Por Cándida Cotto / CLARIDAD 

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La acción del gobierno de Wanda Vázquez Garced de presentar ante la jueza Laura Taylor Swain su oposición al plan de ajuste de deuda de los bonos de obligación general (GBO) alcanzado por la Junta de Control Fiscal (JCF) es positiva en la medida en que obligará a la juez Laura Taylor Swain a resolver la controversia jurídica de si en efecto se requiere legislación previa que apruebe el acuerdo.

A juicio del experto en derecho constitucional, profesor Carlos Ramos, si bien es correcto que bajo la Ley Promesa al deudor lo representa la JCF en los procesos de restructuración esto es una de las perversidades que tiene la ley. Se sabe que el propósito fundamental de Promesa y la creación de la Junta es que se alcance un presupuesto balanceado según lo entienda la Junta para que pueda regresar a los mercados de bonos, “a los mismos que ahora tienen esa deuda comprada y recomprada”.

En ese sentido, casi por definición, el Congreso de Estados Unidos lo que hizo con Promesa fue equiparar los intereses de los acreedores a los intereses del gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Nuestro portavoz, en efecto, es la Junta de Control Fiscal.

Destacó que cada vez que ha habido una vista ante la jueza, en más de una ocasión ha salido la aparente contradicción entre Puerto Rico, representado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), y la Junta.

“Con sus altas y sus bajas, las contradicciones han salido con mayor o menor intensidad. Aunque no creo en la sinceridad institucional gubernamental, hay mucho de político en una gobernadora que quiere la reelección. Pero me parece saludable que además de decir, como se ha dicho en las últimas semanas, que está en desacuerdo con el plan de restructuración que se objeta, si logra el efecto de que florezca la contradicción entre los intereses del gobierno, el pueblo de Puerto Rico y la Junta que dice representarnos, es positivo en la medida que la jueza tiene que resolver e interpretar cuál es la respuesta que Promesa da a esto”.

Añadió que si en efecto, tal y como reclama el Gobierno, para emitir deuda nueva hay que tener la aprobación de la Legislatura (que es una de las lecturas que se hace de Promesa versus algunas disposiciones de Promesa que la Junta entiende) si lo ordena la jueza, puede ir por encima de la Legislatura. Esta es una controversia jurídica que se va a tener que resolver.

De lo que no hay duda es que si es verdad el argumento del Gobierno de que debe haber una sintonía fundamental entre Gobierno, Ejecutivo, Legislatura y Junta para fines de restructuración, de modo que no sea algo problemático, es importante que por fin se le haya traído a la consideración a la juez.

Tras la acción del Gobierno, el profesor Ramos describió que se está ante la expectativa de lo que decidirá la juez Taylor. Comentó que cuando empezó el proceso de quiebra le pareció esta tenía una mente abierta, equilibrada, empática, “pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esa sensibilidad que mostraba en sus expresiones verbales, por ser una jueza de una minoría racial que conoce la ley de quiebras, ha cambiado con el tiempo. Lo que sucede es que tal y como es, la ley de quiebra en Estados Unidos está dirigida a proteger al acreedor, no al deudor. Y a la larga y a la postre, eso es lo que ella está haciendo, tirando la balanza a favor de los acreedores”.

En entrevista por separado, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante de la UTIER, expresó sobre la presentación de la oposición formal del Gobierno:“Ya era tiempo, porque en realidad lo único que había hecho la gobernadora era señalar verbalmente; pero no en el foro correcto”.

El licenciado Emmanuelli Jiménez fue enfático al plantear la necesidad de que el Gobierno, mediante AAFAC, compareciera y notificara a la jueza que sin su aval el plan es un natimuerto.

“El plan tiene los mismos problemas que tenía el anterior, y tiene otros peores, porque aunque la Junta está tratando de venderlo como que representa un ahorro sustantivo en el nivel de deuda que se va a pagar, no es posible recoger los $1,100 millones al año. Los economistas que han mirado el acuerdo de cerca dicen que Puerto Rico no tiene esa capacidad. Así que la oposición era necesaria y el hecho de que se le presente a la jueza le envía el mensaje a la Junta de que tiene que regresar a la mesa de negociación para restructurar ese acuerdo”.

