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Mirada al País: Pobreza, desigualdad social y colonialismo

Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD

Como parte de nuestras labores legislativas, constantemente recibimos distintas estadísticas e informes que plasman nuestras realidades económicas y sociales. Además, confirman la quiebra de la colonia y las nefastas consecuencias que sufren y las condiciones en que viven grandes sectores de la población. Una estadística constante es la baja participación laboral en Puerto Rico, que ronda por debajo del cincuenta por ciento, demostrando el grave problema de producción económica y por otro lado, de marginación social. Las estadísticas sobre la salud son aterradoras; cientos de miles de personas –en su mayoría jóvenes- no tienen plan médico. Peor aún son las estadísticas sobre seguridad alimentaria y enfermedades que van unidas de la mano. Las querellas por la negación de servicios por parte de los planes médicos, en especial los que son parte de “Reforma de Salud” del gobierno, que son marginados y se les imposibilita recibir servicios médicos. 

Como si esto fuera poco, añadimos los más de cien mil niños y niñas del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación que las monitorias a dicho programa manifiestan una persistente violación a su derecho a la educación. La mutilación del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico que la afecta en diversas formas, pero sobre todo en el acceso y permanencia de los estudiantes en todos sus recintos y las condiciones laborales de los docentes y no docentes. Los 4,645 muertos como consecuencia del paso del Huracán María y la ineptitud del gobierno de atender a las miles de familias que han perdido su hogar y sus escuelas como consecuencia de los recientes sismos. La emergencia nacional de violencia de género que arropa toda la isla. Podríamos continuar describiendo los múltiples problemas que cada día evidencian nuestro estancamiento económico y social, como consecuencia directa del régimen colonial. 

Recientemente llegaron a mis manos unas impactantes estadísticas que no solo retratan la situación de pobreza y desigualdad social, sino que demuestran la necesidad urgente de la reconstrucción de nuestra nación. El Instituto del Desarrollo de la Juventud publicó un estudio sobre la pobreza infantil en Puerto Rico, titulado “Un Futuro de Pobreza Infantil en Puerto Rico, Cuanto Nos Cuesta y Qué Podemos Hacer”, con desgarradoras estadísticas e información, entre ellas que:

– el 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza;

– el 37% vive en pobreza extrema con ingresos anuales rondando los $3,900;

– crecer en pobreza tiene consecuencias en la salud, en los ingresos y en la exposición y participación en actividades crimínales;

– cada niño o niña que vive la mayor parte de su vida en pobreza pierde un ingreso anual de $17,922;

– los gastos de salud por persona son 58% más altos y los de educación especial son casi el triple debido a la pobreza infantil;

– el 50% de los costos relacionados a la criminalidad en el país pueden ser atribuidos a la pobreza infantil;

– el costo de la pobreza infantil anual en Puerto Rico es $4,418 millones, o 4.3% del Producto Interno Bruto;

– el costo per cápita por cada niño o niña que vive en pobreza es de $11,536 anuales.

Estas estadísticas no solo nos brindan información impactante, sino que presentan un cuadro desolador de nuestra realidad social, de cómo la desigualdad social y la injusticia afecta a los más vulnerables de la población. Se unen a muchas otras que también nos revelan décadas de ineptitud gubernamental, de traición y negligencia constante de los que nos han gobernado, de impunidad para los responsables de esta crisis, y de que el modelo económico y social colonial lo que promueve, crea y reproduce es pobreza, marginación y la más profunda crisis nacional.

Estas estadísticas son más que números; están presentes en cada niña o niño que se le niegan servicios de educación especial; en los que no tienen donde estudiar porque su escuela se derrumbó por el sismo y la irresponsabilidad del gobierno; en los que duermen a la intemperie por no tener un techo seguro; los que el sistema criminaliza y la cárcel es su destino; los que los planes médicos ven como un simple costo y dependen de la generosidad de la gente para tener esperanza de vida ante la adversidad de una enfermedad grave; los que pasan hambre por pobreza; los que son víctimas de la violencia y abuso sexual; en fin, están presentes en todas y cada una de las expresiones constantes de violaciones a sus derechos humanos.

