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Distanciamiento físico, no social

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Así como expertos en la salud admiten que los contagios con el coronavirus continuaran aumentando, dos expertos en la conducta entrevistados por CLARIDAD previenen que los actos o episodios de violencia también irán en aumento. 

Cuando hay situaciones de desastres tales como huracanes y terremotos como los que ha sufrido el país, en las primeras semanas bajan los niveles de violencia social y de delitos. Algunos, porque no se reportan, otros, porque la gente está envuelta en la acción solidaria.    

El profesor de criminología, Gary Gutiérrez, considera que una de las principales razones para delinquir es la exclusión social. Al igual que con María y los terremotos, ya pasados los primeros 15 días empieza a dispararse la violencia. En este momento estamos viendo cómo la violencia intrafamiliar y de género va en aumento. 

A Gutiérrez le preocupa la orden ejecutiva que impone el toque de queda y el confinamiento de los ciudadanos en sus casas. La orden ejecutiva que establecía una cuarentena hasta el 31 de marzo ahora fue extendida hasta el 12 de abril y el horario del toque de queda se amplió de 7:00 pm a 5:00 am. 

A su juicio, hay que examinar a qué es que se le llama criminalidad, porque generalmente considera criminalidad lo que parte de la violencia, sobre todo, los asesinatos. En el caso de atención a la pandemia dijo que su apreciación es se que están tomando unas medidas para manejar esta crisis desde la represión y no desde el salubrsmo. Es evidente que habrá más sectores que se sientan excluidos y que entre esos sectores va a haber gente que se va a criminalizar para mantener el estándar de vida que tenían. La creación de un nuevo delito —la violación del toque de queda— conlleva un aumento en conducta delictiva. 

“Me parece que la forma en que se está manejando este asunto desde la represión y no desde la educación va a crear sinsabores en algunos sectores porque también es una forma, una visión, muy clasista en el sentido de que te quedas en tu casa. Hay gente que no se puede quedar dos días en su casa porque no tiene qué comer y gente que no está trabajando, que no va a recibir el dinero de ayuda porque no pagaba impuestos o el que sobrevivía día a día haciendo chiripas que está ahora totalmente excluido del proceso. Y ahora a ellos es muy cómodo decirles quédate en tu casa. Bueno, quédate en tu casa si tienes la nevera llena, la cuenta para usar la ATH”.

Ante estos señalamientos argumenta que el distanciamiento tiene que ser físico, no puede ser social, por lo que recabó al Estado que entienda que es absurdo y abusivo intervenir con una persona que vende verduras porque no tenga las medidas de seguridad. En esos casos, la tarea debe ser orientación y explicación, pero no de cerrarle el quiosco.  Advirtió de  que el arresto de personas por violar el toque de queda más bien lo que puede hacer es extender la cadena de contagio. “Si tú pones a miembros de la policía a manejar una emergencia, vas a asignar gente a detener a una persona en la calle, que está poniendo en riesgo a los demás, vas a poner en peligro a los guardias en el carro, en el cuartel, a los empleados del tribunal si la persona está contaminada. Entonces ¿cuál es el propósito de evitar el contagio? Lo más fácil es decirle que se vaya a su casa”. 

Gutiérrez defendió que si algo probaron las comunidades pobres en el país cuando el huracán y los terremotos fue que ellos se saben resolver sin necesidad de policías “En ese sentido lo que me preocupa es que se dispare la violencia porque el Estado está administrando la situación desde lo que llama Carlos Rivera Lugo, la racionalidad adversativa de nosotros contra ustedes y ustedes contra nosotros. Es obvio que si se pone en esos términos va a explotar violencia”. 

El profesor de criminología reconoce que desde el punto de vista médico la cuarentena hace falta. Pero también expone que hace falta la educación y las pruebas: “Una cuarentena sin prueba científica es tiranía; una tiranía de me quedo en mi casa sin saber lo que está pasando en el País”.

Respuestas al COVID-19 con perspectiva de género

 

La amenaza del virus COVID-19 ha cambiado nuestra cotidianidad y nuestras vidas. Nuestras prioridades han variado y la preocupación por nuestra salud nos agobia. En aras de mantener controlado el contagio, apoyamos las medidas de aislamiento físico y cierre de espacios públicos.  Es necesario atender cómo las medidas impuestas por el gobierno afectan a las mujeres.

