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El factor determinante en cuanto a los pronósticos económicos es la pandemia y cómo progresa o se controla

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Con seguridad, lo que le depara a la economía de Puerto Rico en este año que comienza es la incertidumbre.  Así se desprende del análisis de la firma de Estudios Técnicos INC, (ETI), Perspectivas Económicas para el 2021.

“Si las proyecciones son difíciles en todo momento, en uno en que hay tanta incertidumbre, la dificultad es mucho mayor”, afirma Juan Castañer, de la División de Análisis y Política Económica de ETI, respecto a las perspectivas económicas para el 2021.

De acuerdo con Castañer, la incertidumbre económica surge, primero, de las dificultades que confrontará el presidente Biden en el Senado. También del impacto de la vacuna del coronavirus, del desempeño de la economía de Estados Unidos, de la rapidez con la que se invierten los fondos CDBG-DR en Puerto Rico, de eventos a nivel global y de lo que significa para la economía la nueva composición de la Junta de Supervisión. Ante todos estos agravantes,  lo responsable debería ser hablar de escenarios, indica.

Estudios Técnicos preparó un escenario base que refleja una mejoría. En el 2020 se estimó que el producto nacional bruto (PNB) real se contrajo en 4.4%, mientras que en el 2021 la economía se contraerá en 0.9%.

Los eventos que según el estudio podrían cambiar esa proyección base hacia un mejor o peor desempeño para el 2021 es que se apruebe el nuevo programa CARES, de unos $908 mil millones. Según ETI no es irrazonable que Puerto Rico reciba unos $4,000 a $5,000 millones en ayudas adicionales durante el 2021.

La posibilidad de que la isla reciba esa cantidad se apoya en que el presidente Biden incluyó en su Programa de Gobierno un ambicioso plan de ayuda para Puerto Rico que, de hacerse una realidad, podría tener un impacto positivo en la economía del 2021 y los siguientes tres años. “Cuán prioritario es Puerto Rico para la Administración y su capacidad de mover su programa en el Congreso determinarán esa posibilidad y, por ende, lo que se pueda esperar para el 2021”, reconoce Castañer.

Mas allá de la isla, señala que todo apunta a que las economías de Estados Unidos y la economía global tendrán crecimientos de entre 3.0% y 5.0%. El BREXIT, agrega, podría tener un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea (UE); pero aun con ese impacto negativo y con el tema del COVID-19 sin resolverse, se espera un crecimiento en la zona del Euro no menor del 3.0%.

Otros eventos o factores internos que estima el economista de ETI podrían afectar la economía de Puerto Rico en el 2021 es la nueva administración gubernamental. Según Castañer: “Una nueva administración siempre tiene un proceso de aprendizaje que impacta la actividad económica. En este momento, la administración Pierluisi tiene la ventaja de que contará con personas experimentadas en las agencias que impactan directamente la actividad económica”.

Esas personas “experimentadas”, identifica el economista, son el secretario de Hacienda Francisco Parés; el nombrado al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre; el nominado a la Oficina Central de Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, y el secretario de Vivienda, William Rodríguez.

No obstante, advierte que ello dependerá de la posibilidad de que se acelere el desembolso de los fondos CDBG-DR y de FEMA a través del Departamento de Vivienda y COR3, respectivamente, y de que se implanten de manera rápida medidas que estimulen la actividad económica. “A diciembre de 2020, de $60 mil millones asignados de fondos para la reconstrucción luego de María, $39 mil millones han sido obligados, pero solamente se han desembolsado poco menos de $18 mil millones”.

Determinante la pandemia

Foto: Alina Luciano

Pero el factor determinante en cuanto a los pronósticos económicos es la pandemia y cómo progresa o se controla. La flexibilización de las órdenes ejecutivas que han impuesto límites a la actividad económica, más que nada, afectando a sectores como restaurantes, cafeterías, hoteles y paradores, será decisiva.

El sector de la manufactura, por el contrario, no ha tenido impactos muy severos, ni el agroindustrial. El sector más afectado es el turismo, no solo por las órdenes ejecutivas locales, sino por consideraciones que se relacionan con restricciones en otras jurisdicciones; por ejemplo, las restricciones impuestas a turismo de barcos cruceros. El consenso es que la industria turística no regresará a su posición pre-COVID hasta el 2023.