La agenda social y política tiene que estar encaminada a transformar esa nefasta realidad, con profundas y abarcadoras reformas y propuestas. La lucha por defender la escuela y la universidad pública tiene que ser consistente; hay que sustituir el modelo de lucro en los servicios de salud por un seguro universal con pagador único; proteger de los recursos naturales e implementar una planificación urbana real; acabar con el clientelismo y el inversionismo político; facilitar el acceso a la justicia y a una vivienda adecuada; el establecimiento de un modelo económico de producción local; fomentar el desarrollo económico y social para promover nuestro país; pero sobre todo, eliminar la desigualdad social y la brecha que hay entre las distintas clases sociales.

Para una real y revolucionaria transformación es imperativo acabar con el colonialismo, las medidas abusivas de la Junta de Control Fiscal que tanto afectan a nuestra niñez son posibles por que dicha Junta es una imposición del gobierno de norteamericano para proteger sus intereses económicos. En el mundo, no existen colonias prósperas y nuestra quiebra está estrechamente atada a nuestra incapacidad política de insertarnos en el mundo, unido a los gobiernos coloniales corruptos. El modelo colonial ha sido uno de explotación humana y económica en favor de los grandes intereses y emporios extranjeros.

Tenemos que acabar de una vez y por todas con la colonia, la cual ya perdió su disfraz y su mentiroso y patético discurso de prosperidad. Es necesario la construcción de una patria nueva basada en la democracia y la justicia social. Para ello, es imperativa nuestra independencia, porque es la única opción para comenzar nuevos caminos, se lo debemos a nuestras niñas y niños.

Festicápsulas:Quique Ayoroa Santaliz y la figura de Don Pedro Albizu Campos

Nuestro próximo Festival de Apoyo a CLARIDAD está dedicado a José Enrique (Quique) Ayoroa Santaliz, uno de los principales líderes contemporáneos del independentismo puertorriqueño. La labor patriótica de Quique es amplia y abarcadora. Como líder independentista, se le recuerda como “el hombre que dio a conocer a Don Pedro” en todo Puerto Rico. 

La gran tarea de recuperación histórica de la figura de Pedro Albizu Campos con motivo del centenario de su natalicio en el 1991,  fue presidida por Quique Ayoroa Santaliz en una jornada patriótica incansable que tuvo como resultado un resurgir indiscutible de la figura de Pedro Albizu Campos. Como resultado del trabajo realizado por la Coordinadora Cien Años de  Albizu, su figura fue rescatada para las nuevas generaciones que, por primera vez, conocieron de primera mano su gran obra liberadora que había sido ocultada y distorsionada. Albizu se convirtió en leyenda viva para las generaciones que nacieron después del 1965, año del fallecimiento del prócer. 

Años más tarde, y recordando dicha labor, el ex prisionero político puertorriqueño Rafael Cancel Miranda le escribió una carta a Ayoroa Santaliz, donde, entre otras cosas, le dijo: “Quique…sé que gracias a ti y a algunos compañeros y compañeras de Ponce se resucitó la figura de Albizu en la memoria del pueblo puertorriqueño. Fuiste tú y ese grupo de boricuas los que hicieron de Albizu una figura viva”. 

(Cita de la carta de Cancel Miranda tomada del libro Quique Ayoroa Santaliz: Quijote, Patriota y Amigo de José Enrique Laboy Gómez) 

La Medalla Blanca Canales es para Milagros Rivera Pérez

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

En ocasión de conmemorar el natalicio de la líder nacionalista Blanca Canales, el Comité 30 de octubre – Jayuya distinguirá con la Medalla Blanca Canales a la activista Milagros Rivera Pérez.

La licenciada Adalina de Jesús, portavoz del Comité 30 de octubre, expresó: “Nos da mucha alegría su trayectoria tanto política como en las comunidades, las luchas que tienen que ver con los obreros, estudiantes, maestros y, algo muy especial, su trabajo en las Brigadas Juan Rius Rivera, que son como un enlace con el pueblo cubano. Han servido tanto para afianzar la relación entre ambos pueblos al desmitificar los prejuicios. Las personas que van en las brigadas regresan con una visión diferente de lo que aquí se les atosiga”.

