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EU: Frenesí contrarrevolucionario

 

Por Angel Guerra Cabrera

 

Las últimas arremetidas económicas y otros trajines truculentos de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba llevan un inconfundible tufo electoral. Los 29 votos del estado de Florida suelen ser decisivos para ganar una elección apretada, como la que parece estarse configurando y Trump trata de conquistar, sin importar cómo, el voto ultraderechista de las nutridas colonias venezolana y cubana que ahí residen.

El fenómeno de actuar sin la mínima consideración ética para cachar sufragios es tradicional en la política estadunidense, particularmente cuando se acercan los comicios presidenciales. Por eso se habla tanto de la sorpresa de octubre, por lo general referida a una acción militar llevada a cabo el mes previo a las elecciones de noviembre, dirigida a unificar al país en torno al presidente y a transferirle así una cantidad importante de votos, emitidos principalmente por miedo.

Lo que es nuevo con la administración de Trump es el grado de desesperación y, frecuentemente, amateurismo, con que se conducen las acciones de cacería de votos, o para el caso, todas sus acciones. Al punto que a veces moverían a risa si no derivaran en crímenes de lesa humanidad, más en medio de una pandemia, tanto la asfixia económica como las acciones armadas y terroristas que las caracterizan, las últimas en el caso de Venezuela. Cuba sufrió décadas de sangriento terrorismo de la CIA y de las organizaciones contrarrevolucionarias de pantalla creadas por ella.

Yéndonos más a fondo, lo que ocurre en el caso del magnate es que tanto él como su equipo más cercano son fiel reflejo de la extremadamente profunda y ya irreversible crisis moral, política y económica que experimentan el sistema imperialista de Estados Unidos y las instituciones que gestionan la democracia de ese país. A la vez, expresan la guerra civil en germen entre importantes grupos de poder económico y político que se disputan hoy, no una elección, sino el control y el rumbo definitivo de la nave imperialista yanqui en el momento más crítico de su historia. Difícil encontrar una mejor prueba de la generalización de esta crisis que el decadente y vulgar primer debate entre Trump y su rival demócrata, Joseph Biden. Habría que añadir también que en la conducta del multimillonario tiene una enorme influencia la irrefrenable y patológica obsesión de continuar en la Casa Blanca cuatro años más no importa los medios, mismo propósito de su círculo cercano, frenético por quedarse en el gobierno, tanto por razones de negocios como de impulsar por largo tiempo su agenda ultraderechista a escala local e internacional.

En la reciente gira antivenezolana —y antichina, habría que añadir— de Pompeo, el secretario de Estado fue a instigar a los nuevos presidentes de Surinam y Guyana contra Venezuela, a la vez que calentaba las fronteras brasileña y colombiana con ese país. En esta son frecuentes las acciones de paramilitares y bandas criminales, rechazadas firmemente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero que han costado sangre de sus miembros.

Paralelo al viaje de Pompeo se daba a conocer el bochornoso informe de derechos humanos de la misión independiente de determinación de hechos, cocinado por el pestilente Grupo de Lima a espaldas y en contra de la actividad que realiza en Venezuela, con todas las garantías, un grupo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. En esos días los órganos de seguridad bolivarianos capturaron un agente gringo, mercenario de la empresa MVM Inc, en labores de espionaje y preparación de actos terroristas contra refinerías, líneas eléctricas y otros importantes objetivos.

Todo lo antes mencionado dirigido a incrementar la guerra irregular contra Venezuela y a exacerbar nuevamente el ambiente de linchamiento internacional contra la revolución bolivariana. A crear un clima propicio a la justificación de acciones terroristas, o acaso, algún tipo de ataque de mayor escala contra su territorio. Un objetivo fundamental de este conjunto de acciones es impedir, o hacer fracasar, las estratégicas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la patria de Bolívar.

Mientras, Washington era derrotado ignominiosamente en su intento de impedir que Cuba fuera electa al Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud y Trump decretaba un cierre total a la posibilidad de que los pocos estadunidenses que reciben autorización de viajar a la isla se alojen en hoteles del Estado, participen en eventos o compren habanos y ron, que encima de otras medidas anteriores, significa la casi imposibilidad para éstos de visitar Cuba.

Un asunto debe quedar claro. Al margen de coyunturas electorales, la destrucción de las revoluciones cubana y bolivariana está entre los objetivos primordiales de política exterior de Estados Unidos y su gigantesco aparato de inteligencia y subversión. Esto se desprende de muchos de los documentos secretos ya desclasificados de la CIA, el Pentágono y otras agencias y es cada vez más explícito en el discurso imperialista.