Otra incertidumbre que levanta Castañer es que el presidente Biden no dado una clara señal de qué piensa hacer con la iniciativa de reshoring (devolver a EE. UU. la mano de obra y los procesos de manufactura) y near-shoring (transferir procesos de negocios o de tecnología a terceros destinos), de la Administración Trump.

La apreciación de ETI es que se puede leer entre líneas que Biden prefiere una política de Buy American (priorizar la compra de productos fabricados en EE. UU.).  Castañer advierte de que Puerto Rico puede enfrentar la competencia de Colombia y República Dominicana con esta política.

La visita de una delegación de Casa Blanca hace poco motivó un mayor optimismo local, pero la realidad es que luego de Puerto Rico, la delegación visitó dos competidores para el near-shoring, que fueron Colombia y República Dominicana. “De mantenerse el near-shoring como parte de la iniciativa, en gran medida para contrarrestar la creciente influencia de China en la región, Puerto Rico enfrentaría una fuerte competencia de lugares con costos inferiores de producción. Por esa razón es que eximir a Puerto Rico del GILTI es necesario”.

El GILTI es un impuesto establecido por la administración de Trump a multinacionales estadounidenses por usar sus licencias y propiedad intelectual para fabricar productos fuera de territorio estadounidense.

En fin, Castañer prevé que todo parece indicar que la economía de Puerto Rico tendrá una contracción menor en el 2021 que en el 2020.

“En el escenario base, esa contracción sería de 0.9%. La segunda mitad del año calendario se proyecta con un desempeño económico mejor que la primera mitad, de lograrse una reducción en los contagios (se refiere al Covid-19) en el primer semestre. La pandemia ha tenido impactos negativos que estarán con Puerto Rico mucho más allá del 2021: el cierre permanente de muchos negocios pequeños, la pérdida estimada de unos 100,00 empleos que no se recuperarán y un cambio en la estructura del mercado de ventas al detal y algunos servicios hacia una mayor concentración”.

La juramentación de Pierluisi

CLARIDAD

ccotto@claridaddpuertorico.com

El gobernador electo con el 32.41% de los votos, Pedro Pierluisi Urrutia, juró a su cargo en una ceremonia que, aunque algo sobria, no siguió las pautas de la orden ejecutiva que prohíbe las reuniones de más de diez personas para evitar los contagios de coronavirus (COVID-19). Al acto fueron invitadas 400 personas.

La toma de juramento ante la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, tuvo lugar en las escalinatas del Capitolio poco después de las 10:30 de la mañana.

Tras su juramentación, el licenciado Pierluisi Urrutia emitió un mensaje conciliador de unidad y reconocimiento de la nueva diversidad política con la que tendrá que trabajar si quiere que su gestión tenga éxito.

“Todos aspiramos a dejar atrás las crisis, a pasar la página de las turbulencias políticas, a encaminarnos en el rumbo de la reconstrucción y del progreso, a crear el Puerto Rico que todos soñamos. En eso estamos unidos. Ese sueño de superación es de todos. El pasado tres de noviembre nuestro pueblo se expresó en medio de la pandemia del siglo. Ante desafíos nunca antes vistos fuimos a las urnas y el pueblo envió un mensaje claro. Yo les escuché, les entendí, soy consciente de su sentir, conozco sus frustraciones y acojo sus reclamos. El nuevo Gobierno y la nueva Legislatura serán testimonio de la diversidad de nuestros pensamientos. Los cinco diferentes partidos y legisladores independientes reflejarán nuestra nueva realidad política y social”.

Luego de reconocer la polarización política que hay en el país expresó que los otros partidos, los adversarios políticos y los líderes de organizaciones cívicas, laborales, empresariales y profesionales, “no son nuestros enemigos”, en referencia a sí mismo como gobernador y al país.

Pierluisi Urrutia destacó el COVID-19 como el primer enemigo del país. También mencionó otras circunstancias que enfrenta Puerto Rico, como la falta de educación, la pobreza infantil, la criminalidad, la corrupción gubernamental, el estatus colonial y el discrimen hacia las personas vulnerables.

“Vamos a apoyar a nuestros maestros para que puedan dar el todo por sus estudiantes y vamos a potenciar a la Universidad de Puerto Rico para que siga siendo una de los grandes talentos y logros de nuestra juventud”, se comprometió.