La iniciativa de conmemorar el natalicio de Blanca Canales ((13 de febrero de 1906), quien lideró la Revolución Nacionalista de 1950 en Jayuya, surgió en el 1996, pero el concepto de reconocer su figura en una mujer activista de la actualidad se instauró en el 2001. En esa primera ocasión se reconoció a la también líder nacionalista participante de la gesta del 50, Carmín Pérez.

“De allá para acá todos los años, se escoge a una mujer que dentro del espectro político contribuye en el país a mantener vivo los reclamos de libertad y a construir un mejor país, defendiendo los derechos no solo políticos, sino en otros ámbitos: obrero, estudiantes, niños, maestros, y otros”, destacó. 

El empeño que persiste en esta celebración, agregó de Jesús, es que estos eventos o actividades que describió como humildes, sirven para dar a conocer gestas como la Revolución de 1950 y a figuras como Blanca Canales, así como la “trayectoria que este pueblo ha venido sufriendo desde la invasión, a través del trabajo y activismo de gente. De mujeres como Milagros Rivera y las demás que hemos reconocido podemos sentirnos orgullosas. Tenemos un pueblo que todavía se identifica con nuestra puertorriqueñidad, con nuestros valores, con los atributos que nos hace únicos en el mundo. Los boricuas somos una cosa especial”.

La conmemoración de este año será el sábado, 8 de febrero, a partir de la 1:00 de la tarde en la Casa Museo Canales, en el barrio Coabey, en Jayuya. La semblanza de Rivera Pérez estará a cargo de la activista Carmen V. López, conocida como Cuqui. Como ya es tradición, la música estará a cargo de la Orquesta Nacional Boricua, Mapeyé.

Sigue la batalla por un hospital para Vieques

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

Después de la muerte de la adolescente Jaideliz Moreno Ventura y tras las fuertes denuncias por la falta de medicamentos y equipo para dar primeros auxilios en las instalaciones que sirven como centro de tratamiento en Vieques, la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) autorizó $40 millones para la construcción de un hospital en la isla municipio. Los viequenses han recibido la noticia con escepticismo.

Los residentes de Vieques llevaron a cabo una manifestación frente al CDT en el barrio Las Marías de Vieques para exigir un hospital adecuado y otra en la plaza pública, que incluyó que cada residente donara un bloque de cemento para acentuar sus reclamos. Con expresiones como ¡Jaidaliz, hoy luchamos por ti!, ¡Ni una vida más! ¡Esto no es un hospital! y ¡Tenemos derecho a servicios de salud accesibles!, los compueblanos de la familia Moreno Ventura mostraron su apoyo a la familia que perdió a su hija.

Desde el paso del huracán María en el 2017, el CDT de Vieques ubica en lo que antes era el refugio para huracanes del municipio. Sus instalaciones consisten de tres furgones en el estacionamiento: uno para rayos X, uno para servicios dentales y otro para diálisis.

Ismael Guadalupe, líder viequense, indicó a CLARIDAD que hasta el momento ellos no conocen nada más sobre el proyecto. “Aquí hay que trabajar a corto y largo plazo. Aquí no hay un plan de ninguno de los tres gobiernos. Se trabaja improvisado. Se le pregunta al alcalde de Vieques y no sabe decir. Lo que hace es reaccionar, y reaccionar no es una buena forma de atender los problemas. Los problemas se organizan y se crea un plan de cómo hacerle frente. Si a mí se me enfermaran mis nietas, ¿qué me van a decir, espera de aquí a tres años? Aquí se está bregando a largo plazo y no a corto plazo. Es decir los servicios siguen mal hasta tanto se construya un hospital. No se construye de la noche a la mañana. La inmediatez es importante. Lo que hay que bregar es con las necesidades presentes”, denunció.

Según reveló a CLARIDAD el activista viequense Bob Rabin, la asignación de FEMA se logró mediante la intervención de la congresista Nydia Velázquez con otros miembros del Caucus Hispano y otra gente solidaria que hicieron múltiples gestiones a partir de María para agilizar el proceso de la asignación de fondos para salud. A raíz de la muerte de Jaideliz Moreno Ventura, la congresista presentó ante el cuerpo demócrata la situación urgente de Vieques. Esto llevó a que la directora del Comité de Apropiaciones del Congreso, Nita Lowrey, con la participación del director del Caucus Hispano, Joaquín Castro, y otros miembros de ese cuerpo, citaran al administrador asociado de la oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA para hablar sobre Vieques.

