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Mirada al País: La espera que desespera

 

Especial para CLARIDAD

Desde el 3 de noviembre al día en que escribo han pasado tres meses desde el evento electoral. Los resultados que obtuvieron lo que llamaré ¨la Nueva Izquierda¨, fueron alentadores y generadores de grandes expectativas y esperanzas. La incursión exitosa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) eligiendo cuatro legisladores y casi ganando (si hubiera sido en buena lid) la alcaldía de San Juan y una quinta legisladora, posicionó a este movimiento en un rol de importante protagonismo en el accionar político puertorriqueño.

La obtención de Juan Dalmau como candidato a gobernador del PIP de un 13% del voto emitido y un 7% para el partido, rompieron el estancamiento y lo que parecía como una muerte lenta del partido que representa las aspiraciones por la independencia.

En dos columnas que escribí antes del evento electoral (El 4 de noviembre y El Día Después) afirmé y reiteré el llamado que se viene haciendo desde la sociedad civil para la unidad de los sectores que reclaman soberanía en sus distintas vertientes o independencia. Expresé mi esperanza y la de muchos que una vez terminada las usuales riñas electorales que se da entre contrincantes, se pudiera pasar a la etapa de la conciliación, la unidad y la alianza en pos de los objetivos comunes que tan claramente están plasmados tanto en el programa del PIP como en la Agenda Urgente del MVC.

Yo no sé si nuestros legisladores de la Nueva Izquierda están hablando en los pasillos o en el café de la legislatura o conciliábulos fuera de la vista del pueblo, pero me gustaría saberlo. Y creo que como electora tengo derecho a ello. Porque voté por ambas entidades y fueron electos por mi voto y el de mucha gente que busca una salida a esta situación de deterioro galopante en nuestras vidas.

A 31 de enero, pasado tres meses, el pueblo votante de MVC y el PIP no ha recibido un informe, ni una invitación al diálogo constructivo forjador de alianzas y objetivos comunes. Ciertamente la pandemia ha dificultado las oportunidades de hacer asambleas de pueblo, congresos o como lo quieran llamar. También sé que con la vorágine de asuntos que se están desarrollando desde que comenzó el año, feminicidios y declaración de emergencia, crisis política en EEUU, aumentos de luz, el contrato de LUMA, las órdenes ejecutivas sobre el COVID-19, las intenciones de comenzar con clases presenciales en el sistema de educación pública, la forma en que se está ejecutando la vacunación contra el COVID, el presupuesto que quiere imponer la Junta de Control Fiscal, el robo de las elecciones de San Juan, la derogación del Código Electoral, nuestros legisladores de la Nueva Izquierda tienen las manos y la mente llenas. Pero, no hay que dejar de hacer los importante por lo inmediato.

Y es sumamente importante que comencemos ese indispensable y necesario diálogo con el pueblo para escuchar de ellos cómo les va, cómo lo ven, cómo les podemos ayudar y escuchar de nosotros que esperamos a corto y largo plazo y como nos movemos de ser minorías a ser mayorías contundentes.

Ya su presencia en la legislatura se siente. A mí se me hincha el pecho cuando oigo a nuestras legisladoras debatir tan efectivamente por el respeto a la vida de las mujeres y contra el posible fraude electoral con actos demostrativos de cómo se pueden haber metido a las bóvedas que guardaban los famosos maletines. La dignidad, bravura, elocuencia e inteligencia de nuestras tres legisladoras, al igual que el de los varones, solo tiene similitud con los legisladores del PIP en cuatrienios anteriores.

Por eso, aunque suene majaderamente repetitiva, hago un llamado, una exhortación, una exclamación si quieren, que tenemos que elevar lo logrado como representantes de minorías a lograr articular y obtener el derecho a ser los portavoces de las aspiraciones y sueños de las grandes mayorías del pueblo.

