Contrario a lo que se ha pregonado por los favorecedores de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de que supuestamente esta le traerá ahorros al pueblo de Puerto Rico, la privatización lo que hará será agravar su endeudamiento. Una vez más, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) alerta respecto al contrato de privatización de la AEE con LUMA Energy.
En su reciente exposición,IEEFA Puerto Rico: Apoyo crediticio para la AEE, ¿una herramienta sensata u otro truco derrochador?, publicado este 8 de enero, se analiza la solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que el Gobierno de Puerto Rico le preste a la AEE casi $1,000 millones, dizque para facilitar la privatización del sistema de transmisión y distribución de energía (TD). La petición de la JCF fue anunciada días antes de la semana de Navidad, de manera discreta, como describe IEEFA.
Cathy Kunkel, analista financiera, y Tom Sanzillo, director de Análisis Financiero de IEEFA, advierten de que el préstamo solicitado por la JCF plantea aun más preguntas sobre los ahorros de la privatización del contrato con LUMA para la operación y mantenimiento de la transmisión y distribución por 15 años. Trae una vez más a la atención que aunque a menudo el contrato se describe como una concesión del sistema de transmisión y distribución, las responsabilidades de LUMA van más allá de la operación del sistema, dado a que, en esencia, LUMA asumirá todas las funciones de la AEE, excepto la operación de las plantas de generación, que la AEE también busca privatizar.
Sin embargo, los analistas señalan que antes de que LUMA pueda comenzar el servicio, el contrato requiere que la AEE les financie cuentas de reserva con cuatro meses y medio de gastos operativos y de capital proyectados, así como dos meses de gastos de combustible y energía comprada. Las cuentas se repondrán mensualmente, presumiblemente, con dinero recaudado de las tasas y fondos federales para gastos de capital.
Pero el hecho real es que la AEE no tiene suficiente efectivo para pagar los gastos operativos anticipados de la transacción con LUMA, lo que explica la necesidad de un préstamo de $894 millones del Estado Libre Asociado. “En teoría, el préstamo estabilizará las finanzas de la AEE y enviará una fuerte señal de que la recién privatizada AEE podrá cumplir con sus compromisos con los proveedores”, apuntan los analistas de IEEFA.
Kunkel y Sanzillo argumentan que el plan para el préstamo divulgado por la JCF refleja muchos de los mismos problemas que han plagado los intentos anteriores de la AEE de mejorar su posición financiera. “La presentación financiera en el documento no es creíble y plantea más preguntas de las que responde. Y la justificación del préstamo se basa en los ahorros proyectados del contrato LUMA, que están mal documentados y sin mecanismos de rendición de cuentas”, afirman.
El plan plantea tres problemas. El primero, que la presentación financiera de la JCF no es creíble, ya que una de las cuentas de reserva que debe cubrir la AEE es para gastos de capital con fondos federales, que ascienden a $ 283 millones. IEEFA cuestiona que si esta cantidad debe ser financiada por el Gobierno federal, por qué se incluye en el préstamo total del Estado Libre Asociado.
El documento también señala que la AEE tendrá que pagar aproximadamente $ 500 millones en tarifas para salir de la bancarrota del Título III en los próximos dos años. Lo que lleva a cuestionar si este gasto saldrá de las tarifas eléctricas o si la AEE volverá a pedir prestado para pagar las tarifas.
El segundo cuestionamiento del documento presentado por la JCF es si este implica que el reembolso se puede financiar con los ahorros del contrato. Esto plantea, a juicio de IEEFA, la pregunta obvia de cuánto espera ahorrar la AEE. La respuesta, dice IEEFA, es imposible de saber, y es claro que el ahorro no fue un factor determinante en la decisión de privatizar la AEE.
En ese aspecto, recuerdan que en una solicitud de registros públicos que hicieron IEEFA y CAMBIO, (una organización no gubernamental de Puerto Rico) se encontró que nunca se realizó un estudio de costo-beneficio antes de decidir privatizar el sistema de transmisión y distribución. Además, el contrato de LUMA no exige ningún nivel de ahorro. Incluso las métricas de desempeño financiero que le permiten ganar una tarifa de incentivo adicional se estructuran en torno a que LUMA se mantenga dentro de los presupuestos anuales, no para lograr ningún nivel de referencia de ahorro.
En otra revelación, Kunkel y Sanzillo puntualizan que el único documento público asociado con el contrato de LUMA que estima cualquier nivel de ahorro es un informe de FTI Consulting, publicado como un apéndice al informe resumido de la Autoridad de Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (AAP3) sobre el contrato con LUMA. El informe de la FTI señala que si un operador privado “hipotéticamente” pudiera reducir los costos operativos en un 10 % e “hipotéticamente” pudiera mejorar la eficiencia del sistema en un 10 %, el resultado sería $ 294 millones en ahorros anuales.
“Esta parece ser la base de las estimaciones de ahorro de la Junta, aunque no existe un análisis de cómo se lograrían esos ahorros ni hay ningún compromiso por parte de LUMA para lograrlos”, añaden.
Kunkel y Sanzillo describen como arrogante el tratamiento que de los ahorros hacen la JCF y la AEE y reparan en que no es sorprendente, dado que la AEE no proyectó con precisión los ahorros para la conversión de su planta de San Juan a gas natural ni responsabilizó al contratista del proyecto por lograr dichos ahorros. Se refieren a la planta de Palo Seco de la AEE que operara la empresa New Fortress Energy (NFE).
En tercer lugar, indica IEEFA, la JCF presenta una estimación no actualizada de las tarifas de LUMA, que no refleja las tarifas iniciales más altas requeridas de un acuerdo complementario al contrato. El uso de la tabla de tarifas correctay las proyecciones de la JCF dan como resultado un ahorro proyectado de $ 44 millones por año durante los próximos siete años.
Esto implica que algunos de los ahorros hipotéticos tendrán que dedicarse al pago de préstamos. El documento de la JCF, señala IEEFA, no aborda cuáles son los términos del préstamo. IEEFA argumenta que un préstamo del 6 % (comparable a los préstamos que la AEE recibió anteriormente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico) sobre el contrato de 15 años le costaría a la AEE $ 92 millones anuales. Incluso, un préstamo sin interés le costaría a la AEE $60 millones anuales, más que suficiente para eliminar todos los ahorros “hipotéticos” del contrato LUMA.
Kunkel y Sanzillo concluyen que la iniciativa de transformación de la AEE está en camino de “no generar ahorros, exacerbar el endeudamiento de la AEE, debilitar su fuerza laboral (a través de un contrato que rechaza explícitamente los convenios colectivos existentes) y distraer la atención de las iniciativas de energía renovable. Todo mientras permite a LUMA y sus afiliadas acceso a los casi $10 mil millones en próximos fondos federales para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución”.
