Por Cándida Cotto / Claridad
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La gestión y organización ciudadana al margen de las agencias del Estado son las que continúan dando asistencia a los cientos de campamentos comunitarios que se han levantado en los pueblos del suroeste frente la crisis provocada por los sismos que afecta esa región desde hace ya casi un mes. La red del movimiento Asambleas Ciudadanas es otra prueba más de esto.
“Estamos aquí principalmente para denunciar, primero que todo, la indignación que el pueblo siente y que se palpa a través de las redes sociales ante la inacción e ineficacia del gobierno para atender la crisis postsismos, para informar lo que las comunidades han hecho en respuesta a esa inacción y, sobre todo, que de manera orgánica el pueblo se ha desbordado en ayuda directa”, expresó Ruth Aquino García, portavoz de la AP San Juan – Placita Roosevelt. Agregó que el descubrimiento del almacén en Ponce lo que hizo fue abonar a la indignación e incertidumbre que ya vive el pueblo.
Acompañada por una decena de miembros de diversas Asambleas de Pueblo, entre ellas, de Santurce, Ponce y Guánica, miembros de la organización Caras con Causa, de Cataño y Guaynabo y el grupo Vamos por Puerto Rico, en conferencia de prensa censuraron y denunciaron la inacción del gobierno, a la vez que dieron a conocer la gestión de las Asambleas de Pueblo. Entre ellas, una plataforma de ayuda con el fin de lograr la organización de ayuda solidaria.
Aquino García destacó que ante la desconfianza que hay en el gobierno, las organizaciones comunitarias y todas las personas que han querido actuar lo han hecho de manera directa. “Los primeros días, evidentemente, eso causó cierto caos porque los líderes comunitarios que se dieron cita en los campamentos, que son cientos (hay miles de hermanos puertorriqueños allí), en principio no tenían organización, pero ha sido maravilloso porque se ha creado una unidad y unas alianzas entre todas las comunidades. Existen múltiples chats médicos, inclusive hospitales; por ejemplo, HIMA San Pablo, el Colegio de Abogados, y estamos tratando de darle una coherencia a esa distribución. Se ha creado una red de distribución, por decirlo así”.
No obstante, los miembros de las Asambleas de Pueblo trajeron a la atención que no bastaba con decir que las comunidades se han dado a la tarea de hacer lo que el gobierno no hace, sino que todos los compañeros con los cuales están en comunicación les han indicado que es evidente que hay que reclamar justicia y que hay que denunciar su inacción. Ante este pedido, Aquino García indicó que las Asambleas de Pueblo presentes han hecho suyas las trece exigencias dirigidas a atender la emergencia planteadas a la gobernadora por la organización Ayuda Legal.
A preguntas de CLARIDAD respecto a si tenían un estimado de cuántos esfuerzos comunitarios hay, Aquino García indicó que estaban haciendo pequeños censos y que ya tienen mucha información preliminar. Por lo menos, mediante el chat Alianza Solidaria, hay 242 personas que representan esfuerzos de comunidades y cada uno de ellos puede mencionar de seis a siete comunidades. Esto es entre los pueblos de Guánica, Yauco, Ponce y Peñuelas, aunque reparó en que no son los únicos, que también hay en Utuado, Lares, Sabana Grande y Lajas. Precisó que en Jayuya, el campamento del Municipio fue cerrado aun cuando había diez familias.
“La situación es que la gente no confía y no se van a los campamentos oficiales, sino que se quedan en sus propias comunidades y en la noche montan sus propios campamentos”, reconoció.
Sobre la situación de los refugiados, los jóvenes representantes de la Asamblea de Pueblo de Ponce, Verónica Arbona y Jose Nadal, describieron que en realidad la respuesta en esa ciudad ha sido por completo de base comunitaria. “Allí no se ha visto que verdaderamente lleguen suministros del municipio ni nada por el estilo. Las comunidades se han organizado entre sí, muchas de ellas rurales, que tienen sus propios campamentos. Verdaderamente, los suministros no llegan a menos que no sea por la misma comunidad”, expresó Arbona.
Nadal y Arbona denunciaron que otra cosa que se ha desenmascarado es la pobreza en la que vive la población: “Nos hemos dado cuenta de que no solo necesitan asistencia por los temblores, sino porque viven en un nivel de pobreza extremo. Podríamos decir que en el área rural hemos identificado como 28 comunidades fuera del pueblo. Muchas personas están necesitando por los temblores, pero también por la pobreza”. Añadieron que, por ejemplo, en la carretera 10, en la montaña arriba, no está llegando ayuda médica, como en el sector Villa Alegre, donde hay varias familias refugiándose en establos.