Desde el sector soberanista e independentista, tenemos que asimismo articular un posición coherente y unificada ante los próximos eventos electorales del sector anexionista: la elección especial del 16 de mayo de 6 delegados, 4 para la Cámara de Representantes y 2 para el Senado de EEUU como parte de ejecutar su Plan FrenesÍ, seguido de otra consulta sobre el estatus, en un intento de mejorar su pobre ejecución en el plebiscito del 3 de noviembre, a pesar de que prácticamente no enfrentaron una oposición efectiva.

Los poco que pudimos hacer algunos grupos independentistas desde el llamado de VAMOS, no tuvo la posibilidad de divulgación y el impacto en la opinión pública por falta de recursos económicos, falta de acceso a los medios, sobre todo la radio. Otro factor que incidió que no obtuviéramos un resultado mayoritario a favor del NO, fue que los dos partidos que representaban el NO, el PIP y el PPD, enfocaron sus recursos económicos y de los medios en sus candidaturas a la gobernación y prácticamente dejaron sin representación efectiva a la campaña del NO. Esa consulta era ganable.

Ahora en estas próximas consultas tendremos el desafío de explicarle al pueblo, que ya está bombardeado con los fondos federales que se recibirán este cuatrienio, por qué la independencia y la soberanía sigue siendo una mejor opción para el desarrollo económico del país y de poder combatir para erradicar la pobreza, no para seguir manteniéndola.

La calle nos está llamando. Contra el COVID y todas sus cepas, contra la Junta de Control Fiscal, contra el gobierno neoliberal de Pedro Pierluisi que se retractó ya de su oposición al aumento en la electricidad, como se retractará de su promesa de volver a reconocerle los derechos a los trabajadores conculcados por la Ley 4-2017 de RR y contra el alcalde Romero, que ya comenzó con los despidos y a tomar decisiones imprudentes que atentan contra la salud del pueblo.

Los legisladores de la Nueva Izquierda pueden ser punta de lanza o seguidores del pueblo que cuando decide movilizarse no espera por nadie, como quedó demostrado en el Verano del 19.

Sobre sanguijuelas, vacunas y la recurrente mentira

 

CLARIDAD

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UNA SANGUIJUELA LLAMADA GEORGE

Hace unos días se añadió un nuevo capítulo al drama del “Chat de Telegram” – el intercambio de mensajes de textos que provocó el levantamiento popular contra el gobierno de Ricardo Rosselló en julio de 2019 – con el arresto de Sixto Jorge Díaz, mejor conocido como “Sixto George”, imputado de extorsión. El individuo le reclamó un pago de $300 mil, además de varios contratos públicos, a la ya moribunda administración de Ricardo Rosselló, a cambio de impedir la divulgación de un supuesto segundo chat. Al momento de la extorsión ya se conocían las más de 800 páginas del primer intercambio de mensajes.

El asunto se ha discutido en detalle tras el arresto, pero quedan en el aire más interrogantes que respuestas. El extorsionador, que era contratista y colaborador cercano del grupo en Fortaleza, había conocido de los chats cinco meses antes, por lo que es de suponer que estaban advertidos cuando explotó la bomba mediática. Todo indica que la extorsión fue un último intento del tal “George” por obtener beneficios de parte de los que ya estaban de caída.

Pero, independientemente de las preguntas que quedan en el aire, lo que se confirma una vez más es la existencia de un grupo de vividores de la peor calaña que, como las alimañas, siempre vive alrededor de donde se cocina el poder. El extorsionador recién descubierto tenía pleno acceso al grupo que regentaba el País, le gestionaba presencia en los medios de prensa y disfrutaba de contratos a través de corporaciones que servían de frente. Hay miles de esos casos como ese y, hasta ahora, ningún gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo por terminar con ese cucarachero. Todo lo contrario, lo protegen mediante contratos y nombramientos a cambio de obtener cierto acceso a los medios de prensa. De la propia acusación surge, que el día antes de la reunión donde se produjo la supuesta extorsión, el tal “George” le gestionó una entrevista exclusiva al todavía gobernador Rosselló para que se defendiera del contenido del chat recién divulgado.

