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Crucigrama: Daniel Martes Pedraza

Por Vilma Soto Bermúdez/Especial para CLARIDAD

Horizontales

  1. 17 de _____ de 1949; nacimiento de Martes Pedraza.
  2. Río de Alemania.
  3. _____ abajo vive gente; novela de DMP. Primer premio del Pen Club de Puerto Rico en 2008.
  4. Ergio.
  5. Ente.
  6. _____ Martes Pedraza; escritor puertorriqueño. Autor de la novela “Eudaimonia” de 2016.
  7. _____ Puertorriqueño; premió en 2006 a DMP por su cuento “El soñador literario”.
  8. _____ Torresola; uno de los dirigentes de la Revolución de Jayuya.
  9. _____ Fleming; escritor británico.
  10. María _____; escritora y educadora puertorriqueña.
  11. _____; ciudad natal de DMP.
  12. Primer hombre bíblico.
  13. Olfateé.
  14. Empeño grande.
  15. El _____ literario; cuento de DMP.
  16. Frente exterior de un edificio.
  17. Anillo.
  18. Artículo, fem., pl.
  19. A nivel.
  20. Daniel Martes _____; autor de “Un ángel janguea en el caserío”.
  21. Utiliza.
  22. Pedro _____; Poeta Nacional de la República Dominicana.
  23. Dios islámico.
  24. Universidad de Puerto _____; DMP hizo estudios doctorales en esa institución.
  25. Labrar.
  26. Rezas.
  27. La historia que el pueblo _____; novela de DMP. Primer premio del Pen Club de Puerto Rico en 2004.
  28. Niña.
  29. Nota musical.

 

Verticales

  1. Sindicato, unión.
  2. Un _____ janguea en el caserío; pieza teatral de DMP.
  3. Rebanada.
  4. Daniel _____ Pedraza; autor de “La historia que el pueblo sabe”.
  5. Símbolo del iridio.
  6. Nombre de la c.
  7. Que avala, fem.
  8. Flacas.
  9. Preposición.
  10. Conjunción.
  11. _____ Juliá; actor puertorriqueño.
  12. Negación.
  13. Juego infantil hondureño.
  14. _____ Stravinski; compositor y director de orquesta ruso.
  15. Dicho de una obra artística que refleja la realidad con deliberada ingenuidad.
  16. Cocer a la brasa.
  17. Doce meses, pl.
  18. Apócope de nada.
  19. Interjección usada para denotar pena o admiración.
  20. José Simón _____; personaje en la novela “Acá abajo vive gente” de DMP.
  21. Red.
  22. Pesada, molesta o gravosa.
  23. Levantarás.
  24. Señor, abrev.
  25. Cortan en trozos menudos.
  26. Ensalzó.
  27. Vea.
  28. Criba grande para limpiar el trigo en la era.
  29. _____ Club; premió a Martes Pedraza en 2004 y 2008 por dos de sus novelas.
  30. Licor caribeño.
  31. Campeón.

 

 

 

 

 

Proclamemos ilegal la pobreza

 

Por Marcelo Barros/Especial para En Rojo

La próxima semana, trabajadores de todo el mundo celebran el 1 de mayo. Es importante darse cuenta de que el capitalismo nos hace pensar que la pobreza es normal. En el Foro Económico Mundial de 2020, la Oxfam-Solidaridad afirmó: «2.153 multimillonarios tienen más riqueza que los 4.600 millones de personas que conforman 60% de la población mundial”.

La tesis básica de la sociedad dominante es que los pobres tienen culpa por ser pobres, ya que no han sabido trabajar duro y prosperar en la vida. Además, como son muchos, se vuelven pesados ​​para los países. El año pasado, los gobiernos gastaron $ 1 billón y $ 822 mil millones en armas. Sin embargo, afirman que los sistemas de salud pública y jubilación son deficientes. Con este pretexto, todos los días, aprueban leyes para disminuir derechos de los trabajadores y de los empobrecidos.

Para salir de esta espiral de destrucción y muerte, será necesario que la humanidad se organice como humanidad (la Organización de Naciones Unidas (ONU) es una asociación de gobiernos). Solo la humanidad organizada puede exigir transformación de las relaciones sociales, cambiar formas de producción y consumo.

