CLARIDAD
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A juicio del economista Heriberto Martínez Otero, con los niveles de corrupción, de gastos políticos evidentes que hay en el gobierno de Puerto Rico, no se puede hablar ni de despidos de empleados, ni de recortes a retiro ni de aumento en la matricula a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En momentos en que se revelan los altos salarios en la Legislatura y en otras ramas del Gobierno, en que se ventilan casos de corrupción como los de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y de los representantes Milagros Charbonier y Nelson del Valle, hablar hoy de recortes en el sistema de retiro sin haber saneado las cuentas públicas con respecto al gasto político “me parece que es un acto muy vil el querer traspasar a los retirados el costo de la ineficiencia del Gobierno de Puerto Rico”, denunció Martínez Otero.
Las denuncias surgen a raíz de la amenaza pública por parte de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, al Gobierno de Puerto Rico de que si quería implementar las aprobadas leyes 80, 81 y 82, tendría que despedir empleados públicos.
El economista advirtió que las citadas leyes no son lo que se considerarían adecuadas, ya que pretenden imponer el retiro de empleados públicos, lo que reduce la inversión social mientras el Gobierno invierte más en el gasto político. “Ahora mismo, el retiro está en el Fondo General. Son más o menos 2 mil millones, pero aquí el gran asunto es que quieren poner por el lado de retiro y por el lado de la inversión social el costo de todo lo que se ve se está pagando al gasto político”.
La política correcta, señaló, debe ser cortar los gastos políticos. Puso como ejemplo el caso de los 16 salarios más altos en el Senado, que sumaron $1 millón 390 mil. Ahora mismo, el salario de un maestro de matemáticas es de $24 mil al año. Se podría contratar a 55 maestros nuevos con el salario actual. En el caso de Jaresko, con su sueldo de $650 al año, se podrían contratar más de 20 maestros. De hecho, hay que recordar que la JCF le cuesta $80 millones al año al pueblo de Puerto Rico.
Señaló, además, que es una irresponsabilidad de parte de la JCF no haber hecho nada por evitar los gastos políticos aun con todo el poder que le ha dado el Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “La Junta es cómplice de todo esto, definitivamente. Lo que pide es austeridad de los gastos sociales, nunca ha pedido austeridad para los gastos políticos. Natalie Jaresko es un operativo de los sectores internacionales, y están aplicando las mismas políticas de austeridad que aplicaron en Grecia y Portugal. Quieren aplicarlas en Puerto Rico”.
Prosiguió con que la JCF parece tirar una tabla rasa y no presenta un análisis de dónde despedir. Si la Junta hablara de un plan de cesantías, él estaría en desacuerdo; pero desde el punto de vista del lenguaje de la gestión gerencial, se esperaría que un plan de cesantía tuviera alguna coherencia. “Aquí no, aquí simplemente el argumento general es que hay que reducir la plantilla: despide empleados públicos y se resuelve el problema. Eso es bien irresponsable porque eso no se sostiene desde el punto de vista de teoría económica”.
Expresó que el próximo gobierno, sea el que sea, debe ser uno valiente y capaz de decirle a la Junta vamos a trabajar primero con investigar toda la pérdida de fondos que tenemos en Puerto Rico por corrupción y por mala gestión del gobierno. Puso de ejemplo el que hace poco el Gobierno dejó perder $2 mil millones por no usarlos a tiempo y aunque ese dinero no se puede utilizar para pagar retiro, de haberse utilizado, hubiese tenido un efecto multiplicador en la economía.
“Aquí el problema grande es que la Junta tiene prisa”, dijo en referencia a las posibilidades de cambio de gobierno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, lo que causa incertidumbre. La composición de la Junta cambió y Natalie Jaresko quiere cumplir con su cometido de crear un superávit primario para poder reestructurar y pagar la deuda.
Martínez Otero coincidió con la denuncia de que es evidente que todas las propuestas de la JCF son ideológicas, con un interés sesgado hacia los acreedores “y va a cortar por donde les sea más fino para cumplir con los acreedores. La JCF no tiene ningún interés con el desarrollo económico de Puerto Rico, ni el cultural. Incluso, el propósito de ellos es aplicar las políticas para reducir el Gobierno, crear un superávit para pagar a los acreedores y mantener el fundamento de un presupuesto balanceado”.
El economista exhortó a los ciudadanos a no bajar la guardia de la acción social, aun con un gobierno favorable a los intereses del pueblo. Eso significa —advirtió— que el pueblo tiene que estar pendiente porque la JCF tiene mucho poder, los acreedores tienen mucho dinero y la compra de políticos va a continuar para intentar aprobar leyes en contra de los empleados públicos, en contra de los retirados de la UPR y de todo lo que sea inversión social en Puerto Rico.