CLARIDADES: El Che

Ernesto Guevara de la Serna (CHE)

 

8 de octubre de 1967: Ernesto Che Guevara libra su último combate

El 8 de octubre de 1967, en la Quebrada del Yuro, en Bolivia, el Comandante Ernesto Che Guevara libra su último combate. Al ser herido y hallarse su arma inutilizada fue hecho prisionero.

Resultó trasladado hacia la escuelita de La Higuera donde lo tienen retenido hasta que el día siguiente a la una y treinta de la tarde fue vilmente asesinado, publica Radio Rebelde.

Se intentaba así con su desaparición física que se diluyera su ejemplo en el tiempo. Pero por el contrario el Che alcanzaría una mayor dimensión en la historia.

Nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, desde joven se sensibilizó con la situación que padecían en el mundo, y de modo especial en América Latina, múltiples hombres y mujeres.

Particularmente entre diciembre de 1951 y julio del año siguiente en un singular recorrido que hiciera junto a su amigo Alberto Granado por varios países latinoamericanos pudo apreciar esa realidad.

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El seis de julio de 1953, después de haber concluido sus estudios y de recibir el título de médico, decidió salir de su país natal.

En la estación ferroviaria General Belgrano, en Buenos Aires, ante la presencia de familiares y amigos que lo despedían, él avanzó hacia el tren que ya iniciaba su marcha. Entonces de pronto se vira, alza el brazo donde sostenía un bolso, y grita: “¡Aquí va un soldado de América!”

No imaginaron los testigos de esa escena que en el transcurso de pocos años Ernesto Guevara sobresaldría como un aguerrido combatiente, en este caso durante la guerra revolucionaria en Cuba.

Antes que eso ocurriera, en Guatemala en junio de 1954 él se ofreció para defender al gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, que había llevado adelante un programa progresista en el país y contra el cual se había lanzado una agresión apoyada por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Ante la tensa situación que se creó tras el derrocamiento de Arbenz, en el mes de septiembre Ernesto Guevara se vio obligado a salir de Guatemala y entonces se dirigió en tren hacia México.

Fue en este país que se reencuentra en forma casual con el cubano Antonio-Ñico-López, quién había participado en las acciones ocurridas en Cuba el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba y Bayamo.

A Ñico López Ernesto lo había conocido y se relacionó con él en Guatemala. Y fue a través de Ñico en la capital mexicana que conoció primero a Raúl y después a Fidel Castro.

 

El primer encuentro con Fidel

Del encuentro inicial que tendría con Fidel, señaló en un trabajo que elaboró años después del triunfo de la Revolución Cubana:

Lo conocí en una de esas frías noches de México, y recuerdo que nuestra primera discusión versó sobre política internacional. A las pocas horas de la misma noche –en la madrugada- era yo uno de los futuros expedicionarios.

A partir de ese instante el joven Ernesto Che Guevara se interrelaciona con Fidel y con otros de los cubanos que se hallaban en México con vistas a prepararse en dicho país para retornar a Cuba lo más pronto posible para reanudar la lucha contra la dictadura militar reaccionaria de Fulgencio Batista.

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Fue así como en la madrugada del 25 de noviembre de 1956 forma parte de los 82 expedicionarios que dirigidos por Fidel salen del puerto mexicano de Tuxpan a bordo del pequeño yate Granma hacia Cuba.

Más allá de las incomodidades que tuvo que encarar por la gran cantidad de hombres que viajaban en el pequeño yate, unido a los bultos con las armas, uniformes, alimentos, así como las vasijas con agua y combustible, para el Che la travesía durante casi siete días fue extremadamente dura porque sufrió ataques de asma, enfermedad que lo aquejaba desde su niñez. Pero aun así sobresalió por su entereza.

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Ya en el mes de julio de 1957 Fidel le otorgó el grado de Comandante. Fue el primero de los combatientes que le conferían tal condición.

 

(El resto ya es leyenda)

 

tomado de: https://www.canalcaribe.icrt.cu/8-octubre-1967-ernesto

Maricao Escuela agrícola para el pueblo

Foto:Alina Luciano/CLARIDAD

 

CLARIDAD

Fotos: Alina Luciano/ CLARIDAD

“La escuela la cerraron en mayo y de inmediato nos metimos a defender la escuela, estuvimos un año limpiándola para evitar que la vandalizaran. Pusimos hasta un letrero que decía ‘Pronto aquí Fundación Bucarabón’, hasta que al final, el año pasado, nos dieron la escuela en un contrato por un año”.

