Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

El Departamento de Educación (DE) presentó recientemente una propuesta para ofrecer terapias a distancia a los estudiantes que forman parte del Programa de Educación Especial. A partir de esta propuesta se presentan dos posibles escenarios que preocupan a padres y madres con niños de diversidad funcional. Primero, que el modelo virtual venga a sustituir las terapias presenciales; y segundo, que se vea en esto una oportunidad para generar ahorros. 

Para la mayoría de estos padres y madres es difícil explicarles a sus hijos lo que está pasando. Los niños de diversidad funcional dependen mucho de sus rutinas y al no tener los servicios que acostumbran la situación se torna más compleja.

“Nosotros los padres los amamos y podemos ser un instrumento de apoyo, pero no somos especialistas, ni somos maestros”, puntualizó Jinnette Morales, portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública (MPNEP). 

Aunque no descartó el P. de la C. 2458, Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico, como alternativa, Morales detalló que su preocupación al respecto es que se busque equiparar la asesoría cibernética al concepto terapia. La portavoz propuso que se cambie el nombre por Modelo Consultivo Colaborativo. 

“Aunque el proyecto propuesto explica claramente que es solo por periodos de emergencia, nos preocupa que empresas especializadas en estos conceptos pretendan implementar esta metodología, que pudiera resultar una tentación para abaratar costos y sacrificar la calidad que ofrece una terapia presencial. Sabemos que no es su intención, por eso confiamos en que pueda valorar esta preocupación”, reza una carta del MPNEP dirigida a Rafael June Rivera, presidente Comisión de Educación Especial. La carta no ha sido contestada. 

El DE ha implementado unos módulos que la comunidad escolar en general ha criticado por ser poco eficientes y por excesivos en términos de trabajo, lo que no es cónsono con la emergencia. Los módulos para los niños de diversidad funcional son distintos a los que les fueron ordenados a los de corriente regular, pero presentan los mismos problemas. 

“Para que estos niños puedan asimilar el contenido en los módulos necesitan mucha ayuda, especialmente en el área terapéutica, herramientas que les permitan entender esa información. Eso no lo traen los módulos”, sostuvo Morales. 

“Es bien difícil llevar el ritmo de lo que están enviando sin tener el apoyo de un maestro de Salón Recurso. En unas circunstancias donde los niños no tienen ese apoyo del maestro ni sus servicios relacionados, están dependiendo solamente de mamá o de papá”, añadió.

El impacto de los huracanes Irma y María, el cierre de escuelas, los sismos, el coronavirus, han sido retos impactantes para uno de los sectores más vulnerables del país. A eso se suma la crisis económica y las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF). En el presupuesto autorizado por ese ente dictatorial no se incluyeron los servicios directos al estudiante, entre otras partidas. Le toca al DE identificar tales fondos. En lo que respecta al Programa de Educación Especial no se sabe si tenga presupuesto suficiente para completar el año escolar que termina el próximo 30 de junio del 2020. 

Reglamento Operacional

En febrero 26 se aprobó el Reglamento Operacional del Procedimiento de Remedio Provisional, que fue registrado en el Departamento de Estado. Esta medida, denunció el representante Rafael June Rivera Ortega, recorta beneficios a los estudiantes de Educación Especial. Rivera pidió a la gobernadora aclarar si su política pública y plan de gobierno es cuadrar el presupuesto limitando el acceso a los servicios de esta población. 

Según dijo el presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, a principios de marzo, dicho proyecto presenta serias limitaciones educativas para los niños y niñas que participan del Programa de Educación Especial, como las evaluaciones iniciales, reevaluaciones, terapias y evaluaciones de asistencia tecnológica, la compra de servicios de enfermería y asistentes de servicio. Además, deja fuera la compra de servicios de transportación y de equipo de asistencia tecnológica, como los libros de braille y de letra agrandada para personas ciegas o parcialmente ciegas,  y el pago de becas de transportación, entre otros.

El representante reveló que para la aprobación del proyecto no se cumplió con el debido proceso de vistas públicas. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)  y la organización Kilómetro Cero catalogan como inconstitucional y como una medida de castigo la nueva Orden Ejecutiva (OE) emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que extiende el horario del toque de queda ante la emergencia de salud provocada por la epidemia de COVID-19.