Desde 2012, en varios países, muchos hombres y mujeres han lanzado una campaña para que la Asamblea General de la ONU acepte declarar ilegal la pobreza. Se pide que la ONU reconozca como ilegales leyes, instituciones y prácticas sociales que producen y alimentan la pobreza. La campaña se llama «Audacia en nombre de la humanidad».Propone un Ágora de los habitantes de la Tierra. Deberá reconocer a todos los seres humanos como ciudadanos planetarios. Planea publicar una Carta sobre los Derechos de la Vida que no se podrá comercializar. Además, lucha por el reconocimiento de la tierra, el agua, el aire, la salud y otros elementos como bienes comunes de toda la humanidad, a los que todos los humanos deben tener derecho. Con este fin, ya se está formando un Consejo Internacional de Seguridad del Agua como un bien común en todo el universo.

En esta Pascua, el Papa Francisco escribió a representantes de los movimientos sociales de todo el mundo: «Si la pandemia actual es una guerra, ustedes que trabajan en los movimientos sociales son guerreros/as invisibles que luchan con el arma del sentido comunitario».Dependemos unos de los otros. Solo juntos/as podemos salvar la tierra y la vida de todos/as. Para los/las que son cristianos/as y celebran la Pascua, este es el camino a través del cual podemos testificar la resurrección de Jesús y vivir una nueva Pascua para toda humanidad y para la Tierra, nuestro hogar común.

El autor es monje benedictino y ha escrito más de 40 libros.

 

 

 

Ley 29: En medio de la crisis pandémico-presupuestaria

Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Se ve en el noticiero un mapa de Puerto Rico y varios municipios pintados de azul, la mayoría de la región central, oeste y sur del país; si no son lo más pobres son los más pequeños. La periodista advierte de que el mapa, tal y como lo conocemos actualmente puede cambiar. Lo que sucedería si se derogara la Ley 29 de 2019. Añade que alrededor de 40 pueblos desaparecerían.

Lo anterior resume una noticia que fue transmitida en julio del año pasado. Hace una semana la jueza federal, Laura Taylor Swain, anuló la Ley 29 que exime a los ayuntamientos de aportar al Sistema de Retiro y al Plan Vital de sus empleados. Una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) tras radicar una moción solicitando una sentencia sumaria con tales fines.

La determinación divulgada el martes pudiera dejar insolventes a dos cuartas partes de los 78 municipios cuyos presupuestos dependen sustancialmente del Fondo de Equiparación. En julio pasado, cuando ya se hablaba de las consecuencias que podía tener la derogación de dicha ley, varios alcaldes pidieron que se mantuviera la exención de casi $300 millones para evitar un caos en la prestación de servicios a los ciudadanos. También se opusieron a la eliminación de municipios y catalogaron como un mito que los municipios más grandes pudiesen auxiliar a los municipios más pequeños.

La Ley 29 fue firmada por Ricardo Rosselló en mayo a pesar de que la JCF ya había dicho que la misma era inconsistente con el Plan Fiscal. Desde antes, la administración de Rosselló estaba barajando la posible creación de condados, la consolidación de gobiernos municipales o la fundación de consorcios intermunicipales.

La famosa consolidación de municipios implicaría su desaparición. CLARIDAD abordó el tema en marzo de 2019. Para aquella ocasión el profesor y economista Waldemiro Vélez mencionó que, aunque esto pudiese redundar en costos menores y más ahorros, una pregunta fundamental que el Gobierno había pasado por alto es si aun así se mantendrían los servicios que actualmente se ofrecen a la población o si conllevaría su sacrificio.

Además, sostuvo que un paso trascendental para que esta reorganización sea verdaderamente viable es eliminar el partidismo. De otra manera, no serviría de nada que la nueva estructura se fundamentara en los mismos principios que han llevado a la inviabilidad económica de los municipios. El economista apuntaba a las insuficiencias presupuestarias como la única justificación considerada por la administración de Rosselló para llevar a cabo este proceso. Insuficiencias que al ser consolidadas rondaban los $260 millones anuales, por lo que había y hay que ahorrar para pagarle a los bonistas.

En el comunicado de prensa favoreciendo la decisión de la jueza Swain, la JCF menciona que, a pesar de la disminución en ingresos y población en los municipios a partir de 2017, los municipios no  redujeron el nivel de gastos. Swain dio tres semanas al Gobierno y a la JCF para llegar a un acuerdo. Ya veremos qué sucede en el ínterin y cuál será la solución a partir de las negociaciones.