Jackeline Pérez Torres, directora ejecutiva de la Fundación Bucarabon. Foto Alina Luciano

Jaqueline Pérez Torres, compartió con CLARIDAD cómo la comunidad Bucarabones en Maricao rescató su escuela, la Segunda Unidad Francisco Vincenty, y cómo surgió la organización sin fines de lucro Fundación Bucarabón. La escuela fue cerrada por el Departamento de Educación tras el paso del huracán María y los estudiantes perdieron ese semestre. Luego, regresaron en enero de 2019 y les anunciaron que la escuela solo iba a estar hasta mayo: “Se lo llevaron todo, se llevaron los libros de la biblioteca para botarlos”.

Según el DE, el cierre del plantel se debió a baja matrícula. Cuando la comunidad se quedó sin escuela, los estudiantes fueron ubicados entre otras dos: unos en el sector Rubias y otros en Indieras Frías, ambos sectores también rurales en Maricao. Este último sector queda a una distancia de 20 a 25 minutos en carro. “Es un problema. Esta es una escuela supercómoda, una escuela agrícola con 30 cuerdas. Las otras dos escuelas son unas pequeñitas, incómodas. No es lo mismo la de Rubias es agrícola también, pero no tiene tanto terreno y las dos sufrieron con los terremotos”, expresó Pérez Torres, quien es ingeniera civil.

Fotos: Alina Luciano

La también oriunda de Bucarabones lamentó el problema que se enfrenta en la zona: “Yo recuerdo cuando yo estudiaba en esta escuela. Llegábamos hasta noveno grado. En noveno teníamos que pasar a la superior en el pueblo de Maricao, que es como a 30 minutos, y no todos llegaban por la distancia. Esos estudiantes que estaban en El 30 (otro sector rural) tenían que madrugar a las cinco de la mañana. Hay una deserción grande en esta zona, lo cual es posible que se esté incrementando en estos momentos”.

La Fundación Bucarabón

Para el momento que la comunidad se enteró de que la escuela iba a ser cerrada, la joven, junto a unas compañeras que trabajan en agricultura, ya tenía montada su empresa de café y chocolate: Del País. Al escuchar una charla con el profesor Ramón Borges-Méndez sobre las mujeres en el cafetal fue que comenzaron hablar de por qué no rescatar la escuela, si la iban a cerrar, y hacer un proyecto comunitario.

Cuando ocurrió el cierre, las personas de la comunidad decidieron defender la estructura y evitar que la vandalizaran. Estuvieron un año luchando por ella porque en ese momento todavía no habían elaborado un reglamento. Sus primeras gestiones fueron con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Finalmente, en julio del 2019, les cedieron en arrendamiento la escuela por un año, por un dólar. “Pero realmente nuestra intención es que nos den la escuela por mucho más tiempo para poder tener proyectos a largo plazo. En eso estamos ahora mismo. La acabamos de solicitar por 25 años para ver de qué forma pueden trabajar ese contrato”. En esta ocasión la solicitud fue sometida al CEDBI (Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles).

La comunidad expresó desde el día uno su intención de obtener la escuela por más tiempo. Es por esto que en esta ocasión trabajaron la solicitud de forma que pudieran demostrarle al CEDBI que tienen casi un cuarto de millón en subsidios (grants) para diversos proyectos y que tienen otros en espera, pero para recibirlos necesitan que la concesión de la escuela sea por más de un año.

La directora ejecutiva de la Fundación Bucarabón, quien tiene una maestría en Administración de Ingeniería, comentó que con los terremotos de enero, dos de los edificios, el más nuevo, de columna corta, construido en los 90, y el de tres pisos, que se construyó en los 70, tienen problemas de grietas. El edificio original de la escuela, construido en el 1932, quedó intacto. La Fundación está pidiendo la escuela con el propósito de repararla. “Nosotros la podemos reparar, pero necesitamos ese contrato a más tiempo, no a un año”.