El director ejecutivo de ACLU, capítulo de Puerto Rico, el licenciado William Ramírez Hernández, adelantó que la organización se proponía acudir al tribunal para cuestionar la inconstitucionalidad de la orden bajo los límites de la constitución de Puerto Rico.  Entre los aspectos que esta contiene y que constituyen una violación a la Constitución está la intervención de la Policía con los ciudadanos y la intromisión en los hogares de las personas, lo cual viola el derecho a la intimidad. 

El portavoz de ACLU reconoció que desde el punto de vista salubrista el Gobierno tiene el poder y la razón para emitir órdenes extraordinarias en caso de que haya una situación de emergencia, pero no puede anular las garantías fundamentales que contiene la Constitución.  “Ella tiene que, como parámetros en sus órdenes, tomar en cuenta la Constitución.  Hay un derecho de expresión, de intimidad en su hogar; la persona tiene un derecho a no ser intervenido irrazonablemente. Todos estos conceptos existen en la Constitución de Puerto Rico y en la de Estados Unidos”.

Según la nueva orden ejecutiva, la Policía podrá intervenir en un hogar que entienda que se está celebrando una ‘tertulia”. También pretende poner límites al núcleo familiar. 

Para Ramírez Hernández el derecho a la libertad de expresión está contenido en la Primera Enmienda y el derecho de una persona a no ser intervenida por la Policía está contemplado en la Cuarta Enmienda. Esto se refiere a que las personas no pueden ser detenidas, allanadas de forma irrazonable, es decir,  ilegalmente, sin una orden de un tribunal. Hacerlo ya constituye una violación a la Primera Enmienda. 

Ramírez previene de que hay que estar alertas con idea de que la mayoría de las personas estén de acuerdo con la orden y exhorta a los ciudadanos a entender que la Constitución es una protección para el pueblo, contra los excesos y los abusos del Gobierno, y que esa protección no depende de si la mayoría lo favorece o no. Se pregunta si la Policía va a atreverse a intervenir en urbanizaciones privilegiadas de altos ingresos por estar violando la orden en relación con la prohibición de las tertulias. Cuestionó cómo la policía lo va a detectar, más aun cuando no se define en la orden qué es una tertulia. 

En tono vehemente denunció que ese tipo de conducta por parte del Gobierno siempre se ha aplicado contra los sectores más vulnerables, a los que pueden intimidar. “Eso no lo podemos permitir: ceder los derechos fundamentales de la Constitución de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos, como todo el mundo dice.  Esos derechos vienen de siglos, de la Revolución Francesa. Son derechos fundamentales ganados a través de guerras y derramamiento de sangre”.    

Advirtió también  del peligro que significa el que las personas cedan a perder sus derechos porque eso quiere decir que “cuando los necesitemos, no los vamos a tener; porque perderlos es fácil; recuperarlos, no”. 

Un aspecto sobre el cual llamó la atención es el cierre de los supermercados los domingos. Explicó que se supone que una ley sea revocada con otra ley y que al presente hay una ley de cierre. Con la orden ejecutiva la gobernadora revocó una ley sin haber legislación. Dice estar convencido de que lo que viene detrás de eso es reinstalar la Ley de Cierre, que no tiene ningún otro propósito que no sea religioso: “¿Qué diferencia hay en que compres el lunes o compres el sábado?” 

Añade que la limitación de la circulación de los vehículos según su tablilla a ciertos días tampoco tiene lógica.  

Ramírez Hernández, quien además tiene una maestría en Administración de Salud Pública, denunció que lo primero que debió haber hecho el Gobierno fue la administración de pruebas y dar seguimiento de rastreo a los contagiados. “Eso no se ha estado haciendo. Tampoco debieron haber dejado que bajaran miles de personas de barcos de cruceros a pasear por San Juan”.  

La ACLU rechaza de manera categórica las pretensiones del Gobierno de lanzar a la calle a la Guardia Nacional con el pretexto de reforzar a la Policía. Llama a la atención de que quien está manejando este proceso no es el jefe de seguridad, sino el general de la Guardia Nacional. “La gobernadora está siguiendo el libreto de Trump. Si el pueblo de Puerto Rico cree que eso es bueno, estamos dando la alerta de que no lo es”. 

El director de ACLU advirtió de que el país está en una en una situación donde se está aprovechando una epidemia y la histeria del pueblo para, con la excusa de una emergencia, hacer cosas que nunca antes se han podido hacer: “Pero mañana no va haber una emergencia y el Estado volverá hacerlo de nuevo cuando protesten los universitarios, cuando protesten los obreros, cuando otros reclamen sus derechos”.