Por supuesto, la recesión económica también fue reconocida como uno de los enemigos del país. El gobernador Pierluisi Urrutia resaltó que con los fondos federales para la reconstrucción su gobierno iba a impulsar proyectos para el desarrollo económico y a desarrollar el potencial de Puerto Rico para atraer nueva inversión de capital, así como estrechar los lazos comerciales y de hermandad con la República Dominicana. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estuvo presente en la ceremonia de juramentación.

En cuanto al estatus, aunque brevemente, Pierluisi Urrutia mencionó que todos en el país estamos en contra de la colonia aunque hay diferencias en cuanto a la manera de acabar con ella. Este defendió los resultados de la consulta del tres de noviembre en la cual la estadidad obtuvo la mayoría de los votos. “Estamos obligados a hacer valer su voluntad. La igualdad que representa la estadidad es justa, es digna y es alcanzable, por lo que vamos a exigirla y a lograrla”. Este fue el primer momento en que hubo algo de aplausos.

Más adelante hizo un reconocimiento a su equipo de trabajo. “No voy a estar solo, he configurado un gran equipo. Me siento muy agradecido de su compromiso conmigo y con Puerto Rico. He creado un buen balance, caras nuevas, gente buena, alguna continuidad, personas serias con experiencia, diversidad y nuevos bríos”. También hizo alarde de que sabe jugar en equipo.

Pierluisi reconoció que necesita de la Legislatura,  los y las alcaldes,  las organizaciones sin fines de lucro, de base de fe y de todos los sectores para juntos adelantar su propuesta de gobierno. En su mensaje no hizo alusión a la situación de violencia de género que existe en el país ni a la presencia de la Junta de Control Fiscal.

Luego de finalizado el discurso frente al Capitolio el gobernador, un grupo de colaboradores y su familia se dirigió en carros a la Fortaleza.

Las primeras órdenes ejecutivas

Este pasado sábado, horas después de su juramentación, el gobernador emitió sus primeras seis órdenes ejecutivas:

La primera ordena al nuevo secretario de salud, doctor Carlos Mellado, a que diseñe y lleve a cabo un programa de detección masiva de COVID-19.

La segunda, tal como adelantó en su mensaje, dispone que el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública establezcan nuevos acuerdos de colaboración con las agencias federales para atacar la corrupción.

La tercera, a ser efectiva de inmediato, decreta un estado de emergencia fiscal y ordena a las agencias a tomar medidas para reducir gastos.

La cuarta prohíbe la instalación de la foto del gobernador en las agencias públicas.

La quinta orden ejecutiva va dirigida a describir las responsabilidades de la Oficina de la Gobernación e incluye el nombramiento de Carmen Salgado Rodríguez como la administradora de esa oficina.

 

 

Mirada al País: Wanda Vázquez: Insensible hasta el final

 

 Especial para CLARIDAD

Escribo esta columna el tercer día del 2021.  Deseo fervientemente a la gente que lee, sigue, apoya y apuesta a que CLARIDAD tenga larga vida,  que disfruten de mucha salud, fortaleza interna y energía en grandes cantidades para seguir la lucha por la independencia patria, la equidad y la justicia social en este año que recién comienza.  El reto más urgente continúa siendo evitar que el indeseable COVID haga nido en nuestros organismos y que eventualmente podamos superarlo como comunidad. En todo el planeta la gente está haciendo la misma apuesta. Aquí en Borinquen, donde la capacidad para que los gobiernos nos sorprendan con ineficiencia y corrupción es amplia y muchas veces burda, estamos orando, encendiendo velas o haciendo cualquier clase de ritual con mucha esperanza, para que el proceso de vacunación siga el curso correcto y toda persona que quiera hacerlo  tenga la oportunidad de lograrlo sin grandes contratiempos.

Como tantas veces he dicho, las Navidades no son mi época favorita.  Menos en esta ocasión en que ni siquiera existe la recompensa de los abrazos y ver las caritas de entusiasmo de las sobrinas al recibir los regalos. Algo bueno si ha ocurrido.  La hoy ex gobernadora Wanda Vázquez Garced, que por carambola aterrizó en La Fortaleza, tuvo que salir de ella para darle paso a Pedro Pierluisi, quien por su gran ambición estuvo allí brevemente el pasado verano. Por supuesto, no es la octava maravilla del mundo, pero al menos fue electo, aunque raspando y nos lo tenemos que tragar.  Sin embargo, la salida de la Lic. Vázquez Garced también fue desagradable y dañó con una mano lo que hizo con la otra.  Le otorgó la clemencia ejecutiva a Ashley Torres Feliciano, la joven que ha estado cumpliendo una sentencia de 111 años desde que tenía 16 por el asesinato de su hermano, mientras que el hombre que lo hirió mortalmente con el cuchillo que se alegó en el juicio ella le entregó, fue condenado a solo 11 años , los cuales cumplió y fue excarcelado. Este individuo había cometido violación técnica con la joven pues la embarazó cuando era una menor de 14 años y la golpeaba constantemente en un caso típico de violencia de género. Fue precisamente en un episodio de agresión contra Ashley en el que su hermano intervino para defenderla, que ocurrieron los hechos que conllevaron sentencias tan distintas en casos que se vieron por separado.  La joven, cuya hija ha llegado a la adolescencia mientras ella cumple cárcel, siempre ha negado que tuviera la participación que se le imputó en el asesinato.