Después de los estragos de los huracanes Irma y María y de los desastres ocasionados por la pobre respuesta del gobierno, señalamos que es imprescindible hacer análisis de desastres y políticas públicas con perspectiva de género. Señalamos que los desastres tienen un impacto diferenciado en poblaciones vulnerables, y de manera más severa en mujeres. Encontramos que en situaciones de emergencia se exacerban las divisiones de trabajo por género (cuidado, tareas domésticas, responsabilidad por alimentación, etc.), las mujeres no se incluyen en los procesos decisionales, su trabajo es invisibilizado o menos valorado, aumentan los estresores que pueden agravar las situaciones de violencia doméstica y agresión sexual, confrontan altos niveles de inseguridad, e incrementa la vulnerabilidad de mujeres ancianas, niñas, con discapacidad y migrantes. 

La falta información acerca de lo que puede estar pasando con las órdenes de protección en situaciones de violencia doméstica, por ejemplo: ¿cómo se está instrumentando el alejamiento? ¿se está sacando a la persona agresora del hogar? ¿se va del hogar la persona que solicita la orden? Tampoco hay información acerca del acceso a las intercesoras en los procesos judiciales. Recomendamos que se investigue este asunto y se incorporen medidas para garantizar que las intercesoras y representantes legales puedan ejercer sus funciones.

Nos preocupa además el efecto que pueden tener las medidas de aislamiento en las relaciones paterno o materno filiales y los programas de custodia. La Gobernadora anunció que los y las menores de padres divorciados deben permanecer con la persona custodia hasta el 12 de abril de 2020. Como conocemos las mujeres son mayormente las personas con la custodia de sus hijos e hijas después de un divorcio. Nos preocupa que esta nueva medida agudice el impacto del aislamiento físico o del distanciamiento social sobre las mujeres, recayendo sobre estas la totalidad de la responsabilidad del cuido, alimentación y educación de los los niños y niñas. 

El impacto económico de las medidas actuales van a afectar la capacidad de pago de las personas alimentantes, lo que impacta directamente a los menores y a la persona custodia, que generalmente son las mujeres. Por eso, entendemos urgente y necesario que el gobierno establezca un fondo especial para suplir esta carencia de ingreso de supervivencia para estos casos.

La nueva realidad ha vertido la responsabilidad primaria por la enseñanza de los niños y niñas sobre los progenitores, en la inmensa mayoría de los casos, las madres. Ambos sistemas, el público y el privado, de manera improvisada han establecido el llamado “home-schooling”, sin la planificación ni preparación de los nuevos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. También podría recaer sobre las madres de estudiantes del programa de educación especial el proveer, en consulta con sus terapistas, estrategias de terapias para atender de alguna manera sus necesidades.

El impacto económico de las medidas tomadas por el gobierno expone a las mujeres a condiciones de mayor precariedad, particularmente, aquellas con discapacidades, condiciones graves de salud y adultas mayores. Los paquetes de ayudas económicas presentados por el gobierno, no reconocen el trabajo doméstico ni el trabajo del cuidado a menores o familiares envejecientes como trabajo indispensable, ni proveen compensación económica a las mujeres que lo realizan.

El aislamiento social, la precariedad económica, la falta de una red de apoyo familiar o comunitaria, la falta de acceso a servicios, falta de acceso al sistema de justicia y a representación legal y la sobrecarga de trabajo en el hogar, son estresores asociados a las nuevas normas de distanciamiento físico que complican las condiciones de vida de las mujeres y las exponen a eventos de violencia.

En situaciones de emergencias de salud pública al igual que en las situaciones de desastre necesario que se asuman las respuestas de gobierno y las políticas públicas con una perspectiva de género. Hoy más que nunca.

Declaración del Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho (Inter-Mujeres)

También hay que proteger los derechos humanos

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Personas que se han quedado sin trabajo y no han tenido acceso al dinero de desempleo; familias a las que les han suspendido los servicios de luz y agua, muchas de las cuales todavía sufren las consecuencias de los terremotos; aumento de casos de violencia doméstica; ausencia de un protocolo para las personas sin hogar; invisibilización de las personas privadas de libertad: estas son algunas de las principales situaciones identificadas por la Oficina Legal de la Comunidad y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana (Oficina Legal de la Comunidad) que no aparecen en los informes que brinda el Gobierno en relación con el COVID-19 durante las primeras dos semanas de la cuarentena. 

