CLARIDAD
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El 1.o de diciembre tendrá lugar una primera vista de la demanda radicada por el Sierra Club de Puerto Rico, los grupos comunitarios del barrio Sabana en Guaynabo y El Puente: Enlace Latino de Acción Climática contra la compañía de importación de gas metano New Fortress Energy (NFE), la Oficina de Gerencia de Permisos (PGP) y la Autoridad de Puertos (APPR).
Desde el año pasado los grupos han alertado sobre el desarrollo de un muelle de importación de gas metano licuado altamente volátil, conocido también como gas natural licuado, en la Bahía de San Juan. Estos han denunciado que NFE comenzó a crear esta infraestructura en los muelles A, B y C de la bahía, sin revisiones de índole ambiental, sin estudios de riesgo y sin informar de ello le a las comunidades aledañas. En la edición del 8 de septiembre de este año, CLARIDAD publicó un reportaje sobre el sentir de las comunidades respecto al proyecto bajo el título: Comunidades de Puerto Nuevo: “Nosotros no quisiéramos vivir un Capeco”.
Adriana González Delgado, portavoz de Sierra Club, nos afirmó que New Fortress construyó y opera el proyecto de gas sin poseer una Consulta de Ubicación ni una Declaración de Impacto Ambiental.
A preguntas de CLARIDAD, denunció que una de las cosas que ha retrasado el proceso de la demanda es que agencias tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la Junta de Planificación se han tardado en proveer los documentos con la excusa de la pandemia.
“Lo que hay constantemente en este proceso es una falta de documentación. Ellos no tenían consulta de ubicación y ahora lo que sí hemos visto con la demanda es que News Fortress está tratando de cambiar los documentos que ya habían sometido. De parte de Recursos Naturales no tenían documentación. Ese ha sido el gran misterio: que News Fortress ha conseguido unos permisos y no se le da peso de ninguna de las partes a lo que está llevando”.
González Delgado expresó que, aunque la vista será una virtual, se proponen movilizar a la comunidad para que puedan participar. Destacó que otra de las violaciones es que es que las comunidades no recibieron ninguna notificación ni tuvieron acceso a un proceso de vistas públicas.
Las organizaciones reiteraron el peligro que representa la operación de NFE. Expusieron que el gas metano, conocido como gas natural, es un combustible fósil que no se tiene en Puerto Rico y que, al igual que el petróleo, está atado a un mercado con fluctuaciones económicas. Afirman que los muelles de importación de gas metano licuado son peligrosos e incendiarios. Un liqueo o explosión, en caso de accidentes, crea unas nubes de alta peligrosidad por fuegos y explosiones, tanto en las inmediaciones del accidente como a considerables distancias a donde se desplacen por causa de los vientos y otras condiciones.
La infraestructura de gas de New Fortress incluye el tránsito e importación de buques tanqueros de gas metano, almacenamiento de buques anclados en la bahía y descarga y procesamiento del combustible fósil. Estos procesos conllevan de manera inherente riesgos de accidentes y de efectos contaminantes.
New Fortress está almacenando este combustible altamente volátil en tanques flotantes en la Bahía de San Juan, sin ninguna evaluación de riesgo. Cercano a esta infraestructura están los muelles A, B y C ubicados en la zona residencial de los vecinos del Barrio de Sabana de Guaynabo. Además, allí se ubica la planta generatriz de San Juan de la AEE, que incluye tanques de combustibles y varios muelles que reciben sustancias sumamente inflamables, que de ocurrir un escape o explosión provocaría daños catastróficos.
El representante legal de las organizaciones, Omar Saadé Yordán, explicó que se le solicitó al tribunal la acción judicial de detener la operación de New Fortress porque esa operación es ilegal, ya que no cuenta con todas las autorizaciones necesarias para ubicar y construir la terminal de gas metano.
“Estas autorizaciones, que NFE ignoró, tienen el propósito de proteger la salud y seguridad de las personas cercanas que residen alrededor. NFE no obtuvo una Consulta de Ubicación, a pesar de que se le requirió desde antes de ubicar y construir, obviando además la notificación y la participación requerida de las partes afectadas en este proceso, en especial a las comunidades y zonas residenciales cercanas a las operaciones de NFE”.
Saadé concluyó que deben declararse nulos los permisos cuasiautomáticos que se concedieron para la construcción del terminal de gas e invalidar también el contrato de arrendamiento. Con ese contrato se comprometió la ubicación y uso de los muelles, lo que expone a los residentes a los riesgos que sufren continuamente.