El contrato se venció en julio. Pérez Torres se ha mantenido haciendo llamadas y escribiendo; pero hasta el momento no ha recibido respuestas, aunque se supone que le contesten lo antes posible porque ya se cumplió con todos los parámetros que les pidieron. Indicó que CEBDI les informó que para poder darles la escuela por un tiempo largo necesitaban someter prueba de los proyectos que tenían corriendo. “Le hice un informe de casi 70 páginas en donde les demostramos lo que hemos hecho durante este año con terremotos y pandemia, para que vean que hay prueba. Fuimos efectivos un año, nos la pueden dar por más tiempo”.

La organización ha dividido sus trabajos en tres etapas. La primera etapa es la educativa, para lo cual tienen acuerdos con la agencia Desarrollo Rural Agrícola (Rural Development) y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. El objetivo es ofrecer talleres diversos de asuntos agrícolas, de cómo llenar documentación y de desarrollo de actividades culturales.

La fase dos es una incubadora comunitaria culinaria enfocada en la población femenina. Ya están trabajando en el currículo. La escuela, ahora Fundación, además de atender el barrio Bucarabones, atiende los sectores Indieras Alta, Indiera Baja e Indiera Fría, en donde el 52% de la población son mujeres y no hay proyectos enfocados en ellas.“Por eso queremos enfocarnos en esa mujer agricultora que está en esta zona, que no tiene los beneficios que están en un área urbana, que tiene hijos, más sin embargo, eso es un criterio para no poder asistir a algún curso”.

La fase tres, a más largo plazo, es desarrollar un hotel escuela para que investigadores y estudiantes interesados acudan y puedan colaborar con las comunidades. En él se acogería a personas de la isla y de la diáspora, como en el caso de quienes quieran ir a recoger café y no tengan dónde quedarse. De paso, comentó que se están buscando voluntarios para la cosecha de este año: “Lo que falta es manos para terminar la cosecha. Eso es parte de lo que queremos llevar a cabo. Nuestro objetivo principal es el desarrollo económico agrícola en la zona, por ende, a todo lo que conlleve ese desarrollo vamos a darle la mano”.

 

Moraima Justiniano Vélez

Durante la pandemia la Fundación ha estado brindado el servicio del uso de computadoras e internet a los estudiantes, aunque por lo general son los padres los que van a imprimir los trabajos de sus hijos. En estos momentos también están haciendo un censo comunitario, ya que los datos que tienen son los de un censo agrícola anterior a María y no cuentan con información actualizada. Mediante una subvención, han logrado la contratación de tres jóvenes: Moraima Justiniano Vélez, Mariana Govanet Pérez y el desarrollador de proyectos Antonio Lee Moreno, quien no pudo estar en la entrevista.

Justiniano Vélez es recién graduada de Socióloga. Su tarea, por el momento, es realizar un censo comunitario, no sólo verificando datos demográficos, sino además identificando las necesidades de las familias y poder ofrecerles ayuda. Esta expresó que el trabajo del censo le parece interesante porque en el barrio Bucarabones las personas son bien tímidas y, por lo regular, hay que repetirles las preguntas y ganar su confianza. Comentó que aunque la mayoría son adultos también hay un poco de jóvenes y niños. Entiende que en las otras comunidades hay más jóvenes.

Govanet Pérez tiene a su cargo el contacto con otras organizaciones y con las redes sociales. La joven tiene un bachillerato en Administración de Empresas y cursa una maestría en Sicología en la Universidad Carlos Albizu.

Ambas jóvenes son del sector rural y asistieron a la escuela que ahora es Fundación. Justiniano Vélez, opina sobre la situación de los jóvenes y el cierre de la escuela: “Es un poco frustrante porque yo estudié aquí y esa parte de la transición del campo al pueblo es un poquito fuerte. Muchos de los que estudiaron conmigo no llegaron a estudiar a la superior, se quedaron con noveno grado. Hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero no encuentran las facilidades ni la orientación necesaria para seguir adelante”.

En sentido similar se expresó Govanet Pérez, de Indiera Baja, quien habló de los efectos de la pandemia, la escasez de empleos, de oportunidades y del acceso a las escuelas.

Una radio comunitaria

Al valioso trabajo que ya realiza la Fundación, su directora ejecutiva aspira añadir una radio comunitaria. La idea surgió de un maestro radioaficionado, quien trajo a su atención el que es curioso que todas las antenas de radio y televisión de la isla están ubicadas en el Monte del Estado de Maricao y en el pueblo no hay ni una emisora de radio. Solo el 30% de la población en Maricao tiene internet, por lo que si se quiere educar a las personas, la vía es la radio.