En entrevista por separado, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez aclaró que la amenaza pública de la JCF al Gobierno de que si quiere implementar las leyes tendría que despedir empleados públicos, en lugar de impugnarlas en el tribunal como ya hizo con la Ley 29, responde a que están en la primera etapa del proceso. Lo primero que pide la Junta es que Gobierno justifique cómo es que va implantar las leyes. Esto, obviamente, es una amenaza, pues según alega la Junta, el costo de esas leyes es tan alto como de $8 mil millones en 30 años a $230 millones por año.
Explicó que en términos procesales la Junta está en el primer esfuerzo por que el Gobierno le demuestre o justifique cómo va a sufragar los gastos. Ya una vez con la información, se va al tribunal. Afirmó que el comunicado por parte de Jaresko es una acción de amenaza, además de que la Junta no explica cómo es que llega a la cifra de los $8 mil millones, apreciación que igual puede ser totalmente equivocada.
Emmanuelli Jiménez señaló que, lo cierto es que también hay reservas sobre la sabiduría de esas leyes, ya que el gobierno de Puerto Rico no tiene suficientes empleados debido a que desde el 2006 los empleados públicos se han estado reduciendo. Al igual que Martínez Otero, denunció que mientras se reducen empleados públicos, aumentan los empleados de confianza que no prestan servicios esenciales.
“Por eso es que vemos los problemas de María, los terremotos, la pandemia, donde no hay suficientes empleados para bregar con estos problemas. Abrir una ventana podría representar una explosión. Como un 20% de los trabajadores podrían irse, los que serían los de mayor experiencia de las agencias, y no se van a poder sustituir”.
Emmanuelli agregó que también se debe cuestionar la sabiduría de estas leyes a la luz de cómo se encuentra el sistema público. Si la JCF sigue con el interés de que se anulen, ya tiene el precedente de la ley 29.
“Y ahí, eventualmente, el próximo gobernador tiene que decidir si cuando la Junta lo demande va a cuestionar la constitucionalidad de la Junta. Ahí es donde se ha quedado corto el Gobierno. El Gobierno nunca ha cuestionado si PROMESA es constitucional o no, y en estos casos que está reclamando la Junta, podrían ser el caso perfecto para hacer eso”.
En el supuesto de que, en efecto, la nueva gobernación decida impugnar la ley Promesa, eso detendría todas las acciones de la Junta, y en caso de que el tribunal la declare inválida, entonces se acabaría la Junta.
“No se acaba el mundo, pero el Congreso tendría que buscar otra salida, Puerto Rico necesita una ley de quiebra, pero no con Junta. La Junta es la que agrava la situación política y crea estos choques. La ley —se refiere a Promesa— tiene un problema de diseño al meterle una junta. Puerto Rico es el que se supone tiene el poder de legislación. Siempre habrá esa situación de conflicto con la Junta porque va a querer imponer sus políticas públicas. En Estados Unidos, bajo el capítulo 9 de la Ley de quiebra, quien radica y tramita la quiebra es el mismo Gobierno”.
Emmanuelli Jiménez se expresó convencido de que la Junta es derrotable, que lo que hace falta es la voluntad política para derrotarla. El Congreso no va a dejar a los acreedores ni al país en un caos, por lo que va a tener que buscar una salida diferente.
Pero por el momento, el hecho es que con o sin esas leyes, el Gobierno de Puerto Rico no soporta otra reducción de personal, aunque sea voluntaria. Hay municipios que podrían perder de 12 a 15 empleados. Se va la gente que más sabe y no se puede volver a contratar gente nueva porque en la práctica esos son despidos, aunque las personas no se van del todo desprovistas. “Pero la Junta no quiere ni eso, lo que quiere es mandar a la mayoría de la gente a la miseria”.
En esa línea, censura que la Junta no despida a sus empleados, que ya son cerca de 100, con de Jaresko cobrando un sueldo de $650 mil al año. “La Junta se va por lo más fácil. No puedes tirar piedras al vecino cuando tienes techo de cristal. La Junta es también una casta corrupta que se monta a costa de los fondos públicos. Si se compara los salarios de la Junta con los de la Legislatura, los de la Junta son más altos. Todas sus posturas son ideológicas, basado en el neoliberalismo, robándose los recursos del Estado. Por eso se han gastado casi mil millones en la quiebra”.
