Claridad
Aunque nadie se atreve a afirmarlo, a 21 días de efectuadas las elecciones, la desconfianza y la impresión de fraude electoral crece cada día entre el pueblo. Solo los alegados “ganadores” están complacidos con el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El licenciado Fermín Arraiza Navas, director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Capítulo de Puerto Rico, organismo que lleva dos semanas observando el proceso del conteo de papeletas en el centro de operaciones de la CEE en el Coliseo Roberto Clemente, reconoció que aunque nadie se atreve a mencionar la palabra fraude, “como parte del pueblo, tengo que decir que hay una gran sospecha, bien fundada, en la posibilidad de fraude”.
Este agregó que como jurista y como parte de la ACLU, que evalúan lo que va surgiendo día a día en la CEE, considera que ha habido graves irregularidades. En el proceso no ha habido transparencia y ha habido un control absoluto, otorgado por el nuevo código electoral, por parte del partido político en el poder (PNP). Aun cuando no necesariamente sean actuaciones ilegales, se entiende que no son justas.
El director Legal de ACLU acreditó que el reclamo, que comenzó el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y al cual se unieron los otros tres partidos políticos en minoría en la CEE, de que se entreguen las listas de quienes solicitaron el voto adelantado es indispensable para poder llevar a cabo la llamada auditoría del conteo de votos.
“El escrutinio no es otra cosa que una auditoría. Es la forma a través de la cual, precisamente con esas listas, uno puede identificar, por ejemplo, quiénes solicitaron el voto por adelantado, quiénes en efecto votaron por adelantado y en qué modalidad. Hay cerca de seis modalidades. A esos efectos, si esas listas no se producen, estos cuatro partidos que están en minoría, en desventaja de poder dentro de la propia Comisión, no van a tener forma alguna de auditar y de fiscalizar nada”.
Coincidió con el planteamiento de que no es correcto decir que las listas no están, que fue lo que en un principio dijo el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer. El licenciado Arraiza Navas añadió que la gravedad de lo sucedido es que mientras los comisionados electorales estuvieron llegando a unos acuerdos entre jueves y viernes y se dieron instrucciones para comenzar a sacarle copia a las listas, “yo estuve allí personalmente y las fotocopias se estaban sacando para cumplir con la orden del Tribunal, pero simultáneamente el PNP estaba trabajando unos recursos para presentar el viernes, el recurso de reconsideración, cuando todas las partes sobreentendían que había unos acuerdos y se había comenzado con el proceso para cumplir con la orden del Tribunal de Primera Instacia”.
Para el abogado, la acción del PNP de acudir al Tribunal deja un mal sabor porque su acción lo que hace es que levanta más suspicacias. Cuestionó qué es lo que se quiere esconder si el propio reglamento que aprobó el PNP provee para que se entreguen esas listas. “Pues, ¿por qué tú no las entregas, si hay un tribunal que ya te está diciendo entregue las listas y dele continuidad al proceso? ¿Por qué lo sigues interrumpiendo? Todo eso crea suspicacia, desconfianza en el proceso, falta de transparencia, y de ahí que se esté hablando de fraude o posible fraude. Si hay fraude o no, eso lo vamos a ver después de que se entreguen las listas. Y si cada partido hace su trabajo, recoge las declaraciones juradas, recopila la evidencia y se presenta en un tribunal, el tribunal es el que va a decidir si hubo fraude o no”.
A la pregunta de CLARIDAD sobre si consideraba que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico tenía la pericia para hacer ese tipo de auditoría, como ha dicho el presidente de la CEE, advirtió que la postura de ACLU es que si la Comisión, donde están representados todos los partidos políticos, no puede llevar a cabo el escrutinio, que es una auditoria en sí misma, ninguna otra agencia nombrada por el Gobierno de Puerto Rico debe inmiscuirse.
“El expertise para esa auditoría quien lo tiene es la Comisión Estatal de Elecciones. Si ellos son incapaces de hacerlo por este tranque, porque no quieren cumplir con un reglamento, porque no quieren cumplir con la ley que ellos mismos crearon y que entró en vigor este año electoral, entonces debería venir algún ente internacional”.
Sobre ese aspecto dio a conocer que la ACLU sugirió que se debe referir el asunto y solicitar la intervención de algún comité de las Naciones Unidas (ONU). “No podemos olvidar que en estas elecciones se decidió incluir una papeleta sobre estatus que, aunque mal redactada, dice Estadidad Sí o No y lleva al pueblo de Puerto Rico a expresarse sobre un asunto que es de la comunidad internacional. Eso no es un asunto de jurisdicción exclusiva de Puerto Rico ni de Estados Unidos”.
Arraiza recordó que el caso de Puerto Rico se discute en el Comité de Descolonización de la ONU todos los años. Lleva más de 20 años con múltiples resoluciones en las cuales se discuten los requisitos de un proceso de descolonización, del cual la independencia no puede ser excluida. Añadió que el Código Electoral de Puerto Rico establece que quienes votan en Puerto Rico son los ciudadanos americanos: “Ni siquiera los ciudadanos puertorriqueños. Eso de por sí viola todas las normas internacionales sobre el derecho a la autodeterminación y sobre plebiscitos anticoloniales. A esos efectos, quien único podría tener jurisdicción sería la ONU, y esa es nuestra posición”.
La exhortación de la ACLU a la Comisión y a su presidente es que si van a solicitar una auditoría de lo que ha ocurrido, deberían acudir a la ONU, a sus expertos en procesos electorales, para que entonces auditen el proceso; pero no solo para eso, sino para que se expresen además sobre la legalidad de la papeleta sobre estatus.
El director Legal de ACLU defendió la acción del Movimiento de Victoria Ciudadana de que se entregaran las listas del voto adelantado y atribuyó a la irresponsabilidad de quienes dirigen la CEE el que al día de hoy no se haya comenzado el escrutinio, “y eso debe quedar claro, porque si un partido político tiene derecho en defensa de sus electores como propietarios de una franquicia electoral a que tú me cumplas con un requisito en ley, tienes que cumplir con ese requisito. El hecho de que yo solicite eso no es para retrasar el proceso. Quien lo retrasa es quien se niega a cumplir con la ley”.
Frente a la expectativa de lo que pudiera decidir el Tribunal Supremo sobre la petición del PNP, Arraiza Navas expresó su deseo de que el Tribunal, “ponga fin a esta angustia. Que se expresen a favor de que se cumpla con la ley y que le provea al pueblo de Puerto Rico la certeza de que el proceso sea transparente y ordenado; que se provean las listas. No veo forma de que pudiera decidir de otra manera porque de otra manera lo que va a crear es desconfianza en lo único que confía Puerto Rico, que es el proceso electoral. Sabemos que vivimos en un país con un déficit de democracia, con un sistema colonial de siglos, lejos de ser democrático, dentro de un sistema colonial donde no se respetan todos los derechos civiles. Es un imperativo. El reducto de democracia que tiene Puerto Rico es el sistema electoral”.
Decisión del Supremo
En un proceso expedito, el Tribunal Supremo de PR atendió este mismo lunes, 23 de noviembre, la petición del PNP. Aunque confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de que se entreguen las listas, incluyó modificaciones para que se continúe con el recuento.