La Fundación Bucarabón es una gestión autosuficiente hasta en el servicio de energía eléctrica, ya que funcionan con placas solares. También cuentan con un sistema de recogido de lluvia para el servicio de agua. El esfuerzo ha sido uno totalmente por parte de la comunidad y otras entidades civiles. Nunca han tenido acercamientos por parte del sector gubernamental más allá de los trámites para la cesión de la escuela.

Comentarios a:ccotto@claridadpuertorico.com

 

De boca en boca el tema de la violencia de género

Especial para CLARIDAD

Fotos: Mari Blanca Robles López/CLARIDAD

 La denuncia de la violencia de género en Puerto Rico en todas sus manifestaciones por las organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos ha sido constante, vocal, activa, con propuestas especificas para mitigarla y eventualmente lograr su erradicación. Mientras se exige acción del Estado, la protección y rescate de vidas mediante servicios directos a las sobrevivientes, sus hijas e hijos por parte de los albergues y otras entidades no gubernamentales (ONGs), no se ha detenido, a pesar de la poca ayuda oficial que reciben luego de superar los múltiples retos burocráticos que se les imponen.

El discrimen por razón de género alcanza su máxima expresión en la violencia machista porque arrebata vidas, no solo de las víctimas, sino también de familiares y otras personas cercanas. En semanas recientes el número de feminicidios íntimos, es decir, asesinatos cometidos contra mujeres por parejas o ex parejas aumentó a trece. En el 2019 la cifra fue de 15. Faltan poco menos de tres meses para que este terrible año 2020 termine, por lo que todo parece indicar que el número será mayor. Abona a esta expectativa el deficiente récord del Negociado de la Policía en el esclarecimiento de casos. Por ejemplo, del total de 31 asesinatos de féminas cometidos entre enero y septiembre, hay al menos seis cuyos motivos se desconocen. Los transfeminicidios o muertes violentas de personas Trans por su identidad de género o sexualidad han escalado a seis, desde Alexa Negrón, en febrero hasta el más reciente de Michelin Ramos ocurrido la semana pasada. Investigaciones realizadas por la prensa han puesto nuevamente sobre el tapete la gravedad de las desapariciones de mujeres, cuyo rastro en muchas ocasiones se pierde en el olvido. El secuestro de Rosimar Rodríguez, casi frente a sus familiares y el posterior hallazgo de su cadáver, nos golpeó en la cara, como el pasado año ocurrió con la joven del área suroeste, por cuyo feminicidio está acusado el llamado “Grafitero”.   Al 21 de septiembre había nueve adultas desaparecidas y 9 menores de diecisiete años. Algunas de éstas estaban bajo la custodia del Departamento de la Familia, en los llamados “Hogares de Crianza”. Esta agencia tiene mucho que explicar.

A raíz de los estragos causados por los huracanes Irma y María, las organizaciones que trabajamos con la equidad de género y los derechos humanos advertimos que las situaciones de emergencia que provocan la necesidad de refugiarse, hacen difícil el acceso a servicios de ayuda, profundizan la precariedad económica de las familias, especialmente en el caso de las mujeres, exacerban la violencia contra éstas y que es necesario tomar medidas particulares para su atención. Así fue reiterado con la crisis de los terremotos en el Sur Oeste de la Isla y a partir de marzo con la pandemia del COVID-19. Desde el sector no gubernamental se articularon respuestas inmediatas para beneficio de las mujeres, con todas las limitaciones que la falta de recursos económicos conlleva. El oficialismo, como es usual, se concentró en sacar el mejor provecho posible para sus objetivos político-partidistas. Aunque ya nada debería sorprendernos, impactan los señalamientos de fondos asignados que no han sido distribuidos, de otros que han sido mal utilizados y que tal vez tengan que ser devueltos, además de la descarada corrupción existente.