El gobierno del PNP que estaba entonces en el poder es básicamente el mismo que ahora está. Sixto George ha sido descubierto, pero quedan muchos como él chupando dinero público.

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NUEVA SECRETARIA Y VIEJAS MALAS MAÑAS

En una misma declaración la designada Secretaria de Educación, Elba Aponte, ensombreció dos veces lo que se espera de su cargo. Primero cuando intentó justificar haber abierto aún más llave de la politiquería que ha dañado al Departamento por décadas, y luego cuando lanzó una mentira, tan evidente que cualquiera de sus estudiantes de primaria la notó.

El tema es el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario del Departamento de Educación. Como el recién designado en alguna ocasión pasada fue maestro del sistema público, la secretaria cree que no es un nombramiento que refuerza la muy criticada politización de la educación. Basándonos en ese criterio, varios de los políticos activos cualificarían para el cargo porque alguna vez trabajaron en el DE. Pero resulta que el recién nombrado fue hasta ayer el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el cargo más atado a la politiquería que se pueda identificar. A esto se añade que desde aquel cargo ayudó a colorear todos los nubarrones de fraude que ensombrecen la última elección general. El director del grupo que manipuló el llamado voto adelantado estará ahora dirigiendo la educación de nuestra niñez.

Al intento de justificación de ese acto se añade la mentira de que la decisión de nombrar a Sánchez fue tomada exclusivamente por la secretaria, sin que mediara una orden desde Fortaleza. Desde tiempo inmemorial se sabe que la persona que ocupa la gobernación de ordinario selecciona, tanto a los jefes de departamento como a los subjefes. En el caso de Sánchez, una persona de la completa confianza de Pedro Pierluisi, obviamente fue éste quien lo mandó al DE tan pronto completó su labor en la CEE,

Pero, más grave que la mentira, fue el refuerzo a la politiquería en un departamento clave donde existe un reclamo casi centenario para que se despolitice. En lugar de darle un mínimo de atención a ese reclamo, Pierluisi lo remacha colocando en Educación a un cuadro recién salido de la última refriega partidista.

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PRIORIDAD DESTORSIONADA

Todos los habitantes del País están expuestos a los peligros del Covid 19, aunque no existe una medida en cuanto al nivel de riesgo de cada grupo social. ¿Quiénes están más expuestos, los trabajadores del comercio o los policías? Realmente nadie sabe, pero lo que sí está comprobado es que el virus afecta más a las personas viejas. Es ahí donde se concentra la tasa de mortalidad.

Dada esa realidad comprobada, el orden de prioridad para la vacunación colocó en segundo rango a las personas mayores, exactamente detrás de los médicos y empleados de la salud. Sin embargo, ese orden se cambia todos los días porque a cada rato surge un nuevo grupo que ponen por delante de los viejos. El último de esos estamentos privilegiados es el de los empleados de Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Alguien determinó que eran “prioritarios” y corrieron a vacunarlos. Ante la protesta pública el Departamento de Salud ordenó detener el convoy de vacunas, pero tal vez la orden llegó tarde.

Mientras tanto, muy pocos de los viejos que tienen acceso a algún sistema “on line” para apuntarse, han logrado vacunarse. En cuanto a los que no tienen acceso a la internet, ni siquiera están en alguna lista. A ellos el Covid les llegará antes que la vacuna.

“Pierluisi no va a hacer nada por renegociar el contrato de Luma”

Claridad

El compromiso del gobernador de fiscalizar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Luma Energy está por verse. Para el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el comité nombrado por el Pierluisi para fiscalizar el contrato con LUMA “no va a hacer nada que realmente lleve a una renegociación del contrato, a pesar de que el gobernador, reiteradamente, una vez comenzamos a argumentar y a demostrar lo malo del contrato, dijo que estaba abierto a renegociar aquellas cláusulas que el comité le recomendara”, afirmó aCLARIDAD.