Las medidas dirigidas a proteger a las personas y los grupos más vulnerables de nuestra sociedad tenían que tomarse en conjunto con la Orden Ejecutiva. Lo poco que se ha hecho ha sido a partir de las controversias que han generado los señalamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil. 

En cuanto a los trabajadores, muchos se enfrentarán a dos semanas adicionales sin la capacidad económica para adquirir alimentos. Tanto el Tribunal Federal como los tribunales estatales han paralizado los procesos de ejecuciones de hipoteca. Mientras, las moratorias quedan a merced de los bancos e instituciones financieras.

Como señalamos en la edición pasada, en momentos de desastre los números de casos de violencia doméstica se disparan. Así lo ha identificado la Oficina Legal de la Comunidad, a pesar de que los tribunales y la Policía de Puerto Rico informaron haber tomado medidas para atender los casos relacionados con la violencia domestica. Los albergues para víctimas requieren de particular atención para que puedan mantener condiciones higiénicas y así poder acoger a las víctimas y garantizar su salud y seguridad. 

En la invisibilización de las personas privadas de libertad durante esta coyuntura, el Estado no ha brindado información sobre la propagación del COVID-19 en las instituciones penales. Como si fuera poco, a estas personas les fueron suspendidas las visitas, pero no se tomaron medidas para facilitar el que pudiesen llamar a sus casas sin cargos y expresarles a sus familiares en qué condiciones se encuentran.

La Unión de Abogadas y Abogados de la Sociedad de Asistencia Legal expresó que el Gobierno, por medio de la Oficina de programas de desvío de la Administración de Corrección y la Junta de Libertad bajo Palabra, debió agilizar la salida de aquellas personas que están por completar sus sentencias y de aquellas cuyos delitos no son de violencia, tomando medidas para garantizar la seguridad y salud en las instituciones penales. Estas son medidas que se han tomado en otros lugares.

Algunas cárceles en EE. UU. han tomado medidas preventivas para ralentizar la propagación del COVID-19 en sus recintos; otras han optado por liberar presos vulnerables al contagio, tras detectarse casos, tanto entre reos como entre miembros del personal penitenciario (actualidad.rt.com).

La Oficina Legal de la Comunidad ha brindado servicios de manera limitada durante las pasadas dos semanas. En ese transcurso ha recibido llamadas de personas solicitando orientación sobre los temas aquí mencionados. 

El director de la Oficina Legal de la Comunidad, Rafael E. Rodríguez Rivera, sostuvo: “El aislamiento social como medida para proteger y garantizar la salud de todas y todos no significa una renuncia al ejercicio y protección de los derechos humanos”.

Millones para la cadena contra Maduro y nuestros pueblos

 

Por Olga I. Sanabria Dávila/Especial para CLARIDAD

Hace solo días que el Secretario de Justica de Estados Unidos, William Barr y otros funcionarios de ese departamento presentaron en Florida y Nueva York cargos de narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela mientras la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos ofreció $15 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto, y más millones para igual propósito contra otra decena de altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno del país.

Esta nueva agresión da continuidad a la cadena de esfuerzos estadounidenses fallidos dirigidos a descabezar y destruir la Revolución Bolivariana que incluyen el intento de asesinato de Maduro, la fabricación del enclenque Juan Guaidó para sustituirlo, intensas sanciones económicas, la guerra mediática, los intentos de aislamiento político y diplomático, y conspiraciones desde países vecinos. 

La derecha y el imperialismo no duermen, por eso no es de extrañar que en el preciso momento que la humanidad se ocupa de la peor pandemia de los tiempos modernos, que amenaza la vida de cientos de miles de personas, surge la nueva estrategia para destruir el proyecto cuyo arquitecto fue el fallecido presidente Hugo Chávez Frías de avances sociales a nivel nacional y una política de ejercicio de su soberanía a nivel internacional.