De los sitios visitados explicaron que en Ponce, en el refugio oficial que está en la Escuela Vocacional, había 600 personas en un edificio que está agrietado y que había personas incluso durmiendo en el piso porque no había catres. Tampoco se dan excusas de por qué no se reparten los suministros. Arbona contó que compañeros de la Asamblea de Pueblo de Gurabo a su vez les informaron que acudieron a este centro con suministros y los administradores querían que se los entregaran a ellos para repartirlos. Entonces, una persona que estaba en el refugio les dijo que no se los cedieran porque no los estaban repartiendo. Las personas que administran el refugio son empleados municipales y del Departamento de la Vivienda.
Mientras, Angie Molina, de Guánica, se unió a estas denuncias y agregó que en el campamento en el coliseo de Yauco, que maneja la Guardia Nacional, muchas personas se están quedando fuera porque no quieren participar de los horarios estrictos. Muchos se van a trabajar y si llegan fuera de horario no pueden entrar. Para la distribución —continúo— aplican otro protocolo que les cuestiona a los que van en busca de ayuda cuál es la composición familiar. Además, solo les dan provisiones para dos o tres días, siendo la mayoría personas mayores a quienes se les hace difícil ir varias veces en semana.
Por su parte, Jeniffer Motta de la AP San Juan – Placita Roosevelt contó que han estado en Guánica, Yauco, Peñuelas y han identificado a líderes comunitarios en los campamentos organizados. Indicó que las Asambleas de Pueblo están utilizando la plataforma suministrospr.com. “Sabemos que esa plataforma es confiable; para nosotros no tiene que ver con el gobierno. Los que estuvimos por allá hemos visto que los mismos líderes de esas comunidades nos dicen no necesitamos esto. Ahí tú ves que los puertorriqueños se han crecido y lo estamos haciendo todo de corazón”. Dio como ejemplo de esa organización que en una de las comunidades en Guánica atienden a 20 encamados, además los líderes comunitarios dan rondas por otras comunidades.
Aquino García reiteró respecto al trabajo comunitario: “Este mensaje es para el Gobierno. Este mensaje es para el Gobierno, de parte del pueblo. Ustedes se quedaron atrás. El pueblo no está esperando por ustedes. El pueblo nos estamos uniendo, nos estamos organizando, y con amor, porque de eso es que se trata. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y es el amor lo que nos une, el amor por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Ellos han dejado su prioridad por décadas. Evidentemente, son sus propios intereses, privilegios que como clase defienden. El pueblo no está esperando por ellos, así que ellos se van a autodestruir. Nosotros seguiremos enfocados en unirnos, en crear alianzas y en trabajar con nuestras comunidades desde abajo hacia arriba”.
Las 13 exigencias de las Asambleas de Pueblo y de Ayuda Legal son:
1. Se declare un estado de emergencia para las miles de familias desplazadas internamente tras los terremotos.
2. Se habiliten refugios colectivos, que haya transportación para que las familias puedan llegar y que la relocalización sea voluntaria.
3. Se habiliten refugios en el norte.
4. Se adopte un protocolo para prevenir y atender instancias de violencia sexual y la crisis de salud mental de los refugiados.
5. Que el Departamento de Educación haga público el listado de escuelas que están construidas fuera del código, las inspecciones de las escuelas y sus resultados.
6. Se ordene por DACO la congelación de precios de los materiales de construcción.
7. Se eduque a los funcionarios públicos en general sobre el derecho que tienen las familias con títulos informales a solicitar y recibir asistencia para reparar sus viviendas.
8. Que la Compañía de Turismo haga público el listado de cuartos de hoteles disponibles en los pueblos afectados y los limítrofes para que sean utilizados por las familias.
9. Que el departamento de la Vivienda ponga en manos municipales los programas de planificación comunitaria y la construcción de los centros de resiliencia.
10. Que el Departamento de la Vivienda publique las estadísticas sobre las solicitudes presentadas por familias afectadas por los huracanes al Programa de Reparación, Reconstrucción o reubicación, el cual abrió el 31 de julio de 2019 con $1.5 millones en fondos federales ya en poder de la agencia.
11. Que los municipios hagan públicos los listados de viviendas vacantes en terrenos seguros.
12. Exigir a las instituciones financieras moratorias claras para los préstamos hipotecarios y personales de las familias afectadas.
13. Que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y las entidades bancarias reculadas por esta publiquen las listas de propiedades residenciales re poseídas vacantes, para que puedan ser consideradas como vivienda transitoria o permanente.