Las declaraciones del presidente de la UTIER a CLARIDAD son resultado de su impresión de una reunión que tanto él como el representante legal de la unión, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez,  sostuvieron con el gobernador. Figueroa Jaramillo afirmó que dudaba  que el comité hiciera recomendaciones dado a que acto seguido de la reunión los funcionarios del comité salieron a defender el contrato. “En ese sentido no veo muchas posibilidades de que el comité actúe conforme a lo que el gobernador ha demandado”.

En la reunión celebrada a mediados de enero en Fortaleza no fue la primera vez en que la UTIER le explicó a Pierluisi Urrutia lo dañino que resulta para el pueblo de Puerto Rico, para los abonados de la AEE y para sus trabajadores el contrato con Luma. Ya lo habían hecho cuando fue candidato, indicó por su parte  Emmanuelli Jiménez. Este recordó que durante la campaña, Pierluisi Urrutia hizo expresiones en varias  ocasiones de que le preocupaba el impacto que podría tener el contrato en el costo de la energía, en los derechos de los trabajadores, en particular , de los derechos colectivos, en  cómo se iba a atender el sistema de retiro de la AEE y cómo se iba a atender el asunto de los conflictos de intereses que el mismo contrato establece cuando permite que LUMA  le dé los contratos de trabajo  en la AEE a sus compañías matrices y otras afiliadas.

Una vez electo gobernador, la UTIER hizo varias gestiones con Pierluisi para que cumpliera su promesa. No obstante, destacó Emmanuelli, el gobernador lo que hizo fue emitir una Orden Ejecutiva donde nombró un comité, integrado por muchas de las personas que participaron en el proceso de negociación y aprobación del contrato.

En efecto, la OE dispone que conforman el comité el secretario de Estado, presidente; el director ejecutivo de la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP); el director ejecutivo de la AEE; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia ( R3) y los secretarios del Departamento del Trabajo y el del Departamento de Vivienda.  Se supone  que el comité es para fiscalizar el contrato.

“Pero fiscalizar lo que ya está negociado: que el contrato siga en vigor y que se asuma entonces todas las consecuencias del contrato. Eso no es lo que el candidato prometió y por eso es que la UTIER le escribió una carta y pidió una reunión”.

Emmanuelli Jiménez contó que esperaban que la reunión fuera solo con el gobernador, por lo que les sorprendió  que estuviese presente todo el comité nombrado. Esto les dio la oportunidad de expresarle al gobernador frente al comité cuales son las preocupaciones principales que se tienen sobre el contrato. Según reveló, el gobernador sostuvo que había que mantener  la contratación de LUMAporque era un asunto institucional de varias organizaciones del Gobierno que habían aprobado el contrato.

No obstante, la UTIER le explicó al Gobernador en presencia del comité cómo el contrato viola la ley 120, cómo va a  quebrar el Sistema de Retiro y va a crear conflictos de intereses. La impresión de Emmanuelli Jiménez es que a la luz de toda la explicación pareció que el gobernador iba a tomar más a fondo estos problemas porque instruyó al comité a que si tenían que hacer recomendaciones de cambios al contrato que se lo informaran para entonces proceder a llevar a cabo gestiones para renegociar esas instancias.

El representante legal de la UTIER trajo a la atención que  el problema que tiene el comité es que si va meramente a fiscalizar el contrato, cómo entonces, por ejemplo, va a lograr que LUMA no solicite un aumento de energía eléctrica. Eso es algo que se le delegó a LUMA en el contrato. Advirtió que, de hecho, lo iban a solicitar en diciembre y no lo hicieron porque la AEE no le había dado toda la información. Otro aspecto sobre la capacidad del comité que cuestionó es cómo va a ser posible salvar y defender todos los derechos de los trabajadores de la AEE sin que Luma asuma los convenios colectivos.  “La base de todos los derechos y beneficios de los trabajadores de la AEE son los convenios colectivos, y el contrato rechaza los convenios colectivos”.

