Por Félix Córdova Iturregui/Especial para CLARIDAD

            Una tendencia política podría haber madurado lo suficiente para manifestarse de manera contundente en las elecciones del próximo noviembre: el rechazo masivo del bipartidismo entre el electorado. Sobre todo por el carácter novedoso de la contienda electoral de este año. Nunca antes en la historia de Puerto Rico los electores asistieron a unos comicios después de haber expulsado de su puesto en la Fortaleza a un gobernador, por medio de las movilizaciones sociales más grandes en la historia del país.  El impacto del verano de 2019 está por verse.

Las causas de esa forma inédita de residenciamiento en la calle fueron múltiples. Todas ellas se manifestaron y siguen manifestándose en la crisis económica y política que vive nuestra sociedad desde hace años, acentuadas por las catástrofes naturales: los huracanes Irma y María, de septiembre de 2017, los terremotos de fines de 2019 y de 2020, coronados ahora con la pandemia del Covit- 19. Las elecciones de noviembre de este año, por consiguiente, son novedosas por un racimo de razones. Todas responden a un repudio, aun si no existiera una conciencia clara sobre ello, de la política neoliberal que ha prevalecido en Puerto Rico desde hace tres décadas.

Una gran cantidad de jóvenes nació en estos tiempos de crisis. No ha conocido otra vida social que no sea de austeridad y restricciones para grandes sectores de la población, mientras una minoría se ha enriquecido de forma obscena, en un ambiente de creciente corrupción. Al mismo tiempo la vida de la mayoría se ha hecho más precaria. Durante los treinta años del neoliberalismo depredador, varias generaciones de jóvenes han consolidado su desprecio al bipartidismo asociado con la corrupción. No debe, pues, quedar duda de algo decisivo: el rechazo masivo a los dos partidos de gobierno, como manifestación concreta de la crisis económica y política, es también un repudio al neoliberalismo como la política económica que nos ha conducido al desastre actual.

La amplitud del repudio se manifestó en el pasado debate de los seis candidatos a la gobernación. Allí estuvieron acorralados los dos candidatos del bipartidismo, sobre todo Pedro Pierluisi, como encarnación viva de las peores características del gobierno actual. No deja de ser una ironía que el otro candidato del bipartidismo, Carlos Delgado Altieri, le señalara sus contratos con la Junta de Control Fiscal, pagada con dinero del gobierno de Puerto Rico, acusándolo de haber cobrado 400 dólares la hora, con la facturación de un millón de dólares. La mayoría de los votantes sabe que después del contrato de Pierluisi con la Junta de Control Fiscal, ahora se le hace la boca agua ante la posibilidad de llegar a ser gobernador y administrar las decenas de miles millones de dólares en fondos federales asignados a la isla.

El PNP sabe que está en una posición frágil y ha recurrido otra vez a la estrategia utilizada por Luis Fortuño en 2012: incluir un plebiscito en el mismo día de las elecciones. Olvidan, sin embargo, que con todo y plebiscito, Luis Fortuño fue derrotado. La idea parecía sencilla y efectiva. Después de un gobierno que dejó en la calle a más de 20,000 trabajadores y trabajadoras del sector público, que atropelló a grandes sectores del país con una política insensible de austeridad, Fortuño perdió, en sólo cuatro años, una ventaja de 215,000 votos.

Ahora, el mismo partido, después de cuatro años de gobierno desastroso pretende arrastrar a la supuesta mayoría estadista del país a un plebiscito, no con el propósito de traer una estadidad quimérica, sino de ganar las elecciones. Intentan utilizar el anzuelo de la estadidad para pescar votos por el PNP y prevalecer en los comicios. En esta estrategia se manifiesta un problema que debe estimular el pensamiento. ¿Cuál es el peligro de identificar el llamado ideal de la estadidad con el PNP?

No se trata de algo sencillo. La relación estadidad-PNP tiene unas implicaciones de mucho alcance. El repudio masivo al bipartidismo, ciertamente no genera de forma mecánica un repudio a la estadidad. Más aún si los estadistas encuentran otras maneras de participar en las elecciones sin votar por el PNP. Sin embargo, el vínculo creciente entre la corrupción y el PNP adquirió un dinamismo extraordinario durante el gobierno de Luis Fortuño y se acentuó durante este cuatrienio. Entre la juventud y otros sectores considerables del país, existe la noción de que el PNP es un partido corrupto. La atmósfera interna del partido se percibe como una permeada de podredumbre. Es imposible que una percepción tan amplia no tenga ningún efecto sobre el plebiscito.

