Por Cándida Cotto / CLARIDAD/ccotto@claridadpuertorico.com
Un acuerdo insostenible, con un pago más alto y una garantía de repago. Eso es lo que representa el acuerdo de reestructuración de la deuda de los bonos de obligación general del gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Edificios Públicos que la Junta de Control Fiscal pretende atosigarle al pueblo de Puerto Rico por los próximos 30 años.
El director de política pública de la organización Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots, en entrevista con este semanario, informó que el acuerdo alcanzado por la JCF sigue el mismo curso que los bonos de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante). A eso se suma que es uno en el que pagamos más respecto al anterior preacuerdo dado a conocer en el segundo semestre del pasado año.
Hay otras tres conclusiones grandes: que contribuye a la no sostenibilidad del pago de la deuda, que pagamos más y que se ofrecen más garantías que en el acuerdo anterior. Parte de los bonos (GO) se van a emitir en bonos COFINA, los cuales tienen como garantía los recaudos del IVU. Esto significa que ante una eventual quiebra estos tenedores de bonos que están liderando este proceso y que no tenían un pago asegurado estarán ahora en una posición de mayor poder. Trajo a la atención que los fondos de cobertura (hedge funds) que están liderando son los llamados fondos buitres, como Aurelius Capital Management LP y Antonomy Capital, entre otros.
Santamaría Ots describió cómo fue el acuerdo de COFINA y cómo se repite con el de los GO. Recordó que el año pasado cuando se reestructuró COFINA, la deuda era de $17 mil millones y se redujo a $12 mil millones. Espacios Abiertos criticó el acuerdo por entender que los bonos tenían unos precios antes de los huracanes, que comenzaron a subir después. La expectativa de Wallstreet era que los bonos aumentarían junto con la capacidad de pago del gobierno por la llegada de fondos federales. En lugar de no materializar esas expectativas del mercado, el Gobierno de Puerto Rico refrendó el acuerdo a los precios más altos de los bonos, sin haber utilizado los fondos para la reconstrucción.
En ese momento, el 11.5 % de los recaudos del IVU pertenecían a COFINA y había una disputa de si un 5.5% era del Fondo General (FG) o de los bonistas de COFINA. La juez Laura Taylor Swain resolvió en “consenso” que del 53% de esos recaudos, 7.5 iban para los bonistas de COFINA y el 46.5 iba para el FG. El año pasado los nuevos bonos restructurados de COFINA cobraron un primer pago de $436 millones. El Departamento de Hacienda lo que hace es destinar a COFINA el primer dinero que entra y el excedente al FG hasta el año fiscal siguiente.
El economista coincidió con el señalamiento de que los acuerdos significan que el IVU no se va a bajar o eliminar por los próximos 40 a 50 años. “Definitivo, el IVU queda muy comprometido con el anterior preacuerdo y con este”. Con el anterior preacuerdo, al no haber estos bonos COFINA Junior, el bonista tenía una situación de mayor debilidad, ya que los bonos de obligación general no tienen una fuente de pago asegurada. Si Puerto Rico en un futuro enfrenta un proceso de quiebra, lo que va a pasar es que ahora con COFINA sí los tiene. Los recaudos del IVU quedarían en garantía, para este nuevo acuerdo.
También aclaró que de la deuda general de $35 mil de los millones de los bonos generales todavía hay $16 mil millones con otros bonistas que la JCF no ha llegado a ningún tipo de acuerdo. En esta situación entra en escena que en el caso de quiebra, la jueza va a agradecer que le lleven un acuerdo mayoritario de un consenso generalizado y abrumador. Pero observó que la Ley Promesa hereda del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras la técnica llamada clown down, que significa que la jueza tiene la potestad de forzar al resto de los acreedores a aceptar un acuerdo parcial que la JCF le presente.
Aquí se encuentran los bonos de Retiro y de los suplidores del gobierno, en su mayoría del patio, a quienes, en promedio, la JCF les ofrece 3 centavos por cada dólar. El argumento de la JCF para esta disparidad, según Santamaría Ots, es que estos acreedores no tienen una garantía de repago como la tiene COFINA y que los GO y la AEP tienen un poco más de standing que el resto.