“La congresista Velázquez señaló que el Gobierno Federal le ha fallado al pueblo de Vieques y les dijo que la muerte de Jaideliz ocurrió durante su turno”, relató Rabin, quien conversó con Velázquez. Días más tarde la congresista recibió la noticia de FEMA oficializando la asignación de los $39 millones para el CDT. 

“Entendemos que la presión de la comunidad, las denuncias de la familia Moreno-Ventura, el proyecto de los bloques en la plaza, combinado con las gestiones de los políticos solidarios con Vieques, como la congresista Velázquez, entre otros, han tenido un impacto importante. La continuación de las denuncias y las acciones en la comunidad son la única garantía de que eventualmente se haga realidad la construcción de una facilidad de salud digna para el pueblo viequense”, expresó Rabin.

Añadió que hasta el presente se desconoce si la asignación dispone de alguna fecha de comienzo, más allá de que el proyecto será coordinado por el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación De acuerdo con FEMA, el costo del hospital fue calculado en unos $47 millones, de los cuales la agencia federal aportará el 90% y el otro 10% el Gobierno de Puerto Rico. Entre tanto, el Departamento de Salud de Puerto Rico se compromete a asignar $6 millones para fortalecer la clínica existente.

Credibilidad para las Estadísticas del Gobierno

Por René J. Reyes Medina/Especial para CLARIDAD

Desde hace unos años el Negociado de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés) ha estado asesorando directamente, la gestión de medición macroeconómica de la Junta de Planificación. A través de charlas, seguimiento a tareas conjuntas y visitas, se ha gestado lo que coloquialmente llamamos el “proyecto de actualización de cuentas sociales”. Este proceso persigue llevar las Cuentas Nacionales de Puerto Rico a cumplir con los estándares internacionales, que rigen este tipo de estadísticas. Aun así como narro en su columna de noviembre de 2019 sobre esta temática el colega Edwin Ríos; “En el 2011, el BEA hizo una evaluación de las cuentas económicas de Puerto Rico e incluyó un informe con recomendaciones para modernizar las cuentas. Sin embargo, las administraciones de gobierno de turno, desde hace años, no han reconocido la importancia ni le han asignado los recursos para mejorar las estadísticas económicas del país.”.

La información que levanta el gobierno con propósitos de medición no solo sirve para implementar política pública y fiscalizar; le sirve a la ciencia, la historia y, en fin, a la gestión familiar y el desempeño de toda la sociedad. Por esto se debe exhortar a llenar los formularios de las oficinas estadísticas, al igual que se realiza cerca del año electoral orientaciones para aspirantes a puestos electivos, que deben llenar formularios explícitos sobre el manejo de las finanzas de campaña sujetos al escrutinio de la Oficina del Contralor Electoral. En este caso, en nombre del cumplimiento con las leyes y claridad en financiamiento privado y público de campañas políticas; en el caso de las encuestas a las empresas y los hogares, en nombre de auscultar la responsabilidad legal de los patronos y mantener constancia de nuestra realidad social.

Un ejemplo de la función de “fiscalización” es que en noviembre de 2019 el Contralor Electoral de Puerto Rico evaluando los datos que maneja, desafió el silencio cómplice de las entidades gubernamentales y federales en Puerto Rico, acusando a Ricardo Rosselló de utilizar fondos públicos para costear gastos respondiendo a fines privados. Con esta acción esta entidad busca legitimidad frente al resto de las autoridades, que han sido tímidas en pasar juicio sobre la gestión de la administración Rosselló. En este sentido, se debe recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico también en dos ocasiones, ha reconocido que hay un poder más grande que el que confiere la constitución para el ejercicio de los deberes públicos en tiempos recientes; el Pueblo. ¿Cómo? Haciendo lo que se espera del sector gubernamental; su trabajo. En la primera ocasión su presidenta dijo; “…se concluye que la juramentación como Gobernador del Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, Secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional”. Esta decisión de agosto de 2019 encontró ilegítimo el juramento y sucesión al poder del Lic. Pierluisi Urrutia, quien durante varios días osó ocupar ilegítimamente la Fortaleza y sus poderes a sabiendas de que lo hacía de forma ilegal y contrario a la voluntad del País. La segunda ocasión para la que dicho alto foro Judicial ha buscado recientemente credibilidad para su “buena gestión” fue en la carta para retirar la propuesta de un aumento al salario de la Judicatura el pasado noviembre de 2019. Ahora el Contralor Electoral vive un juicio parecido, donde debe decir “para qué la gente paga por mi existencia como gasto público” y cuál es el uso que le da a la evidencia e información que levanta; un juicio a veces burdo y a veces indispensable para el individuo en sociedad.