Durante las campañas para las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), el tema de la violencia de género no fue parte del discurso de la entonces candidata y todavía gobernadora Wanda Vázquez, a pesar de que la ex Secretaria de Justicia, fue antes Procuradora de las Mujeres. Mientras estuvo allí actuó en detrimento de la entidad, lo que fue reiteradamente denunciado por los grupos feministas. En particular, el Movimiento Amplio de Mujeres exigió su renuncia y le sometió al gobernador Alejandro García Padilla evidencia y fundamentos sobre su mal desempeño, pero no se actuó sobre ello. En los debates del PPD si hubo alusión al tema y se hizo evidente la postura de su actual candidato a la gobernación, Carlos Delgado Altieri. El no ha sido capaz de articular de forma coherente su postura sobre la necesidad de implantar la perspectiva de género en la educación como herramienta fundamental para erradicar los prejuicios y el discrimen por género de nuestra sociedad. Sus manifestaciones hacen evidente que está en contra de que se utilice este método de análisis, como lo ha identificado la compañera Amárilis Pagán, directora de MATRIA, para que desde muy temprano en la niñez, aprendamos que las diferencias biológicas nada tienen que ver con la capacidad de las personas y que la equidad tiene que ser la norma en las relaciones humanas. No se trata de un “documento que nada tiene que ver con la sexualidad”, según ha dicho delgado Altieri, si no que desde la mirada de las mujeres, de lo que se espera de nosotras, de los roles que se nos asignan desde el nacimiento, de los estereotipos que nos imponen, al igual que a los varones, veamos la injusticia y la falta de equidad. Ni hablar del Dr. César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad, la retranca del conservadurismo, cuyo desprecio por el tema con las palabras y ejemplos que utiliza, nos advierten del grave peligro que constituye, no que él logre la gobernación, lo que no creo posible, sino que personas de ese partido sean electas a la Legislatura.

En medio de las investigaciones periodísticas y del activismo de las organizaciones feministas en días recientes, salió del mutismo, inacción e ineficiencia que la ha caracterizado desde que ocupó la silla de la Procuradora de las Mujeres, la Lic. Lercy Boria. Percibimos sus expresiones y el tono que utilizó, como si estuviera ofendida con la gobernadora, quien cuando fue interpelada sobre la exacerbación de la violencia de género en el país, pareció pedirle cuentas a la Procuradora. Boria defendió la autonomía de la OPM por lo que el Ejecutivo no podía intervenir con su rol de fiscalización. Señaló además, el limitado presupuesto de la entidad cuya empleomanía es de diecisiete personas. Como dice el refrán popular, a la Lic. Boria se le fue la guagua. Cuando hace un año se le reclamó a la gobernadora que decretara el Estado de Emergencia por la Violencia de Género, ella permaneció callada del lado de Vázquez. Nunca la escuchamos exigir mayor presupuesto para hacer el trabajo fiscalizador que le corresponde a la OPM y no de provisión de servicios como ella ha pretendido. Tampoco levantó la voz para objetar que el llamado “Alerta” de Vázquez se quedara en la nada. Quién sabe las intrigas políticas que han motivado el escarceo entre las que antes hablaban el mismo idioma.

Causa gran preocupación el incremento en los índices de la violencia de género en todas sus manifestaciones: doméstica, agresiones sexuales, hostigamiento sexual en el empleo, acoso callejero, desapariciones y también la violencia institucional por parte del gobierno.

Éste ha estado ciego y sordo ante las penurias que enfrentan las miles de mujeres que no tienen empleo o que no han podido regresar al trabajo porque están haciendo las veces de maestras en sus casas, además de cuidadoras de las hijas e hijos, personas enfermas y adultas mayores, en gran precariedad económica. Sin embargo, veo una luz de esperanza porque el tema se está discutiendo. Anda de boca en boca, los medios de comunicación le han dado atención y ha formado parte de los requerimientos de información a los candidatos y candidatas a la gobernación y a otros puestos electivos. El espacio de opinión también se ha abierto para las organizaciones de mujeres y las aliadas que promueven los derechos humanos.

Vivas nos queremos. Fotos. Mari Blanca Robles

A tan corto plazo de las elecciones es imperativo exigir de los partidos participantes y de las candidaturas independientes a todos los puestos políticos, compromisos programáticos y de política pública por la equidad de género, la educación con perspectiva de género, la acción combativa en contra de la violencia machista, el diseño e implantación presupuestaria también con perspectiva de género. Aquellas candidaturas y partidos que claramente están en contra de la justicia y la equidad para las mujeres, no importa la etiqueta con que quieran enmascarar sus posturas, deben descartarse si en verdad tenemos el compromiso de construir una sociedad justa. Reconocidas mujeres con un claro historial de lucha por nuestros derechos y los del pueblo boricua se han lanzado al ruedo. Hay que abrirles camino.