“El mensaje claro aquí es que de los $35 mil millones, tienes $16 mil que no hay un consenso entre los bonistas. Los suplidores que están en esos 16 mil son locales. Esos suelen ser la típica compañía que le hace trabajos al gobierno. Los empresarios pequeños y medianos se la juegan con un golpe de esas características. Les puede ocasionar tal agujero que, en algunos casos en una situación difícil, provocaría incluso hasta el cierre. Hay casos así de dramáticos”.
Sobre la disparidad en la negociación, bajo el argumento de la JCF de que no todos los acreedores están en la misma categoría, Santamaría Ots aclaró que aunque todo es bien discutible, si la jueza interpreta que se está discriminando entre los acreedores del mismo nivel, el acuerdo no prosperaría.
No se puede pagar, punto.
Santamaría Ots trajo a la atención el consenso entre economistas, como en el estudio comisionado por EA a los investigadores Martín Guzmán, Pablo Gluzmann y el Premio Nobel, Joseph E. Stiglitz, que concluyó que para que Puerto Rico pudiera pagar su deuda de $72.2 billones necesitaba un recorte entre el 80% y el 90%. Esto representa que el valor final después de la reestructuración la deuda fluctuará entre los $7.2 y los $14.4 billones.
Explicó que si se compara el presente acuerdo con el preacuerdo del año pasado, se tenían dos opciones. En el anterior acuerdo la JCF reclamaba que 1,000 millones en bonos era posible que repasaran el límite constitucional, por lo que iba a impugnar esos bonos. Esto basado en el informe de Kobre & Kin, el cual fue criticado por conflictos de intereses. Aun así, el informe decía que había una gran posibilidad de que se hubiesen vulnerado los límites constitucionales. En ese momento la JCF tenía dos escenarios: ir al tribunal y litigar, y si ganaba no pagaba, u ofrecer unos repagos bien bajos. Por los bonos del 2012 ofrecía 42 centavos por dólar, por los bonos del 2014 ofrecía 35 centavos por dólar y por los bonos de la AEP de 2012 ofrecía 58 centavos por dólar.
Es decir, en el anterior preacuerdo, cuando se engloba lo que el Gobierno pagaba a todos los bonistas había dos escenarios: si los bonos de 2014 y 2012 resultaban ser inválidos se promedió que el pueblo de Puerto Rico pagara 61%, que significa 61 centavos por dólar. Si eran válidos, al final les pagaba 64.8 centavos por cada dólar. En el actual acuerdo, a los bonistas se les está pagando 72.2 centavos por cada dólar. “Es decir, en el anterior acuerdo había la posibilidad de que los bonos fuesen impugnados. En el acuerdo de ahora la Junta dice que renuncia a la impugnación. En ese sentido, es un paso atrás, de poder sacar a la luz esa variable, y como consecuencia estás pagando más”, censuró.
Una vez más el director de política pública de Espacios Abiertos recalcó que el presente acuerdo no es sustentable, ya que además de estar pagando más, en lugar de 61 centavos, se está pagando 72.2 centavos. Antes, todos los bonos respondían a GO y ahora la mitad son GO y la otra son COFINA. En ese sentido, los bonos de COFINA y ahora los fondos de cobertura tienen garantizada una fuente de repago.
Al reclamar que EA se ha mantenido firme en traer a la atención pública estos tres puntos, añadió que lo más importante al final es no perder una visión macro, que si se compara este nuevo acuerdo con el anterior, “al final no es sostenible. Eso de que esos nuevos bonistas estén de acuerdo y quieran curarse a través de COFINA, implícitamente, lo que están diciendo es que muy probable que vean la posibilidad de que en un futuro cercano Puerto Rico pueda estar en otra posición de quiebra. Entonces, ahí ellos tienen una posición de más fuerza a la hora de negociar otra vez. Antes no tenían una fuente de repago asegurada y ahora sí la tienen. Podrán negociar con mucha más fuerza porque hay una garantía a su favor”, manifestó.
