Por Manuel de J. González /CLARIDAD
Según la narrativa oficial, sólo 16 de los 78 municipios de Puerto Rico sufrieron daños por los terremotos del 6 y 7 de enero de 2020 y las réplicas que han seguido. En cinco de ellos – Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce – se produjo el derrumbe de estructuras y el desplazamiento de miles de personas hacia refugios improvisados. Muchos de los que abandonaron sus viviendas y se fueron a refugios, o acampan en carpas junto a vecinos, no tienen sus casas afectadas, pero el temor a los continuos temblores los mantiene lejos de ella. En los otros 11municipios incluidos en la declaración de desastre los daños no tuvieron la magnitud de los cinco mencionados. Los 62 que no se incluyeron en la declaración de emergencia, entre los que están las principales ciudades de Puerto Rico, no sufrieron daños.
Tras el más fuerte de los terremotos, el del 7 de enero, todo el país quedó sin energía eléctrica. La recuperación fue lenta y cargada de escollos producto de la siempre presente incompetencia, pero a las dos semanas ya se había restablecido. Desde entonces hay apagones ocasionales, pero eso no es nada nuevo para la mayoría desde 2017.
Si la tragedia se cebó completa en cinco de los 78 municipios y de manera parcial en otros once, ¿por qué el ambiente de desolación y crisis arropa el país? A veces, por lo que se dice y se hace, parece que estamos en los meses posteriores al 20 de septiembre de 2017, cuando el “democrático” huracán María fastidió a todos los puertorriqueños.
En el momento en que escribo este artículo, ya en los primeros días de febrero, la inmensa mayoría de las escuelas públicas no ha iniciado operaciones. Municipios como Humacao, ubicado en el extremo opuesto de la isla, el más apartado del epicentro de los terremotos – y donde no se reportaron daños – la cantidad de escuelas operando es mínima. En Guaynabo, al norte y también sin daños, hay dos escuelas trabajando. Ese es el mismo cuadro de los 62 municipios no incluidos en la declaración de desastre debido a la ausencia de daños importantes.
Cuando el sistema educativo se paraliza, la onda expansiva de efectos es bien amplia y no sólo porque los niños y niñas ven su educación interrumpida. Los miles de personas que trabajan en la trasportación escolar permanecen desempleados y los comercios que operan cerca de los centros educativos, que tienen a los escolares como sus principales clientes, se quedan sin negocio. Estos son sólo dos ejemplos del efecto nocivo que se produce en la economía cuando se paraliza un sistema que tiene sobre trescientos mil estudiantes y más de 30 mil maestros, sin hablar de los empleados de mantenimiento, de comedores y los responsables de trasportación.
Esta realidad solo se explica por la irritante y siempre indignante incompetencia gubernamental que se alimenta de la politiquería y la corrupción. Primero tuvimos el efecto del apagón eléctrico que no fue producido por el temblor, sino por el estado calamitoso de la AEE. Aunque el sismo sólo había derrumbado estructuras en el suroeste, el apagón paralizó todo el país por varios días y muchos sectores por más de una semana.
Todo gobierno debe saber que tras un terremoto debe procederse de inmediato con la revisión de las estructuras, particularmente aquellas que albergan mucha gente, como las escuelas. Esa acción debió estar encaminada al día siguiente del remezón, como sucedió en Cuba y Jamaica hace unos días luego de sentir un temblor más fuerte que el sufrido aquí. Pero el Gobierno de Puerto Rico tardó dos semanas para empezar a organizar el proceso de inspección y ya llegó el mes de febrero sin que termine.
Esa inspección no sólo es tardía, sino que, como siempre, ha estado matizada por la busconería. Para efectuar las inspecciones había que contratar a empresas y personas “de la casa”, ligadas al partido de gobierno y, más en concreto, a las aspiraciones eleccionarias de Wanda Vázquez, nuestra gobernadora de ocasión. Ese requisito, además de incidir en la tardanza, ha arrojado dudas sobre el trabajo realizado y muchos padres de estudiantes se niegan a enviar sus hijos a escuelas cuya estructura permanece bajo sospecha porque fue efectuada por personas sin competencia, como una “arquitecta” sin título que operó en el área oeste.
Otra de las razones que explican el atraso y la persistente sensación de crisis es el desmantelamiento que se produjo en el gabinete gubernamental poco tiempo después del terremoto. Por el accionar de Wanda Vázquez no sólo se produjo la caída del director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, sino también la de los responsables de dos importantes departamentos, el de Familia y el de Vivienda, ambos directamente implicados en la respuesta al sismo y, más importante aún, en la recuperación. Como ya sabemos, el despido de Glorimar Andújar, titular de Familia, y de Fernando Gil, responsable de Vivienda, fue un acto de venganza de Vázquez, que aprovechó la crisis para sacar de su entorno a dos infieles. Ni Andújar ni Gil estaban apoyando los esfuerzos eleccionarios de Vázquez y la primera había despedido a una de sus protegidas, quien estaba a cargo de orquestar la politiquería con las ayudas a los afectados.
Ese cuadro es lo que nos explica por qué un país que sólo tiene 16 de 78 municipios afectados por una emergencia, entre los cuales sólo hay uno con gran población, Ponce, siga con su sistema educativo virtualmente paralizado casi un mes después del evento. Nuestra crisis no nace de la cadena de sismos, sino de otra cadena que nos ata desde tiempo inmemorial: la de un gobierno colonial torpe y corrupto.