Otro ángulo que trajo a la atención es que el acuerdo no tiene suficiente apoyo todavía, aun cuando tiene más que el anterior —pero no el suficiente— y deja $16 mil millones fuera del plan. Esta cantidad de deuda se va a litigar y el resultado de ese pleito no se sabe todavía.

El experto en ley de quiebra censuró que lo peor de este acuerdo es que convierte deuda, que estaba solo garantizada por la constitución de Puerto Rico, en una asegurada, que es una categoría superior, garantizada con parte de los recaudos del IVU y la emisión de nuevos bonos.

“Si lo vemos en el contexto de que Puerto Rico está abocado bajo esas condiciones a una nueva quiebra, esa segunda quiebra, esos bonos, no se pueden modificar. Obligaría a que se hicieran otros grandes ajustes en el área de los servicios esenciales y las pensiones”, denunció.

El licenciado Emmanuelli Jiménez reiteró que el acuerdo alcanzado por la JCF le parecía un mal negocio y que es buena noticia el que la gobernadora se oponga de manera formal. Es mejor que ahora la Junta, en vez de involucrar al país en una litigación en que es difícil prevalecer y que ocasiona erogaciones de los fondos públicos multimillonarias, vuelva a negociar y traiga un acuerdo que sea aceptable al Gobierno. 

Trajo a la atención que además del Gobierno, al acuerdo se va a oponer el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA), al que la JCF solo le está asignando 1.28 centavos por cada dólar. Esto también va a crear un golpe a la economía, pues quienes único mejoran con el presente acuerdo son los bonistas. El gobierno tiene la última palabra por ser quien tiene la capacidad de legislar que el plan se apruebe. Es necesario legislación en torno a Retiro y la corporación que vaya a emitir los nuevos bonos.

El licenciado Emmanuelli Jiménez se expresó firme en que la JCF no tiene el poder de ignorar la legislación y que aunque esta anda haciendo alarde de que le va a pedir a la jueza que disponga del acuerdo, en la sección 314 de la ley Promesa dice que hay que aprobar las leyes. En otras secciones dice que los poderes que no se le hayan delegado a la Junta los conserva el gobierno. “El resultado neto de esto es que la gobernadora trancó el dominó; el juego y la Junta tiene que volver a la mesa de los negociaciones”.

Por Manuel de J. González / CLARIDAD

Mientras el vacilón público y el relajo callejero se alimenta de las ocurrencias de las “hermanas Vázquez”- Evelyn y Wanda – el País se enfrenta a un peligro que, aunque esperado desde hace casi cuatro años, nos preocupa seriamente de cara al futuro. Me refiero a los acuerdos que, a nombre de nosotros y como virtuales dueños de la Isla, firmó las Junta de Control Fiscal (JCF) con los acreedores de las llamadas “obligaciones generales”, los bonos garantizados con los recaudos del gobierno puertorriqueño. Las “hermanas Vázquez”, una como senadora y la otra gobernadora, hacen el ridículo y traquetean, mientras la Junta nos impone una onerosa hipoteca que pagaremos por largos años. 

El nuevo acuerdo de la Junta nos obliga a pagar los bonos del gobierno central a alrededor de 70 centavos de dólar a quién los adquirió pagando 30 o a lo sumo 40 centavos, asegurándoles que dupliquen su ganancia. En el pacto, que anunciaron como si fuera un gran logro, reconocen la validez de una deuda que antes era ilegal, según expresiones del mismo organismo, y se obliga a los puertorriqueños a separar $1500 millones anualmente para enviarlos al grupo de fondos buitres que controla esas acreencias. De paso, se mantiene el recorte criminal a las pensiones que se ganaron decenas de miles de nuestros viejos como un mecanismo para asegurar el pago.