La Junta de Controlademás de establecer la consolidación de servicios municipales como una medida para mitigar las insuficiencias presupuestarias el Plan Fiscal también sugiere una reforma al impuesto sobre la propiedad.

En medio del tira y hala de la JCF y el gobierno y de la crisis pandémico-presupuestaria, es relevante recordar las repercusiones que, como se expone al principio, supone la derogación de la Ley 29 en la organización municipal. Más aun las consideraciones que debería tomar el Gobierno si decidiera ejecutar este proceso que, aunque no ha sido mencionado recientemente, sabemos que sigue ahí. Como también siguen las mismas caras de la asesina administración Rosselló.

Mirada al País:La responsabilidad de la prensa y el público ante la incompetencia gubernamental

Por Federico Subervi Vélez

Columnista invitado

Ante los estragos que la pandemia del coronavirus está causando en Puerto Rico, lamentablemente la incompetencia del gobierno de turno se repite. Esta vez se hace más evidente con la otorgación de contratos corruptos y las mentiras al respecto, los titubeos y contradicciones en las órdenes de los toques de queda, la incapacidad de recopilar y transmitir al público información completa y acertada sobre los contagios y muertes, y en estos últimos días con los obstáculos que le ponen a la labor de la prensa.

A la prensa le corresponde informar sobre la magnitud y peligros del virus, sobre medidas de seguridad para evitar contagios, cómo y dónde obtener alimentos y medicinas, y de todo lo demás que se necesita para superar la crisis.  Pero la prensa también tiene la tarea de dar a conocer los malos manejos gubernamentales que amenazan la seguridad y bienestar del público.  Por eso la interferencia con la labor periodística es un atentado contra esa seguridad y bienestar de todos.

Otra labor de la prensa es contrarrestar los rumores, la desinformación, las noticias falsas que no son otra cosa que propaganda siniestra de quienes la diseminan. Los obstáculos del gobierno también dificultan esa labor periodística y por ende además atentan contra la seguridad y bienestar público.

De frente a la incompetencia gubernamental, la responsabilidad de la prensa es cada vez mayor, pero también la del público.

Para la prensa la responsabilidad informativa se incrementa según se va conociendo—con documentación y evidencia científica—las características particulares tan nefastas del Covid-19.  Por ejemplo, se debe actualizar la información de cuán contagioso es ese virus, cómo se propaga y cómo se combate con aislamiento y prácticas de higiene.  De igual forma la prensa tiene que exponer y contrarrestar con prontitud los rumores y cualquier otro tipo de desinformación que se propaga a velocidad instantánea por el Internet y redes sociales. Esa desinformación tiene muchas caras que varían desde las “ingenuas” sugerencias de supuestos remedios caseros que en realidad pueden ser más letales que el propio virus, hasta las conspiraciones del origen del virus o de los “propósitos políticos” del mismo.

Para cumplir con su responsabilidad informativa, la prensa—en realidad los y las periodistas y sus editores que toman las decisiones finales de qué se publica o no y cómo—tienen que ser los primeros en saber discernir entre la verdad y el rumor, lo cierto y las mentiras, la documentación acertada y confiable y la propaganda venga de donde provenga.

Los códigos de ética periodística, pero en particular los de bioética y las guías de comunicación en situaciones de emergencia, son materiales de valor y hasta indispensables para orientar en las decisiones de qué cubrir, cómo y cuando.(1) Algunos de esos códigos y guías incluyen ejemplos de cómo se confrontaron y superaron éticamente crisis anteriores y además orientan sobre fuentes informativas expertas y confiables. Cuando los periodistas aplican las pautas de esos códigos y guías, la información que le transmiten al público se redacta más responsablemente y por lo tanto se le imparte a los lectores y audiencia con mayor confianza.  Ese público, por su parte, queda mejor informado y más tranquilo ante la crisis.

Todas las personas que dirigen las oficinas de prensa o comunicación de cada una de las ramas y oficinas gubernamentales deben tener como tarea indispensable y primaria la lectura y aplicación de esos códigos y guías.  Si no pueden o quieren, deben considerar renunciar a ese puesto que exige—casi por definición—ética, transparencia y honestidad.