Si el partido identificado con la estadidad destila corrupción por todos sus poros, puede esperarse que la estadidad, en un plebiscito amañado y oportunista, también venga acompañada con el hedor de la corrupción. La estadidad utilizada como ficha electoral, como una tomadura de pelo para seguir teniendo acceso al dinero público, puede ser considerada una estadidad corrupta. Muchos votantes de corazón limpio, podrían no querer participar en un proceso preparado por dirigentes inescrupulosos, mientras otros podrían ver la posibilidad de un voto negativo para golpear a los maleantes que se han apoderado de una retórica de la igualdad para enriquecerse y al mismo tiempo propagar la desigualdad por toda la superficie de nuestra sociedad.

La situación es seria y exige atención. Desde 1993, el PNP ha administrado el gobierno en cuatro ocasiones, con una extensión de 16 años de un total de 28. Durante esos años, los llamados estadistas han reclamado la igualdad con los Estados Unidos, pero han promovido políticas de desigualdad en el interior de Puerto Rico, creando una distancia mucho mayor entre ricos y pobres en el país. Una enorme cantidad de personas afectadas por esta política de polarización de la riqueza, se han dado cuenta que también la retórica de la igualdad de los líderes de la estadidad está penetrada de falsedad y corrupción. En resumen, la estadidad ha sido desmantelada por el mismo movimiento del mercado tan aclamado por los falsos estadistas.

Ante esta bancarrota, ¿qué le queda a la estadidad como atractivo? No le queda nada relacionado con un ideal político. Pero sí le quedan los resultados abyectos de la política del empobrecimiento colectivo impuesta por el neoliberalismo. Los falsos apóstoles de la igualdad, no ofrecen nada de ellos. Se apoyan en la creciente dependencia de fondos federales. Pretenden, sin ningún sentido ético, hacer política con fondos públicos federales, mientras se han estado robando los fondos públicos de Puerto Rico. El país siente un cansancio profundo con la política de los corruptos. Es imposible separar la estadidad de sus proponentes y de la corrupción del espíritu público puertorriqueño que ellos representan. Ante el asalto a la moral del país, es urgente salir en noviembre a decir  no, en el plebiscito. Derrotar la estadidad de los corruptos también significará enfrentar la corrupción.

Por Arturo Massol Deyá

La represión vulgar sobre aquellos que han enfrentado al gobierno de Puerto Rico es histórica. Casos de asesinatos políticos, encarcelamientos y carpeteo son parte del récord público. Y aunque solemos visualizar a la policía estatal protagonizando el trabajo sucio, en una colonia, la persecución a la disidencia llega de más arriba. El problema es que la conocemos poco y la sentimos distante.

Una forma en que he vivido esa represión ha sido siendo incluido en una lista de alta seguridad por la agencia federal de Homeland Security. Desde poco antes de los tiempos del gasoducto “Vía Verde”, era detenido a mi llegada de cada viaje internacional, y era sometido al ‘random check’ en cada viaje a Estados Unidos. Esa vigilancia incluyó sacarme de un avión y llevarme escoltado a mi llegada de Colombia, que me confiscaran el teléfono durante semanas tras llegar de la República Dominicana, separarme de mi hija Andrea -de un año en aquel momento- para cuestionamientos a mi llegada de Centro América o que oficiales me esperaran con una fotografía en el ‘puente’ de desembarque.

Ya había aprendido y siempre me la pasaba tomando tarjetas y brochures al azar para ver las caras de interés cuando llegaba a territorio estadounidense y cómo se llevaban la evidencia para fotocopiarla. En una ocasión, ya con un expediente de vigilancia abultado, un oficial me confesó que solo seguía las instrucciones, que no sabía exactamente qué buscaban, solo que “someone in Washington is not happy with you”.  En otra ocasión un oficial me amenazó diciendo que no tenía garantías civiles de ningún tipo porque hasta que no poncharan el pasaporte técnicamente estaba fuera del País.