Aunque el Proyecto Inocencia de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana logró que se le concediera un nuevo juicio por el Tribunal de Apelaciones, el Supremo revocó la decisión. El único camino disponible para hacerle justicia a la joven era la clemencia ejecutiva.  Miles de personas firmaron una petición para solicitarle a la gobernadora que se la concediera en el ejercicio de una discreción que le compete solamente a quien reside en Fortaleza.  El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, particularmente su Comisión de la Mujer, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), entre otras entidades también se unieron al esfuerzo.  A punto de perder la esperanza, Ashley fue incluida en la lista de 31 personas el 30 de diciembre.  Sin embargo, el indulto fue concedido con condiciones que debe cumplir a lo largo de 10 años, lo que me parece le regatea el disfrute de la libertad a quien fue juzgada y sentenciada de forma tan desigual.

Pero, la ex gobernadora no solamente hizo gala de su acostumbrada insensibilidad con relación a las condiciones impuestas a Ashley, sino que indultó a Edwin Domínguez Torres quien cumplía 5 años de cárcel por violar órdenes de protección que habían sido expedidas a favor de una menor, la hija de la Lic. Alexandra Lúgaro, ex candidata a la gobernación del Partido Victoria Ciudadana.   Aunque el indulto tiene condiciones, la conducta de acoso que mantuvo el individuo contra la niña, como publicar fotos en las redes sociales, presentarse a la escuela a la que asiste sin tener derecho a ello, a pesar de órdenes del Tribunal que se lo prohibían, son muestra del mal juicio de  la ex gobernadora.  Contrario al caso de Ashley, el hombre apenas estaba comenzando a extinguir su sentencia, pues fue condenado en julio.  La primera llevaba 11 años tras las rejas de 111 que le fueron impuestos.  Ella se esforzó durante ese tiempo en mejorar como persona, para lo cual participó de forma voluntaria en múltiples programas y talleres de rehabilitación. Desde el encierro vivió pendiente de su hija, la que ha sido criada por la abuela materna. La información que ha trascendido sobre Domínguez Torres es su falta de arrepentimiento y que los informes no favorecían su excarcelación por la peligrosidad que representa.

Como dice el refrán, la ex gobernadora no da puntada sin hilo.  No tengo dudas de que el indulto otorgado a Edwin Domínguez Torres fue un ejercicio de venganza política contra la Lic. Lúgaro, su liderato, su discurso incisivo y crítico del partido gobernante y de Wanda Vázquez.  El escándalo hubiera sido mayúsculo si le hubiese concedido la clemencia ejecutiva a él, pero no a Ashley, mientras que al indultarlos a ambos se parapetó tras el dicho de vayan las verdes por las maduras. El problema que tiene Vázquez Garced es que por clavarle el puñal a la lideresa de Victoria Ciudadana, abusó de su poder, como lo hizo tantas veces como Procuradora de las Mujeres, como Secretaria de Justicia y como gobernadora designada.  Aun con las maletas en los portones de Fortaleza tomó decisiones pensando en ella, en los suyos, en reavivar la controversia con Thomas Rivera Schatz, su ex aliado en el proceso electoral  a través de nombramientos que no prosperaron; en decretar cambios para relajar las restricciones de la Orden Ejecutiva sobre el COVID-19 sin una base científica cuando todavía no sabemos el impacto que tendrán las actividades navideñas en las cifras de contagio.  En fin,  excluyendo el bienestar colectivo de toda consideración.  En el olvido quedó su frase de campaña primarista: “mi pueblo de Puerto Rico”.