Puso en cuestionamiento además cómo el comité va a lograr que el contrato no acabe y quiebre el Sistema de Retiro y cómo le va a  impedir a LUMA que incurra en los conflictos de intereses que ya están negociados en el propio contrato. “Así que me parece que cuando el comité comience su encomienda de fiscalizar el contrato y vea estos  problemas se va a dar cuenta de que no es posible atender estas situaciones sin renegociar el contrato. De ahí es que yo veo que podría haber una acción más afirmativa del gobernador para que el contrato se pueda renegociar y atender estas situaciones. Veremos a ver qué hace el comité. Si el comité al evaluar estos puntos, que son los que preocupan al gobernador, entiende que no se puede resolver sin enmendar el contrato, ahí el comité podría y tiene la autoridad para hacer unas recomendaciones. El gobernador no se cerró a la posibilidad de enmendar la OE para acoger estos planteamientos o alguno otro en el camino”.

Jaramillo observó que las acciones en contra del contrato deben continuar. “Una cosa es la buena intención y otra cosa es lo que dice el contrato”.

Para el presidente de la UTIER, la movilización y la discusión pública sobre el contrato de LUMA y la revelación de datos como el de las facturas de sus ejecutivos van a empezar a crear  una indignación en contra del contrato más de la que ya hay. “Todos coincidimos en que a la AEE hay que transformarla, que hay que moverla hacia fuentes de energía renovable, pero también la gran mayoría coincide con que el contrato de LUMA no va en esa dirección”.

En cuanto a la reiterada  defensa de la Junta de Control Fiscal al contrato, expresada una vez más en su reunión pública de este pasado viernes 29 de enero, Figueroa Jaramillo,  comentó que hubiese sido una sorpresa no hacerlo:  “No hay duda alguna que el contrato de LUMA viene cocinándose desde la Junta  de Control Fiscal”.

 

 

 

 

 

 

Excluyen al Caño Martín Peña del proyecto de dragado

CLARIDAD

 La exclusión del proyecto del dragado del Caño Martín Peña (CMP) por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI, siglas en inglés) de sus trabajos de este año 2021 parece responder a la política de desdén que mantuvo el expresidente Donald Trump hacia Puerto Rico. Así se desprende de declaraciones de varios entrevistados por CLARIDAD.

 El director ejecutivo del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Mario Núñez, indicó que se enteraron de la exclusión el lunes, 25 de enero, cuando el USCI publicó su presupuesto para el año 2021. Al expresar su decepción indicó que llevan tres años (desde el 2018) trabajando fuerte para impulsar que el proyecto pase a una etapa de construcción: “Estamos listos desde hace tres años”.

 Núñez comentó que el USCI no da razones para la exclusión, por lo que están coordinando una reunión telefónica con ellos en Jacksonville y con la Oficina del Atlántico Sur para “discutir este asunto, ver qué pasó que no fuimos seleccionados y a que por lo menos el próximo año nos incluyan. Nuestras esperanzas están cifradas [en ello] porque esta decisión de alguna manera está amarrada a la administración saliente del Gobierno federal de Donald Trump. Esta decisión se debió tener antes, pero la dieron a conocer ahora. Es posible que desde diciembre la decisión estaba tomada en el presupuesto asignado”.

 El director del Proyecto Enlace y residente de una de las comunidades del caño trajo a la atención que algunos funcionarios federales han expresado su apoyo al proyecto en varias ocasiones. De hecho, un grupo de congresistas de ambos partidos, entre los que se encuentran la comisionada residente, Jennifer González, Nydia Velázquez, Daren Soto, Alexandra Ocasio, Don Young, Ritchie Torres, John Katko, Stephanie Murphy, Mario Díaz Baralt, Charles Schumer, Kirsten Gillibard, Marco Rubio y Rick Scott solicitaron al USCI que comenzara el dragado este año fiscal.