Un día consulté al amigo licenciado Benny Frankie Cerezo, quien me orientó y dijo algo como que podría pedir una investigación detallada personal para que allá se dieran cuenta de que era una persona honesta y no peligrosa, y así me sacarían de la lista. Ahí entendí y le respondí que no hacía falta, que debía seguir feliz cargando con la distinción profesional más importante de mi carrera.

La causa principal de mi ‘peligrosidad’ estaba vinculada a los trabajos de investigación sobre la contaminación causada por la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, donde realizoestudios desde el 1999 claramente en la categoría de desobediencia civil científica. Desde mi laboratorio documentamos la movilidad de elementos tóxicos de la zona militar a cangrejos, vegetación terrestre y marina, a herbívoros como las cabras, biodegradación de explosivos, diversidad microbiana, publicamos estudios longitudinales en revistas científicas y denunciamos consecuentemente actos de mal manejo por parte de agencias federales de la Laguna Anones en el antiguo polígono militar. Durante este periodo fui becado y trabajé un verano en el Laboratorio Nacional del Departamento de Energía en Lawrence Berkeley (California) y establecí colaboraciones estratégicas con grandes científicos de universidades estadounidenses. Paradójicamente en el 2009, estuve por invitación ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso y también pasé días de trabajo junto a dos científicas boricuas enfrentando al personal científico de la Agencia para Substancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades en Atlanta incluyendo a su entonces director. Al final de esa cita, el ATSDR (por sus siglas en inglés) anunciaría cambios en sus posturas. Poco después sacarían al director.

Resulta que bajo un nuevo mandato congresional, el US General Accountability Office (GAO) realiza una evaluación del proceso de «limpieza» que se inició en Vieques y Culebra en el 2004. O sea, aunque el Almirante de aquel entonces decía “Vieques ismore beautiful now than before”, este caso, incluido en la lista federal de los lugares más contaminados, le ha costado millones de dólares en un proceso que tomará décadas adicionales para remediar. No es debatible argumentar si hubo o no legado tóxico militar en Vieques y Culebra. La discusión es sobre la magnitud del problema y las formas de enfrentarlo. El GAO, como se les conoce acá, espera emitir un informe público a principios del 2021.

La ironía de todo fue recibir una invitación de ese mismo gobierno que criminalizó el esfuerzo científico para ahora procurar nuestros hallazgos, nuevamente. Mi primera respuesta fue que no tenía nada que aportar sobre la evaluación del proceso de limpieza porque ni la EPA, ni el Navy, ni Pesca y Vida Silvestre, ni el DRNA habían limpiado algo allí. Ni siquiera han tomado medidas de contención como se hace tras cualquier crisis ambiental. Solo remueven con malas prácticas de quema abierta de la vegetación y detonación abierta algunos explosivos superficiales. Esto supuestamente lo hacen así porasuntos de seguridad de las personas. El asunto es que los problemas de salud de esas personas no los causan las bombas sin detonar per se, sino la contaminación química que se desprenden de ellas en el mar, en sedimentos o que están en la profundidad de los suelos arenosos oxidándose y manteniendo vigente los riesgos a la salud pública. De qué limpieza me hablaban, pregunté.

Insistieron y hablamos extensamente días atrás. Ellos tenían su listado de preguntas y yo el mío de asuntos. Con más amplitud de opiniones, podrían evaluar mejor el proceso federal yconsiderar estrategias alternas al proceso de restauración, buen síntoma. Lamentablemente, el esfuerzo ocurre 16 años tarde. No sé qué saldrá de ahí, el GAO responde a los federales, no a los viequenses, pero sí discutimos recomendaciones específicas basadas en observación científica con énfasis en biorremediación ambiental y justicia social.

Tengo una obligación moral de compartir el conocimiento por el bien común de los viequenses, pero prefiero la rebeldía a un proceso cargado de injusticias históricas. Aunque ya no me detienen con la misma frecuencia, me gusta pensarme enrebeldía, una que merece reactivación colectiva. No para compromisos partidistas de temporada sino por Vieques, Culebra y el País, porque la rebeldía no se delega.

El autor es Catedrático UPRM. Esta columna se publica simúltaneamente en 80 grados y la Perla del Sur.