No me puedo imaginar dónde se desempeñará en el futuro cercano; qué hará en la vida política y profesional; en qué escenario público o privado exhibirá su volubilidad y las innumerables, creativas y combinadas mascarillas que ha lucido en sus presentaciones públicas.  Espero que no se trate de un espacio desde el cual pueda continuar haciendo daño con su insensibilidad.

Me queda, más que el consuelo, la alegría de ver en la Legislatura a queridas y admiradas compañeras que sí tienen como prioridad a nuestro Pueblo y que darán la batalla por la equidad de género, por los derechos humanos, por representarnos con gran dignidad: Ana Irma Rivera Lassén, Mariana Nogales, María de Lourdes Santiago.  Las acompañan aliados como Dennis Márquez y Rafael Bernabe.

 

 

Mirada al País: Retos para el nuevo año

Especial para CLARIDAD

Despedimos el viejo año 2020, deseando cambios para el recién llegado. Más allá de la tradición y los mejores deseos, la realidad nos recuerda que no hay una puerta que separa un periodo de otro, sino que hay una continuidad entre lo hecho o dejado de hacer y sus consecuencias. Nos enfrentamos a un ano 2021 que contiene grandes retos. Lo positivo que tendrá, serán aquellas acciones que decidamos hacer para no repetir o dar continuidad al 2020.

La presencia de la pandemia causada por el Covid 19 produjo pérdida de miles de empleos y el cierre parcial o permanente de otros miles de negocios o empresas. Los patronos aprovechan este escenario para imponer nuevas condiciones de trabajo, imponer el trabajo remoto, quitar y eliminar derechos a la clase trabajadora. El dilema entre la Salud o la Economía pretende persistir entre los gobernantes y los empresarios. El que los departamentos de Educación y Salud no hayan podido articular unas políticas coherentes para cumplir sus deberes no es casualidad. Se debe fundamentalmente a quienes sirven estos departamentos. Son las políticas dirigidas al pueblo. Esas no importan. Si los hijos de ricos, estudiaran en las escuelas públicas y esos mismos ricos se atendieran su salud en el sistema gubernamental de salud, entonces, tendríamos políticas sabias y coherentes. El pueblo tiene que hacer valer la Salud como prioridad, ya que sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay producción, no hay consumidores, no hay ganancias.

De este dilema se derivan otras acciones. El movimiento obrero tiene que ser creativo para buscar formas de organizar a los trabajadores dentro del distanciamiento físico que se impone. Como comunicar y educar sobre la urgencia de estar organizados ante un escenario que los patronos aprovechan para quitar y eliminar derechos y condiciones de empleo se hace urgente.

Exigir procesos razonables en la solución de conflictos y controversias (arbitraje) y retomar la negociación de convenios colectivos en el sector público y privado se impone. Sobre todo cuando la congelación de los convenios del sector público finaliza en junio de 2021.

Mención aparte merece el sistema de enseñanza. Maestros, estudiantes y padres merecen reconocimiento por el esfuerzo realizado. Pero la experiencia nos indica que podemos estar afectando críticamente el aprendizaje y las destrezas fundamentales de una generación de estudiantes egresados del sistema público de educación, es decir, los hijos de los trabajadores.

El otro gran reto, tan importante como la pandemia, es la presencia de la Junta de Control Fiscal. El plan de ajuste que la Junta debe presentar ante el Tribunal Federal de acuerdo a la Ley Promesa se discute desde hace meses entre los miembros de la Junta, el gobierno y los bonistas. Las casas de consultoría financiera, los abogados y cabilderos del capital también lo discuten. El gran ausente de esta discusión es el pueblo trabajador. Peor aún, las organizaciones que representan a ese pueblo trabajador estamos ausente de ese debate pues no existe una agenda de lucha coordinada y promulgada para lograr cambios a favor del pueblo.

En febrero próximo, el Tribunal impuesto por Promesa discutirá cuánto y cómo les pagarán a los bonistas la alegada deuda, es decir, cuánto y cómo le quitaran al pueblo en servicios esenciales, condiciones de trabajo, garantías de un ambiente saludable, de su patrimonio.

Toda la discusión parte de la premisa de que la deuda debe ser pagada. Es urgente retomar el discurso de la deuda odiosa. Que la deuda no es del pueblo. Que la condición colonial nos exime del pago de una deuda generada y aprobada por el imperio. Que el Congreso de Estados Unidos es el responsable de la deuda, no somos nosotros.