La nueva estrategia contra Venezuela también da continuidad a la reconfiguración del mapa político de América Latina y el Caribe en que durante los pasados veinte años los pueblos de la región, “tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios,” habían logrado triunfos electorales que ofrecieron la promesa de un futuro de dignidad, soberanía y una mejor vida de respecto a los derechos que trastocaron intereses políticos, económicos y hegemónicos de Estados Unidos y sus aliados. He ahí el eje de la hostilidad hacia Venezuela y otros países de la región. 

Maniobras jurídico-políticas concatenadas la Organización de Estados Americanos, y las oligarquías y fuerzas militares y empresariales locales han llevado en los últimos años a “cambios de régimen” en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador entre otros. Ello sumado a las agresiones imperialistas incesantes contra Cuba y el intento de golpe de estado de hace dos años en Nicaragua, y a la formación del Grupo de Lima que dio coherencia a la ofensiva entre los gobiernos aliados a Estados Unidos en la región latinoamericana y caribeña. En otras regiones del mundo intereses occidentales han aprovechado todo tipo de contradicciones internas para sus agresiones contra países soberanos que incluso han llevado al desmantelamiento de estados completos.

En un reflejo de la extensión de la ofensiva de derecha a fuerzas de avanzada y pseudo liberales defienden los derechos humanos o denuncian lo que ven como su violación en un vacío político y contextual. A estas fuerzas ahora se extiende también la influencia de la prensa amarilla con sus mentiras, medias verdades y distorsiones que se asimilan y repiten. 

Cuando son asediados gobiernos como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, que intentan proceder con transformaciones a favor de servicios de salud, el empleo, la vivienda, la educación, la seguridad alimentaria y otros derechos humanos de la jerarquía social, y afloran surgen contradicciones, estas fuerzas no encuentran como discernir la complejidad y asumir una posición cónsona con su sensibilidad ante las causas justas. Ello los lleva a una ambivalencia que neutraliza la solidaridad.

En el mundo actual y el  que quedé luego de la pandemia incluyendo Puerto Rico cada vez menos seres humanos podrán acceder a los derechos de la jerarquía social debido a las crisis económicas y la política imperialista cada vez más agresiva cuando los gobiernos intentan transformaciones sociales. En ese mundo, ¿de qué valdrá por ejemplo la libertad de prensa si yo no sé leer, si no me sobra un centavo para comprar un periódico y cuando lo compro y lo leo no lo entiendo… si no tengo qué comer? Seguirán siendo importantes los derechos humanos, pero al igual que la democracia de cuña occidental seguirán siendo desvirtuados. 

En el caso de Venezuela está en juego un proyecto político de transformación política, económica y social a favor de los intereses del desarrollo del pueblo que a su vez se interpone a los intereses de las oligarquías y Estados Unidos ahora empeñado en el arresto de Maduro y los altos funcionarios del gobierno.

Parecen muchos los millones de dólares USA que están rodando para el logro de descabezar a la Revolución Bolivariana encarcelando por narcotráfico a sus máximos dirigentes, pero si los contraponemos a los intereses económicos de Estados Unidos y de las oligarquías y fuerzas empresariales de América Latina y el Caribe, la cantidad para ellos representa un pequeño menudo en el bolsillo. A pesar del distanciamiento social del momento, que no falten las voces que se alcen en contra de esta nueva agresión contra República Bolivariana de Venezuela.

El Archivo General de mal en peor

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

En 2004 el Programa de Administración de Documentos Públicos recomendó a la entonces directora del Archivo General de Puerto Rico (AGPR) que se deshiciera de todos los documentos en el búnker de la Policía de Puerto Rico en Isla de Cabras. Material de alto valor histórico tirado al olvidado y, en consecuencia, estropeado por la humedad, el hongo y los ratones. 

Siguiéndole la pista a esta historia y con motivos de la situación actual del Archivo (entiéndase, desde el deterioro de sus facilidades hasta los documentos hallados en unos vagones en el municipio de Maricao), CLARIDAD contactó a Karin Cardona. La ex Archivera General que estuvo a cargo del rescate de estos documentos. 