La renuncia del director de prensa del Departamento de Salud, Eric Periloni, es un ejemplo claro de transgresiones éticas.  No sabemos cuántos más de esos empleados públicos han fallado en su responsabilidad ética de transparencia y honestidad.  Pero la crisis de credibilidad por encima de la crisis de salud exigen que se ponga la seguridad y bienestar del público por encima de los caprichos partidistas.

Ante un gobierno incompetente que falla en sus obligaciones de honradez y transparencia, la prensa debe ser una fuente de confianza para el público.  Y para que lo sea tiene que tener condiciones de trabajo que lo permita.

Cuando el gobierno lleva a cabo conferencias de prensa y le ofrece acceso a solamente algunos periodistas, se crean dudas de la veracidad de esos periodistas y se atenta contra la libertad de toda la prensa.

Cuando el gobierno lleva a cabo vistas públicas y se restringe o prohíbe la entrada y movimiento de los medios noticiosos para cubrir plenamente el evento, se atenta contra el derecho a la información pública.

Cuando las pautas del gobierno son causa de que los periodistas tengan que trabajar apiñados en condiciones que hacen imposible el distanciamiento social, ese gobierno se hace cómplice de provocar más contaminaciones del virus y de posibles muertes colaterales.

Aún con las limitaciones y escollos que imponga un gobierno, es responsabilidad de los medios noticiosos hacer investigación a fondo de todo lo concerniente a contratos, nombramientos y pautas gubernamentales.  En tiempos de crisis, la responsabilidad de la labor investigativa se hace más urgente, indispensable y preponderante.  Sin periodismo investigativo, predominarían, más de lo que ya sucede, la corrupción, los fraudes, malversaciones de fondos, el nepotismo y otros favoritismos político-partidistas—todos los cuales atentan contra la seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico.

Ante todas esas restricciones que impiden que los medios noticiosos trabajen responsablemente, le toca al público protestar junto a los miembros de la prensa y demandar su derecho a la información confiable, verídica y a tiempo.

El público tiene otras responsabilidades también.  La primera es la de no creer ni pasar pa’lante a por voz y menos por las redes sociales rumores, insinuaciones, ni “noticias” que parezcan alarmantes; tampoco las que aparenten ser demasiado buenas para poder ser verdad.  Ya circula por todos lados información sin verificación, sin base confiable; propaganda diseñada para crear dudas aún de fuentes científicas con bases en documentación.

Otra responsabilidad de todo el público es la de desarrollar la capacidad de lectura crítica de las noticiosas.  A esa lectura crítica se le conoce por otros nombres, por ejemplo, alfabetización mediática, y hoy día también alfabetización digital.  En inglés, es común hablar de news literacy, media literacyy digital media literacy.  Sea el nombre que se use, implica tener la capacidad de por lo menos evaluar con suspicacia las noticias e información que se consume a cotidiano.  Esa capacidad es muy fácil de desarrollar y hay varias opciones para adquirirla.  Los talleres que ofrece en Puerto Rico Anette Sofía Ruiz (ComunicARTE) son punto de partida excelente.(2)

En mis clases, le enseñaba a los alumnos tres preguntas claves de pensamiento crítico, a saber: ¿Quién tomó o quienes tomaron la decisión que sea (especialmente en asuntos gubernamentales): un individuo, un comité, un “band of brothers”…?  Esto implica descifrar con nombre y apellido los nombres, puestos, y los enlaces político-económicos de quien o quienes toman decisiones.  Segundo, ¿Cómo se tomaron esas decisiones: dónde, cuándo, con o sin consultas con quién o quienes…? Tercero y lo más importante, ¿Quién o quienes se beneficiaron y quién o quienes se perjudicaron de esas decisiones?

Para gobiernos no corruptos, las contestaciones a estas preguntas son carta abierta; parte de la transparencia y honestidad cotidiana, especialmente sobre asuntos de salud y más aún en tiempos de pandemias.  Ante el gobierno colonial de Puerto Rico, le corresponde a la prensa la responsabilidad de ofrecerle al público respuestas a estas y otras preguntas, de contrarrestar rumores, noticias falsas y propaganda de todo tipo, y de difundir éticamente noticias e información documentada, verídica y confiable. Al público le toca hacer su parte también porque la seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico está en manos, boca y redes sociales de todos.

El autor es, investigador académico y catedrático retirado.