 También el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en la juramentación del nuevo alcalde de San Juan, Miguel Romero, se comprometió a que sería una prioridad lograr que a nivel federal se concrete el proyecto.

En tanto, Núñez indicó a CLARIDADque en el Proyecto Enlace ya ha habían trabajado el diseño del dragado en coordinación con los diferentes actores, incluido el mismo USCI: “Entendíamos y entendemos que estamos listos para iniciar la primera fase de construcción y, de hecho, es como está diseñado por el mismo Cuerpo de Ingenieros, un trabajo en tres etapas”. La primera etapa incluye la habilitación de un terreno en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente para el depósito de la basura removida, el acondicionamiento de las fosas que están en la Laguna San José donde se estaría depositando el sedimento y una fase de remoción de basura hasta el puente de la avenida Barbosa.  La segunda etapa del diseño, en la que ya están trabajando, es el reforzamiento de las bases del Puente Martín Peña y Muñoz Rivera y la etapa final sería el dragado desde el Puente de la Barbosa hasta llegar al PCMP.

 Respecto a cuánto tiempo se estima tome el proyecto señaló que según lo proyectado por el mismo USCI se supone que sea entre cuatro a cinco años. Es decir, que si prevalece la determinación de no incluirlo en este año se podría demorar hasta otros casi 10 años. Núñez expresó preocupación por que se supone que la vida de CPE, conforme a la ley que la creó, es hasta el 2029. Su encomienda es desarrollar un plan integral para la península de las comunidades del caño. Eso incluye todo lo que es el dragado y canalización, así como la implantación del proyecto de desarrollo integral con todas las obras de infraestructura que eso requiere: alcantarillado sanitario en las ocho comunidades, los paseos lineales junto al cuerpo de agua y el soterrado de líneas que discurren por la avenida Rexach.

 “Una de las cosas que siempre hemos dicho es que esta no es una agencia de gobierno perpetua. Tiene un mandato de implantar un plan de desarrollo integral y el dragado. Y una vez eso culmine, la corporación tiene que desaparecer. La idea no era tener una agencia más de por vida, era una agencia con un propósito específico. De ahí la importancia de que el proyecto sea seleccionado”. Reparó en que la demora en el dragado puede implicar  que una próxima administración tenga que plantearse la extensión de la corporación: “No queremos eso, lo que queremos es el desarrollo de nuestra comunidad y que los residentes de nuestras ocho comunidades no tengan que seguir pasando las vicisitudes de que cada vez que vengan eventos de lluvia e inundaciones tengan que perder todo. Le cuesta más al Gobierno la no acción que atender el problema”.

En cuanto al dinero asignado, dijo que hay una asignación del 2007 de $150 millones, según el estimado de costos del USCI en dicha fecha, cuando aún no tenían una declaración de impacto ambiental ni los estudios de viabilidad. En el 2020 se hizo una actualización de costos.  Si se fuera hacer este año el costo real aumentaría $232. 4 millones. Ese dinero, puntualizó Núñez, es dinero autorizado, no asignado.

En entrevista por separado, la presidenta del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, (entidad dueña de las tierras de las comunidades que rodean el caño), licenciada Sara Delgado Brayfield señaló: “Ciertamente el dragado del caño es el propósito principal del Proyecto Enlace: lograr que se haga el dragado del cuerpo de agua que está completamente tapado y afecta directamente la salud de los residentes del distrito. Es increíble que se diga que le dan prioridad a  proyectos de mayor retorno económico y ambiental y seguridad cuando yo no puedo pensar en un proyecto que tenga más esas características que el proyecto del caño Martin Peña”.