Al público general siempre se le sugiere juzgar la información sensitiva, qué, y a quién se la provee, pero cuidar nunca entrar en delitos vinculados a información falsa o a no cumplir con leyes que obligan la divulgación. Aun así, sostengo que algunas organizaciones gubernamentales promueven políticas públicas racistas, clasistas y homofóbicas, y por esto pueden provocar pérdida de credibilidad y es razonable pensar que, a estas organizaciones se le ignoren sus cuestionarios o la gente tienda a no colaborar con su gestión. Sin embargo, la inversión gubernamental en la medición económica, que parte de información contributiva y encuestas a empresas, el gobierno y las familias, lo que busca es ayudarnos a establecer qué actividades están generando mayor interés (o crecimiento), cuáles fueron resultado de la política pública vigente, que de esto ha fracasado, y hacia dónde deben ir las colaboraciones para darle coherencia y solidez a la sociedad entera desde una perspectiva macroeconómica.

En octubre de 2019, el BEA publicó los primeros resultados de su revisión para 3 componentes del Producto Interno Bruto de Puerto Rico; Gastos de Consumo Personal, Inversión Fija Privada y Comercio Exterior, evaluando los datos oficiales para los años naturales de 2012 a 2017. Este acto de manera implícita desafía la credibilidad y legitimidad de la gestión del gobierno de Puerto Rico en esta materia. El BEA debe entregar la revisión del resto de los componentes, utilizando una metodología prototipo para las “Cuentas de Puerto Rico” a partir de enero de 2020. El BEA en esta ocasión cuenta con un grupo de trabajo donde destacan la estadounidense Sabrina Montes, y el puertorriqueño Fernando Lugo, este último execonomista en el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Los puestos creados para esta oficina, al igual que la mayoría de los puestos de las oficinas en la Junta de Planificación y el Gobierno del ELA, son cubiertos por algunas cláusulas laborales de convenios colectivos, pero de las unidades del Departamento de Comercio de EEUU, claro. Para este proyecto un grupo de trabajo de 12 personas, sin incluir los servicios de datos, el apoyo de la dirección estadística en la Junta de Planificación y las demás economías de escala que permite una organización como el Departamento de Comercio de los EEUU, tendría según el presupuesto recomendado del BEA, una asignación de 2 millones de dólares para el año fiscal 2020. 

En la Junta de Planificación el programa encargado de estimar las estadísticas oficiales de la economía de Puerto Rico se llama el Programa de Planificación Económica y Social (PPES). Este programa tiene una asignación en el presupuesto de la Junta de Planificación para el 2020 de 1 millón de dólares con una plantilla de alrededor de 40 personas, entre puestos gerenciales y unionados. Esta oficina, como dice la enmienda tardía (a la ley orgánica de la agencia) de la administración Rosselló a través del pendiente y recién radicado proyecto de Ley PS 1446; 

 “Artículo 20.- Informe Económico. La Junta preparará dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada año fiscal un informe económico al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, documento que contendrá un análisis económico de los desarrollos ocurridos durante el último año fiscal en el sector público o privado de la economía y la forma en que esos desarrollos afectan y son a la vez afectados por los programas de gobierno. La Junta deberá recopilar, analizar y publicar periódicamente las estadísticas sobre balanza de pagos, ingreso neto, producto bruto e índices económicos generales de Puerto Rico. Copias de los informes económicos y estudios estadísticos a que se refiere este Artículo serán enviadas simultáneamente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa”. 