 

Notas:

(1). Vea, por ejemplo, Sandra Fabregas Troche y Francisco Leon. (Coordinadores). La Comunicación y Bioética en Voces de las Tres Américas. Centro de Bioetica, UCEN y CELABIH. En Prensa (2020).

(2). Vea https://comunicarte.bisitme.com

Transformación de la salud pública a fondo de capital privado

 

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La doctora Sara Huertas, profesora retirada del Recinto de Ciencias Médicas, de la UPR, abordó la ausencia de un verdadero sistema de salud para poder atender no solo la actual emergencia del COVID, sino la salud en general. La doctora en psiquiatría destacó  que lo primero que revela el COVID del sistema de salud es el cambio al lenguaje corporativo: de salud y pacientes a proveedores y clientes.

“Se habla de los servicios de salud cuando nos enfermamos, pero obvio, en esta epidemia ha fallado el sistema de servicio directo. Sin embargo, falla más allá, este sistema debe incluir la prevención. Supimos muchos meses antes que iba a pasar. Dónde están la planificación de los esfuerzos que nos hubiesen podio preparar para esto, quién gobierna, quién nos va a dirigir en esta crisis. Todo esto pone de manifiesto que el sistema de salud es uno fragmentando”.

La experta en salud mental censuró que se hayan entregado los servicios de salud a un sistema de lucro, como son las aseguradoras, y que el supuesto sistema de salud que hay en Puerto Rico no incluya todos los determinantes sociales que impactan a la salud. Dio como ejemplo de esto último el que en la presente emergencia del COVID en Estados Unidos la población que está siendo más afectada es la afroamericana, consecuencia del racismo y la pobreza.

Un ejemplo ilustrativo de un caso de corrupción de esos de alto nivel es la historia narrada por el investigador de Abner Dennis. En su tema principal de investigación para la ONG que trabaja, Public Acountability Initiave, sobre la deuda de Puerto Rico, ha dicho que en ese proceso se ha topado con temas de salud.

Según trajo a la luz, en el 2010 la Administración del Seguro de Salud de Puerto Rico (ASES) le otorgó a la aseguradora privada MCS un contrato de la administración de la tarjeta de salud por $800 millones.  “Para el mercado de aseguradoras privadas un contrato con ASES es lo mejor que les puede ocurrir”.  En ese momento, bajo la administración de Luis Fortuño, cuando se le otorgaba el contrato a MCS, uno de los miembros de la Junta de Directores de ASES, era Gloria Benítez, esposa de José Carrión III, hoy presidente de la Junta de Control Fiscal.

Al mismo tiempo en que se le concedió el contrato a MCS, Carrión era asesor de la firma de inversiones Advent Morro Equity Partners, que es uno de los fondos de inversiones de capital privado más grande en Puerto Rico y el segundo accionista más importante de la aseguradora MCS.

 

Dennis describió el curso de este esquema: la señora Benítez aprueba un contrato a MCS, una firma para la cual su esposo era asesor, quien además de ganar un salario posiblemente tiene acciones en esa empresa; esta empresa recibe fondos públicos que le van a generar dividendos, quees la manera en que las compañías pasan dinero a un fondo de capital privado.

“Esto es conflicto de interés. Me he cuestionado si estas cosas son legales. Los mayores casos de corrupción en Puerto Rico son legales”, dijo en tono indignado. Dennis dijo estar preocupado por que en el presente contexto haya despidos del personal de enfermería por parte de hospitales privados en medio de la epidemia del coronavirus. Para el investigador resulta extraño que tan pronto llegó la pandemia los hospitales privados despidieran a casi 500 trabajadores y que el Gobierno les haya ofrecido un rescate financiero para subsidiarlos con fondos públicos. Los subsidios van de pago por cama ocupada, por sala de emergencia, moratoria por tres meses del pago de agua y luz.

Igual suspicacia tiene sobre las bonificaciones que el gobierno otorgará a personal de enfermería público y privado, mientras los hospitales privados están botando a las enfermeras. El investigador cuestiona quién está fiscalizando esos fondos y si los hospitales están cumpliendo con el servicio, ya que a estos no se les está requiriendo que ofrezcan esa información. “Creo que esto ha pasado bastante desapercibido por los casaos de corrupción de las compras fatulas de las pruebas y no nos estamos dando cuenta de que estamos subsidiando a empresas privadas con fondos públicos”.