* Los números utilizados provienen de investigaciones realizadas por el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico

 

 

 

 

Ayuda Legal: Hacia una recuperación justa

 

CLARIDAD

A tres años de los huracanes Irma y María y de que  el Departamento de la Vivienda (DV) recibiera $9.7 mil millones de fondos CDBG-DR, el Gobierno de Puerto Rico pretende no utilizar ese dinero para la recuperación de las familias y comunidades, sino dirigirlo a consolidar una economía basada en la inversión y la especulación sobre la tierra puertorriqueña.

Esta denuncia está contenida en el segundo informe Hacia una Recuperación Justa: La respuesta ante el desastre y el país posible, presentado a la prensa en días recientes por el equipo de trabajo legal de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

Según el informe se supone que aproximadamente el 39% de los $9 mil millones debe destinarse directamente a la necesidad de vivienda segura, que se mantiene descubierta después del paso de los huracanes del 2017. Ayuda Legal hace la salvedad de que reconoce que hay una responsabilidad para con Puerto Rico por parte de Estados Unidos en la crisis. No obstante, atribuye al Gobierno de Puerto Rico la principal responsabilidad de la crisis, a tres años de María.

De acuerdo con el informe, los fondos CDBG-DR buscan promover la recuperación a largo plazo tras ocurrir desastres. Se supone que la asignación dada a Puerto Rico sea dirigida a programas de planificación, vivienda, infraestructura, desarrollo económico y otros. Estos fondos deben atender necesidades descubiertas de personas y familias sobrevivientes de los desastres mayores del 2017.

Sin embargo, aun cuando los huracanes Irma y María destruyeron 70 mil viviendas en la isla, el informe trae a la atención lo que describe como “la milagrosa desaparición de los toldos azules”. En mayo del pasado año el Departamento de la Vivienda decía que había 25 mil viviendas con toldos azules en la isla y ahora, en agosto del 2020 dice que hay 4,500. La realidad es que el Departamento solo ha construido un poco más de 100 casas.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Ariadna Godreau-Aubert, describe sobre el DV el que no hay un plan claro, transparente y que se comunique a la gente, que el plan castiga a las personas sin título formal y cierra la puerta a la mitigación. Tampoco hay controles para los contratistas. Estima que el plan es uno para los desarrolladores e inversores.

El desastre por diseño del Departamento de la Vivienda, como lo describe Ayuda Legal, le exige a los afectados un título de propiedad, y pese a que el DV diseñó un llamado programa de Autorización de Título, este es uno muy complejo. Las familias sin título de propiedad, la única alternativa de vivienda que tienen es la relocalización. Lo mismo ocurre si la vivienda está en una zona inundable, aunque la reglamentación del uso de los fondos permite que se puedan hacer trabajos de mitigación.

Si la persona comenzó a reparar su vivienda sin los permisos gubernamentales, aunque la vivienda esté en el mismo lugar de siempre, y es elegible para asistencia, el DV exige demoler toda la vivienda y construir su casa modelo. No hay una vivienda temporera o de transición para quienes esperan una respuesta del R3, el Programa de Reconstrucción del DV.

El informe de ALPR expone que la Junta de Planificación estima que 252,813 estructuras están en áreas inundables. Este número refleja un aumento de sobre 90,000 estructuras en áreas que fueron designadas como inundables por lluvias o marejadas después del paso del huracán María. El Programa de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (PR3) del Departamento de la Vivienda describe el programa de reubicación como uno para proveer a las dueñas de “residencias afectadas significativamente, ubicadas en áreas de alto riesgo, la oportunidad de mudarse a un lugar más seguro”. Por tanto, advierte Ayuda Legal, se trata de una compra o buyout(compra apalancada) de la propiedad. Una vez compre la propiedad, el DV debe dedicarla a «espacios abiertos, recreativos o de inundación y charcas de retención”. Supuestamente, el espacio no puede ser desarrollado nuevamente.

Ayuda Legal denuncia que la compra de viviendas a través de PR3, además de fomentar el desplazamiento de personas y comunidades empobrecidas —aquellas con más recursos no serán desplazadas aún si están en zonas inundables—, crea otros problemas. Prevé que, por tratarse de una estrategia de compras individuales, al concluir el proceso, la agencia será dueña de cientos de pequeños lotes de terreno alrededor del archipiélago. Estos lotes no pueden ser desarrollados, por lo que quedan desocupados, creando un efecto de ajedrezado (checkerboarding) en la comunidad que permanece. Mal manejados, estos espacios se pueden convertir en estorbos, disminuir el valor de las estructuras aledaños, afectar las conexiones entre las residentes y fomentar que más personas abandonen la comunidad.