El elemento más importante de ese acuerdo, que se hace a nombre de nosotros, es el que garantiza la validez de una deuda impugnada, emitida en violación de los lineamientos constitucionales aprobados por los puertorriqueños. Es una norma elemental en derecho que cualquier contrato adoptado en contra de “la ley y el orden público” es, de su faz, nulo. La nulidad implica que el acuerdo nunca cobró vida y que a ninguna de sus disposiciones se le puede reconocer validez. A pesar de que, por determinación de la propia JFC, la deuda puertorriqueña nunca ha sido auditada para identificar esas posibles violaciones de ley en cada emisión de bonos, la propia Junta impugnó en el tribunal de los federales la validez de al menos $8 mil millones de las acreencias. Ahora recoge velas y nos impone el pago de una obligación que hasta el otro día catalogó como nula.  Al menos, según los informes de prensa, dos miembros del organismo se opusieron al acuerdo, pero como deliberan en secreto nadie sabe quien fue ni los argumentos que levantó. 

La nueva carga que se nos impone se une a la de la “deuda extra constitucional” representada en los llamados bonos COFINA, aprobada previamente y ya ratificada por el tribunal que sesiona en Nueva York, a pesar de la objeción que gritamos la mayoría de los puertorriqueños. Se une, además, al acuerdo negociado para la Autoridad de Energía Eléctrica, pendiente de ratificación en el tribunal de los federales, que significa un aumento de casi 50% en la tarifa por largas décadas. 

De ordinario, la legislación que regula las quiebras se cataloga de “protectora” y por eso leemos en la prensa que tal entidad “se acogió a la protección” del Tribunal de Quiebras. De hecho, los tribunales de quiebra surgieron como alternativa al encarcelamiento de deudores, efectivamente protegiéndoles de los acreedores. Tras acoger el pedido de protección se supone que en el proceso se determine la validez de la acreencia reclamada y la capacidad de pago del deudor. El resultado casi siempre es el “descargue” de toda o una parte sustancial de la deuda, permitiendo que el deudor, persona natural o jurídica, se “reorganice” y pueda seguir operando.

Contrario a esa experiencia, el proceso relacionado con la deuda de Puerto Rico ha resultado en una ganancia contundente para los acreedores que adquirieron su acreencia a precios de descuento y ahora, dado que el “descargue” es de sólo 30%, obtienen una ganancia enorme a costa del quebrado.  Siempre se denunció que el propósito de la JCF es asegurar el pago de deuda, lo que ahora se corrobora. 

Volviendo a las hermanas Vázquez, según una de ellas (Evelyn, la senadora) desde 2017 andan juntas “levantando cadáveres” y ahora volvieron a juntarse para montar un operativo de politiquería con las ayudas a las víctimas de los terremotos. Ese afán politiquero ha llevado a la otra hermana Vázquez (Wanda, la gobernadora de ocasión) a expresar oposición a la nueva negociación de la JCF.  Cuando llegó a Fortaleza tras la huida de Rosselló y la debacle judicial de Pierluisi, intentó proyectarse como amiga de la Junta, expresando apoyo al pacto en torno a la deuda de la AEE. Ahora, convertida en precandidata a la gobernación y de cara a la primaria, abjuró de ese respaldo e intentó distanciarse del nuevo acuerdo en torno a los bonos del gobierno central. Esas reservas, sin embargo, se limitan a solicitar una “mejoría” en el tratamiento a los pensionados, algo en que puede ser complacida para que lo anuncie como una victoria. 

Aún cuando la Vázquez gobernadora termine apoyando el acuerdo luego de esa posible “victoria”, queda por ver qué hará la Legislatura, cuya actuación es indispensable para implantar lo negociado aprobando legislación habilitadora. No es lógico esperar que previo a una consulta electoral habiliten una negociación que aumenta el costo de la electricidad y promueva recortes a los pensionados, aunque estos últimos sean menores a los anunciados. Debemos esperar entonces que la Junta posponga todo hasta después de las elecciones o que busquen la manera de pasar sobre la Legislatura a través del tribunal. Esto último se ve jurídicamente difícil, pero en una colonia, donde el poder no está en el pueblo, todo es posible.  

Mientras se aclara el panorama sigamos entreteniéndonos con las ocurrencias de las hermanas Vázquez, que lo mismo levantan cadáveres que esconden suministros.