Actualmente el Subprograma de Análisis Económico adscrito al PPES de la Junta de Planificación termina los estimados de la medición económica en un periodo de 6 a 12 meses posterior al cierre de cada año fiscal y pública en sus informes muchos de los indicadores macroeconómicos de Puerto Rico. La Junta de Planificación ha estado publicando estos informes de manera ininterrumpida desde el año 1947 (el primer Informe económico que está disponible en la página web data del año 1951). 

Ahora en diciembre, nos encontramos en el punto culminante del cálculo de dichos estimados para el año fiscal 2019 y revisiones de lo publicado en los dos años previos, 2017 y 2018 como de costumbre. Sin embargo, en medio de ese proceso, la presidenta de la Junta de Planificación y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), amparado este último en la ley de reorganización de esta agencia sombrilla, Ley 141 de 2018; abordan una discusión ‘intramural dentro de las filas de la estadidad’, por el manejo del “área estadística de la Junta de Planificación” (PPES) y su mermado presupuesto.

Cada vez que se habla de pérdida de credibilidad de las entidades gubernamentales, es preciso recordar el artículo del doctor y catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Rodríguez Ramos titulado “Credibilidad, pérdida social y estancamiento económico: el caso de Puerto Rico”. En este se modela matemáticamente y discute el fenómeno de la “inconsistencia dinámica”, asunto que como cualquier otro fenómeno económico se genera por la interacción o choque de distintos actores. En este caso enfatiza como la interacción entre el gobierno, por medio de la política pública, y la ciudadanía, percibiendo que la misma será ineficiente, provoca modificaciones en medio de su implementación que conducen a su frustración. Dinámica que pudo tener efectos sobre el desempeño de ciertas políticas gubernamentales que en inicio iban en la dirección de reforzar el engranaje de la economía y resultar en crecimiento económico, llevándolas al fracaso. La credibilidad, sugiere Rodríguez;

“De acuerdo a la teoría económica, el problema de la inconsistencia dinámica tiene una estrecha relación con la credibilidad de las políticas (Haubrich y Ritter, 2000). Para que haya credibilidad, los políticos deben gozar de reputación; por lo tanto, un sistema que ha perdido credibilidad, como el de Puerto Rico, puede recuperarla si los políticos se ganan la reputación cumpliendo sus promesas. Esta pérdida de reputación y de credibilidad genera unos costos sociales, los cuales afectan de manera significativa al sistema” (2010, Revista de Ciencias Sociales).

Como sugirió el premio Nobel de Economía Ronald Coase, el problema de fondo de los costos sociales es que no desaparecen, porque en última instancia esto son cubiertos por el gobierno, que al fin y al cabo los redistribuye “afectando al sistema”, en nuestro caso a través del gasto público y la deuda.

Las Cuentas Nacionales de Puerto Rico aun caminan hacia el cumplimiento de la nomenclatura estadística y el “update” del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) al 2008 de la Organización de Naciones Unidas (vigente). Mientras estos cambios se gestan y “languidece” el presupuesto asignado al “área estadística”, el resto de las oficinas de la Junta de Planificación están repletas de fondos de recuperación, lo que ha abierto plazas de puestos transitorios. Esta movida puede parecer sospechosa a 1 año de las elecciones más cruciales de los pasados 30 años; las primera bajo la completa implementación de las políticas de la Junta de Control Fiscal y con opciones reales de una oposición política amplia que puede derrocar parcial o totalmente el régimen bipartidista en Puerto Rico de manera electoral. 

En este sentido, consideramos que con la transparencia y cuidado que se maneje la llegada en enero de 2020 de los resultados y la visita del BEA a Puerto Rico (la tercera semana de enero del 2020), la Junta de Planificación y el PPES se juegan la credibilidad. Y con ello la legitimidad de nuestro sistema de Cuentas Nacionales, tan confundido con los “estados financieros auditados”, los “presupuestos descuadrados de las agencias de Puerto Rico” y la propaganda partidista a través de los informes de logros de “empleos y negocios creados” durante la incumbencia de x o y administración.

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