¿Quiénes serán los verdaderos beneficiados?

Mientras el DV le impone trabas y más a los puertorriqueños que perdieron sus viviendas, Ayuda Legal llama a la atención sobre la declaración del territorio de Puerto Rico como “Zonas de Oportunidad”.Este programa creado por la administración de Trump en el 2017, bajo el supuesto de incentivar la inversión privada a largo plazo en comunidades de bajos ingresos, en realidad ha resultado en desplazamientos masivos en otras jurisdicciones. En EE.UU., la ley establece que un máximo de 25% de la cantidad de comunidades de bajos ingresos de una jurisdicción sea designada como Zona de Oportunidad.

En el caso de Puerto Rico, señala ALPR, la legislación incluye una regla especial por la cual todas las comunidades de bajos ingresos pueden recibir esa designación. Expone que esto significa que las corporaciones e individuos interesados tendrán una inusitada flexibilidad al escoger el destino de sus inversiones. Bajo la clasificación de proyecto prioritario en Zona de Oportunidad, quienes interesen y puedan invertir en proyectos de construcción o rehabilitación para alquiler o venta disfrutarán de privilegios contributivos tanto a nivel federal como a nivel local a cambio de que «aporten a la comunidad».

De acuerdo con ALPR, lo que es la aportación está pobremente definido y no hay disposición alguna que obligue a los Fondos de Oportunidad o a inversionistas individuales probar que están beneficiando a la comunidad en la que se establecen. El beneficio comunitario puede consistir en una declaración no verificada del empresario asegurando que creará una cantidad indefinida de empleos, que embellecerá alguna sección olvidada de un pueblo o incluso que atraerá a individuos de mayor poder adquisitivo a un área económicamente deprimida. No se exige que los desarrollos de vivienda sean de interés social o de precios asequibles.

La declaración de Zona de Oportunidad viene al dedillo con la política del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico desde los años 90, consiste en delegar la construcción de vivienda pública y subsidiada al sector privado mediante las alianzas público privadas, incluyendo la administración de estas. El informe de Ayuda Legal precisa que en su Plan de Acción CDBG-DR, el DV asignó a este programa $413 millones, de los cuales ya concedió $18.1 a De Diego Village, $46 millones a José Gautier Benítez y $8 millones a San Blas Apartments.Vivienda considera financiar al menos otros tres proyectos de esta índole en San Juan (Sabana Village y Viewpoint at Roosevelt) y Humacao (Hogar Mediavilla Negrón II).

Ayuda Legal resalta que a este esquema de financiamiento combinado se suma la amplia oferta de incentivos contributivos dirigida a inversionistas extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico, tales como las Leyes 20 y 22 (ahora contenidas en el Código de Incentivos Contributivos) y las Zonas de Oportunidad.

En fin, el informe de Ayuda Legal expone que al igual que el desempeño de las compañías privadas en la administración de residenciales públicos ha sido cuestionado, del mismo modo se han levantado dudas sobre la efectividad del uso de los fondos CDBG-DR cuando a casi tres años desde el huracán María solo se han entregado cien casas reparadas. De igual manera es  cuestionable qué tan beneficioso es asignar fondos CDBG-DR a nuevos desarrollos de vivienda privada y qué garantías habrá de que continuarán siendo asequibles una vez expiren las restricciones impuestas por los incentivos. “En todos estos casos, aquellos factores como planificación, rendición de cuentas o participación han sido deficientes”.

Ayuda Legal reclama una recuperación justa para las miles de familias afectadas tanto por los huracanes como por los terremotos de inicios de este año. Entre las recomendaciones que presenta están: ampliar los mecanismos de participación de las comunidades en los que incluyan vistas públicas; incorporar definiciones claras de lo que son comunidades de bajos ingresos para evitar la especulación y que los potenciales beneficios contributivos se desvíen fuera de la comunidad; potenciar en cualquier andamiaje de incentivos protecciones al derecho de las comunidades a permanecer en sus espacios y preservar los tejidos sociales que les unen.

Este segundo informe,Hacia una Recuperación Justa, es producto de un encuentro facilitado por el equipo de ALPR,  su directora ejecutiva, licenciada Godreau-Aubert, las licenciadas Paula Founier del Valle, Verónica González Rodríguez y Nicole Diaz González. En el encuentro participaron 200 ONG y grupos y comunidades de Puerto Rico, EE. UU.  y el Caribe.

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