La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 1955) establece el Programa de Administración de Documentos Públicos y a su vez crea el Archivo General de Puerto Rico. Según esta ley todos los documentos generados por las dependencias del gobierno (municipios, agencias y corporaciones públicas) deben ser evaluados primero por el personal de dicho programa y luego remitidos al archivero general. Cardona explicó:

“El trabajo del Programa se queda en llenar unos formularios y cumplir unos reglamentos. Ellos pueden hacer recomendaciones, como hicieron en el caso del búnker de la Policía, pero es el archivero general quien determina el traspaso de aquellos documentos que él entiende deben ser conservados permanentemente. Hacen el trabajo técnico de velar porque estas dependencias cumplan con unos reglamentos”. 

Al abordar a Cardona sobre los documentos hallados en Maricao, señaló que el Archivo apenas tiene documentos sobre dicho municipio. Sobre la gestión que debe realizar la institución encargada de preservar el patrimonio histórico documental del país, sostuvo que no era algo complicado ni costoso y que se debió atender inmediatamente. 

Dio como ejemplo que para el caso de los documentos en el búnker de la Policía “se fumigó contra el hongo y se limpió. Como el búnker es una cosa inmensa, no es un vagón ni dos, se contó con un grupo de confinados que ya había sido contratado para destruir los documentos. Al pedir que esos documentos fueran evaluados y transferidos, ellos nos ayudaron a sacarlos e inventariarlos. Entonces, los empleados del Archivo los guardaron en cajas y se enviaron al Archivo”. 

En el video publicado por el bloguero Lorenzo Delgado Torres, mejor conocido en las redes como El León Fiscalizador, se puede observar documentación reciente relacionada a la actual administración municipal, pero también libros de récord, informes de cheques, registros de ingresos, traspasos de fincas que datan de finales del siglo 19. 

Cardona mencionó que la Ley Núm. 5 establece que el archivero general tiene el poder de transferir los documentos de más de 50 años, sin necesidad de contar con Documentos Públicos. Según en el documento:“Los Administradores de Programas requerirán de cada uno de los jefes de dependencias bajo su jurisdicción lo siguiente: (1) Que realicen un inventario de todos los documentos existentes en sus respectivas dependencias, con excepción de los documentos existentes bajo la soberanía española y los que tengan más de cincuenta (50) años de existencia, sobre los cuales se dispone la acción pertinente en otra parte de esta ley”.

La otra parte:

“El Archivero, sujeto a la disponibilidad de espacio en el Archivo, estará autorizado para requerir el traslado de los siguientes documentos: (a) Toda documentación existente bajo la soberanía española. (b) Toda documentación que tenga más de cincuenta (50) años de existencia excluyendo la que se conserva en los Archivos de Protocolos Notariales y en los registros de la propiedad. (c) Toda documentación pública que haya pertenecido a una agencia extinta, a menos que tales papeles hayan sido trasladados por ley a otra dependencia del Gobierno. (d) Toda documentación pública, independiente de su antigüedad, que a juicio de los Administradores del Programa de Administración de Documentos Públicos se considere haya perdido su utilidad administrativa”

“No sé cual es el trámite que está haciendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en estos momentos me imagino que nada por la emergencia que hay en el País. Si tú tienes fondos para hacer actividades culturales, que también son importantes, tienes que tener fondos para poder fumigar un vagón, limpiar y enviar empleados del archivo. Ningún empleado del archivo fue allí. Solamente fueron unas personas de documentos públicos que pueden tener un expertise en términos de la cuestión técnica, pero no en términos de lo que vale el documento para efectos de conservación permanente”, opinó Cardona quien lamentó que no se le esté dando atención a este asunto.

Hasta Maricao solamente fueron dos empleadas de Documentos Públicos, expertas en la parte técnica, pero no en términos de lo que vale el documento para efectos de conservación permanente.

“Ahí están los archiveros que han trabajado toda su vida con documentos históricos, conocen qué es lo que se debe investigar y qué guardar. Ellos conocen de historia, de documentos y de archivística. Esa es la diferencia. En la ley de documentos públicos está bien claro lo que es el Programa”. 

Actualmente el Archivo General de Puerto Rico cuenta con una plantilla de 5 archiveros que se sigue reduciendo cada vez que se jubila uno y se cierra la plaza. En muchos países los archiveros son cientos. Cinco no dan abasto para poner al día los años de atraso en la organización de documentos del AGPR.