Por otro lado, aquellos que cifraron esperanzas en lograr una alternativa distinta en el proceso electoral, dependen hoy de que la participación de los representantes del PIP y del MVC pueda coordinar esfuerzos junto a otros legisladores para que la legislatura no sea dominada por acuerdos entre las delegaciones del PPD y el PNP. En ese sentido, el escenario político electoral es grave. No se rompió el llamado bipartidismo. El problema es de clase social y relación política colonial. En ese circo electoral, resultó electo gobernador el abogado de la Junta, el que no obtuvo apoyo de su propio partido para sustituir al gobernador fallido en el 2019, el que pretendió usurpar el puesto de gobernador colonial.

Esta realidad exige mayor coordinación de las diversas luchas que libra el pueblo. Exige una mesa de diálogo, de concertación, de compartir análisis, de debate, de encuentro entre las fuerzas que, dispersas y debilitadas, tratan de resistir la ofensiva del capital. Nada es casual. La naturaleza nos puede traer huracanes, terremotos y hasta una pandemia. La manera de enfrentar esos eventos no es casual. La manera de actuar es premeditada, es pensada, analizada y aprobada por las fuerzas del capital. Por ello, en todo el planeta y en Puerto Rico también, las respuestas del capital son similares.

Cambios estructurales, austeridad, economía de las industrias como prioridad (entiéndase ganancias), pago de deuda, reformas laborales, reducción de pensiones, cierre de escuelas, privatización de servicios, trabajo remoto y tantas otras ideas neoliberales son difundidas para que nos refugiemos en la esperanza de un nuevo año, que por ser nuevo, debe ser mejor que el anterior.

 

Miseria moral del “periodismo independiente”

Por Atilio Borón

Revisando algunos viejos apuntes acumulados en el disco duro de mi computadora encontré una serie de declaraciones de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina manifestando su preocupación por la libertad de expresión y el ataque a “periodistas” como Luis Majul y Daniel Santoro.

La institución de marras la preside Joaquín Morales Solá, un señor que finge ignorar la diferencia entre informar -y sobre la base de información confiable y chequeada opinar- y utilizar los medios de comunicación en los que se desempeña para operaciones propagandísticas presentadas ante su indefensa  audiencia como si fueran “periodismo independiente”.

En una reciente emisión de su programa Desde El Llano, el presidente de la ANP “entrevistó” a la señora Elisa Carrió quien se despachó con una serie interminable de disparates, ¡sin que el supuesto periodista atinara a balbucear una sola repregunta! No fue una entrevista periodística sino un caso de propaganda política subliminal, probablemente remunerada. Es decir, una estafa a la teleaudiencia.

Lo mismo había hecho unos días antes Carlos Pagni, otro representante del “periodismo serio” en la Argentina, cuando “entrevistó” durante poco más de media hora a Juan Guaidó que, como lo haría Carrió después con Morales Solá, derramó enormes cantidades de “bullshit” ante un  impasible Pagni, que no hizo el menor comentario o formuló pregunta alguna para poner a prueba los dichos de Guaidó.

El objetivo, claro está, era brindarle al esperpento venezolano una plataforma para difundir su proyecto político. En ambos casos un espacio supuestamente periodístico parecería haber sido alquilado para promover la agenda política de una autoproclamada candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, retornada a las lides políticas pocos meses después de haber anunciado su definitivo retiro; o la de un pelele orgulloso de haber sido designado “presidente encargado” de su país por Donald Trump. Todo esto, repito, ante la actitud complaciente de los aquiescentes “entrevistadores”.

En resumen, gran parte de eso que llaman “periodismo independiente” no es otra cosa que una tapadera para que algunos mercaderes  trafiquen con su espacio comunicacional y lo subasten (ellos o sus patronos) al mejor postor. ¡Y encima se dan el  lujo de pontificar sobre la libertad de expresión, la república y la democracia!

En fin, esta es la dura realidad del periodismo que en nuestro tiempo se autocalifica como “serio y profesional”, y no sólo en la Argentina y Latinoamérica. Europa o Estados Unidos tampoco están a salvo de este flagelo que es una de las mayores amenazas que acecha a la democracia en el mundo moderno.

La ANP salió en defensa de dos personajes de la cloaca mediática como Luis Majul y Daniel Santoro cuyo “periodismo de investigación” es producido por un singular equipo cuyos puntales son los servicios de inteligencia y un manojo de jueces y fiscales corruptos, unos y otros en abierta violación a las leyes de este país.

