Línea de Ayuda, a la que pueden llamar: 787 489-0022.  Hogar Ruth es parte de esa alianza,  y cuando sea necesario pueden llamar al 787-883-1884. “Esa llamada puede salvar vidas”.

Por su lado, la Asociación de Psicología de Puerto Rico se expresó sobre el problema de la violencia de género. La  doctora Kevia Calderón Jorge, presidenta de la Asociación,  declaró que el país lleva décadas intentando atajar ese problema, pero que mientras no se utilicen enfoques de prevención basados en evidencia científica que rebasen los cambios de administraciones políticas continuaremos observando casos donde alguien pierde la vida a manos de su pareja o expareja.

“Se ha demostrado que una educación con perspectiva de género contribuye a que el estudiantado comprenda la importancia del respeto a las decisiones de las demás personas y el derecho a la equidad y la justicia. Promover la equidad de género como destreza para la vida y un currículo de educación sexual amplio para enseñar a la niñez y la juventud son parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017) para la prevención de la violencia de género”, declaró en comunicado de prensa.

La psicóloga destacó que la violencia doméstica es un problema de salud pública de naturaleza multidimensional que requiere intervenciones a muchos niveles. En el aspecto educativo, considera que se debe educar de forma continua y temprana a la ciudadanía para asumir un discurso y una práctica diferentes que faciliten evitar la perpetuación de condiciones de desigualdad, disparidad y desventaja.  Tanto el Estado como las familias comparten la responsabilidad de educar a la niñez sobre las relaciones tóxicas y el impacto de la violencia de género.

Un aspecto que destacó es que la contracción económica que vive el país se suma a otros detonantes de violencia de género y de cualquier tipo de violencia, por lo que es necesario implantar políticas públicas efectivas de desarrollo económico que ayuden a contrarrestar los altos niveles de desempleo que tiene el país.

La Asociación propone unas acciones puntuales que pueden contribuir a combatir la violencia de género: educación abarcadora y comprensiva con perspectiva de género sobre equidad y sexualidad;  estrategias de crianza no sexistas; tomar medidas efectivas para reducir la pobreza y el desempleo; desarrollar política pública para regular las instituciones sociales y los medios de comunicación que fomentan la visión jerarquizada del hombre sobre la mujer y la violencia de género;  recabar el compromiso de todos los sectores para denunciar y visibilizar el problema de violencia de género como un asunto social que debe de erradicarse; consultar las entidades que trabajan con violencia de género y a profesionales de la psicología para, en conjunto, colaborar con la designada procuradora de las mujeres en el desarrollo de medidas efectivas para la prevención y acción, que redunden en erradicar la violencia de género.

Mientras tanto,  ante su apertura a declarar el estado de emergencia, representantes de organizaciones feministas trabajan en sus recomendaciones para presentarlas al gobernador en una próxima reunión, confirmó Barges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial:Declaración de emergencia por violencia de género: un paso en la dirección correcta

 

Tal vez haya sido el feroz asesinato de la enfermera Angie Noemí González Santos, por parte de su ex pareja, al  inicio del año 2021, el evento que dio el impulso definitivo a la recién firmada Orden Ejecutiva  del  Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la que se declara una emergencia por violencia de género en nuestro país. Por varios años, este había sido el reiterado reclamo de lideresas y portavoces de las diferentes organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, y ofrecen servicios a mujeres en situaciones de violencia de género, las cuales habían solicitado acción del Gobierno para que se reconociera la magnitud y severidad del problema de violencia machista que nos azota como sociedad, y se diseñara un plan coherente para atender esta crisis con la urgencia que amerita.

Durante el año 2020, 45 mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico en actos de violencia machista,  y las querellas por incidentes de este tipo de violencia, denunciados y registrados en estadísticas oficiales y de instituciones privadas, sobrepasaron los 5,000, durante un año particularmente difícil, en el cual los efectos de la pandemia han exacerbado las tensiones familiares, sociales y económicas entre nuestra población.

La nueva Orden Ejecutiva servirá de marco a una serie de medidas que permitirán desarrollar acciones concretas para atender el problema, además de asignar fondos públicos y otros recursos importantes para atender este grave problema. La Orden también declara como política pública “darle atención a la violencia de género en todas sus manifestaciones, tales como violencia física, maltrato emocional y psicológico, acecho, acoso y hostigamiento sexual en cualquier escenario, incluyendo el laboral”. Provee también para el  uso de una aplicación tecnológica especial que se utilizará para denunciar incidentes de violencia de género, rastrear la respuesta y soluciones, y también como herramienta educativa para la población.

La Orden Ejecutiva crea un Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), con 17 integrantes y que estará bajo la jefatura de la nueva secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, quien es psicóloga y experta en el tema de la violencia de género. Establece también el cargo de Oficial de Cumplimiento, como  persona encargada del seguimiento, cumplimiento y rendición de cuentas sobre las directrices contenidas en la Orden Ejecutiva. Sobre este particular, llama la atención la limitada responsabilidad que se le asigna en este esfuerzo a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), que es la agencia gubernamental encargada del desarrollo e implantación de políticas, planes y estrategias para atender la problemática particular de las mujeres en Puerto Rico. Ciertamente, el desempeño de la OPM durante este pasado cuatrienio dejó mucho que desear en el esfuerzo para que se lograra la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia.

La violencia de género es un problema atávico de las relaciones humanas, cuyas manifestaciones se evidencian- con mayor o menor intensidad- en todas las poblaciones del mundo. Parte de nociones primitivas y equivocadas sobre los roles que cada sociedad debe asignar a los distintos géneros, y de un sistema social patriarcal que, a través de los siglos, ha colocado a los hombres a la cabeza de la familia, de la tribu o del país, delegándole a estos la autoridad sobre las mujeres, niñas y niños que integran estas instituciones.  Cambiar estas prácticas y actitudes conlleva un esfuerzo sistemático y a largo plazo  de la sociedad para transformar las relaciones entre los géneros, y educar en el respeto a las decisiones de las y los demás, en la tolerancia a las diferencias y en la valoración de una igual dignidad entre los géneros, entre muchos otros aspectos de la llamada “crianza para la equidad” a la que debemos aspirar como país.

En CLARIDAD, le damos la bienvenida a la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia por violencia de género, como un paso en la dirección correcta para prevenir los feminicidios en Puerto Rico, agilizar la prestación de servicios a las mujeres en situaciones de violencia machista, e iniciar el proceso de  educación y transformación hacia la creación de un país de respeto, tolerancia, inclusión y equidad. Esperamos que, más allá de las buenas intenciones del momento, el gobierno de Puerto Rico y el recién creado Comité PARE le impriman todo el rigor y energía que ameritan las tareas urgentes que están por delante, para atajar este terrible mal que troncha las vidas de nuestras mujeres y destroza la fibra de nuestras familias y sociedad.