Reclamó además que si algún proyecto es prioritario en el país es el del dragado del CMP porque no solo va a tener un impacto de salud y económico para las comunidades con una población de 25 mil personas, que es más grande es que muchas otras comunidades de Puerto Rico, sino que repercutirá en otras áreas como el mismo aeropuerto, que se ha visto inundado por el hecho de que el agua del caño no fluye.

La presidencia del Fideicomiso coincidió en que la no inclusión del trabajo del dragado puede ser que responda a la intención de un desplazamiento de población y a intereses económicos de otros sectores que no tienen como un tema de importancia la salud de nuestras comunidades. Los residentes del caño saben que hubo un proyecto que se pretendió desarrollar en un momento dado que se iba a llamar Jardines del Caño. Los residentes se levantaron  en contra de dragar el caño para beneficio de otras personas que no son las que han vivido allí por más de un siglo y son los que se han  visto afectados por décadas. Reparó en que los daños al cuerpo de agua no los causaron solo los residentes. Recordó que en momentos de campaña política en el pasado se derramó sedimento al cuerpo de agua y se ha visto a través de los años al Gobierno descargando basura al cuerpo de agua. “Es decir, que no es algo que se le pueda achacar toda la responsabilidad a los residentes que se establecieron en un principio, precisamente, por la falta de vivienda asequible”.

En cuanto al USCI afirmó que en el año que lleva en el Fideicomiso ha sentido que al proyecto le pasan la mano y todos los años le dan la impresión de que este año podría ser. “Es un mensaje confuso, contradictorio, y a la hora de la verdad inesperadamente los dejan fuera. Pero a través del año es regular las reuniones de comités interagenciales para presentarlo como un proyecto prioritario, pero se sigue quedando fuera”.

En esa línea señaló la preocupación y la ansiedad que genera el que la CPE fue creada con un tiempo limitado y el Fideicomiso no fue dotado con los recursos para atender un proyecto de la magnitud del dragado, que abarca 300 cuerdas.

El planificador ambiental José Rivera Santana, quien estuvo en la junta de directores del Proyecto Enlace, destacó que el dragado tiene un impacto ambiental, ecológico, social y económico: “Se trata de un proyecto que cubre todos los extremos de la situación que viven las comunidades del caño. Es un proyecto que se debió haber hecho hace tiempo, y estos atrasos siguen sumando penurias y dolor a la gente que vive allí”.

La no inclusión del trabajo del dragado en el presupuesto de este año por el USCI, denunció Rivera Santana, se suma a la lista de acciones que han tomado agencias del gobierno de EE. UU. contra Puerto Rico en el caso de los fondos con relación a la recuperación de los huracanes y terremotos. “Ha habido una larga lista de obstáculos para que esos fondos no se desembolsen y, aquí,  el Cuerpo de Ingenieros parece que está copiando la tradición malvada de la administración de Trump. Se da en el contexto de esa política implícita de la administración Trump de tratar que lo que aprobó el Congreso con relación a Puerto Rico no ocurriera”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel que me das: «Euríalo» – Íbico

Dibujo en tinta de Emanuel Torres

 

Euríalo

Euríalo, ansiedad y capullo de las Gracias, 

te criaron entre rosas, 

con sus hermosos cabellos opalinos, 

Afrodita y Persuasión, la de los ojos mansos.

 

(Fragmento 288 de Íbico, traducido del griego antiguo 

por Cristina Pérez Díaz)

 

ÍBICO, poeta lírico del siglo sexto a.C., originario de Magna Grecia (hoy la costa sur de Italia), quien, quizás, escribió también desde la isla de Samos, bajo el mecenazgo del tirano Polícrates. Compuso poemas eróticos para hombres y de temas mitológicos. De sus siete libros, sólo se conservan fragmentos, rescatados a partir de citas en obras de otros autores y de papiros egipcios. Dicen que murió en un asalto mientras unas grullas pasaban y gritó que las grullas vengarían su muerte.