Esta operación no tiene nada que ver con el periodismo. Su objetivo es obtener instrumentos y supuestas pruebas para perseguir, acosar y eventualmente extorsionar a rivales políticos y sectores ligados en este caso al oficialismo.

Lo de la ANP no es una excepción; tampoco lo son los grandes conglomerados mediáticos argentinos (que incluyen prensa gráfica, radio AM y FM, televisión abierta y por cable, granja de bots, etc.) como Clarín, La Nación o Infobae. Pero por su gravitación mundial el diario El País de España se lleva los laureles en lo que hace a la prostitución del periodismo convertido en un nauseabundo house organ al servicio de los ricos y poderosos de todo el mundo.

Por eso no sorprendió que a mediados del año pasado Antonio Caño, exdirector de aquel diario entre 2014 y 2018, publicara una nota titulada nada menos que El Error de Llamar a Assange periodista. En ella arguye que el fundador de Wikileaks es un “impostor” porque, según él, “los periodistas no roban información legalmente protegida, no violan las leyes de los Estados democráticos, no distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos sin haberlos verificado”, tarea que Caño confía, corporativamente, al buen saber y entender de periodistas profesionales.

¿Periodistas profesionales, como quiénes? Puede ser, en algunos poquísimos casos, pero ¿por qué no confiar en gente con mayor formación específica para evaluar los datos divulgados por Assange como politólogos, sociólogos, internacionalistas, historiadores, semiólogos y expertos en materias militares o en inteligencia?

Pero además, muchos de los amigos y colegas latinoamericanos de Caño lo que hacen es justamente eso: roban información que “debería” estar legalmente protegida, violan a destajo las leyes de los estados democráticos, y distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos o funcionarios corruptos del poder judicial para acosar y/o destruir a sus adversarios políticos.

En su angelical candor, o diabólico cinismo (cuestión que las y los lectores deberán discernir), el ex director de El País dice que los periodistas profesionales “cuidan de no causar daños innecesarios con su trabajo, les dan a las personas aludidas la ocasión de defenderse, buscan la opinión contraria a la que sostiene la fuente principal de una información, no actúan con motivación política para perjudicar a un Gobierno, un partido o un individuo. Los periodistas no defienden más causa en una sociedad democrática que la del ejercicio de su trabajo en libertad.”

Releo estas líneas de Caño y me rectifico: no creo que sea el suyo un caso de infantil ingenuidad.

Digámoslo con todas las letras: es la sutil estratagema discursiva de un impostor de alta gama que sabe que en el ejercicio del periodismo hegemónico, ese que él llama “profesional”, aquellas reglas tan prístinas que él enunciara son violadas con premeditación y alevosía; que los autodenominados “periodistas independientes” causan intencionalmente daños a las personas o instituciones víctimas de su persecución; que no les dan ocasión de defenderse; que jamás buscan una opinión contraria a la línea que les bajan sus jefes o patronos y nunca aceptan debatir con quienes sostienen puntos de vista contrarios; y siempre actúan con motivación política para perjudicar a un gobierno, partido o individuo.

El caso de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio de Chile es una muestra paradigmática de lo que hacen los periodistas defendidos por Antonio Caño y por el presidente de la ANP, Joaquín Morales Solá.

Por eso después de más de cincuenta años de prostitución periodística en buena hora el Colegio de Periodistas de Chile lo expulsó de sus filas, precisamente por haber hecho exactamente eso que Caño dice que los periodistas profesionales no hacen. Si en la Argentina existiera una institución con los mismos valores y valentía de sus colegas chilenos la cantidad de operadores políticos disfrazados de periodistas que serían expulsados de sus filas llegaría fácilmente a medio centenar.

Justamente a causa de esta degradación moral es que no sorprende el estruendoso silencio de la ANP ante el caso de Julian Assange, injustamente encarcelado por haber informado al público sobre los crímenes de guerra, la corrupción y el espionaje global del gobierno de Estados Unidos.

Ni una palabra en defensa de un verdadero campeón de la lucha por la libertad de expresión, que mentirosamente la ANP dice defender; ni un gesto de solidaridad ante un periodista retenido en una cárcel de máxima seguridad, en confinamiento absoluto, sin contacto con nadie, sin ver sino por unos minutos la luz del sol una vez a la semana, sometido a maltratos físicos y psicológicos de todo orden pese a la precaria condición de su salud.

Pero al haber revelado los secretos del imperio y sus mandantes -que el sicariato mediático oculta bajo siete llaves- para la ANP Assange es un traidor, un “impostor” como dice Caño, que no merece solidaridad alguna. El próximo 4 de enero la jueza Vanessa Baraitser dará a conocer su sentencia en el juicio por la extradición del australiano a Estados Unidos.

Pese a la debilidad de las pruebas aportadas por el querellante el acusado fue privado de su libertad y enviado a la cárcel. Cunde la indignación entre los periodistas de verdad de todo el mundo, advierte el laureado cineasta y periodista británico John Pilger, quien asegura jamás haber visto una farsa tan grotesca como el juicio celebrado en Londres.

El lawfare se extiende como una mancha de aceite, y de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador ya arribó a Europa y Estados Unidos. Pero la ANP no cree que exista tal cosa porque, según sus dirigentes, el lawfarees una maligna invención de una izquierda totalitaria, populista, chavista, castrista, y por lo tanto desestima olímpicamente la denuncia de Pilger. La inmoralidad de esa institución no tiene límites.

Este negacionismo también se revela en relación a la situación de los periodistas en Estados Unidos. Desde el estallido de las protestas del Black Lives Matters con motivo del asesinato a sangre fría de George Floyd por la policía de Minneapolis, 322 periodistas fueron  agredidos (salvo contadas excepciones, por las “fuerzas del orden”); 121 fueron detenidos, a 76 les destruyeron sus equipos (cámaras fotográficas o de video, teléfonos celulares) o instalaciones (salas de prensa) y 13 fueron querellados y sometidos a proceso judicial.

La misma fuente informa que en 2018 cinco periodistas fueron muertos a balazos en Estados Unidos. Pero esto no fue ni jamás será noticia en los medios hegemónicos, apropiadamente caracterizados por sus críticos como la Bullshit News Corporation porque la mayoría de la información que difunden es eso, basura;  mucho menos será motivo de preocupación o denuncia para la ANP, obediente hasta la ignominia antes los menores deseos del amo imperial.

La institución defiende a sus mercachifles de la comunicación, no a estos pobres diablos acosados por el poder en Estados Unidos que pagan con sus vidas su lealtad a la profesión que eligieran. En cambio si un periodista, ¡aunque sea sólo uno!, hubiera sido detenido en Venezuela o sufrido la destrucción de su equipo de trabajo la gritería del sicariato mediático mundial habría sido ensordecedora. Su doble estándar moral los convierte en sujetos despreciables.

Conclusión: el autocalificado “periodismo independiente” no es otra cosa que una organización criminal porque, como lo recordara Gilbert K. Chesterton en tiempos de la Primera Guerra Mundial, “los periódicos comenzaron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha”.

Para ello cuentan con cuatro armas principales: promover la “posverdad”; mentir y usar las fake news a destajo; utilizar el blindaje informativo (por ejemplo, no decir jamás nada sobre la interminable matanza que a diario desangra Colombia o sobre las revelaciones de los Panamá Papers que involucran al expresidente argentino Mauricio Macri) para proteger a socios y/o amigos; y el linchamiento mediático de líderes “molestos” a las cuales es preciso satanizar para que luego jueces y fiscales culminen el proceso enviándolos a la cárcel o inhabilitándolos para competir por cargos públicos.

Por eso hoy esa prensa, así de corrupta, constituye una de las principales amenazas a la democracia, y si la sociedad no reacciona a tiempo probablemente acabe no sólo con lo poco que resta de libertad de expresión sino que acentúe aún más la  asimetría entre una prensa hegemónica que domina sin contrapesos el espacio mediático y el periodismo verdaderamente independiente, que sobrevive a duras penas ante tan desigual competencia.

Pero lo que está en juego no sólo es la libertad de expresión; también el derecho de los pueblos a acceder a información verídica y comprobable, legalmente obtenida. Y por supuesto, la democracia también está en peligroporque para sobrevivir requiere que el espacio mediático sobre el que reposa sea efectivamente democrático y plural y no esté amordazado por la dictadura del pensamiento único.

La democracia se vacía de contenidos, se degrada y finalmente sucumbe cuando el sustrato comunicacional sobre el que se apoya es una tiranía informativa. Evitar que esto suceda será una de las grandes e impostergables batallas que deberemos librar una vez derrotada la pandemia.

Reproducido de www.cubadebate.cu